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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PRESENTADA ANTE EL TRIBUNAL ELECTRÓNICO PARA LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO CON FIRMA ESCANEADA. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO, AL NO CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 38/2022. · Registro digital (IUS): 31547
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-06-23
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo VII, Pág.6441.

AMPARO DIRECTO 38/2022. 19 DE MAYO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO. SECRETARIO: HÉCTOR ALONSO GARCÍA CRUZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.—Causal de improcedencia actualizada de oficio.

En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 63, vinculado con el precepto 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 107 constitucional y los diversos 5o. y 6o. del primer ordenamiento.

Dichos artículos son del contenido literal siguiente:

Ley de Amparo

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

"El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

"La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley."

"Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.

"Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita."

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."

"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

"...

"V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;"

Esos preceptos regulan el denominado principio instancia de parte agraviada, elemento fundamental para la instauración del juicio de amparo.

Se actualiza en el caso concreto la aplicación de ese principio, toda vez que no existe manifestación de voluntad del quejoso.

Dicho principio se encuentra en la fracción I del artículo 107 constitucional y en los artículos 5o. y 6o. de su ley reglamentaria, e implica que el juicio de amparo sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica, en virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración viola los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que es Parte el Estado Mexicano, es decir, sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, en tanto que el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla.

Por su parte, la Ley de Amparo en los preceptos referidos regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamada viola los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

De ahí que no cualquier persona pueda accionar el juicio de amparo, pues es menester que tratándose del agraviado, sea éste el que directamente haya sufrido el menoscabo en sus derechos por la actuación de alguna autoridad, o bien, que quien legalmente lo represente acredite fehacientemente dicha personalidad, ya sea en el juicio de amparo o en el procedimiento de origen.

Ahora bien, el principio de parte agraviada se ve reflejado en la firma –autógrafa o electrónica– de la parte quejosa, pues es con ella con la que se advierte la voluntad de promover la acción. Por ello, debe tenerse en cuenta lo que dispone el numeral 3o. de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito.

"Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente.

"Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna.

"Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

"La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.

"En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes.

"El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso.

"Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.

"No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley."

Conforme a dicho artículo, las promociones en los juicios de amparo deben formularse por escrito, mediante formato impreso o documento electrónico debiendo contener, en el primer caso, la firma autógrafa del promovente y, en el segundo, su firma electrónica, la cual producirá los mismos efectos que la autógrafa.

De esta manera, la firma de quien interpone un recurso o promueve la propia demanda o algún medio de defensa previsto en la Ley de Amparo constituye un signo expreso e inequívoco de su voluntad de instar la nulidad de un acto ante el tribunal de amparo, razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia, ya que de lo contrario no habría certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del recurrente es necesario tener certidumbre de su intención de promover la demanda de amparo.

El mismo numeral establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL.

Sentado lo anterior, debe también dejarse claro que la ley reglamentaria establece la obligación –en la vía directa– de presentar la demanda de amparo ante la autoridad responsable, incluso, haciendo uso de las tecnologías de la información y aun cuando no se tenga celebrado convenio de interconexión con los tribunales de las entidades federativas y se haga uso de la firma electrónica distinta a la FIREL (por ejemplo, la e.firma emitida por el Servicio de Administración Tributaria, o bien, la Firma Electrónica Judicial del Estado de México, gestionada por el Poder Judicial de esa entidad); sin embargo, no exenta de plasmar la firma –autógrafa o electrónica– pues ésta es, como ya se dijo, la manifestación de la voluntad con la que se colma el principio de instancia de parte agraviada.

También debe tenerse en consideración que la firma autógrafa es aquella que se plasma en el escrito que se presente y la electrónica la que genera una constancia de que fue el firmante el que quiso suscribir los documentos y es la persona que tiene asignados los archivos electrónicos con los que se puede verificar su identidad (por ejemplo, tratándose de la FIREL se hace uso de un archivo con extensión .pfx –del inglés personal information exchange–, mismo que genera una vez que la autoridad certificadora intermedia verifica que el archivo sea vigente, válido y no revocado, un documento denominado evidencia criptográfica); esto, dado que para efectos de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) cada documento que firma electrónicamente una de las partes que actúa en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o un servidor público de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, debe generar una representación gráfica independiente –evidencia criptográfica– que no puede ser utilizada para validar otro documento y, por ende, tampoco su reproducción puede ser considerada como una actuación diversa, tal como se estableció por el Pleno del Máximo Tribunal en la jurisprudencia P./J. 7/2021 (11a.), localizable en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Tomo I, diciembre de 2021, página 150, registro digital: 2023944, de rubro: "FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL). TODO DOCUMENTO ELECTRÓNICO QUE SE FIRME A TRAVÉS DE ELLA, DEBE GENERAR UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA PROPIA, A FIN DE VINCULAR SU AUTORÍA Y PRODUCIR EFECTOS JURÍDICOS."

