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Modo: Corpus Pro

TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL DESTINATARIO DE UNA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA NEGATIVA DE OTORGARLA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN PROCESO MERCANTIL (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 Y LEGISLACIÓN MERCANTIL PREVIA AL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EL 10 DE ENERO DE 2014).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2013. · Registro digital (IUS): 25146
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-08-08
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, EN APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL QUINT
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Pág. 480.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2013. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, EN APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 26 DE MARZO DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema de materia común que, por derivar de asuntos de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional; y, 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, cuyo criterio se señala como discrepante respecto del sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

TERCERO. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. El once de enero de dos mil trece, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (tribunal denunciante) resolvió el amparo en revisión 956/2012, en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito (amparo en revisión 369/2012), del que es necesario conocer los siguientes antecedentes:

1. **********, demandó en la vía ordinaria mercantil a **********, de quien reclamó, entre otras prestaciones, el cumplimiento forzoso del contrato definitivo de afectación fiduciaria por la constitución del fideicomiso irrevocable traslativo de dominio, así como su formalización en escritura pública, daños y perjuicios, gastos y costas; así también, solicitó como medida de aseguramiento, la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guaymas, Sonora, respecto del bien sujeto a litigio, con el fin de garantizar sus pretensiones.

2. En auto de nueve de septiembre de dos mil once, el secretario en funciones de Juez del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, admitió la demanda, ordenó correr traslado a la parte demandada y, por último, declaró improcedente la medida de aseguramiento solicitada por el accionante.

3. Inconforme con tal determinación, el actor interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, mismo que resolvió en términos de confirmar el auto recurrido.

4. En contra del citado auto, el actor promovió juicio de amparo indirecto, del que conoció el Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, quien seguidos los trámites legales dictó sentencia el veintidós de marzo de dos mil doce, en el sentido de sobreseer en el juicio.

5. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, Sonora, que lo registró bajo el número 212/2012, resultando que ese tribunal fue auxiliado para resolver por el Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región, el que en sesión de nueve de agosto de dos mil doce, determinó revocar la sentencia recurrida, y ordenó reponer el procedimiento en el juicio de garantías, para que se le otorgara a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo vigente en esa época (antes del dos de abril de dos mil trece).

6. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en auto de veintiocho de agosto de dos mil doce, el Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito, ordenó reponer el procedimiento en el juicio de garantías 6/2012, señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró el diecisiete de septiembre de dos mil doce; y la nueva sentencia se dictó el veinte de septiembre del año en cita, en el sentido de dejar insubsistente la resolución anteriormente pronunciada y sobreseer en el juicio.

7. En contra de la citada determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el que a la postre fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento del juicio de amparo 6/2012, con base en las siguientes consideraciones:

• Se advierte que **********, en su carácter de parte demandada en el juicio de origen, tiene derecho a intervenir en el juicio de amparo como tercero perjudicado; aun cuando en el auto admisorio de la demanda, el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, Sonora, omitió pronunciarse al respecto.

• A la demandada le asiste el carácter de tercera perjudicada, al tener intereses contrarios a los de la parte quejosa, siendo parte demandada en el juicio mercantil de origen, pues de ser levantado el sobreseimiento, tendría interés en que se negara a la parte quejosa la tutela constitucional, pues en cualquiera de esas dos hipótesis resolutivas, el acto reclamado subsistiría y seguiría produciendo sus efectos.

• No es óbice a lo anterior, la petición de la parte quejosa, en el sentido de que dicha demandada no sea considerada como tercera perjudicada, con base en el hecho de que el acto reclamado versaba sobre la negativa a la anotación preventiva del bien litigioso en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y que con base en el criterio que invocó, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL DEMANDADO, SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA AL ACTOR A DECRETAR UNAS MEDIDAS PRECAUTORIAS, AUN CUANDO AQUÉL HAYA SIDO EMPLAZADO EN EL JUICIO NATURAL.", estimaba que dada la medida solicitada se debía guardar sigilo.

