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Modo: Corpus Pro

ABOGADO PATRONO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN MATERIA MERCANTIL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2012 (10a.)].

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 75/2013. · Registro digital (IUS): 24568
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VERACRUZ, VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Pág. 2413.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 75/2013. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VERACRUZ, VERACRUZ. 2 DE MAYO DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. PONENTE: PEDRO CARRANZA OCHOA, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 42, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO. SECRETARIA: KATYA GODÍNEZ LIMÓN.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Este órgano colegiado, en términos de la fracción XVIII, párrafo último, del artículo 73 de la Ley de Amparo, advierte de oficio una diversa causa de improcedencia, por ello resulta innecesario transcribir tanto los agravios aducidos como las consideraciones que sustentan el acuerdo recurrido.

Cobran sentido la jurisprudencia y la tesis aislada, cuyos datos de publicación, rubro y texto son:

"Novena Época

"Registro: 168467

"Instancia: Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVIII, noviembre de 2008

"Materia(s): Común

"Tesis: 2a./J. 153/2008

"Página: 229

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA CONFIRMAR EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTO E INDUDABLE DIVERSO AL INVOCADO POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador de amparo, en primera o segunda instancia, tiene el deber de analizar las causas de improcedencia, incluso oficiosamente, por ser de orden público, en términos del artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, lo que concurre con la regla contenida en el artículo 91, fracción III, de la ley de la materia, consistente en que el órgano que examina el juicio de amparo en segunda instancia, puede estudiar las causas de improcedencia que advierta, aunque no hayan sido consideradas por el Juez; lo anterior permite concluir que un Tribunal Colegiado de Circuito está facultado para confirmar el desechamiento de una demanda de amparo, apoyado en una causa de improcedencia diferente a la observada por el Juez de Distrito, en la inteligencia de que debe ceñirse a lo prevenido en el artículo 145 de la ley de la materia, por ser un requisito propio del momento procesal en que se actúa, y por tanto, el motivo de improcedencia que aprecie bajo una visión distinta a la del a quo, debe ser manifiesto e indudable. Es más, ningún sentido práctico positivo tendría que el Tribunal Colegiado, pese a haber advertido una causa de improcedencia manifiesta e indudable, concluyera que procede admitir la demanda ante la desestimación de la causal de improcedencia invocada por el Juez, pues con ello, solamente se lograría la tramitación de juicios infructuosos, en contravención a la garantía de celeridad en la administración de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

"Novena Época

"Registro: 193252

"Instancia: Pleno

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, septiembre de 1999

"Materia(s): Común

"Tesis: P. LXV/99

"Página: 7

"IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión."

En ese orden de ideas, este Tribunal Colegiado procederá a emitir pronunciamiento sobre el caso reasumiendo jurisdicción, pues se advierte que la demanda de garantías, referente al recurso que nos ocupa fue interpuesto por el abogado patrono del Ayuntamiento Municipal de Veracruz, Veracruz y, con ello, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley de Amparo, el numeral 107 constitucional y la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004)."

Y para sustentarlo, conviene transcribir el artículo 73 de la Ley de Amparo el cual a la letra establece:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.

"Las causales de improcedencia en su caso, deberán ser examinadas de oficio."

Dicha fracción establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones precedentes, de manera que este apartado da sustento y apoyo a la improcedencia legal y derivada de la jurisprudencia, mismas que pueden obtenerse de la Ley de Amparo, de la Constitución General de la República, de la jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal.

Bajo esta premisa, el artículo 4o. de la Ley de Amparo señala:

"Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."

Como se desprende de su texto, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Salvaguardando dos principios fundamentales que rigen el juicio de amparo: a) instancia de parte agraviada; y b) agravio personal y directo.

En relación con lo anterior, el artículo 107 de la Carta Magna -fundamento constitucional del contenido del artículo 4o. citado-, establece en su primera fracción que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.

En analogía al criterio jurisprudencial, en el cual se fundamenta también la causa de improcedencia, debe decirse que de la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia de rubro: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).", se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo las siguientes consideraciones:

