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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 135/2013. · Registro digital (IUS): 24713
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2013-12-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATI
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Pág. 292.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 135/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS, EN APOYO AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO. 28 DE AGOSTO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS RESPECTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, tercero y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso, fue realizada por el Magistrado Gustavo R. Parrao Rodríguez, integrante del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, respecto del criterio mayoritario sostenido por dicho Tribunal Colegiado, en relación con el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

No pasa inadvertido para esta Primera Sala, que el Magistrado Gustavo R. Parrao Rodríguez, integrante del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, no compartió el criterio sostenido por mayoría de votos en el amparo directo 732/2012 y emitió voto particular en ese asunto, criterio disidente que coincide, en esencia, con el sustentado por el resto de los Tribunales Colegiados contendientes. Sin embargo, tal circunstancia no resulta relevante para fijar la legitimación del Magistrado denunciante, pues al ser integrante de un Tribunal Colegiado, se surte la hipótesis legal respectiva.

TERCERO. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. El veintisiete de febrero de dos mil trece, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (tribunal denunciante) resolvió el amparo directo civil 732/2012, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

• El tres de marzo de dos mil once, ********** promovió juicio ordinario mercantil en contra de **********, cuya prestación principal fue el pago de la cantidad de $********** (********** pesos ********** M.N.), que correspondía a la suma asegurada contenida en la póliza de seguro número **********.

• De dicho juicio conoció el Juez Sexagésimo Noveno Civil del Distrito Federal, quien resolvió el quince de marzo de dos mil doce que la actora no acreditó su acción y la demandada justificó sus excepciones, por lo que absolvió a esta última.

• Inconforme, la actora promovió recurso de apelación. El tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida y condenó en costas a la apelante.

• En contra de la sentencia de segunda instancia, la actora, por conducto de su mandatario judicial (sic), promovió juicio de amparo, del que conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien resolvió amparar a la quejosa. En lo que interesa a la presente contradicción sostuvo lo siguiente:

• No pasan inadvertidos para este tribunal los alcances que en materia civil, lato sensu, corresponden a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).",(5) de la que pudiera estimarse que, al tratarse de un criterio en el que se interpreta la normativa constitucional y legal en materia de amparo, su aplicabilidad sería común a todas las materias que dieran contenido al juicio de amparo y, con ello, que la demanda suscrita por el mandatario judicial o autorizado de la quejosa resultara ineficaz, generando la improcedencia del juicio y el consecuente sobreseimiento.

• De la jurisprudencia de mérito se aprecia que la demanda de amparo sólo puede promoverse por el propio quejoso o por su representante legal, no por el autorizado en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que determina, en lo conducente, que: "Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos."

• En ese tenor, dado que la naturaleza que corresponde al procedimiento contencioso administrativo es diversa a la del proceso civil, lato sensu, y a la específica redacción que tiene la citada norma, debe establecerse que los efectos que se generarían con la aplicación de la jurisprudencia que proscribe al autorizado en términos de la norma transcrita, promover la demanda de amparo, no se actualizan en los asuntos de naturaleza mercantil, pues de la redacción del artículo 1069 del Código de Comercio, diversa a la del numeral 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puede concluirse, válidamente, que dicha norma genera una representación específica que las partes confieren a sus abogados autorizados, quienes adquieren por ello la calidad de mandatarios judiciales y, por tanto, con este carácter sí están en aptitud de promover la demanda de amparo, conforme a la interpretación que la Segunda Sala del Máximo Tribunal ha dado a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, y 4o. y 13 de su ley reglamentaria, en la citada norma jurisprudencial que, por ello, estimó el Tribunal Colegiado, resulta inaplicable en la materia civil, lato sensu.

• Lo anterior es así, puesto que en la jurisprudencia sólo se determinó que el autorizado, en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no podía promover amparo a nombre del particular que lo designó, porque sólo podría hacerlo el propio agraviado o su representante legal; supuesto este último en el que encuentra cabida la autorización hecha a un abogado con cédula profesional, en términos del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio.