• Lo anterior, porque no se comparte el contenido de dicha tesis, en virtud de que de las razones expuestas en aquella ejecutoria se advertía que iban encaminadas a demostrar la impertinencia del llamado al juicio de amparo al demandado en un juicio natural, en el que el acto reclamado lo había constituido la negativa al actor a decretar medidas precautorias, al estimar que aun y cuando éste había sido emplazado, no tenía el carácter de tercero perjudicado, pues de llamarlo a juicio, se estimaba que se podía frustrar la medida cautelar solicitada, ya que ésta se debía tramitar de manera sigilosa.

• Sin embargo, en el caso específico, consideró que a **********, sí le asistía el carácter de tercera perjudicada, al ser la parte demandada en el juicio ordinario mercantil de origen, de quien se reclamaba el cumplimiento forzoso del contrato definitivo de afectación fiduciaria por la constitución de un fideicomiso irrevocable traslativo de dominio, así como su formalización en escritura pública, daños y perjuicios, gastos y costas.

• Si bien con el fin de garantizar sus pretensiones, la parte actora solicitó como medida de aseguramiento respecto del bien sujeto a litigio, la anotación preventiva de la demanda mercantil en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guaymas, Sonora; dicha medida cautelar no debe ser tratada con sigilo, ya que las constancias de autos revelaban que la parte quejosa adujo que la tercera perjudicada pretendía vender el bien inmueble, habiéndolo publicitado para tal fin, así como que incluso dicho bien inmueble ya se encontraba vendido a tercera persona, por ende, era oportuna la anotación de la demanda que se solicitaba, para que fuera público el estado litigioso que guardaba dicho bien inmueble.

• En el caso concreto, **********, al ser la contraparte del agraviado en el juicio ordinario mercantil de origen, tiene interés en que el acto reclamado subsista, razón por la cual, le asiste el carácter de tercero perjudicada, de conformidad con el numeral 5, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; y por ende, que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, no es aplicable la tesis III.5o.C.174 C, invocada por la parte quejosa, y sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL DEMANDADO, SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA AL ACTOR A DECRETAR UNAS MEDIDAS PRECAUTORIAS, AUN CUANDO AQUÉL HAYA SIDO EMPLAZADO EN EL JUICIO NATURAL."

• Las razones expuestas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la ejecutoria de la que derivó el criterio citado, no son aplicables al caso concreto, aun y cuando se estuviere en el mismo supuesto de que el acto reclamado versaba sobre la negativa a decretar una medida cautelar, en virtud de que dicho bien inmueble respecto al cual se había solicitado la anotación preventiva de la demanda ordinaria mercantil, ya había sido vendido a tercera persona.

• En ese sentido, se revoca la sentencia recurrida y se ordena la reposición del procedimiento para el efecto de que la a quo federal declare insubsistente la celebración de la audiencia constitucional y reponga el juicio de amparo para el efecto de que el Magistrado de amparo ordene el emplazamiento de la parte tercero perjudicada **********, quien se encuentra legitimada para acudir al juicio y ser oída en respeto a su garantía de defensa.

I. El diez de febrero de dos mil once, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió el recurso de queja 106/2010, del que es necesario conocer los siguientes antecedentes:

1. **********, autorizado en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio de ********** y **********, en el juicio ordinario mercantil **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, promovió escrito en el juicio de amparo indirecto 91/2010, mediante el cual solicitó se tuvieran por reconocidos como tercero perjudicados a sus autorizados.

2. A dicho escrito, le recayó el acuerdo de veintitrés de noviembre del dos mil diez, emitido por el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, por medio del cual, no se acordó de conformidad su petición.

3. En contra de dicha determinación, **********, con el carácter de apoderado de **********, interpuso recurso de queja, del que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el que con fecha diez de febrero de dos mil once resolvió declarar infundado el recurso con base, en las siguientes consideraciones:

• Son infundados los agravios hechos valer.

• Es inexacto que el auto recurrido carezca de fundamentación y motivación.

• Ahora bien, para sostener la impertinencia de llamar como tercero interesado al demandado, el criterio citado en el proveído impugnado descansa en los argumentos siguientes: I) Que de opinar de modo opuesto se vería conculcado el sigilo que caracteriza a las medidas cautelares y quedarían desnaturalizadas, con lo cual sus consecuencias podrían verse menoscabadas, ya que tienden a garantizar una situación fáctica o jurídica prevaleciente, así como el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada que en su oportunidad llegue a pronunciarse; y II) Que la exigencia de citar en el amparo al tercero perjudicado opera tratándose de un juicio, el que es diferente a las providencias precautorias, máxime que en el primero rige la garantía de audiencia.