Además, debe dejarse claro que una firma escaneada no es lo mismo ni se equipara a una firma electrónica y menos a una autógrafa, a pesar de que se afirme que la primera es la digitalización de la última, dado que las únicas posibilidades que se prevén es que se contenga firma electrónica o autógrafa.

En ese sentido, si la demanda no cuenta con firma autógrafa –signo gráfico– o electrónica –con evidencia criptográfica–, lo procedente es desecharla de plano –si aún no se admite– o sobreseer en el juicio –si la demanda ya fue admitida–, ya que se está ante el incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria.

Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno del Máximo Tribunal de nuestro País, de rubro y texto siguientes:

"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de ‘instancia de parte agraviada’ previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida."

Ahora bien, con independencia de las obligaciones que se establecen a cargo del Poder Judicial de la Federación en la implementación de las tecnologías de la información para la promoción de juicios de amparo vía electrónica, los Poderes Judiciales locales y tribunales jurisdiccionales autónomos pueden contar con un sistema que permita la recepción de demandas de amparo directo vía electrónica, para lo cual será válido el uso de la firma electrónica que consideren o podrán, en su caso, celebrar convenio de interconexión con el Poder Judicial de la Federación, según lo dispone el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; sin embargo, resulta indispensable que sea con la FIREL o con una diversa para que pueda probarse la autenticidad y validez del documento recibido.

Tales cuestiones fueron analizadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCXLIV/2016 (10a.), surgida del amparo directo en revisión 565/2016, de rubro y texto siguientes:

"JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, SI LA DEMANDA DE ORIGEN CUENTA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AUTORIZADA POR LOS PODERES JUDICIALES LOCALES, AUN CUANDO NO EXISTA CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El hecho de que al momento de promover un juicio de amparo directo mediante el empleo de las tecnologías de la información, no se haya celebrado aún el convenio de coordinación respectivo entre los Poderes Judiciales Local y Federal, para el reconocimiento de certificados digitales homologados, no puede dar pie a que se considere actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6o., ambos de la Ley de Amparo, por incumplir con el principio de instancia de parte agraviada; ello, siempre y cuando la demanda de origen cuente con la firma electrónica autorizada por los Poderes Judiciales Locales, y que constituya la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el medio de control constitucional de que se trata, pues aun cuando esa firma no sea la autorizada o reconocida por el Consejo de la Judicatura Federal, la inexistencia del aludido convenio no puede atribuirse al quejoso, máxime que el amparo directo surge en razón de un proceso jurisdiccional previo del orden común, y su promoción se realiza por conducto de la autoridad responsable al efecto."

En el caso, la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México emitió el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para el uso, buen funcionamiento e incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos administrativos y jurisdiccionales proporcionados por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el cual se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, donde estableció la posibilidad de hacer uso de lo que se denominó como Tribunal Electrónico para la Justicia Administrativa (TEJA).

En tal acuerdo se previó que las partes en un juicio contencioso pueden actuar en dicha plataforma electrónica; empero, en el propio cuerpo normativo se señaló que deberá hacerse uso de la firma electrónica, así como una excepción para el caso de las demandas de amparo directo, justo por la falta de implementación de un sistema de firma electrónica avanzada. Así, se tiene que los artículos 18 y 32 del último cuerpo normativo son del siguiente contenido:

"Artículo 18. La firma electrónica avanzada podrá utilizarse en los casos que el TEJA lo permita, en el entendido que, los documentos digitalizados enviados por los usuarios que cuenten con ésta, producirán los mismos efectos que los firmados de forma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor; por tanto, no será necesaria su posterior firma autógrafa para ser agregados al expediente impreso, puesto que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica."

"Artículo 32. Para la presentación de demandas de amparo, hasta en tanto no se implemente la firma electrónica avanzada, se deberán presentar de manera física ante la oficina de Correspondencia Común u Oficialías de Partes del Tribunal, según corresponda."

De la transcripción se tiene que las demandas de amparo deberán presentarse de manera física, ya que en esos supuestos no puede remitirse por el Tribunal Electrónico para la Justicia Administrativa, al no existir operatividad de la firma electrónica ante aquél.

De lo que se concluye que tratándose de las demandas de amparo directo en contra de actos atribuidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México deben presentarse físicamente con firma autógrafa, hasta tanto inicie la operatividad de la firma electrónica en la plataforma respectiva.

Ahora bien, de la revisión de las constancias que obran en el presente juicio de amparo se advierte que la demanda se presentó con firma escaneada en el denominado Tribunal Electrónico para la Justicia Administrativa.

