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Modo: Corpus Pro

DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2021. · Registro digital (IUS): 30192
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-11-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo III , Pág. 2503.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MANUEL ARMANDO JUÁREZ MORALES, JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ, RAFAEL RIVERA DURÓN, ABRAHAM CALDERÓN DÍAZ, JULIO RAMOS SALAS, RICARDO MARTÍNEZ CARBAJAL Y JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO OLVERA (PRESIDENTE). PONENTE: RICARDO MARTÍNEZ CARBAJAL. SECRETARIA: MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS.

II. COMPETENCIA

6. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; quinto transitorio del Acuerdo General Número 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este circuito y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

III. LEGITIMACIÓN

7. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la formuló uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

8. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, deben analizarse las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.

Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, al resolver el recurso de revisión administrativo 50/2021.

Antecedentes:

El Juez de Distrito dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la omisión de dar respuesta por escrito a la petición formulada ante el jefe de departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

Inconforme con la decisión, mediante escrito presentado vía electrónica a través del correo institucional, el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, recibido el veintisiete de enero de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, y al día siguiente en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del propio circuito.

Como cuestión previa se precisó, que en respuesta al brote del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo.

Detalló que en el Acuerdo General 6/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2, se señaló que el carácter extraordinario de la emergencia sanitaria coloca a las y los operadores jurídicos en un terreno completamente novedoso.

Asimismo, que en el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2, se indicó que se retoma la declaración "Emergencia del coronavirus: desafíos para la justicia", en la que el relator especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial: (i) calificó como una decisión "urgente" la racionalización inmediata –a lo esencial– de los servicios que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden considerarse prioritarios; y, (ii) señaló que "las tecnologías informáticas y el uso del ‘teletrabajo’ para enfrentar la crisis actual procesando casos de abusos debe ser urgentemente puesto en funcionamiento".

Agregó que en la circular SECNO/7/2020, se reconoció que la pandemia global por la enfermedad del Covid-19 ha representado un cambio en los parámetros de "normalidad" que han regido la vida pública y el ejercicio de la función jurisdiccional no ha sido una excepción, por lo que se consideró fundamental que los juzgadores apliquen las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 8/2020 asumiendo que ésta no es una situación típica, y que su carácter extraordinario e inédito exige que el profesionalismo y excelencia que han marcado su desempeño se enfoque en los ajustes inevitables que la pandemia requiere para que la impartición de justicia a nivel federal continúe, los que van desde la organización del personal hasta la forma de dar trámite a los asuntos, asumiendo la necesidad de operar bajo nuevos parámetros y directrices durante el tiempo que ello resulte necesario.

Dentro de esta nueva normalidad, en la circular SECNO/16/2020 se consideró que lo ideal era que las partes tuvieran acceso al expediente electrónico; incluso se precisó que existían casos en los que el propio quejoso había proporcionado una dirección de correo electrónico para que ahí se le enviara la documentación con la que se le da vista del informe justificado.

En esa línea, se precisó que en el Acuerdo General 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal –artículo 22–, se estimó que era necesario exhortar a las partes, desde la primera notificación y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, a que: a) de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, b) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

Tomó en cuenta, que en este mismo sentido en la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS DIGITALIZADOS QUE SE INGRESAN COMO PRUEBAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE CONSIDERARLOS COMO SI SE HUBIERAN PRESENTADO EN SU VERSIÓN FÍSICA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN SER OBJETADOS POR LAS PARTES, Y SÓLO EXCEPCIONALMENTE, ANTES DE DEMERITAR SU VALOR PROBATORIO, REQUERIR AL OFERENTE EL DOCUMENTO FUENTE.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los documentos digitalizados de su original, ofrecidos como prueba de manera electrónica en el juicio de amparo, no perderán su valor probatorio y deberán recibir el mismo tratamiento que si se hubieren presentado en su versión física, sin perjuicio de que: 1) puedan ser objetados por las partes; o, 2) cuando el órgano jurisdiccional carezca de seguridad respecto a la viabilidad y coincidencia del documento digital frente al documento fuente, esté en aptitud de requerir excepcionalmente este último, antes de demeritar su valor probatorio.

Con base en este contexto evolutivo, detalló que en los últimos meses ha venido experimentando el sistema de impartición de justicia del Poder Judicial de la Federación con motivo de la situación inédita, extraordinaria y atípica generada por la pandemia mundial del virus SARS-CoV-2, atento, fundamentalmente, a la infraestructura y recursos –humanos y administrativos– con los que cuenta, aquellos que tiene a su alcance la mayoría de la población y a las medidas que las autoridades sanitarias –del orden federal y estatal– fueron dando a conocer a la población conforme al estatus de la pandemia en nuestro país y en cada una de las entidades estatales, el Consejo de la Judicatura Federal vino implementando los ajustes necesarios e indispensables que cada una de esas etapas –trazadas por el comportamiento de la epidemia– demandaba para que la impartición de justicia a nivel federal continuara, en algunos casos racionalizando su prestación a asuntos prioritarios, en otros extendiendo los supuestos a un catálogo más amplio y concediendo a los juzgadores la facultad de ponderar el caso concreto, agregando la posibilidad de resolver asuntos integrados para sentencia que se hubieran sustanciado físicamente, así como la de tramitar y resolver asuntos mediante el esquema de "juicio en línea" y actualmente, reactivando en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a su cargo.

Esas primeras etapas, en donde incluso, después de instrumentarse la reanudación de plazos y el regreso escalonado, en algunas entidades federativas fue necesario regresar al esquema de la operatividad de los órganos jurisdiccionales únicamente para la atención de casos urgentes, bajo estricto distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales, se encontraron marcadas por las novedades reportadas por la situación de salud prevalente no sólo en el país sino particularmente en algunos Estados de la Federación, que sin duda obstaculizaron que material y tecnológicamente el común de las personas, así como las autoridades responsables, pudieran colmar en su totalidad los requisitos que se exigen para la tramitación y obtención de la firma electrónica para la promoción de las demandas y escritos, rendición de informes, ofrecimiento de pruebas e interposición de los recursos.

Atento a esas circunstancias y en observancia a los lineamientos de flexibilidad, se resolvió que en esos momentos fijados por el Consejo de la Judicatura Federal para responder a la necesidad de operar bajo nuevos parámetros y directrices durante el tiempo que resultara necesario durante cada una de esas innovadoras y primigenias etapas, privilegiando el acceso de las partes al expediente electrónico y el uso de una dirección de correo electrónico para que el envío de documentación, así como la proposición de formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea por medio de los cuales se pudieran entablar comunicaciones, debiendo registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, el Tribunal Colegiado, en asuntos anteriores, estimó procedentes los recursos promovidos vía electrónica –específicamente por el correo electrónico– durante la situación extraordinaria de contingencia epidemiológica prevaleciente en esos momentos como si se hubieran presentado de forma física, ante la necesidad de actuar con mayor flexibilidad y amplitud no sólo en la protección de los derechos humanos, es decir, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, como lo ordena el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, sino también en la garantía a las partes del acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, al no generar inseguridad o duda respecto a la viabilidad y origen del correo electrónico fuente, con el cual, en algunos de ellos, el a quo había tenido comunicación previa, además de que la contraparte del promovente estuvo en aptitud legal de objetar su autenticidad, caso en el cual se podría haber requerido la presentación del escrito original de agravios antes de resolver sobre su procedencia.

Por tanto, se dijo, que en la actualidad, a más de un año de la pandemia que nos aqueja y dada su prolongación, en el citado Acuerdo General 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha considerado procedente reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a su cargo, dando paso así, a partir del tres de agosto del año próximo pasado, a una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, mediante la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones.

Partiendo de esos nuevos lineamientos fijados por el Consejo de la Judicatura Federal, sustentados en las condiciones que ahora se presentan, consideró oportuno determinar, ante la multiplicidad de recursos presentados por correo electrónico institucional, que las partes en el juicio de amparo todavía no se encuentran en posibilidad de presentar físicamente –en forma impresa– las promociones y recursos que consideren procedentes en defensa de sus intereses, no obstante que cuentan con la opción del esquema de "juicio en línea", en el cual pueden hacer uso de la firma electrónica (FIREL), conforme a la regulación emitida por el citado Consejo, en virtud de que la emergencia sanitaria continúa y deben seguirse adoptando medidas inéditas para evitar, en lo posible, aglomeraciones y con ello la proliferación de los contagios por el virus COVID 19, salvaguardando así, tanto la salud de los justiciables, como de los servidores públicos de esta institución.

Máxime que no podía soslayarse, por ser un hecho notorio judicial, que los órganos jurisdiccionales que integran el Décimo Séptimo Circuito han abierto una gama de posibilidades a las partes en los juicios de amparo, a través de los medios electrónicos, para dar celeridad a su tramitación y resolución, por lo que no se podía en esa instancia desconocer esas prácticas que se han reconocido tácitamente, creando indefensión en los intervinientes.

De ahí que, en el caso se resolvió la procedencia del medio de impugnación, a pesar de que no constó en el escrito de interposición la firma autógrafa del delegado de la autoridad recurrente.

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja administrativo 71/2021.

Antecedentes:

La Subsecretaría de Salud, por conducto del jefe de departamento adscrito a la oficina del abogado general de la Secretaría de Salud, interpuso recurso de queja contra el acuerdo dictado en el incidente del juicio de amparo en el que la Juez de Distrito concedió la suspensión provisional solicitada.

La Juez de Distrito rindió su informe con justificación y remitió las constancias al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente.