• Es evidente que ambas consideraciones resumidas son puntualmente atendibles en el asunto a examen, toda vez que siendo también medidas cautelares deben igualmente tramitarse sigilosamente, puesto que de no observarse se corre el grave riesgo de que su objetivo se frustre, aunado a que la ausencia de garantía previa para la persona contra quien se tramitan, rige para los dos casos, es decir, también cuando su trámite surgió después de quedar fijada la litis principal.

• Cabe destacar ahora, que al fallar la solicitud de modificación de la jurisprudencia 3/2009, formulada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró una nueva en los siguientes términos: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003)."(7)

• Así como en un amparo promovido contra actos derivados de un juicio ejecutivo mercantil, no debe ser llamado como tercero interesado el demandado aún no citado al juicio, porque al tener conocimiento de la inminencia de un embargo en su contra, pudiera hacer ilusorio ese mandamiento, siendo por demás incuestionable que lo propio ocurriría tratándose de la impugnación mediante la acción constitucional de la negativa a que se autorice una medida precautoria, al existir el mismo riesgo de que se vuelva inoperante la observancia de lo ordenado por el Juez de primera instancia.

• En ese contexto, no asiste la razón a la recurrente, al señalar que el sigilo únicamente opera en el juicio de origen y no en el de amparo promovido por el solicitante de las medidas aludidas, habida cuenta que, según quedó precisado, la Segunda Sala de la Suprema Corte le dio una importancia fundamental aun para el juicio de garantías cuando en aquél debe ser guardado.

• Además, el hecho de que la recurrente haya tenido conocimiento del trámite cautelar por un medio distinto a una notificación que legalmente se le haya practicado, no significa que se encuentre en condiciones legales para ser citada al juicio constitucional, debido a que no por ello la reserva deba ser trastocada abiertamente para las posteriores resoluciones.

• Se aclara que, de ser otorgado el amparo para el efecto de que se admitan las medidas peticionadas, la impugnante se encontraría en imposibilidad legal de interponer algún medio de defensa, dado que de existir norma que otorgue esa prerrogativa, es obvio que tendría que ser respetada, precisamente por no haber tenido intervención.

• Por otra parte, es inexacto que en la hipótesis de que resulte favorable a la quejosa el juicio constitucional de donde deriva el presente recurso, la consecuencia sería que la responsable admitiera las medidas cautelares rechazadas en el juicio de origen y que al estar dictada en ejecución de sentencia, el juicio de amparo que en su oportunidad se promoviera sería improcedente.

• Lo anterior, en virtud de que, en la hipótesis de que la agraviada obtenga sentencia de fondo favorable a sus pretensiones, y como efecto de la misma la responsable llegara a autorizar las medidas precautorias, ello sería consecuencia, en todo caso, de decisión propia de dicha autoridad, habida cuenta que en el juicio de garantías a lo sumo se decidiría si, en casos como el planteado en el juicio natural, la ley autoriza o no a su procedencia, pero la determinación final de autorizarlas será propia de la autoridad aludida; de suerte que, así las cosas, la aquí disconforme estará en aptitud de combatirlas a través de los recursos ordinarios o extraordinarios que autorice la ley.

Similares consideraciones sostuvo el órgano colegiado en cita, al resolver el diez de febrero de dos mil once el recurso de queja 108/2010, razón por la cual se omite sintetizar las consideraciones de dicha sentencia.

Las resoluciones anteriores, dieron origen a la siguiente tesis aislada de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL DEMANDADO, SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA AL ACTOR A DECRETAR UNAS MEDIDAS PRECAUTORIAS, AUN CUANDO AQUÉL HAYA SIDO EMPLAZADO EN EL JUICIO NATURAL."(8)

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa, generar seguridad jurídica.

De diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:

1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(9) y la tesis: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.".(10)

2. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;

4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible;

5. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer. Sirve de apoyo, la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(11)

6. Es aceptable apreciar en la contradicción de tesis argumentos que sin constituir el argumento central de la decisión de un tribunal, revelen de manera suficiente el criterio jurídico de un órgano jurisdiccional respecto de un problema jurídico concreto. Sirve de apoyo, la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS ‘A MAYOR ABUNDAMIENTO’ SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA."(12)

De acuerdo a lo anterior, esta Sala considera que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, en relación con los criterios sustentados por los tribunales contendientes al ocuparse de resolver el amparo en revisión 956/2012 del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa y los recursos de queja 106/2010 y 108/2010, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

Lo anterior, sobre la base de que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa (tribunal denunciante), esencialmente sostuvo que de conformidad con el numeral 5, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, a **********, sí le asistía el carácter de tercera perjudicada, al ser la parte demandada en el juicio ordinario mercantil de origen, de quien se reclamaba el cumplimiento forzoso del contrato definitivo de afectación fiduciaria por la constitución de un fideicomiso irrevocable traslativo de dominio, teniendo así interés en que el acto reclamado subsistiera; razón por la cual, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, estimó que no era aplicable la tesis III.5o.C.174 C, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL DEMANDADO, SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA AL ACTOR A DECRETAR UNAS MEDIDAS PRECAUTORIAS, AUN CUANDO AQUÉL HAYA SIDO EMPLAZADO EN EL JUICIO NATURAL."; ello, no obstante que el acto reclamado había derivado de la negativa a decretar la medida cautelar consistente en la anotación preventiva de la demanda mercantil, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guaymas, Sonora; pues estimó que dicha medida no debía ser tratada con sigilo, ya que las constancias de autos revelaban que la parte quejosa había aducido que la tercera perjudicada pretendía vender el bien inmueble, habiéndolo publicitado para tal fin; así como, que incluso dicho bien inmueble ya se encontraba vendido a tercera persona, por ende, era oportuna la anotación de la demanda que se solicitaba, para que fuera público el estado litigioso que guardaba dicho bien inmueble.

Mientras que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito (tribunal denunciado), estimó que no les asistía (a los codemandados) el carácter de terceras perjudicadas en el juicio de amparo indirecto 91/2010, al estimar que no obstante que pudiera creerse que en el juicio de garantías promovido por el actor, cuando el demandado fuere emplazado en el juicio natural siempre tenía la categoría de tercero perjudicado, en realidad no era así, dado que, en el caso, el acto reclamado lo había constituido la negativa al actor a decretar medidas precautorias, que conforme a los artículos 249 y 252 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se tramitan sin audiencia de la contraria y son de naturaleza reservada, por lo que, aun y cuando la contraparte hubiere sido emplazada, no tenía el carácter de tercero perjudicado, porque de llamarla a juicio se podía frustrar la medida cautelar solicitada; así como, que en los procedimientos civiles, se considera tercero perjudicado a la contraparte del quejoso, cuando los actos reclamados surgieran de la litis principal, más no en una cuestión accesoria como en el caso, en que el amparo se había promovido en contra de una solicitud de que se decretaran medidas cautelares, procedimiento en que, a diferencia de un diverso juicio ordinario, no regía la garantía de audiencia.

De lo anterior, resulta que los tribunales mencionados se pronunciaron de manera contradictoria respecto de una misma hipótesis jurídica, lo que evidencia la existencia de la contradicción de criterios, cuya materia consiste en determinar si tiene o no el carácter de tercero perjudicado el destinatario de una medida cautelar (demandado en el juicio natural), cuando el acto reclamado en el juicio de amparo, lo constituye la negativa de decretar esa medida durante la sustanciación del proceso mercantil de origen, acorde con la legislación mercantil previa al decreto de reformas publicado el diez de enero de dos mil catorce.(13)

QUINTO. Estudio. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que sustenta esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

I. Tercero perjudicado

Acorde con el contenido del artículo 5o., fracción III, inciso a), de la abrogada Ley de Amparo,(14) el tercero perjudicado es parte en el juicio constitucional, calidad que se atribuye, entre otros casos, a la "contraparte del quejoso" cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal.

