PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO LA SOLICITUD DE LA MEDIDA NO SE FUNDA EN LOS CASOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA RESTRICCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1171 DE LA MISMA LEY PARA DICTARLAS, NO IMPIDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PREVISTAS EN LOS NUMERALES 384 A 388 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (ABANDONO PARCIAL DE LAS TESIS 1a. LXXIX/2007 Y 1a. LXXXI/2007).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 415/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE FEBRERO DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA Y RESPECTO AL FONDO. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia mercantil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
En esa distribución de competencias, esta Primera Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.
Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras que no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por Indalfer Infante Gonzales, quien es Magistrado presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Criterios de los tribunales contendientes. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
I. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el doce de julio de dos mil doce el amparo en revisión civil 108/2012, del que es necesario conocer los antecedentes que se resumen a continuación:
1. ********** demandó en la vía ordinaria mercantil de ********** y **********, la nulidad de las resoluciones tomadas en la supuesta asamblea general ordinaria de accionistas de dicha persona moral y diversas prestaciones, cuyo conocimiento le correspondió al Juez Vigésimo Noveno Civil del Distrito Federal.
2. En la etapa de trámite del juicio, la parte actora, con fundamento en el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(5) solicitó se girara oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, para que no inscribiera la asamblea general ordinaria de accionistas de **********, a lo que el Juez Civil acordó de conformidad.
3. Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento le correspondió a la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual determinó revocar la resolución recurrida, en virtud de que estimó que el artículo 1171 del Código de Comercio,(6) sólo admite como medidas precautorias el arraigo de personas y el secuestro de bienes y que no podía ser aplicado supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.
4. Inconforme, la parte apelada (actora en el natural) promovió juicio de amparo, cuyo conocimiento le correspondió al Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien determinó negar el amparo solicitado.
En desacuerdo con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, revisión civil 108/2012, el que determinó confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado de acuerdo con las siguientes consideraciones:
• La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental previsto en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,(7) 14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(8) y 1.1., 8.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(9)
• La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado la última parte del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionándolo con el diverso 8.1. de la misma legislación internacional, en el sentido de que se impone dos responsabilidades concretas al Estado: 1) Consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven la determinación de los derechos y obligaciones de éstas (Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú); y, 2) Garantizar los medios para ejecutar las respectivas condenas y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos (Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá).
• La protección efectiva de los derechos humanos se encuentra regulado en el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(10) el cual fue interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que los Estados tienen el deber de remover los obstáculos para la protección efectiva de los derechos humanos. Por lo que México, como Estado parte de la convención, está obligado no sólo a satisfacer la existencia de recursos ágiles y debido proceso legal sino, además, a garantizar que las sentencias que llegaran a pronunciarse sean efectivamente ejecutadas, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados.
• Las medidas precautorias son las medidas preventivas de seguridad que la legislación concede, por lo general, a favor de los acreedores para que puedan hacer valer en juicio sus derechos. Sirve de sustento la tesis aislada: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES, NATURALEZA DE LAS."(11)
• El artículo 1171 del Código de Comercio, que establece la posibilidad de aplicar en los juicios mercantiles sólo dos medidas precautorias (secuestro y embargo), no es contrario a los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 1.1., 8.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevén la tutela jurisdiccional efectiva, en la vertiente de ejecución de sentencias, ni debe aplicarse supletoriamente el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que el derecho mercantil se caracteriza por regular la circulación de mercancías (actos comerciales) con procedimientos más ágiles y expeditos que los civiles para satisfacer las exigencias del tráfico de comercio.
• Fue intención del legislador delimitar voluntariamente la promoción de las providencias precautorias a esos dos supuestos en los juicios mercantiles, y no consideró pertinente para los fines y efectos del derecho comercial introducir a los procedimientos de este tipo otras medidas, como la que se plantea en el caso, consistente en ordenar al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, que se abstuviera de inscribir la asamblea general ordinaria de accionistas, cuya nulidad se pretendió por ser incompatible con los actos de comercio objeto del derecho mercantil.
• El derecho mercantil regula actos que persiguen propósitos de lucro o de especulación mercantil; mientras que el derecho civil abarca a todos los actos civiles de las personas, por ello, en el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles autoriza más medidas precautorias (sic) en los juicios civiles, que las previstas en el artículo 1171 del Código de Comercio.
