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Modo: Corpus Pro

PERITO TERCERO EN DISCORDIA EN UN JUICIO MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE CON CARÁCTER DE DEFINITIVA APRUEBA EL MONTO DE SUS HONORARIOS Y ORDENA A LAS PARTES SU PAGO, CONSTITUYE UN ACTO CUYOS EFECTOS SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, QUE HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 198/2015. · Registro digital (IUS): 26656
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-09-23
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Pág. 472.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 198/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema de materia civil que corresponde a la especialidad de la Primera Sala.

Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis I/2012 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, órgano que sostuvo uno de los criterios que motivaron la presente contradicción de tesis.

TERCERO.-Criterios contendientes. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual, es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. El trece de noviembre de dos mil catorce, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, resolvió el amparo en revisión 275/2014, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que, se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. En el juicio ejecutivo mercantil **********, el Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla dictó auto el veintiséis de agosto de dos mil trece, en el que tuvo al perito tercero en discordia, aceptando y protestando el cargo que le fue conferido, así como precisando el monto de sus honorarios, los que acorde con el tratamiento que se dio en la ejecutoria respectiva, implícitamente se tuvieron como aprobados por parte del Juez responsable.(6) En contra de tal determinación, ********** interpuso recurso de revocación, el cual fue decidido como infundado por el propio Juez, el nueve de abril de dos mil catorce.

2. En contra de tal resolución y su notificación, ********** promovió juicio de amparo indirecto el treinta de abril de dos mil catorce, el cual fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla,(7) y se le asignó el registro **********. Dicho órgano celebró audiencia constitucional el veintinueve de mayo de dos mil catorce, en la que dictó sentencia que terminó de engrosar el doce de junio del propio año. En tal fallo, el Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio de amparo, al considerar que al no haberse dictado sentencia definitiva en el juicio de origen, la resolución reclamada era un acto meramente intraprocesal que no tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto, pues sólo afectaba derechos procesales. Indicó que la resolución reclamada no causaba perjuicio al quejoso en sus derechos humanos, toda vez que podía ser reparada al momento de dictar sentencia definitiva, debido a que la erogación realizada para pagar los honorarios del perito tercero en discordia, puede ser materia de condena en el juicio de origen.

3. En contra de tal resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. El trece de noviembre de dos mil catorce, dicho órgano dictó sentencia en la que revocó lo decidido por el Juez de Distrito, respecto al sobreseimiento decretado, con base en las siguientes consideraciones:

• El acto reclamado en el juicio sí constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, debido a que tal resolución implica que el quejoso tenga la obligación procesal de exhibir la mitad de la cantidad de dinero fijada por concepto de honorarios, de modo que el acto reclamado sí entraña una afectación material de un derecho sustantivo, como lo es el derecho de propiedad sobre un bien de la persona (el dinero). Señaló que tal afectación no se hacía depender de la sentencia definitiva y la condena en costas, pues si una vez planteada la violación procesal a través del amparo directo, resulta que el monto fijado fue excesivo, la parte condenada se vería obligada a cubrir la cantidad extra en forma injustificada, además de que no habría podido disponer del dinero que erogó en exceso durante todo el trámite del juicio de origen.

• En ese sentido, consideró que tal situación también afectaría a la parte que obtuvo sentencia favorable y a la que se le deben cubrir los gastos y costas erogadas, pues inicialmente se le obligaría a erogar una suma mayor, de modo que tampoco habría podido disponer de la cantidad pagada en exceso durante el trámite del juicio, aunado a que la parte vencedora no tendría derecho a que su contraria le cubriera los honorarios cubiertos en exceso.

• Así, el Tribunal Colegiado sostuvo que no se trataba de una violación de índole procesal, pues la resolución reclamada entraña afectación a un derecho sustantivo de la persona, ya que sus secuelas no solamente se consuman hasta el dictado de la sentencia definitiva, sino que podían afectar la libre disposición de una cantidad de dinero, lo cual no depende de que se obtenga sentencia favorable, pues puede perjudicar tanto a la parte condenada en costas, como a la que obtuvo sentencia favorable e, incluso, a ambas partes si no hay condena en gastos y costas, lo cual revela que se trata de una afectación actual que no depende de la sentencia definitiva.