"... Ahora bien, el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece, en su párrafo último, lo siguiente: (se transcribe). En este numeral se prevé la posibilidad de que el actor en el juicio contencioso administrativo o su representante legal autorice a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, elabore promociones de trámite, rinda pruebas, presente alegatos e, incluso, interponga recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala: (se transcribe). Del contenido de este precepto legal se observa que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta debe ser admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales, pero no deriva de este numeral que el autorizado para oír notificaciones en el juicio contencioso administrativo tenga atribuciones para promover la demanda de amparo en representación de su autorizante. Al respecto, cabe traer a colación el contenido de los actuales artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, que dicen: (se transcriben). El precepto constitucional aludido establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por su parte, el artículo 4o. de la Ley de Amparo transcrito prevé que el juicio de garantías sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Lo anterior significa que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen, como es el caso de los autorizados para oír notificaciones en el juicio contencioso administrativo, cuya participación se limita a la defensa del actor, exclusivamente en la jurisdicción ordinaria. ... Por último, cabe agregar que esta Segunda Sala reconoce que existe criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que determina que la aplicación de la jurisprudencia no contraviene la garantía de irretroactividad de la ley, porque su contenido no es el equivalente a una ley en sentido formal y material, sino que solamente contiene su interpretación. Ahora, esta determinación, tratándose de procedimientos de modificación de jurisprudencia en los que se resuelve abandonar una anterior, no llega al extremo de privar de efectos jurídicos la aplicación que se hubiese hecho de una jurisprudencia superada bajo ese mecanismo, cuando la misma se refiera a la procedencia de algún medio de impugnación, ya que si el interesado se acogió a un criterio que en su momento le resultaba obligatorio para adoptar una vía legal de defensa, la interrupción de la jurisprudencia modificada no debe privarlo de la posibilidad de continuar con una instancia ya iniciada, porque uno de los fines de la jurisprudencia es la seguridad jurídica, y sería ilógico que su observancia posteriormente resulte adversa a los intereses de quien, constreñido por ella, procesalmente optó por ajustar su estrategia defensiva a lo que aquélla le ordenaba."

De lo hasta aquí narrado, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si bien es cierto que el artículo 13 de la Ley de Amparo prevé que cuando alguno de los autorizados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida para todos los efectos legales, también lo es que, atendiendo al principio de que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, conforme lo estipulado en los artículos 4o. de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, deviene inconcuso que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, es decir, porque el juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo.

Resultando aplicable en materia civil, el criterio jurisprudencial en comento, porque si bien es cierto que analizó el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, también lo es que en sus consideraciones plasmó los argumentos inherentes a la interpretación de los ordinales 4o. y 13 de la Ley de Amparo, así como del 107 de la Carta Magna, a efecto de establecer que con base en ellos sólo los directamente agraviados están legitimados para promover el amparo contra resoluciones judiciales, ya que el artículo 13 de la ley de la materia no contempla que el abogado patrono tenga facultades para promover el juicio de amparo, sino sólo para que en el trámite de éste se le reconozca la personalidad que tiene registrada ante la responsable, es decir, no puede estimarse que se satisfaga el principio de instancia de parte agraviada.

Lo anterior tomando en consideración que la jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.) de rubro: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).", se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, página 1176 y en términos del artículo 192 de la ley de la materia los Tribunales Colegiados de Circuito se encuentran obligados a acatarla.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa se observa de la lectura de la demanda de garantías que ********** como abogado patrono del Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, personalidad que tiene reconocida en los autos del juicio mercantil ********** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, y de donde deriva el acto que reclama en el juicio **********, a que este recurso de revisión se refiere.

Así, aun cuando ante las autoridades responsables tiene reconocida esa personalidad, atento al marco jurídico precisado con antelación y siguiendo el criterio jurisprudencial de rubro: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).", que resulta aplicable en materia civil, debe estimarse que dicho profesionista no cumple con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, pues la personalidad que tiene reconocida legalmente ante la autoridad responsable es el de un autorizado, pero éste no cuenta con atribuciones para promover juicio de amparo representando a su autorizante.

Esto es así, pues el contenido del artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, debe interpretarse apegándose a las reglas del juicio de garantías, especialmente, al principio de instancia de parte agraviada y, bajo esa premisa, el autorizado en términos amplios para oír notificaciones, si bien es cierto que puede realizar cualquier acto tendente a asegurar una adecuada defensa de los intereses del quejoso, también lo es que esa amplitud no puede llegar a la facultad de realizar cualquier acto en su nombre como ocurre en la vía ordinaria ya que, tratándose del juicio de amparo, su participación debe estar conforme a las disposiciones de la ley de la materia, en el sentido que el ejercicio de la acción no puede transferirse a una persona distinta del quejoso o a su representante legal.

Así, bajo el principio de instancia de parte agraviada, que es como deben interpretarse las reglas del juicio de garantías, el autorizado para oír notificaciones, queda subordinado a lo dispuesto en los artículos 107 constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en los cuales, en primer lugar, se precisa que el juicio de amparo sólo puede instarse por el titular de un derecho violentado o su representante legal y, en segundo, se encomienda a ese representante a actuar como si éste hubiere recibido el agravio personal y directo, dando cabida únicamente a estos últimos la promoción del juicio de amparo, cuestión que, como ya se ha mencionado, no se configura tratándose del abogado patrono, pues sus atribuciones son similares a las de un autorizado, pero no alcanzan a la sustitución de decisiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado.