• El artículo 1171 del Código de Comercio no obstaculiza el acceso a la justicia, tanto en el plano del debido proceso, como en la posibilidad de ejecutar la sentencia, puesto que no obstaculiza que de obtenerse una sentencia favorable, ésta pueda ser ejecutada, en virtud de que únicamente se trata de una limitante al tipo de providencias precautorias que puedan solicitarse en un juicio mercantil que obedece a la expeditez de este tipo de juicios.
• Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la tutela jurisdiccional implica no solamente la posibilidad de que cualquier persona sea oída públicamente por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley para ser privada de sus derechos, o a la posibilidad de sustanciar recursos, sino que además implica que el Estado garantice los medios para ejecutar decisiones de los tribunales cuando éstas son definitivas, implementando mecanismos efectivos para ejecutarlas, lo cual se cumple en la legislación mercantil, dado que contiene un capítulo relativo a la ejecución de las sentencias (artículos 1346 al 1348 del Código de Comercio);(12) en consecuencia, el artículo 1171 del Código de Comercio, no deja en estado de indefensión a los gobernados ni impide el acceso a la justicia, sino que obedece a un procedimiento ágil y expedito.
• El artículo impugnado no impide el acceso a un tribunal en que se dirima la controversia de manera imparcial, ni impide que se haga efectiva la sentencia elevada a cosa juzgada, ya que en el caso no existía una resolución con esas características, en virtud de que se trata de una providencia precautoria solicitada en un juicio mercantil, que es de naturaleza expedita, sencilla y concreta, para facilitar los actos de comercio.
• La denegación de la medida consistente en ordenar al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal a abstenerse de inscribir la asamblea general ordinaria de accionistas, no constituye un obstáculo para que la ejecución de la sentencia que eventualmente se dictara favoreciendo al quejoso, declarando la nulidad de la asamblea, ya que los acuerdos tomados en las asambleas sólo afectan a los accionistas, en el caso de que no se hubieren inscrito esos acuerdos en el registro en cita, toda vez que la inscripción de los mismos es para que surta efectos contra terceros; además, la celebración de la asamblea de accionistas, por sí misma, produce sus efectos hasta en tanto no se declare su nulidad mediante sentencia que quedara firme. Lo anterior se desprende de la interpretación armónica de los artículos 3007 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio(13) y 178, 180, 181, 182, 186, 187, 188, 189, 192, 195, 199, 200, 201 y 206 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.(14)
• Aun cuando se acogiera la pretensión del quejoso, en el sentido de que no se inscriba la citada asamblea, ello no es obstáculo para que pueda surtir efectos contra terceros, si es presentada ante notario público en razón de su oficio, pues su inscripción en el registro no es la única forma en que dicha asamblea puede surtir efectos contra personas distintas a los socios y, en todo caso, inscrita o no, la propia asamblea es válida hasta que no se declare su nulidad, por lo que pueden realizarse actos merced a la misma, por lo que la falta de una medida precautoria que tienda evitar su inscripción, de ninguna manera obstaculiza el acceso efectivo a la justicia. Sirve de sustento, la jurisprudencia "SOCIEDADES MERCANTILES. LA SUSPENSIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN, NO ASÍ PARA LA DE NULIDAD."(15)
• La recurrente sostiene que la sentencia es violatoria de las garantías individuales previstas en los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales; sin embargo, ello es inoperante, ya que los Jueces de Distrito no puede cometer violaciones a las garantías individuales sino, en todo caso, pueden incurrir en infracciones a la Ley de Amparo que regule su actuar. Lo anterior es así, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el Juez de Distrito desempeña, ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez de Distrito como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría al juicio de amparo, pues se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. Sirve de sustento la jurisprudencia: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO."(16)
• Estimó que eran fundados (pero inoperantes) los agravios en los que el recurrente argumenta que no se dio respuesta a los conceptos de violación en los que sostuvo la diferencia entre las providencias precautorias reguladas por el Código de Comercio y las medidas necesarias de aseguramiento o conservativas referidas por el Código Federal de Procedimientos Civiles que, al ser de naturaleza diversa y perseguir finalidades distintas en relación con las de la legislación mercantil y que al tratarse el asunto de prestaciones de carácter civil, era procedente su aplicación en forma supletoria en los juicios mercantiles; sin embargo, lo anterior resulta inoperante, pues si bien no se advierte que el Juez Federal hubiere dado respuesta a esos argumentos, tal omisión no tendría como consecuencia que se concediera la protección constitucional, ya que la medida necesaria de aseguramiento o conservativa solicitada no constituye providencia precautoria alguna regulada conforme al Código de Comercio, es decir, no versa sobre el arraigo de personas ni el secuestro de bienes.