• Añadió que lo anterior era así, porque acorde con lo dispuesto por el artículo 1257 del Código de Comercio,(8) la parte inconforme con la cantidad fijada por concepto de honorarios del perito tercero, tendría que erogar la cantidad correspondiente, ya que si no cumplía, sería apremiada por resolución que contenga ejecución y embargo en sus bienes, de modo que se trataba de una resolución legalmente ejecutable que se orientaba a la obtención del pago de los honorarios del perito con cargo a los bienes de las partes, lo cual robustece su naturaleza como acto susceptible de afectar derechos sustantivos.

• En tales términos, consideró que no se actualizaba la causal de improcedencia decretada por el Juez de Distrito, respecto a la resolución reclamada.

• En cuanto a la notificación de tal determinación que se señaló como acto reclamado, el juzgador sobreseyó el juicio por estimar que no era posible apreciar de forma objetiva una afectación al quejoso, por lo que carecía de interés jurídico para promover el juicio; lo que confirmó el Tribunal Colegiado.

• De esa ejecutoria derivó la tesis aislada VI.2o.C.56 C (10a.), de rubro y texto siguiente:

"PERITO TERCERO EN DISCORDIA. LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA SUS HONORARIOS DENTRO DE UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CONTRA EL CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que son actos de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, las dos condiciones para la procedencia del amparo indirecto contra actos emitidos dentro de juicio son: (i) Que se trate de actos que afecten materialmente derechos; y, (ii) Que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, la resolución que aprueba una cantidad a pagar por concepto de honorarios del perito tercero en discordia, dentro de un juicio de naturaleza mercantil, constituye un acto de imposible reparación, puesto que implica la obligación procesal de exhibir la mitad de la cantidad de dinero aprobada como honorarios, afectando así materialmente el derecho de propiedad. Lo anterior, aunado a que esa afectación no solamente queda a resultas de la sentencia definitiva y de la condena en costas, pues si una vez planteada la violación procesal en amparo directo -en su oportunidad-, resultara que el monto de los honorarios no fue legalmente fijado y fue excesivo, entonces la parte condenada en gastos y costas se habría visto obligada a cubrir la cantidad extra injustificadamente y, además, no habría podido disponer del dinero que erogó en exceso durante todo el trámite del juicio, lo que ciertamente perjudica el derecho de propiedad. Esta situación también afectaría a la parte que obtuvo sentencia favorable y a la que deben cubrirse los gastos y costas pues, inicialmente, se le obligaría a erogar una suma mayor, y no habría podido disponer de la cantidad pagada en exceso, aunado a que su contraparte le resarciría de los gastos y costas legalmente erogados, por lo que si resulta que los honorarios del perito fueron excesivos, entonces la parte vencedora no tendría derecho a que su contraria le cubriera el monto de los honorarios cubiertos en exceso. Máxime que, conforme al artículo 1257, párrafo sexto, del Código de Comercio, en los casos en que el órgano jurisdiccional designe perito, los honorarios respectivos se cubrirán por mitad por ambas partes, pero aquella que no pague lo que le corresponde será apremiada por resolución que contenga ejecución y embargo en sus bienes. Consecuentemente, una resolución de esta clase, aunque de naturaleza formalmente procesal, excepcionalmente entraña una afectación material de un derecho sustantivo y, por tanto, debe considerarse como un acto de imposible reparación, contra el cual procede el amparo indirecto."(9)

II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, resolvió el treinta de abril de dos mil quince el recurso de queja 82/2015, del cual es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria.

1. En el juicio mercantil ordinario **********, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco dictó auto el trece de marzo de dos mil quince, a través del cual aprobó los honorarios del perito tercero en discordia.

2. En contra de tal proveído, **********, a través de su apoderado **********, promovió juicio de amparo indirecto, el que por turno correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en Materia Civil del Tercer Circuito, bajo el número **********. El veinticinco de marzo de dos mil quince, dicho Juez dictó proveído en el que desechó la demanda interpuesta al considerar, por un lado, que no se agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ya que la sociedad quejosa, debió haber interpuesto el recurso de revocación previo a promover el amparo, y por otro, al estimar que la resolución reclamada no causaba a la quejosa un perjuicio de imposible reparación, ya que no se había emitido sentencia definitiva en el juicio de origen, de modo que las consecuencias de la resolución impugnada eran intraprocesales y podían ser reparadas en la sentencia definitiva. En ese sentido, el Juez de Distrito indicó que el acto consistente en la aprobación de los honorarios es una violación al procedimiento en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo,(10) ya que los honorarios del perito constituirían un gasto que podría ser reclamable en ejecución de sentencia al formular la planilla de liquidación en caso de obtener sentencia favorable, por lo que no hay perjuicio alguno si no se ha fallado el juicio natural.

