DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI SE PRESENTA MEDIANTE EL USO DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA DISTINTA DE LA REGULADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (FIREL), AQUÉLLA NO PUEDE TENER EL EFECTO DE SER EQUIVALENTE A LA AUTÓGRAFA, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO.
AMPARO DIRECTO 139/2015. 30 DE JULIO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GUILLERMO CUAUTLE VARGAS. PONENTE: MARÍA INÉS HERNÁNDEZ COMPEÁN, SECRETARIA DE TRIBUNAL AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE RECESO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA. SECRETARIO: SERGIO VALLEJO MALVAEZ.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Causales de improcedencia. Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte, de oficio, que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6o., ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de amparo no contiene firma autógrafa ni firma electrónica reconocida por el Consejo de la Judicatura Federal.
Efectivamente, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico."
Por su parte, el artículo 6o. de la Ley de Amparo prevé:
"Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley."
De los artículos constitucional y legal transcritos se desprende el principio de instancia de parte agraviada, el cual tiene como punto de partida la circunstancia de que el juicio de amparo nunca procede oficiosamente, es decir, sin que haya un interesado legítimo en provocar su actividad tuteladora. Por tanto, debe existir iniciativa del afectado por un acto de autoridad, a fin de evitar un desequilibrio entre los Poderes del Estado, ya que no son éstos los que impugnan los actos de los demás, sino los gobernados a través de uno de esos Poderes, en este caso, el Poder Judicial de la Federación.
Sobre esa base, un presupuesto lógico del principio en alusión consiste en que la demanda de amparo cuente con la firma de quien dice ser el agraviado por el acto de autoridad, ello, ya que si tal escrito constituye la base del juicio es indispensable, como requisito de su admisibilidad y procedencia, que contenga un signo expreso inequívoco de la voluntad del gobernado, pues de no ser así, se estimaría que es el propio órgano de control constitucional quien oficiosamente está verificando la regularidad de las actuaciones de las autoridades.
Así, la ausencia de algún signo que conduzca al tribunal de amparo a considerar que, efectivamente, es el agraviado quien excita su actividad jurisdiccional, es indicativo de incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, ya que la falta de firma tiene como consecuencia que el escrito relativo no constituya propiamente una demanda y, por ende, que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó.
Lo anterior encuentra apoyo en las jurisprudencias de la otrora Cuarta Sala y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del siguiente tenor:
"DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO.-Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio."(1)
"RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA QUE CALZA UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CUANDO SE DECLARA SU FALSEDAD A TRAVÉS DEL INCIDENTE RESUELTO CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, TANTO AQUELLA DILIGENCIA COMO LA DEMANDA CARECEN DE EFICACIA, POR LO QUE AL NO TENERSE POR EXTERNADA LA VOLUNTAD DEL PROMOVENTE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO.-Cuando al resolver el incidente respectivo un tribunal colegiado de circuito declara conjuntamente con la sentencia definitiva dictada en un juicio de amparo directo la falsedad de la firma que calza la demanda de garantías, tanto la diligencia en que el promovente reconozca dicha firma como la aludida demanda carecen de eficacia, ya que no existe certeza sobre su autenticidad, esto es, que realmente proviene de quien aparece como su autor jurídico, pues una firma sólo puede reconocerla quien la imprimió. Así, ante la mencionada declaración de falsedad, a la diligencia de reconocimiento de firmas no puede otorgársele el alcance de tener por presentada la demanda en la fecha en que el aparente promovente compareció ante el tribunal colegiado a reconocer la firma cuya autenticidad se cuestiona, en tanto que el objeto de dicha diligencia se limita a que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa en él y no a hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió. Por tanto, se concluye que quien aparece en la demanda como promovente, aunque el acto reclamado afecte su esfera jurídica, no externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la ley indicada."(2)
Ahora bien, en el caso, la autoridad señalada como responsable remitió a este órgano de control constitucional una impresión de los datos correspondientes a la "firma electrónica" de **********, relativa al escrito de presentación de la demanda de amparo a través del Sistema Electrónico de Gestión Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, denominado "Tribunal Electrónico"; sin embargo, esa circunstancia no puede válidamente dar noticia de la manifestación de la voluntad de quien dice ser agraviado, para efectos de promover el juicio de amparo.
Esto es así, ya que dicho sistema representa un servicio que permite la recepción en forma telemática de promociones ante el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas;(3) por tanto, al margen de que sus protocolos de seguridad sean técnicamente suficientes, no puede tener validez ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, al conocer del juicio de amparo.
Para corroborar la validez de la proposición anterior, es necesario dilucidar en esta ejecutoria los siguientes puntos: I) Qué legislación regula el trámite del juicio de amparo; II) Cómo pueden presentarse las promociones en el juicio de amparo; III) Presentación de la demanda de amparo directo; y, IV) Qué posibilidad jurídica y material existe para presentar la demanda de amparo por medios electrónicos.