• De una comparación entre el artículo 1171 del Código de Comercio, con el diverso 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se concluye que no es procedente la aplicación supletoria del Código Civil Federal a la ley mercantil, ya que las providencias precautorias sí se encuentran reguladas de forma clara y precisa en el artículo 1171 del Código de Comercio, toda vez que sólo permite dos supuestos para su procedencia, que son el arraigo de personas y el secuestro de bienes, por lo que no hay omisión en la ley y, ante la inexistencia de ello, no puede darse la supletoriedad solicitada, ya que no permite la aplicación de otro tipo de providencias. Sirve de sustento la tesis: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE."(17)
• Asimismo, la supletoriedad no es procedente, ya que no es acorde con el objeto del derecho mercantil que regula los actos de comercio, además, su procedimiento es menos formalista que el civil, lo que lo hace más ágil y expedito, y obedece a la necesidad de facilitar y atender las exigencias del tráfico de comercio, esto último de acuerdo con el artículo 1o. del Código de Comercio.(18)
• El hecho de que el artículo 1171 del Código de Comercio regule sólo dos supuestos en relación con las providencias precautorias, no impide que se pueda ejecutar una sentencia, ya que, en el caso concreto, no se está ante la ejecución de una sentencia, sino de la solicitud de una medida provisional y, por ello, tampoco hay necesidad de que exista una aplicación supletoria.
• Asimismo, sí es aplicable la tesis: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. EL ARTÍCULO 1171 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TUTELADA POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.",(19) toda vez que el artículo 1171 del Código de Comercio excluye la posibilidad de aplicar otro tipo de providencias, lo cual otorga seguridad y certeza jurídica al gobernado.
• El recurrente alega que, al tratarse de prestaciones civiles, es procedente la aplicación supletoria solicitada; sin embargo, ello es incorrecto, ya que se tratan de prestaciones mercantiles, toda vez que las acciones de nulidad u oposición en contra de los acuerdos tomados en las asambleas, se regulan en los artículos 186, 187, 188 y 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
• En virtud del principio de que la ley especial deroga a la general, no se pueden considerar aplicables las disposiciones relativas a la nulidad, previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles (ley general) a la Ley General de Sociedades Mercantiles (ley especial), que regula los supuestos de nulidad en relación a las asambleas.
• Resulta inaplicable la tesis: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. AUNQUE LOS ARTÍCULOS 1168 Y 1171 DEL CÓDIGO DE COMERCIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA EN JUICIOS MERCANTILES, NO LO SON EN CAMBIO EN AQUELLOS EN QUE SE ACTUALIZA LA PRÓRROGA DE COMPETENCIA PREVISTA EN EL DIVERSO NUMERAL 1121.",(20) ya que no constituye jurisprudencia que sea obligatoria, además de que, en el caso concreto, no se trata de un asunto en que exista prórroga de competencia, sino de un asunto netamente mercantil que se rige por una regulación especial que excluye la procedencia de otras medidas precautorias de las previstas en los artículos 1168 y 1171 del Código de Comercio.
• El recurrente alega que la limitante prevista en el artículo 1171, en relación con el artículo 1168 del Código de Comercio, es contraria a la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal; que es procedente la supletoriedad del artículo 384 del Código Federal de Procedimientos «Civiles», dado que la naturaleza de los bienes intangibles sobre los que recae la medida necesaria de aseguramiento o conservativa que se pidió, es distinta de aquellos bienes tangibles a que se refiere el Código de Comercio; sin embargo, tales argumentos resultan inoperantes por novedosos, pues no se hicieron valer en los conceptos de violación.
II. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el catorce de octubre de dos mil once el amparo en revisión RC. 253/2011, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes:
1. ********** y **********, por su propio derecho, demandaron en la vía ordinaria mercantil de fideicomiso número **********, formalizado en la escritura pública número **********, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil siete; del fideicomiso formalizado en la escritura pública número **********; ambos por conducto de su fiduciario **********; de **********, y del notario público número catorce en ejercicio para la ciudad de Cabo San Lucas; la nulidad absoluta del contrato de fideicomiso irrevocable, traslativo de dominio con cláusula de reversión, formalizado en la escritura pública **********, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de la Paz, Baja California Sur, bajo el número **********; la cancelación total de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; la nulidad absoluta de la sesión del comité técnico del fideicomiso número **********; la nulidad absoluta de los acuerdos que en esa sesión se tomaron; la ineficacia y la ilegalidad de la participación del fiduciario del fideicomiso número **********, en la constitución del diverso contrato de fideicomiso irrevocable, traslativo de dominio, con cláusula de reversión; y diversas prestaciones, cuyo conocimiento le correspondió al Juez Vigésimo Tercero Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
2. En el mismo escrito de demanda, los actores solicitaron al Juez como medida precautoria, la orden de anotación marginal de la demanda en la inscripción del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en el que se encuentra inscrito el fideicomiso **********, del cual demandan su nulidad; sin embargo, el Juez del conocimiento se limitó a admitir a trámite la demanda, ordenando el emplazamiento de los demandados.
3. Mediante diverso escrito, la parte actora reiteró al Juez de origen proveyera sobre la medida precautoria peticionada; así entonces, el Juez previno a dicha parte para que acreditara la necesidad de la medida precautoria, así como el importe del valor del negocio para los efectos de la fijación de la fianza a que se alude en los artículos 387, 388, 389, y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación mercantil.(21)
4. A través de un escrito, la parte actora desahogó la prevención efectuada, alegando la necesidad de la medida solicitada y señaló que la fianza solicitada por el Juez era improcedente, ya que los preceptos que invocaba el juzgador se referían a la modificación, suspensión o inejecución de actos que perjudicaran los intereses de los demandados, lo que en la especie no acontecía.
5. En vista de lo anterior, el Juez determinó negar lo solicitado, ya que consideró que era necesario garantizar los posibles daños y perjuicios que se causen a la parte demandada con la inscripción de la demanda.
6. Inconforme, la parte actora interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento le correspondió a la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual determinó confirmar el auto apelado, esencialmente, porque los agravios en esa instancia eran fundados pero inoperantes: era fundado que para la inscripción provisional de la demanda no podía generar daños a los demandados; pero que resultaban inoperantes porque la recta intelección de los artículos 1168 y 1171 del Código de Comercio, está limitada la procedencia de las medidas precautorias, y se prohíbe expresamente el dictado de otras providencias que no sean el arraigo o el secuestro de bienes, máxime que las medidas precautorias no se encuentran reguladas de manera deficiente que conlleve a la aplicación supletoria de la ley adjetiva.
7. Inconforme, la parte apelante promovió juicio de amparo, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el cual determinó tener por no interpuesta la demanda de amparo.
8. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento le correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual determinó revocar el auto recurrido y admitir a trámite la demanda.
9. Previos trámites de ley, el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, dictó sentencia en la que negó el amparo solicitado.
10. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento le correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual determinó revocar la resolución recurrida y reponer el procedimiento.
11. Previos trámites de ley, el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, dictó sentencia en la que volvió a negar el amparo solicitado.
En desacuerdo con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
• El recurrente sostiene que la medida solicitada (inscripción de la demanda) no es precautoria, sino preventiva, ya que su fin es informar a terceros sobre el estado litigioso de los inmuebles, en aras de evitarles futuras nulidades. Sin embargo, si las medidas cautelares buscan conservar la materia del litigio y la medida solicitada busca impedir que surjan obstáculos que dificulten la ejecución de la sentencia al impedir que los bienes materia de controversia no sean objeto de disposición de terceros, entonces sí se trata de una providencia precautoria.
• Luego, no podría justificarse la aplicación de las leyes supletorias, porque las medidas cautelares (sic) en materia mercantil se encuentran reguladas en forma especial. Sirve de sustento la tesis: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL, SU REGULACIÓN ESPECIAL NO ADMITE SUPLETORIEDAD DE LA LEY ADJETIVA LOCAL O FEDERAL."(22)
• Entonces, aunque el Código de Comercio permitiere la realización de anotaciones marginales, lo cierto es que la inscripción de la demanda es una providencia precautoria (sic) no autorizada.
• La conclusión anterior es sustentable desde un plano de legalidad, sin embargo, se debe analizar la constitucionalidad y convencionalidad de los preceptos de una forma integral, desde todas las aristas, no sólo desde la abordada por la quejosa pues, de lo contrario, volveríamos a un control concreto de la constitucionalidad, lo cual se pretendió superar.
• Podrían existir controversias en donde no se autorice la suplencia de la queja, sin embargo, la aplicabilidad -constitucionalidad y convencionalidad- de la hipótesis normativa, será siempre un tópico de estudio obligado y previo, conforme el artículo 1o. de la Constitución Federal.