3. En contra de tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el cual dictó sentencia el treinta de abril de dos mil quince en el sentido de declarar infundado el recurso conforme a las siguientes consideraciones:

• Hizo notar que de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en el amparo en revisión 275/2014, del cual derivó la tesis VI.2o.C.56 C (criterio contendiente en la presente contradicción de tesis), se desprendía que la resolución reclamada en aquel juicio de amparo no contenía mandamiento de ejecución y embargo de bienes. En ese sentido, advirtió que esa resolución era semejante a la que impugnó el recurrente en el presente asunto, toda vez que en aquélla, el perito tercero en discordia aceptó el cargo y señaló el monto de sus honorarios, en tanto que en la aquí reclamada, se estableció el monto de los honorarios que las partes debían cubrir en favor del perito tercero en discordia. Así, indicó que, en ambos casos, únicamente se tienen por aprobados los honorarios del perito tercero en discordia dentro del juicio mercantil sin que se realice requerimiento alguno a las partes para que en un determinado plazo exhiban ese monto por mitad, y menos aún, sin apercibirles que de no hacerlo en un plazo determinado, se ordenará ejecución y embargo en bienes de su propiedad.(11)

En realidad, consideró el Tribunal Colegiado, que la decisión reclamada en los juicios de amparo sólo implica la precisión del monto de honorarios de un perito tercero en discordia, el cual deben exhibir por mitad las partes, sin que tal decisión tenga efectos de imposible reparación. De esa manera, consideró que el principal punto de discrepancia entre el criterio de ambos tribunales radica en el alcance que el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito atribuyó al acto reclamado, frente a lo dispuesto por el artículo 1257, último párrafo, del Código de Comercio.

• Señaló que lo anterior se pone de relieve si se considera que después de que se tienen por señalados y aprobados los honorarios del perito tercero en discordia, pero antes de que se produzca el requerimiento del juzgador para que las partes exhiban el monto proporcional de los honorarios, puede ocurrir que el oferente de la prueba se desista de su desahogo, que se le tenga por perdido el derecho al mismo, o bien, que se decrete la caducidad de la instancia, lo cual pone en evidencia que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, como sí podría tenerla, por ejemplo, el apercibimiento a las partes que de no exhibir el monto proporcional de los honorarios del perito tercero en discordia, se realizará embargo en bienes del omiso. Por tanto, al no haberse establecido que las partes tenían un determinado plazo para cubrir los honorarios, ni apercibirles de que de no hacerlo se les practicaría embargo, no se puede determinar que el auto que tiene por señalado el monto de los honorarios del perito en discordia, por sí mismo, tenga una ejecución de imposible reparación, ya que el embargo respectivo no puede ser una consecuencia intrínseca del mencionado auto, sino de uno posterior que eventualmente puede o no dictarse en el juicio natural.

• De acuerdo a lo anterior, consideró que debía denunciar ante la Suprema Corte de Justicia la Nación la contradicción de tesis, entre el criterio sustentado en la presente ejecutoria y el diverso sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.

• A mayor abundamiento, estableció que la exhibición del numerario en efecto es una carga procesal (sic) que supone un menoscabo económico, pero no por ello deja de ser un acto cuya molestia es consustancial a la tramitación de un procedimiento judicial, el cual no puede implicar una afectación que sea de imposible reparación, porque el juicio de origen es de naturaleza mercantil y se rige por las disposiciones del Código de Comercio, el cual, en su artículo 1081 y siguientes, prevé los parámetros para reclamar y cuantificar los gastos y costas correspondientes, es decir, las erogaciones que habrían sido necesarias para iniciar, tramitar y concluir el juicio. De ahí que la afectación que la actora puede sufrir con la erogación de la mitad del monto de los honorarios del perito tercero en discordia puede serle reparada si obtuvo sentencia favorable a través de liquidación que se realice de las costas del juicio, toda vez que ese gasto queda incluido en el concepto de costas, por lo que puede formar parte de la litis y ser motivo de condena.

• Precisó que al margen de lo anterior, se entiende que la parte proporcional de los honorarios se destinará al peculio del perito en tercero y que, además, la legalidad de ese gasto, cuando es considerado excesivo, puede ser revisado una vez que se emita sentencia definitiva en el juicio de origen, lo que hace posible determinar, en sede jurisdiccional o constitucional, si el gasto fue en efecto excesivo.

• Estimó que aseverar que la parte vencedora carecería de derecho para recuperar de su contraria ese gasto, sería tanto como perder de vista que la regla contenida en el artículo 1082 del Código de Comercio, implica que cuando se condena en costas, la parte condenada debe indemnizar a la otra todas las costas que se hubieran causado.

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis, radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis, deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.

De diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las siguientes características, que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:

1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(12) y la tesis "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(13)

2. Que los tribunales contendientes, hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida, gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;

4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible;

5. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer. Sirve de apoyo la tesis: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(14)

6. Es aceptable apreciar en la contradicción de tesis, argumentos que, sin constituir el argumento central de la decisión de un tribunal, revelen de manera suficiente el criterio jurídico de un órgano jurisdiccional respecto de un problema jurídico concreto. Sirve de apoyo la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS ‘A MAYOR ABUNDAMIENTO’ SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA."(15)

De acuerdo con lo anterior, esta Sala considera que en el presente caso sí existe la contradicción de tesis, en relación con el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los asuntos indicados. Lo anterior, en virtud de que dichos tribunales se avocaron a determinar si en materia mercantil, la resolución que aprueba una cantidad que las partes contendientes deben pagar por concepto de honorarios al perito tercero en discordia, acorde con el contenido conducente de los artículos 1255 y 1257 del Código de Comercio,(16) constituye, o no, un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, respecto de lo cual llegaron a conclusiones opuestas.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito estableció que dicho acto sí es de imposible reparación, ya que implica la obligación procesal de exhibir la mitad de la cantidad de dinero fijada por concepto de honorarios, lo cual afecta un derecho sustantivo, como lo es el de propiedad. Lo anterior, puesto que se afecta la libre disposición de una cantidad de dinero durante la tramitación del juicio, y ello no depende del dictado de la sentencia definitiva y de la condena en costas, pues aun cuando resultara que el monto de los honorarios fue excesivo, las partes se habrían visto obligadas a cubrir la cantidad extra injustificadamente, el cual no habrían podido disponer durante todo el trámite del juicio, máxime que en caso de incumplir con el pago que les corresponde, la legislación mercantil prevé que se pueda dictar resolución de ejecución y embargo sobre su patrimonio para que se realice el pago.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sostuvo que el auto que tiene por señalado el monto de los honorarios del perito en discordia no tiene efectos de imposible reparación ya que en éste no se realiza requerimiento alguno a las partes para que en un determinado plazo exhiban ese monto por mitad, ni se les apercibe que de no hacerlo en un plazo determinado se ordenará ejecución y embargo en bienes de su propiedad; aunado a que la exhibición del numerario es una carga procesal que puede ser reparada a quien obtuvo sentencia favorable a través de la liquidación que se realice de las costas del juicio, toda vez que ese gasto queda incluido en el concepto de costas, por lo que puede formar parte de la litis y ser motivo de condena, incluso cuando se haya determinado que el monto fijado fue excesivo, ya que según las reglas del Código de Comercio, la condena en costas implica que el condenado debe indemnizar a la otra todas las costas que se hubieran causado.

De esta manera, la cuestión a resolver por esta Primera Sala es determinar si en materia mercantil, la resolución que aprueba una cantidad que las partes contendientes deben pagar por concepto de honorarios al perito tercero en discordia, acorde con el contenido conducente de los artículos 1255 y 1257 del Código de Comercio,(17) constituye, o no, un acto de imposible reparación para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente.

QUINTO.-Estudio. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte."(18)

En relación con tal disposición, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de esta Suprema Corte estableció criterios para interpretar el alcance de la expresión legal sobre "actos de imposible reparación a que se refiere esa disposición legal."(19)

Con base en el indicado texto legal, esta Primera Sala considera que, en materia mercantil, la resolución que aprueba una cantidad a pagar por concepto de honorarios del perito tercero en discordia en los términos que prevén los artículos 1255 y 1257 del Código de Comercio, sí constituye un acto cuyos efectos son de imposible reparación, ya que al dictarse ésta, se genera para las partes el deber procesal imperativo de cubrir el monto señalado y, en consecuencia, quedan obligadas de manera imperativa a exhibir, por mitad, la cantidad correspondiente a los honorarios del perito, lo que afecta de manera directa los derechos patrimoniales de los intervinientes en el juicio, quienes habrán de disponer desde luego de bienes de su propiedad (dinero) para realizar el pago respectivo, aun antes de que concluya el juicio, so pena de ser apremiados con embargo de bienes, y sin que puedan hacer uso de ese numerario durante la posterior tramitación del procedimiento, máxime que la afectación patrimonial respectiva, tampoco les sería reparada por la sola circunstancia de obtener sentencia favorable.

En efecto, en lo conducente, el auto que aprueba la cantidad a pagar por dicho concepto, es de carácter constitutivo de derechos y deberes subjetivos, pues es la causa generadora tanto del derecho del perito para reclamar a las partes del juicio su cumplimiento coactivo, como del deber jurídico de las partes consistente en exhibir el importe del pago de tal cantidad.

Dicho de otro modo, los efectos jurídicos de la indicada determinación, inciden directamente en una alteración sobre la esfera jurídica de derechos sustantivos de las partes que intervienen en el juicio, pues incorpora un deber jurídico concreto de pagar una cantidad cierta al perito, deber que no existía a su cargo antes de que se emitiera la resolución respectiva.(20)

La calidad de imposible reparación de esa determinación se confirma, a partir de advertir que, una vez que es definitivo,(21) el deber de pago de las partes en el juicio, es ejecutable desde luego, aun antes de que se dicte la sentencia definitiva del juicio, dado que el legislador le proveyó expresamente de la vía de apremio.

En efecto, la ejecución de tal determinación puede tener lugar en cualquier momento del procedimiento, desde que se aprueba el monto a pagar o en cualquier etapa posterior del juicio, inclusive mediante resolución que contenga ejecución y embargo sobre los bienes del incumplido, lo que lleva a concluir que dicho acto constituye una afectación directa a los derechos sustantivos de las partes de carácter patrimonial. De ahí que no sea dable concluir que la impugnación de tal acto debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva y ser materia de análisis en juicio de amparo directo, toda vez que el perjuicio a los derechos sustantivos de las partes se materializa cuando el Juez del conocimiento decreta la obligación de pago, cuya subsistencia no se ve afectada por la circunstancia de que la parte obtenga sentencia favorable al final del juicio.

Así las cosas, conviene destacar que al establecer que la determinación respectiva, genera una afectación de imposible reparación, no es necesario que se contenga de manera expresa y concomitante el requerimiento de pago o la orden de embargar a las partes obligadas para cubrir los honorarios del perito; toda vez que la afectación material a los derechos sustantivos de las partes en el juicio mercantil tiene lugar desde el momento, cuando se establece con carácter de definitiva(22) la obligación de pago a su cargo que es susceptible de ejecutarse en cualquier momento, aun antes de que se dicte la sentencia definitiva del juicio, por estar provista de apremio.

Pues a partir de entonces, por un lado, las partes se encuentran judicialmente constreñidas a cubrir tal cantidad, aunque no haya concluido el juicio mercantil; y por otro lado, la obligación de pagar a su cargo es susceptible de ejecutarse mediante el requerimiento concreto correspondiente hecho por el Juez, para que las partes exhiban el numerario correspondiente, e inclusive a través del embargo y ejecución de bienes, destacando que ello sólo es consecuencia jurídica (ejecución) de la orden de pagar los honorarios autorizados por el juzgador en favor del perito designado, orden esta última que, se reitera, por sí misma produce un perjuicio directo y material en la esfera jurídica de las partes.

Así pues, se estima que el auto que fija de manera definitiva(23) la cantidad a pagar por concepto de honorarios del perito tercero en discordia, colma las características que el artículo 107, fracción V, de la Le

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26656-fffc1a88/perito-tercero-en-discordia-en-un-juicio-mercantil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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