I) Legislación relativa al juicio de amparo.
Sobre ese aspecto, el primer párrafo del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las controversias de que habla el artículo 103 del Pacto Federal, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria.
Por su parte, la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2o., establece:
"Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se sustanciará y resolverá de acuerdo con las normas y procedimientos que establece esta ley.
"A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho."
Como se puede advertir, la Ley de Amparo es enfática en establecer que para la sustanciación del juicio de amparo deben aplicarse las reglas previstas en esa ley y, de manera supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como los principios generales del derecho.
Esto implica para los gobernados, que deben ajustar su demanda de amparo a las formalidades que dispone el citado ordenamiento y, desde el punto de vista de las autoridades que conocen del amparo, que su actuación debe ceñirse a lo dispuesto en ese ordenamiento.
Lo anterior, aunque pudiera parecer lógico, en la práctica representa cierta complejidad, sobre todo en el trámite del juicio de amparo directo, teniendo en cuenta que la demanda de amparo debe presentarse por conducto de la autoridad responsable, a la que le corresponde proveer sobre la suspensión y emplazar a juicio al tercero interesado, en términos de lo previsto en los artículos 176 y 177 de la Ley de Amparo y, a partir de que se presenta la demanda, aquélla actúa como órgano auxiliar de la Justicia Federal; por consiguiente, las actuaciones que realice, relacionadas con el amparo (notificaciones, por ejemplo), deben ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Amparo.
Esto es, tanto las partes como las autoridades que conocen de la controversia de la que deriva la resolución, laudo o sentencia reclamada, al menos durante la tramitación del amparo directo ante la autoridad responsable, deben dejar de actuar conforme a la legislación común y a los mecanismos que se prevén en el fuero local, para ajustar sus promociones y actuaciones a lo que dispone la Ley de Amparo y los mecanismos que en ésta se reconocen.
II) Promociones en el juicio de amparo.
Por otro lado, el artículo 3o. de la Ley de Amparo y el transitorio décimo primero del decreto relativo disponen:
"Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito.
"Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente.
"...
"Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.
"La firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.
"...
"Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica."
"Décimo Primero. El Consejo de la Judicatura Federal expedirá el reglamento a que hace referencia el artículo 3o. del presente ordenamiento para la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica."
Como se puede apreciar, de inicio, el legislador estableció que la presentación de las promociones en el juicio de amparo deben ser por escrito; sin embargo, previó la posibilidad de hacerlas mediante el empleo de las tecnologías de la información, particularmente, de la firma electrónica, conforme a la normativa que emita el Consejo de la Judicatura Federal a través de acuerdos generales, dado que aquélla tiene el mismo efecto que la firma autógrafa.
Ahora bien, es relevante que la propia Ley de Amparo defina qué debe entenderse por firma electrónica, al establecer que se trata del medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación.
Esto, porque si bien para la sustanciación de los asuntos ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y ante el Poder Judicial de la Federación, se prevé la posibilidad de acceder a la justicia a través del uso de las tecnologías de la información e, inclusive, en el sistema local también se prevé el uso de una firma electrónica, debe entenderse que la firma electrónica válida para la promoción de la demanda de amparo es aquella que permite el acceso al sistema del Poder Judicial de la Federación (y no la que pudiera permitir el acceso al sistema del Poder Judicial local), conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo; es decir, la que regula el Consejo de la Judicatura Federal, a través de acuerdos generales.
III) Presentación de la demanda de amparo directo.
Previo a analizar lo atinente a la regulación que sobre el tema en cuestión ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal, es importante tomar en cuenta que de acuerdo con la Ley de Amparo, la demanda de amparo en la vía directa, a diferencia que en la indirecta, debe presentarse por escrito.
En efecto, los artículos 108 y 175 del referido cuerpo legal establecen:
"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: ..."
"Artículo 175. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán: ..."
Así, del análisis comparativo de ambos preceptos, resulta válido concluir que -de inicio- el legislador ordinario previó que puede presentarse la demanda de amparo a través del uso de las tecnologías de la información, sólo en la vía indirecta y no tratándose de la vía directa.
IV) Posibilidad jurídica y material para presentar la demanda de amparo directo por medios electrónicos.
• Acuerdo General Conjunto Número 1/2013
En uso de las facultades contenidas en los artículos 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, fracciones XV y XXI y 81, fracciones II, XVIII y XXXV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, en el que se fijaron las bases relativas a la Firma Electrónica del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico.
Del contenido del citado acuerdo se destaca el numeral 5 que establece:
"Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL.
"Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al sistema electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados."