En efecto, a foja seis obra el acuse de recepción por aquella plataforma electrónica, en donde no obstante, obra la leyenda "Tipo de copia: original con firma autógrafa"; a foja cinco obra el diverso acuse con código QR en donde se especifica "Tipo de anexo: documento digital de tribunal electrónico" y, por último, a foja once vuelta se puede observar que la firma del quejoso se encuentra digitalizada y en la certificación realizada por la Secretaría General de Acuerdos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, acorde con lo establecido en la fracción I del artículo 178 de la Ley de Amparo, se asentó, en lo que interesa, lo siguiente:

"... se recibió en forma digital, a través del Tribunal Electrónico para la Justicia Administrativa, demanda de amparo en esta Segunda Sección de la Sala Superior".

Entonces, en el caso concreto, es claro que la demanda de amparo no cuenta con firma autógrafa sino escaneada, por lo que no se cumple con el principio constitucional de instancia de parte agraviada.

Así, es cierto que es válida la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos, siempre que se cuente con los certificados electrónicos denominados firma electrónica, aun cuando no haya convenio con el Poder Judicial de la Federación, como se definió en la jurisprudencia 2a./J. 19/2018 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de nuestro país, de rubro: "FIRMA ELECTRÓNICA. ES VÁLIDA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO QUE LA CONTIENE, PRESENTADA MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, AUN CUANDO NO EXISTA CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."; empero, en el caso no opera tal salvedad, porque se requiere necesariamente una firma electrónica y no una versión digitalizada de la firma autógrafa.

Es importante señalar que no nos encontramos en el supuesto del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, pues se trata de una demanda de amparo directo en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México en los recursos de revisión **********(6) y **********(7) acumulados, en donde se modificó la sentencia dictada por la Tercera Sala Regional del mismo tribunal en el expediente administrativo **********,(8) en el que se impugnó originalmente "el acta de notificación y posteriormente intitulada acta de notificación de adeudo, identificada con el número de expediente **********(9) de fecha 24 de agosto del año en curso, mediante la cual requiere el pago de **********".(10)

Vista con causa de improcedencia.

Al advertirse de oficio por este órgano colegiado la actualización de la causa de improcedencia referida, en sesión ordinaria virtual de veintiocho de abril de dos mil veintidós, el Pleno de este órgano determinó dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la invocada hipótesis de improcedencia, lo que se hizo en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo y de las jurisprudencias P./J. 5/2015 (10a.)(11) y 2a./J. 62/2016 (10a.),(12) del Pleno y de la Segunda Sala, respectivamente, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tal vista se otorgó mediante acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós y el plazo de tres días feneció el diez de mayo siguiente, sin que la quejosa manifestara argumento alguno.

Entonces, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo al advertirse, de oficio, la causa prevista en la fracción V del artículo 63, vinculada con el precepto 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 107 constitucional y los diversos 5o. y 6o. del primer ordenamiento.

Similares consideraciones fueron expuestas en los amparos directos 84/2022, 463/2021, 15/2022, 42/2022 y 70/2022, del índice de este Tribunal Colegiado.

Por lo expuesto y fundado, atento a lo dispuesto en los artículos 5o., 6o., 61, fracción XXIII, 63, fracción V y 64, todos de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.—Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por **********,(13) en contra de la sentencia de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en los recursos de revisión **********(14) y **********(15) acumulados.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos del juicio a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió en sesión ordinaria virtual el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Guillermo Núñez Loyo, David Cortés Martínez y Víctor Manuel Estrada Jungo, siendo presidente el primero de los mencionados y ponente el tercero.

Con fundamento en el artículo 188 de la Ley de Amparo, firman los Magistrados ante el secretario de tribunal que autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 108, 110, fracción XIII y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo y el diverso que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.), 2a./J. 62/2016 (10a.), 2a./J. 19/2018 (10a.), P./J. 8/2019 (10a.) y aislada 1a. CCXLIV/2016 (10a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas, 1 de julio de 2016 a las 10:05 horas, 6 de abril de 2018 a las 10:10 horas, 26 de abril de 2019 a las 10:30 horas y 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 17, Tomo I, abril de 2015, página 8; 32, Tomo I, julio de 2016, página 627; 53, Tomo I, abril de 2018, página 623; 65, Tomo I, abril de 2019, página 79 y 36, Tomo II, noviembre de 2016, página 902, con números de registro digital: 2008790, 2011990, 2016520, 2019715 y 2012974, respectivamente.

La tesis de jurisprudencia P./J. 7/2021 (11a.) citada en esta sentencia, también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de diciembre de 2021 a las 10:22 horas, con número de registro digital: 2023944.

El Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo citado en esta sentencia, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de agosto de 2020 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Tomo VII, agosto de 2020, página 6558, con número de registro digital: 5473.

________________

6. Corresponde al número de expediente del recurso de revisión de origen.

7. Corresponde al número de expediente del recurso de revisión de origen.

8. Corresponde al número de expediente administrativo.

9. Corresponde al número acta de notificación.

10. Corresponde al monto de la multa.

11. Del Pleno del Máximo Tribunal, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUN

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31547-2fd9db91/demanda-de-amparo-directo-presentada-ante-el-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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