Las anteriores consideraciones, nos llevan a concluir que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por el quejoso o su representante legal; en consecuencia, tal medio de defensa no se encuentra disponible para los abogados patronos, pues éstos sólo están legitimados en la jurisdicción ordinaria y, en consecuencia, ********** no cumple con las reglas para acudir al juicio de garantías en representación del Ayuntamiento Municipal de Veracruz, Veracruz.

Cabe citar, por analogía, la jurisprudencia emitida por este órgano colegiado, y que sustenta las consideraciones que anteceden, cuyos rubro y texto son:

"ABOGADO PATRONO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN MATERIA MERCANTIL (ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 4o. de la ley primeramente citada, acorde con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.) visible en la página mil ciento setenta y seis, del Libro XII, Tomo 2, septiembre de dos mil doce, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECEN DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).’, pues, atendiendo a su ejecutoria, si bien es cierto que el artículo 13 de la Ley de Amparo prevé que cuando alguno de los autorizados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida para todos los efectos legales; no menos verdad resulta que de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada, conforme a los referidos artículos 4o. de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, deviene inconcuso que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es quien está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, es decir, porque el juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo. De ahí que resulte aplicable para la materia mercantil el criterio jurisprudencial en comento, pues si bien la Segunda Sala analizó el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo cierto es que en sus consideraciones plasmó los argumentos inherentes a la interpretación de los señalados artículos 4o. y 13 de la Ley de Amparo, así como del 107 de la Carta Magna, a efecto de establecer que con base en ellos sólo los directamente agraviados están legitimados para promover el amparo contra resoluciones judiciales, ya que el artículo 13 de la ley de la materia, no contempla que el abogado patrono tenga facultades para promover el amparo, sino sólo para que en el trámite de éste se le reconozca la personalidad que tiene reconocida ante la responsable, es decir, no puede estimarse que satisfaga el principio de instancia de parte agraviada. Así, aun cuando el autorizado en términos amplios para oír notificaciones, conforme el artículo 1069 del Código de Comercio, puede realizar cualquier acto tendente a asegurar una adecuada defensa de los intereses de su autorizante en la vía ordinaria, tratándose del juicio de amparo, su participación debe estar en armonía con las disposiciones de la ley de la materia, en el sentido de que el ejercicio de la acción no puede transferirse a una persona distinta del quejoso o su representante legal. Esto es así, pues el contenido del artículo 1069, debe interpretarse apegándose a las reglas del juicio de amparo, especialmente, al principio de instancia de parte agraviada, y bajo esa premisa, el autorizado para oír notificaciones queda subordinado a los artículos 107 constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en los cuales, en primer lugar, se precisa que el juicio de amparo sólo puede instarse por el titular de un derecho violentado o su representante legal y, en segundo, se encomienda a ese representante a actuar como si éste hubiere recibido el agravio personal y directo, dando cabida únicamente a estos últimos la promoción del juicio de amparo, cuestión que no se configura tratándose del abogado patrono, pues sus atribuciones al ser similares a las del autorizado, no alcanzan a la sustitución de decisiones que directamente deben provenir de la voluntad del interesado. Bajo las consideraciones expuestas, se concluye que el juicio de amparo sólo puede promoverse por el quejoso o su representante legal; en consecuencia, tal medio de defensa no se encuentra disponible para que los abogados patronos acudan en representación del quejoso, pues éstos sólo están legitimados en la jurisdicción ordinaria."

En conclusión, al actualizarse diversa causa de improcedencia, resulta procedente confirmar el acuerdo recurrido.

Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o., deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre autorizada para ello, previa razón actuarial.

En mérito de lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo, y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Tribunal Colegiado.

RESUELVE:

ÚNICO.-Se confirma, aunque por diverso motivo, el acuerdo de fecha **********, por la Juez Tercero de Distrito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en el juicio de amparo **********, en el que se desechó la demanda de garantías.

Notifíquese, con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos al juzgado de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por mayoría de votos del Magistrado Ezequiel Neri Osorio y el secretario autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito Pedro Carranza Ochoa, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, en sesión de dos de abril de dos mil trece, contra el voto particular emitido por el Magistrado presidente José Manuel de Alba de Alba. Fue relator el segundo de los antes mencionados.

En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24568-9024b630/abogado-patrono-carece-de-facultades-para-promover-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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