Cabe precisar que en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también conoce de juicios de amparo en sus dos instancias, y que las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal no pueden alcanzar el ámbito administrativo del Máximo Tribunal del País, fue necesario que de manera conjunta emitieran el acuerdo general a que aluden los artículos 3o. y décimo primero transitorio de la citada legislación, relativo a la firma electrónica e integración del expediente electrónico.
Ahora bien, resulta relevante que los citados órganos determinaron, para efectos de la presentación de demandas y promociones a través de la firma electrónica denominada "FIREL", que en los juicios de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado.
Bajo ese contexto, puede sostenerse que, de inicio, es jurídicamente posible presentar la demanda de amparo directo a través de las tecnologías de la información implementadas por diversos órganos del Estado; sin embargo, esa posibilidad se condicionó a que el Poder Judicial de la Federación, a través de la denominada Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haya celebrado convenio de coordinación para tal efecto.
En ese sentido, la justificación que se desprende del propio acuerdo descansa en un criterio objetivo de seguridad, pues el convenio de coordinación que ahí se menciona, tiene como propósito que la referida unidad reconozca los certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable.(4)
• Acuerdo General Conjunto Número 1/2014
Sobre esa misma cuestión, los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto Número 1/2014, en cuyo título cuarto se precisó la manera de presentar las demandas de amparo a través de los medios electrónicos.
Por lo que hace al amparo directo, se estableció lo siguiente:
"Artículo 20. Para la presentación de demandas de amparo directo, se atenderá a lo siguiente:
"I. Tomando en cuenta lo previsto en los artículos 176 y 177 de la Ley de Amparo, en virtud de que deben presentarse por conducto de la autoridad responsable, a la que en términos de lo señalado en el diverso artículo 107, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le corresponde proveer sobre la suspensión, el PJF podrá celebrar convenio con cada uno de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, en el cual se establezca:
"a. La posibilidad de que el PJF proporcione al tribunal respectivo, los programas informáticos que en su caso desarrolle para recibir demandas de amparo directo;
"b. El mecanismo electrónico a través del cual los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo remitirán al CJF las demandas de amparo directo, así como los términos en los que se dará la intercomunicación entre los TCC y el tribunal responsable que hubiere emitido la sentencia impugnada, para que los servidores públicos autorizados de aquéllos puedan consultar el expediente electrónico relativo al juicio respectivo;
"c. Los términos en los que se apoyará con recursos financieros y humanos al Poder Judicial o al tribunal respectivo para el establecimiento del sistema electrónico que permita la integración del expediente electrónico de los juicios de su conocimiento;
"d. El reconocimiento de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo de la FIREL como principal mecanismo de ingreso y consulta a los expedientes electrónicos en los que obren los juicios de su conocimiento;
"e. Los términos en que a los servidores públicos adscritos a los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, se les dotará de la FIREL, y
"f. Los términos en los que el PJF apoyará a los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo en el otorgamiento de la FIREL a las partes dentro de los juicios de su conocimiento, y
"II. El módulo de presentación de demandas de amparo directo funcionará para las provenientes de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, una vez que la unidad y el tribunal respectivo emitan la declaratoria correspondiente, la que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en el Periódico Oficial de la entidad política a la que corresponda aquél."
De lo antes transcrito se desprende que para reconocer la validez del uso de las tecnologías de la información implementadas en los tribunales del orden común, en relación con el juicio de amparo directo (que por disposición legal debe presentarse ante la autoridad responsable), es necesario satisfacer previamente las siguientes condicionantes:
a) Que el Poder Judicial de la Federación proporcione al tribunal respectivo los programas informáticos necesarios;
b) Que los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo reconozcan a la FIREL como el principal mecanismo de ingreso y consulta a los expedientes electrónicos; y,
c) Que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y el tribunal respectivo, emitan una declaratoria al respecto, la que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en el Periódico Oficial de la entidad política a la que éste corresponda.
En esa tesitura, si en este circuito del Poder Judicial de la Federación no se han satisfecho las condiciones jurídicas y materiales antes descritas, es decir, no se ha suscrito un convenio entre los Poderes Judiciales Federal y Local para que a través de las tecnologías de la información utilizadas puedan presentarse demandas de amparo directo, entonces, no es posible considerar válida para ese efecto la firma electrónica del Sistema de Gestión Judicial y, por ello, su uso no equivale a la firma autógrafa necesaria para estimar que existió voluntad del agraviado para promover el juicio de amparo.
Sin que lo anterior implique el desconocimiento del derecho fundamental de acceso a la justicia contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, pues en el propio precepto se otorga la potestad al legislador ordinario para establecer plazos y términos a fin de acceder al sistema de justicia; por tanto, la circunstancia de que en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se haga una remisión expresa a los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal en lo atinente a la firma electrónica, es una cuestión de libre configuración legislativa.
Por tanto, para reconocer la validez de la firma electrónica implementada en los tribunales ordinarios, es necesario satisfacer las condiciones previstas en los citados acuerdos generales, los cuales no pueden someterse desde esta instancia a un control de regularidad, ya que para poder revocarlos existe un procedimiento específico que requiere de una votación calificada que sólo puede obtenerse en el Pleno del Máximo Tribunal; por ello, los Tribunales Colegiados de Circuito están obligados a observar los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, máxime que para la creación de los citados cuerpos normativos, también participó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 52/2014 (10a.), del Pleno del Máximo Tribunal del País, que es del siguiente tenor:
"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN IMPEDIDOS PARA REVISAR LA REGULARIDAD DE LOS ACUERDOS QUE EXPIDE Y, POR TANTO, DEBEN OBSERVAR LOS QUE AUTORIZAN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN. El artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que, conforme a lo establecido en la ley, el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, y que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá revisar y, en su caso, revocar los que aquél apruebe, por mayoría de cuando menos 8 votos de los Ministros que lo integran. Así, al existir disposición constitucional que atribuye a este Alto Tribunal la facultad expresa para analizar los referidos acuerdos, se concluye que los Tribunales Colegiados de Circuito, al examinar los asuntos sometidos a su competencia, están impedidos para revisar la regularidad de dichos instrumentos normativos, sobre todo porque, para poder revocarlos, existe un procedimiento específico que requiere de una votación calificada que sólo puede obtenerse en el Pleno del Máximo Tribunal, de donde deriva que los Tribunales Colegiados de Circuito están obligados a observar los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal que autorizan el uso de medios electrónicos para interponer el recurso de revisión."(5)
En suma, del análisis conjunto de los artículos 2o., 3o. y 175 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de amparo es posible presentar la demanda correspondiente a través del uso de las tecnologías de la información, mediante la firma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de acuerdos generales. Por su parte, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron en conjunto la normativa aplicable para la implementación y uso de la citada herramienta, a través de los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que se estableció la posibilidad de que las demandas de amparo directo se recibieran a través de la firma electrónica implementada en los tribunales ordinarios; sin embargo, tal supuesto se condicionó a: a) Que el Poder Judicial de la Federación proporcione al órgano respectivo los programas informáticos necesarios; b) Que los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo reconozcan a la FIREL como principal mecanismo de ingreso y consulta a los expedientes electrónicos; y, c) Que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y el tribunal respectivo, emitan una declaratoria al respecto, la que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en el Periódico Oficial de la entidad política a la que éste corresponda.
Por tanto, si quien se considere agraviado con alguna sentencia que admita amparo directo presenta su demanda a través de la firma electrónica que no es la denominada FIREL, no puede aquélla tener el efecto de ser equivalente a la firma autógrafa, aun cuando la autoridad responsable certifique su recepción, ya que de aceptar como válido este acto, se estarían analizando los requisitos de admisibilidad de un juicio federal a la luz de normas y mecanismos locales que no rigen en el caso, lo que no limita el derecho fundamental de acceso a la justicia, dado que si el legislador, en ejercicio de sus facultades constitucionales, estableció en la Ley de Amparo reglas para la validez de los sistemas electrónicos de los tribunales ordinarios para efectos del juicio de amparo, esa circunstancia no representa un obstáculo para el justiciable, pues son requisitos de procedencia y admisibilidad(6) que no pueden considerarse limitantes del derecho a la jurisdicción.
Máxime que nada impide a los que se estimen agraviados, presentar su demanda de amparo por escrito, directamente ante la autoridad responsable, o bien, depositarla en la oficina del Servicio Postal Mexicano, si el quejoso reside en lugar distinto al de la autoridad.
En efecto, las condiciones de acceso para la presentación de la demanda de amparo, tratándose de personas cuyo domicilio o lugar de residencia sea distinto al del órgano de amparo, ya sea respecto de un Tribunal Colegiado o Unitario de Circuito, un Juzgado de Distrito, o bien la autoridad responsable como órgano auxiliar en el trámite del amparo directo, ha sido un fenómeno de la realidad que ya había sido regulado por la Ley de Amparo abrogada, concretamente en el artículo 25, que establecía lo siguiente:
"Artículo 25. Para los efectos del artículo anterior, cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia."
Ahora, la Ley de Amparo vigente, aplicable al caso, establece en el numeral 23 lo siguiente:
"Artículo 23. Si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la firma electrónica."
El precepto anterior ha sido motivo de interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 221/2014, en cuya ejecutoria estableció que el referido numeral debe ser interpretado en el sentido de que es aplicable para cualquiera de las partes, así como respecto de cualquier medio de defensa, con la única condicionante de que resida fuera del lugar de jurisdicción del órgano.
De la referida ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 13/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25966-e95e6361/demanda-de-amparo-directo-si-se-presenta-mediante · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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