• A diferencia de lo regulado en el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el Código de Comercio se confieren facultades con mayor amplitud que generan una verdadera y plena representación específica para el caso concreto en el que se le designa, pues se le autoriza para realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, generándose así una verdadera representación sustentada en la ley.

• En ese tenor, relacionando el artículo 1069 del Código de Comercio, con los artículos 2553, 2554 y 2586 del Código Civil Federal,(6) se puede concluir válidamente que el autorizado en términos de ese precepto, es en realidad un mandatario judicial y, por tanto, se trata de un representante de la parte que lo designa, que puede promover el amparo a nombre del agraviado, al derivar tal calidad de la propia normatividad aplicable, lo que excluye la consecuencia prevista en la jurisprudencia citada, que sólo es ponderable en el supuesto de la ley administrativa cuya interpretación dio lugar a ese criterio.

• Por ende, el legítimo o legal representante de las partes en un juicio de naturaleza mercantil, gestado conforme a la citada normatividad civil, lato sensu, sí está facultado para promover el juicio de amparo, en los términos que la Segunda Sala del Máximo Tribunal ha interpretado la fracción I del artículo 107 constitucional, y 4o. y 13 de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia cuya inaplicabilidad es para el caso concreto.

Cabe agregar que dicho criterio se sostuvo por la mayoría del Tribunal Colegiado y que el Magistrado Gustavo R. Parrao Rodríguez emitió voto particular en el que manifestó que estimaba que el referido juicio debió sobreseerse con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo porque, a su parecer, el autorizado de la promovente del amparo carecía de legitimación activa en el proceso.

II. El ocho de febrero de dos mil trece, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región (tribunal denunciado) resolvió el amparo directo civil 1429/2012,(7) del que es necesario conocer los antecedentes siguientes, que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

• **********, con el carácter de autorizada de **********, solicitó el amparo en contra de la sentencia definitiva dictada en un juicio ejecutivo mercantil emitida por el Juez Tercero de Distrito en La Laguna. De dicho juicio de amparo correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila, donde se admitió y registró con el número 1429/2012.

• Previos los trámites de ley, ese tribunal ordenó la remisión del asunto al Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región; órgano que resolvió plenariamente desechar la demanda de amparo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

• Se estima que debe desecharse la demanda, porque la promovente, ********** carece de legitimación.

• De la demanda de amparo se advierte que ********** promueve con el carácter de autorizada de **********, en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, el que prevé la posibilidad de que las partes en un procedimiento mercantil autoricen a un licenciado en derecho para que a su nombre interponga los recursos que procedan, ofrezca las pruebas e intervenga en el desahogo de las mismas, alegue en las audiencias, pida se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realice cualquier acto necesario para su defensa.

• Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo establece que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la responsable, ésta debe ser admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales, pero no deriva de dicho dispositivo que el autorizado para oír notificaciones en el juicio ordinario mercantil tenga atribuciones para promover la demanda de amparo en representación de su autorizante.

• El artículo 107, fracción I, de la Constitución General establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el artículo 4o. de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.

• De lo anterior se desprende que sólo el quejoso directamente como afectado de alguna determinación judicial es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, o bien, su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo (sic), en principio, no es disponible para que lo ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen, como es el caso de los autorizados para oír notificaciones en el juicio contencioso administrativo (sic), cuya participación se limita a la defensa del actor, exclusivamente en la jurisdicción ordinaria.

• Luego, si la promovente sólo tiene el carácter de autorizada de la demandada en el juicio natural, es evidente que no tiene legitimación para promover el juicio de amparo directo, de ahí que en el caso lo conducente es desechar la demanda de garantías que se trata. Tiene aplicación la jurisprudencia 90/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(8)

III. El diecisiete de diciembre de dos mil doce, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito (tribunal denunciado) resolvió el amparo directo civil 1151/2012, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes, que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

• **********, por conducto de su autorizada **********, promovió demanda de amparo en contra de la sentencia definitiva dictada en un juicio ejecutivo mercantil, emitida por el Juez Cuarto Civil del Estado de Aguascalientes. De dicho juicio correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, quien resolvió sobreseer en el juicio de amparo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

• Estimó que en el caso se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el artículo 4o. de la misma ley, porque el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada y el quejoso debía aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; lo que significaba que sólo el directamente afectado podía demandar la protección de la Justicia Federal.