• Análisis de constitucionalidad del artículo 1171 del Código de Comercio: El precepto impugnado prohíbe el dictado de otras providencias precautorias distintas al arraigo y al secuestro; mientras que el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal(23) consagra la garantía de acceso a la justicia, la cual, en el plano formal, permite que cualquier individuo acuda a los tribunales para dirimir una controversia, y en el material, implica la posibilidad de que la sentencia pueda concretarse a la realidad. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 53/2006-SS.(24)
• Luego, si el Juez debe garantizar la efectiva materialización de la condena, tomando para ello las medidas que considere pertinentes sin restricciones, pues la materia y las circunstancias de cada juicio son diferentes, entonces el precepto impugnado que prohíbe la aplicación de medidas precautorias distintas al arraigo y al secuestro, restringe el acceso efectivo a la jurisdicción, pues la prohibición contenida en el dispositivo estudiado, impone límites al deber del Juez de conservar la materia del juicio, lo cual incide en el derecho fundamental de acceso a la justicia.
• No tendría por qué existir una restricción para ordenar la inscripción de la demanda, cuando esa medida podría ser efectiva para evitar obstáculos en la ejecución de la sentencia.
• El artículo impugnado no es taxativo (aquella que prevé una serie de supuestos aplicables a determinada situación de hecho, lo cual no restringe la posibilidad de acudir al sistema al cual pertenece el cuerpo normativo, para introducir figuras distintas al mismo, cuando sean necesarias), sino prohibitivo, lo que incide en el artículo 17, sexto párrafo, de la Constitución Federal.(25) Luego, la plena ejecución de las resoluciones dictadas por los tribunales es un derecho fundamental de los justiciables.
• El indicado artículo del Código de Comercio prohíbe en forma expresa la aplicación de medidas cautelares (sic) distintas al arraigo y al secuestro, no obstante que la protección del derecho fundamental de la plena ejecución de las sentencias implica que se acuda a la totalidad de las medidas previstas en el orden normativo civil del que forma parte el derecho mercantil, dado que el sistema de derecho civil reconoce que las partes pueden solicitar una serie de medidas para asegurar la materia del juicio, según la naturaleza de los derechos reclamados, medidas cautelares que el legislador estimó necesarias para garantizar la ejecución de las sentencias, por lo que las leyes cuya base es civil, no pueden desconocer la variedad de medidas incorporadas por el legislador al sistema; por ello, el artículo 1171 del Código de Comercio, es contrario a la Constitución, por excluir las medidas establecidas en el sistema normativo civil para materializar la ejecución de la condena.
• El acceso efectivo a la jurisdicción implica, en su dimensión material, salvaguardar la ejecución de la condena; para ello, debe atenderse a la totalidad de las medidas previstas por el legislador en el sistema normativo al cual pertenece el litigio; por tanto, si algún ordenamiento restringe la posibilidad de acudir a esa diversidad de providencias, automáticamente vulnera el derecho fundamental en comento.
• Análisis de convencionalidad del artículo 1171 del Código de Comercio: La tutela judicial efectiva constituye un derecho fundamental previsto en los artículos 10 de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24457-dbe8ba3b/providencias-precautorias-en-materia-mercantil-cuando-la-solicitud · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE LAS DECRETAN PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE AL RESPECTO NO OPERA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO D (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONSTITUYEN INSTRUMENTOS ESENCIALES QUE SALVAGUARDAN EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, A FIN DE QUE ÉSTA SEA PLENA Y E (QUEJA)
- TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL DESTINATARIO DE UNA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA NEGATIVA DE OTORGARLA DURANTE LA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO LA SOLICITUD DE LA MEDIDA NO SE FUNDA EN LOS CASOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA RESTRICCIÓN CONTENID (1a./J. 27/2013 (10a.))
- PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL, SU REGULACIÓN ESPECIAL NO ADMITE SUPLETORIEDAD DE LA LEY ADJETIVA LOCAL O FEDERAL. (I.3o.C.623 C)
- PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL, REQUISITOS DE LAS. (s/clave)
- PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. AUNQUE LOS ARTÍCULOS 1168 Y 1171 DEL CÓDIGO DE COMERCIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA EN JUICIOS MERCANTILES, NO LO SON EN CAMBIO EN AQUELLOS EN QUE SE ACTU (III.5o.C.159 C)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis