ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 119 Y 120 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA DE AMPARO EN NOMBRE DE SU REPRESENTADO.
AMPARO DIRECTO 508/2014. 25 DE JUNIO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO OCTAVIO VILLARREAL DELGADO. SECRETARIO: NÉSTOR MERCED GUERRERO MORALES.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Es innecesario analizar tanto las consideraciones y los fundamentos que rigen el sentido de la sentencia reclamada, como los conceptos de violación expresados por la quejosa **********, a través de su abogado patrono antes citado; ya que, en la especie, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que en el caso resulta procedente decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo directo que nos ocupa; pues en el presente asunto se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con lo dispuesto en el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 5o., fracción I, párrafos primero y cuarto, y 6o., párrafo primero, la cual resulta ser analizable de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la citada ley.
En efecto, en los artículos 5o., fracción I, párrafos primero y cuarto, 6o., párrafo primero y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"...
"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa..."
Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley..."
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa..."
En relación con los preceptos constitucional y legales antes transcritos, cabe precisar que la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien formula una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, lo que ocurre mediante el acto de presentación de la demanda del juicio, pues es entonces que se formula una pretensión litigiosa ante un órgano jurisdiccional, por lo que los actos directamente vinculados con la formulación de tal pretensión inicial, o sea, la formulación de la demanda, son exigibles al actor como titular del derecho de acción o a sus apoderados o representantes legales, pues lo que se define mediante tales actos es la debida formulación de la pretensión.
Tal criterio, aplicado a la acción constitucional de amparo, implica la exigencia de que la petición provenga directamente de quienes son los titulares de la acción (o de sus apoderados o representantes legales), pues éstos son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicios y de qué manera es que lesionan sus derechos fundamentales, de conformidad tanto con el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, como con apoyo en lo dispuesto en los citados artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, párrafos primero y cuarto, y 6o., párrafo primero, de la Ley de Amparo.
Es decir, del contenido normativo de los preceptos constitucional y legales reproducidos en párrafos precedentes, se concluye que para la procedencia de este juicio de amparo directo que nos ocupa y, por ende, para resolver la cuestión de fondo planteada, es necesario que la acción constitucional de amparo sea ejercida directamente por quien aduce ser titular del derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa con la sentencia reclamada (o de sus apoderados o representantes legales), porque éstos son los únicos legitimados para establecer de qué manera ese fallo combatido lesiona derechos fundamentales; lo anterior, se insiste, pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, constitucional, así como 5o., fracción I, párrafos primero y cuarto, y 6o., párrafo primero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, lo que se traduce en que la referida acción debe ejercerse tan sólo por quien alega sufrir un agravio personal y directo.
Ahora bien, de la somera lectura tanto del escrito de presentación de la demanda de amparo, como de ella misma, se arriba fácilmente a la conclusión de que tales ocursos se encuentran suscritos únicamente por el licenciado **********, en su carácter de abogado patrono de la accionante natural **********, mas no así por esta última.
En relación con lo anterior, conviene precisar, que el Magistrado ponente el once de mayo de dos mil quince formuló dictamen, en el cual solicitó que se devolvieran los autos de este juicio de amparo directo que nos ocupa, expediente ********** civil, así como sus anexos, que el presidente de la Sala responsable adjuntó al informe justificado que, en la especie, rindió a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal Colegiado de Circuito, a efecto de que se requiriera, mediante notificación personal, del aquí promovente de este juicio de amparo directo que nos ocupa, que en el término de ley que se le concediera para tal efecto, acreditara la circunstancia de que en fecha previa a la presentación de la demanda de amparo respectiva, tenía el carácter de procurador o apoderado legal de la mencionada enjuiciante, investido de facultades legales para ejercer la acción constitucional de amparo en nombre y representación de esta última, mas no así tan sólo el de abogado patrono de la quejosa directa.
Asimismo, cabe señalar, que el licenciado **********, a través de escrito de veinte de mayo de dos mil quince, recibido el veintiuno siguiente en la oficialía de partes de este Tribunal Colegiado de Circuito, en cumplimiento de esa prevención, allegó a este juicio de amparo directo que nos ocupa, la carta poder que le otorgó la quejosa directa, mediante un escrito privado, de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, la cual al calce ostenta las firmas de la otorgante, del mencionado apoderado, así como de dos testigos, quienes dieron fe del otorgamiento del mandato contenido en esa carta poder; habiéndose ratificado ese propio día las firmas de la otorgante y testigos, ante la fe del licenciado **********, notario público número **********, con ejercicio y residencia en Gómez Palacio, Durango; carta poder que es del texto siguiente:
"...Carta poder. Gómez Palacio, Durango, a 21 de febrero de 2013. A quien corresponda. Presente. Por medio de la presente otorgo al C. Lic. **********, poder amplio, cumplido y bastante para que a mi nombre y representación acuda (sic), autorizándolo expresamente para que intervengan (sic) en la demanda, conciliación, la ratifique y amplíe, replique, ofrezca y desahogue pruebas, designe peritos y recusen (sic) a los de la contraria, ofrezca y presente testigos, vea protestar a los de la contraria, interrogue y tache testigos, absuelva posiciones, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos los que presente la contraria, interponga toda clase de recursos, inclusive el juicio de amparo, con facultades expresas para desistirse de cualquier recurso intentado, transar el presente negocio, recibir valores, bienes muebles e inmuebles y otorgar recibos de pago y, en su caso, consienta sentencias definitivas e interlocutorias, ejecute, embargue y me represente en el procedimiento de ejecución, asistiendo a almonedas, realice posturas y pujas en mi favor, designe Jueces, árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de fianzas y garantías y todo cuanto sea conducente en defensa de mis derechos, no estando facultado para sustituir este poder. Acepto el poder (una firma ilegible). Lic. **********. Otorgante (una firma ilegible). Profra. **********. Testigo **********. Lic. **********. Testigo. (una firma ilegible). **********. En la ciudad de Gómez Palacio, Estado de Durango, a los (21) veintiún días del mes de febrero de 2013 (dos mil trece), ante mí, licenciado **********, notario público número (**********) **********, en ejercicio y actuando en este distrito judicial, comparecieron: por una parte la **********, quien por generales manifestó ser ********** por nacimiento, mayor de edad **********, de la profesión que se indica, originaria de **********, Coahuila (sic), donde nació el día ********** de ********** del año **********, con domicilio (sic) calle **********, número **********, de la colonia ********** de la ciudad de Torreón, Coahuila (sic), y de tránsito en esta ciudad, quien se identifica con su credencial para votar con número de folio **********, expedida por el Instituto Federal Electoral, acompañada de las testigos, señoras licenciadas ********** y **********, quienes dijeron ser ********** por nacimiento, mayores de edad **********, ********** y ********** de la ciudad de **********, Coahuila (sic), con domicilio convencional en calle **********, número **********, de la colonia **********, quienes: Manifestaron.-Que vienen a ratificar en todas y cada una de las partes el contenido de la carta poder que antecede, asimismo reconocen como suyas las firmas que con su nombre lo calzan, por haber sido puestas de su puño y letra, y ser las mismas que usan en todos sus negocios, de lo cual doy fe (una firma ilegible) **********. **********. Lic. ********** (una firma ilegible) **********. Ante mí: (una firma ilegible). Lic. **********. Notario público No. **********..."
Por lo demás, resulta pertinente establecer que de los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo se desprende, en lo conducente y en lo que interesa, que la representación del quejoso se acreditará en los términos previstos en la citada ley de la materia (numeral 10), esto es, en el juicio de amparo uniinstancial tal representación puede justificarse con la acreditación que se tenga en el juicio generador del acto reclamado (precepto 11), y en los casos no previstos en el aludido ordenamiento legal, la personalidad en el juicio de control constitucional se justificará en la misma forma que determine la ley que rige el acto reclamado, y cuando ésta no lo prevea, se estará a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles (artículo 10).
Y, que en el artículo 119, párrafo segundo, fracciones I y II, del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, se prevé que la intervención de los abogados o licenciados en derecho para la asistencia técnica de las partes, podrá llevarse como patronos de los interesados, o bien, como procuradores en los términos del mandato judicial respectivo.
En relación con las figuras jurídicas antes precisadas (abogado patrono y procurador), debe dejarse sentado que el estudio de la figura jurídica atinente al abogado patrono será materia de estudio en párrafos subsecuentes; y, por lo que hace al procurador, que del numeral 120, párrafos primero y segundo, de la legislación adjetiva civil de esta entidad federativa, se colige que su designación puede efectuarse: 1. Mediante mandato, en los términos que establece el Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza; y, 2. A través de mandato mediante escrito que se dirige al juzgador, el cual debe ser ratificado ante su presencia, supuesto este último que no acreditó el promovente de la acción constitucional, al momento de cumplir con el requerimiento que se le efectuó para tal efecto.
Ahora bien, respecto al supuesto identificado con el número uno en el párrafo que antecede, conviene precisar que en el artículo 3042 de la legislación sustantiva civil local, se estatuye, en lo conducente y en lo que interesa, que el mandato judicial puede otorgarse en la forma establecida en los artículos 3009 y 3010 de dicho ordenamiento jurídico; en los cuales se prevé:
"Artículo 3009. El mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y de los testigos ante notario:
"I. Cuando sea general.
"II. Cuando el interés del negocio para el que se confiere exceda de trescientos sesenta y cinco días de salario mínimo general vigente en el Estado.
"III. Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a nombre del mandante, algún acto que conforme a la ley debe constar en instrumento público.
"IV. En el supuesto del artículo 2998."
"Artículo 3010. El mandato podrá otorgarse en escrito privado firmado ante dos testigos, sin que sea necesaria la ratificación de las firmas, cuando el interés del negocio para el que se confiere sea hasta de trescientos sesenta y cinco días de salario mínimo general vigente en el Estado."
Luego, si en la especie el promovente de la acción constitucional de amparo, a fin de acreditar la circunstancia de que en fecha previa a la presentación de la demanda de amparo respectiva, tenía el carácter de procurador o apoderado legal de la enjuiciante natural, investido de facultades legales para ejercer la acción constitucional de amparo en nombre y representación de esta última, mas no así tan sólo el de abogado patrono de la quejosa directa, allegó al presente juicio de amparo directo que nos ocupa la carta poder transcrita en párrafos precedentes, la cual al calce ostenta las firmas de la otorgante del mencionado apoderado, así como de dos testigos, quienes dieron fe del otorgamiento del mandato contenido en esa carta poder; habiéndose ratificado ese propio día las firmas de la otorgante y testigos, ante la fe del licenciado **********, notario público número **********, con ejercicio y residencia en Gómez Palacio, Durango; entonces, resulta inconcuso que tal documento cumple con las exigencias previstas en el numeral 3009, párrafo primero, de la legislación sustantiva civil local.
Sin embargo, tal mandato judicial no puede considerarse apto ni suficiente para tener por acreditado que el promovente de la acción constitucional de amparo, en fecha previa a la presentación de la demanda respectiva, tenía el carácter de procurador o apoderado legal de la enjuiciante natural, respecto del juicio ordinario civil de origen, con facultades para ejercer la mencionada acción en representación de esta última.
Se afirma lo anterior, en principio, porque el mandato contenido en la carta poder que se analiza, no puede ser considerado como general, es decir, para acudir a cualquier juicio en representación de la accionante natural, pues en el numeral 3008 del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza se establece, en lo conducente y en lo que interesa, lo siguiente: A) Que en los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna; B) Que en los poderes generales para administrar bienes es suficiente expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas; C) Que en los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos; y, D) Que cualquier otro mandato será especial.
Así las cosas, si en la carta poder en estudio no se establece que el mandato ahí otorgado al promovente de la acción constitucional de amparo, sea con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, tampoco se expresa que sea para administrar bienes, menos aún para ejercer actos de dominio.
Por consiguiente, tal mandato no puede ser considerado como general para pleitos y cobranzas, o para administrar bienes, o bien, para ejercer actos de dominio y, por ende, menos aún debe estimarse apto y suficiente para representar a la accionante natural en cualquier juicio, precisamente, por no tener la naturaleza de un poder general.
Por lo demás, si en el artículo 3008 del código sustantivo civil local se establece que son mandatos generales únicamente los tres antes apuntados, disponiendo que cualquier otro será especial y, según se vio, en la especie, el mandato contenido en la carta poder en estudio no goza de la naturaleza de un poder general, en consecuencia, es dable determinar que pertenece a la última de esas categorías (poder especial), al ser un mandato judicial.
Por tanto, si bien es cierto que el mandato judicial de mérito tiene la naturaleza de un poder especial; no menos cierto lo es que éste no resulta apto ni suficiente para tener por acreditado que el promovente de la acción constitucional de amparo, en fecha previa a la presentación de la demanda respectiva, tenía el carácter de procurador o apoderado legal de la enjuiciante natural, respecto del juicio ordinario civil de origen, con facultades para ejercer dicha acción en representación de esta última, pues en el documento de trato no se identifica el juicio para el cual se confirió el mandato judicial de mérito, lo cual es necesario, en la especie, para tener por demostrado el extremo en comento, pues así se desprende del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, entre otros, de sus artículos 119, párrafo primero: "...Las partes deben hacerse patrocinar o representar en juicio..."; y, 120, párrafo segundo: "...Las partes podrán también otorgar el mandato, mediante escrito que dirigirán al juzgador y que ratificarán en su presencia..."
Es decir, porque si en la legislación adjetiva civil local se establece que la representación es "en juicio", así como que el mandato judicial puede otorgarse mediante escrito que se dirija "al juzgador", el cual debe ser ratificado "en su presencia"; por consiguiente, no cabe sino concluir que el mandato judicial, al ser un poder especial, debe otorgarse para un juicio determinado, el cual es necesario identificar plenamente; lo antes expuesto se corrobora si se parte de la base de considerar que en el artículo 3047 de la legislación sustantiva civil de esta entidad federativa, se prevé que una vez aceptado el mandato, el mandatario (procurador) está obligado "...A seguir el juicio por todas sus instancias...", esto es, porque el mandato judicial se vincula a un determinado y específico juicio; luego, si en la carta poder en estudio se contiene un mandato judicial, entonces, en el documento relativo debió identificarse el juicio para el cual se otorgó la representación correspondiente, exigencia que no se cumplió en el caso.
Así las cosas, es dable concluir que la carta poder en análisis, por las razones de índole jurídica antes precisadas, no resulta apta ni suficiente para tener por acreditado que el promovente de la acción constitucional de amparo, en fecha previa a la presentación de la demanda que nos ocupa, tenía el carácter de procurador o apoderado legal de la enjuiciante natural, respecto del juicio ordinario civil de origen y, por tanto, se llega al convencimiento de que, en la especie, al licenciado **********, tan sólo le asiste el carácter de abogado patrono de la accionante natural **********, calidad que tiene reconocida en el juicio natural; de ahí que, en términos de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tal representación (abogado patrono) es la que se reconoce en el presente juicio de amparo directo.
Ahora bien, por lo que hace a la figura jurídica relativa al abogado patrono, conviene señalar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 135/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 97/2013 (10a.) consultable, en el «Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2013 a las 6:00» y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 325, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", determinó que los autorizados para oír notificaciones, en los términos amplios previstos en el artículo 1069 del Código de Comercio, no tienen legitimación para promover el juicio de amparo; lo anterior, con base en las consideraciones torales siguientes:
Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confeccionado, mediante la resolución de diversos asuntos previos y a través de la publicación de las respectivas tesis aisladas y de jurisprudencia, un referente judicial sobre el alcance que tienen las facultades de quienes son autorizados en términos de ley por las partes de un litigio para intervenir en términos amplios en el proceso ordinario respectivo.
Que el Pleno de dicho Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis número 244/2009, efectuó un ejercicio teórico, del cual obtuvo que la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciar a quien formula una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, lo que ocurre mediante el acto de presentación de la demanda del juicio, pues es entonces que se formula una pretensión litigiosa ante un órgano jurisdiccional; que los actos directamente vinculados con la formulación de tal pretensión inicial, o sea, la interposición de la demanda y de sus correspondientes aclaraciones y ampliaciones, si las hubiere, le son exigibles al actor, quien es el titular del derecho de acción o a su apoderado o representante legal, pues lo que se define mediante tales actos es la debida formulación de la pretensión, lo cual justifica que en estos casos se exija, del propio interesado o de su apoderado o representante legal, que los escritos estén signados por ellos; y, cosa diferente ocurre cuando se trata de promociones de trámite para impulsar o para proseguir el juicio, pues en esos casos no se estima indispensable que sea el actor o su apoderado o representante legal, quienes suscriban los escritos respectivos, dado que, en tal caso, puede hacerlo el autorizado que legalmente esté facultado para ello.
Que en semejante línea de pensamiento, pero referida al autorizado para oír y recibir notificaciones, en los términos amplios previstos en el artículo 27 de la anterior Ley de Amparo, ahora abrogada, el Pleno de dicho Alto Tribunal resolvió el amparo en revisión **********, de cuya ejecutoria se desprende que la ampliación de la demanda de amparo exige que la petición provenga directamente de quienes figuran como quejosos pues, al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué manera es que lesionan sus derechos fundamentales, conforme con el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo y acorde con el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la citada ley de la materia abrogada; por lo que si para la promoción del juicio de amparo se exige, como regla general, que la demanda sea suscrita por quien afirma sufrir un agravio personal y directo, debe concluirse que la ampliación de demanda, por identidad de razón, también debe contar con la firma autógrafa del quejoso o de su apoderado o representante legal y no puede sustituirse por la de sus autorizados para oír y recibir notificaciones, designados en términos amplios, únicamente para atender procesalmente el juicio de amparo, pues ellos no son los titulares del derecho legítimamente tutelado, cuya salvaguarda se solicita a través del amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la anterior Ley de Amparo, hoy abrogada, ya que aun cuando en ese precepto legal se contenía una cláusula abierta, que facultaba a los autorizados para que realizaran cualquier acto que resultara necesario para la defensa de los derechos del autorizante, empero, la amplitud de esa cláusula no significaba que el autorizado pudiera realizar absolutamente cualquier acto en nombre del quejoso o de su apoderado o representante legal, puesto que su participación debía armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada, el cual reserva al quejoso o a su apoderado o representante legal, la realización de determinados actos en exclusiva, de tal suerte que los actos directamente vinculados con la formulación de la pretensión inicial son exigibles al actor o a su apoderado o representante legal, como son el acto de interposición de la demanda y sus correspondientes ampliaciones, si las hubiere; y, en tal virtud, tratándose del juicio de amparo, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción se transfiera a una persona distinta del quejoso o de su apoderado o representante legal.
Además, con base en las premisas antes señaladas, por un lado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 5/2012 (respecto del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 199/2004), tomó en consideración lo resuelto por el Pleno de dicho Alto Tribunal en la denuncia de contradicción de tesis número 244/2009, para determinar que era procedente la modificación solicitada, con sustento en que: el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la posibilidad de que el actor, en el juicio contencioso administrativo, o su representante legal, autorice a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, elabore promociones de trámite, rinda pruebas, presente alegatos e, incluso, interponga recursos; el diverso precepto 13 de la Ley de Amparo abrogada, no establece que el autorizado para oír notificaciones en el juicio contencioso administrativo tenga atribuciones para promover la demanda de amparo en representación de su autorizante; lo que aunado al contenido de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la anterior Ley de Amparo, en relación con que el amparo se sigue siempre a instancia de parte agraviada y que únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, revelaban que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es quien está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, o sea, por el quejoso o por su representante legal, sin que tal facultad o derecho sea disponible para que lo ejerzan otras personas, como es el caso de los autorizados en el juicio contencioso administrativo, cuya participación se limita a la defensa del actor, exclusivamente, en la jurisdicción ordinaria.
Y, por otro lado, que la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, al ocuparse de resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 33/2010 (respecto del criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 31/2002), tomó en consideración lo resuelto por el Pleno del citado Alto Tribunal en el amparo en revisión 492/2010, para determinar que era procedente la modificación solicitada, con base en que: la figura de la ampliación de demanda exige que la petición provenga directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que, en su concepto, le ocasionan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, salvo las marcadas excepciones previstas en los artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada; acorde con el contenido del precepto 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como con los numerales 4o. y 27 de la mencionada ley de la materia, se desprende que aun cuando en materia de amparo (civil) se prevé que las partes autoricen personas que sean abogados para realizar los actos necesarios para la defensa de los derechos de su autorizante, no se advierte que esté previsto que los autorizados puedan ampliar la demanda de amparo, dado que tal autorización se les confiere, pero una vez que la citada dem
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25852-0f3af0bc/abogado-patrono-el-designado-en-terminos-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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