• Sobre el particular, la Segunda Sala del Máximo Tribunal ha sostenido el criterio de que, conforme al artículo 13 de la Ley de Amparo, cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas; y el diverso criterio consistente en que de la referida disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 constitucional, reformado mediante decreto publicado el seis de junio de dos mil once, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ello se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 90/2012.

• Cabe agregar que, si bien la indicada jurisprudencia alude al abogado autorizado en el procedimiento contencioso administrativo, ésta es aplicable de manera analógica en la materia civil, en la medida en que dicha tesis interpreta, no la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, sino el diverso artículo 13 de la Ley de Amparo, a fin de desentrañar si el abogado autorizado para oír notificaciones estaba o no facultado para promover el juicio de garantías, por lo que se estima aplicable a la materia civil.

• En ese contexto, toda vez que ********** promueve juicio de amparo directo a favor del quejoso, con la personalidad que tiene reconocida ante la autoridad responsable, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, es decir, como autorizada en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, es inconcuso que carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo como autorizada del quejoso.

• En consecuencia, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sobreseyó en el juicio de garantías.

• Además expuso ese tribunal que, considerando que para el veintinueve de octubre de dos mil doce, fecha en la que se presentó la demanda de garantías, ya se encontraba publicada la tesis 2a./J. 90/2012, se cumplió el principio de seguridad jurídica.

IV. El veinticinco de enero de dos mil trece, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito (tribunal denunciado) resolvió el amparo directo civil 666/2012, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes, que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

• El nueve de octubre de dos mil doce, **********, autorizado legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 1069 del Código de Comercio, de **********, promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en un juicio ejecutivo mercantil, emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. De dicho juicio correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, el que resolvió sobreseer en el juicio, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

• Estimó que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el artículo 4o. de la misma ley.

• El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; además, el juicio de garantías sólo puede seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Por lo que sólo la parte directamente afectada por el acto, o su representante legal, es quien está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal conforme con el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II, de la misma ley, ya que, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o sus representantes.

• La Segunda Sala del Máximo Tribunal ha sostenido que conforme al artículo 13 de la Ley de Amparo, cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas; y el diverso criterio consistente en que de la referida disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 constitucional, reformado mediante decreto publicado el seis de junio de dos mil once, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ello se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 90/2012.

• Cabe agregar que, si bien la indicada jurisprudencia alude al abogado autorizado en el procedimiento contencioso administrativo, ésta es aplicable de manera analógica en la materia civil, en la medida en que dicha tesis interpreta en realidad el diverso artículo 13 de la Ley de Amparo, a fin de desentrañar si el abogado autorizado para oír notificaciones estaba o no facultado para promover el juicio de garantías.

• En ese contexto, toda vez que ********** promueve juicio de amparo directo a favor de su autorizante, con la personalidad que tiene reconocida ante la autoridad responsable, es decir, en su carácter de autorizado legal conforme a lo dispuesto por el artículo 1069 del Código de Comercio, es inconcuso que carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo.

• En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso artículo 4o., aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y el dispositivo 107, fracción I, de la Constitución General, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la citada ley, determinó sobreseer en el juicio de garantías.

• Cabe agregar que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversa tesis en materia común 2a. LXV/2012, de rubro: "MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA. FORMA DE APLICAR LA TESIS DE RUBRO: ‘AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).’.",(9) determinó que para la aplicación del criterio que modificó, debe atenderse a la fecha en que la parte quejosa presentó la demanda, dado que las nuevas directrices fijadas en la jurisprudencia son aplicables con posterioridad a su publicación y difusión.

• Consecuentemente, si la fecha de presentación de la demanda de amparo fue el nueve de octubre de dos mil doce, ya se encontraba publicada la jurisprudencia 2a./J. 90/2012, dado que tal jurisprudencia se publicó en el mes de septiembre de ese año, con lo que se cumplió el principio de seguridad jurídica.

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis, deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.

De diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:

1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.",(10) y la tesis: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.";(11)

2. Es necesario que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

3. En los ejercicios interpretativos respectivos debe encontrarse al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;

4. Y que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible;

5. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.";(12) y,

6. Además, es aceptable apreciar en la contradicción de tesis argumentos que sin constituir el argumento central de la decisión de un tribunal, revelen de manera suficiente el criterio jurídico de un órgano jurisdiccional respecto de un problema jurídico concreto. Sirve de apoyo la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS ‘A MAYOR ABUNDAMIENTO’ SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA."(13)

De la lectura de las resoluciones contendientes se desprende que sí existe la contradicción de tesis, y que el punto de contradicción entre los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados consiste en determinar si el autorizado, en términos del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio, tiene o no legitimación procesal para promover juicio de amparo directo a nombre de su autorizante en contra de la resolución definitiva del juicio mercantil respectivo.

Lo anterior, sobre la base de que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que, de conformidad con los artículos 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, y 2553, 2554 y 2586 del Código Civil Federal, el autorizado de las partes en un juicio de naturaleza mercantil, válidamente puede promover juicio de amparo directo como mandatario judicial a nombre del autorizante agraviado.

Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, esencialmente, fueron coincidentes al sostener que acorde con el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución General, y 4o. y 13 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos del tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio carece de facultades para promover el juicio de amparo directo en representación de su autorizante.

QUINTO. Estudio. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

En principio, es necesario señalar que este Alto Tribunal ha confeccionado mediante la resolución de diversos asuntos previos, así como mediante la publicación de las respectivas tesis aisladas y de jurisprudencia, un referente judicial sobre el alcance que tienen las facultades de quienes son autorizados en términos de ley por las partes de un litigio para intervenir en términos amplios en el proceso ordinario respectivo. Tal referente judicial se estima de indispensable consulta para resolver la presente contradicción de tesis.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 244/2009, efectuó un ejercicio teórico, del que se estima conveniente retomar las consideraciones relativas, esencialmente, a que: la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien formula una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, lo que ocurre mediante el acto de presentación de la demanda del juicio, pues es entonces que se formula una pretensión litigiosa ante un órgano jurisdiccional; que los actos directamente vinculados con la formulación de tal pretensión inicial, o sea, la formulación de la demanda y de sus correspondientes aclaraciones y ampliaciones, si las hubiere, son exigibles al actor, al titular del derecho de acción o a su representante legal, pues lo que se define mediante tales actos es la debida formulación de la pretensión, lo que justifica que en tales casos se exija del propio interesado o de su representante legal, que los escritos estén signados por él; y que cosa diferente ocurre cuando se trata de promociones de trámite para impulsar o para proseguir el juicio, pues en tales casos no se estima indispensable que sea el actor o su representante quienes signen los escritos, dado que en tal caso puede hacerlo el autorizado que legalmente esté facultado para ello.(14)

De la contradicción de tesis 244/2009, surgió la siguiente tesis «P./J. 65/2010», de jurisprudencia:

"AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO DE 2010. CASOS EN LOS QUE ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES. El citado precepto señala que los particulares podrán autorizar a un licenciado en derecho para que a su nombre, entre otras cosas, haga promociones de trámite, y dentro de este concepto se encuentra la formulación y presentación del escrito por virtud del cual se desahoga el requerimiento de exhibir los documentos que debieron acompañarse a la demanda en términos del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por tanto, sólo el inicio de la acción, marcado por la presentación del escrito de demanda, es exigible directamente al actor (y en su defecto, a su representante legal), pero las irregu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24713-638e558d/amparo-directo-en-materia-mercantil-el-autorizado-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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