En relación con la indicada hipótesis normativa, esta Primera Sala ha considerado, como regla general, que debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado, a todas las personas que tengan derechos opuestos a los del quejoso, y por ello, interés en que subsista el acto o resolución reclamada;(15) ello en el contexto de determinar que en los amparos del orden civil promovidos por terceros extraños al juicio del que deriva el acto reclamado, pueden ser llamados como terceros perjudicados tanto el actor como el demandado del proceso de origen.

En complemento de lo anterior, conviene señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado en relación con la misma hipótesis normativa, que solamente se actualiza el carácter de tercero perjudicado respecto de la "contraparte del quejoso" que es actor en el juicio natural, cuando el demandado ya ha sido incorporado a la relación procesal con motivo del emplazamiento.(16)

Para arribar a tal conclusión, la indicada Sala apreció que es a través del llamamiento a juicio en el juicio de origen que se constituye la relación procesal, lo que justifica que en el amparo promovido por el actor, se llame al demandado para que comparezca a defender sus derechos, en el entendido de que quien todavía no ha sido emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica, y no tiene aún derechos que defender.

Asimismo, se dijo por la Segunda Sala,(17) que no sería congruente que en el juicio de garantías se reconociera una calidad procesal (de "contraparte del quejoso") que aún no se ha conferido en el juicio natural, por no haberse verificado el emplazamiento; pues mediante tal forma de proceder, sería la autoridad de amparo la que estaría determinando quién tiene la calidad de parte demandada en el juicio de origen, cuyas reglas procesales son diversas a las del juicio de amparo.

Y además, como refuerzo de lo anterior, en la ejecutoria respectiva se expuso que no es congruente que el juicio de garantías se constituya en el medio que permita a los demandados no emplazados en el juicio de origen, tomar conocimiento de que se promovió un juicio en su contra, porque podría darse oportunidad para que, eventualmente, se llevaran a cabo maniobras tendentes a frustrar los intereses legítimamente tutelados al actor.

Los anteriores precedentes judiciales resultan de utilidad para resolver este asunto, estableciendo como premisas: por un lado, que constituye una regla general que en términos del artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo abrogada, debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a todas las personas que tengan derechos opuestos a los del quejoso y, por ello, interés en que subsista el acto o resolución reclamada.

Y por otra parte, que para determinar la calidad de tercero perjudicado respecto de la "contraparte del quejoso", es necesario que en cada caso el juzgador constitucional atienda las circunstancias procesales imperantes en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, a fin de evitar que en el juicio de garantías se reconozca una calidad procesal de "contraparte del quejoso" a quien aún no se le ha conferido tal carácter en el juicio natural, por no haberse verificado el emplazamiento; así como evitar que el juicio de garantías se constituya en un medio que permita a los demandados no emplazados en el juicio de origen, tomar conocimiento de que se promovió un juicio en su contra, dando oportunidad para que, eventualmente, se lleven a cabo maniobras tendentes a frustrar los intereses legítimamente tutelados al actor.

II. Situación procesal de las partes ante la negativa de decretar una medida cautelar durante la sustanciación del proceso mercantil de origen

Ya se expuso en las páginas precedentes, que los criterios sostenidos por los tribunales contendientes, derivaron de juicios de amparo, cuyos actos reclamados son sendas resoluciones que negaron decretar sendas medidas cautelares en los juicios mercantiles de origen, acorde con la legislación de esa materia comercial, previa al decreto de reformas de diez de enero de dos mil catorce, lo que resulta relevante retomar ahora, porque tanto el Código de Comercio (respecto de las providencias precautorias expresamente reguladas en el mismo), como el Código Federal de Procedimientos Civiles (aplicable supletoriamente en materia mercantil respecto de las diversas medidas cautelares de aseguramiento),(18) coinciden en cuanto a que en la tramitación de tales medidas rige el principio de que se decretan sin audiencia previa de parte.

En efecto, por un lado, el artículo 1181 del Código de Comercio,(19) establece que para dictar una providencia precautoria no se citará a la persona en cuya contra se pide la medida.

Por otro lado, el diverso 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(20) prevé que las medidas de ase

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25146-9accf22d/tercero-perjudicado-en-el-juicio-de-amparo-carece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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