El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió desechar por improcedente el recurso de queja, con base en las consideraciones siguientes:

Estimó que el oficio de interposición y expresión de agravios carecía de uno de los requisitos indispensables de validez.

Consideró que conforme a lo dispuesto por el párrafo primero de la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada; lo anterior, en consonancia con el artículo 3o. de la ley de la materia, que prevé los requisitos que deben reunir las promociones que se presentan ante los órganos jurisdiccionales, lo que arroja que el juicio de amparo y, por tanto, sus recursos, deben promoverse en forma escrita, y que dichos escritos pueden presentarse de forma física o electrónica, los que deberán estar calzados por la firma autógrafa o electrónica de su autor, como signo fehaciente de que es su voluntad promover o manifestar lo que el escrito dice.

Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, determinó que el artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal y que expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2015, de los que se advirtió, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar, entre otros, en los asuntos de la competencia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa, por lo que debía desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo.

Aplicó por analogía lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resolvió que si los recursos establecidos en la Ley de Amparo se interponen por correo electrónico, sin contar con la evidencia criptográfica (FIREL) o firma electrónica (e-firma) de la parte recurrente, esa circunstancia impide tener certeza de la autenticidad del documento y, por ello, procedió a desecharlo de plano.

Resultó aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia número P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo siguientes:

"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO."

En ese contexto, sostuvo que de la consulta de las constancias remitidas con el incidente se advirtió que el recurso fue presentado vía correo electrónico, de la dirección **********; sin embargo, no contenía evidencia criptográfica (FIREL) o firma electrónica (e-firma) del promovente, tal y como se apreció del incidente.

Atento a lo anterior resolvió que el oficio de agravios, origen del recurso, carecía del signo que demostrara que es la voluntad de su autor interponerlo, lo cual, en atención al referido principio de instancia de parte agraviada, en relación con los lineamientos atinentes a las características que deben reunir las promociones en el juicio de amparo, se resolvió que carecía de validez y, por tanto, el recurso de queja debía desecharse.

No se soslayó que si bien en el auto recurrido, la Juez de Distrito asentó que las responsables, en caso de no contar con firma electrónica, podrían remitir el informe previo al correo electrónico oficial del Juzgado de Distrito que dejó a disposición, lo cierto es que lo hizo para evitar la concentración de personas en las instituciones públicas dada la situación de contingencia sanitaria y con ello evitar la propagación del virus COVID-19; pero claramente precisó que la disposición del correo institucional era para la presentación del informe previo de las responsables.

Sin que pasara inadvertido que, en diversas sesiones anteriores, en otros recursos de queja de contenido similar se falló resolviendo el fondo de la cuestión planteada; sin embargo, en una nueva reflexión del tema y teniendo en consideración la tesis de jurisprudencia citada en párrafos precedentes, se llegó a la conclusión de que el recurso era improcedente y, por ende, debía desecharse por los motivos expuestos.

De tales consideraciones derivó la tesis de jurisprudencia XVII.2o.P.A. J/9 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, mayo de 2021, Tomo III, página 2300, con número de registro digital: 2023118, bajo el título, subtítulo y texto siguientes:

"RECURSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. PROCEDE DESECHAR LOS INTERPUESTOS POR CORREO ELECTRÓNICO, SI NO CUENTAN CON EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA (FIREL) O FIRMA ELECTRÓNICA (E. FIRMA) DEL RECURRENTE.

"Hechos: Las autoridades responsables interpusieron por correo electrónico diversos recursos previstos en la Ley de Amparo, sin que sus escritos contaran con evidencia criptográfica (FIREL) o firma electrónica (e. firma).

"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede desechar los recursos establecidos en la Ley de Amparo, interpuestos por correo electrónico, si no cuentan con evidencia criptográfica (FIREL) o firma electrónica (e. firma) del recurrente.

"Justificación: En la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, quien expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar, entre otros, en los asuntos de la competencia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa, por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que alude el artículo 114 de la Ley de Amparo. De esta manera, se concluye que si el escrito presentado por correo electrónico, por el cual se promueve un recurso establecido en la Ley de Amparo, no contiene evidencia criptográfica (FIREL) o firma electrónica (e. firma) del recurrente, carece de validez, en atención al principio de instancia de parte agraviada, en relación con las características que deben reunir las promociones en los juicios de amparo y, por tanto, procede desecharlo."

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

9. En principio, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

10. En ese sentido, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque. Es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(1)

11. Ahora bien, el primero de los requisitos que exige la jurisprudencia se cumple, debido a que ambos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre la procedencia de los recursos en el juicio de amparo (revisión-queja), presentados en forma digitalizada a través del correo institucional, después del tres de agosto de dos mil veinte, esto es, en la tercera etapa de reactivación de la actividad jurisdiccional establecida en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, que en adelante será identificado como Acuerdo General 21/2020.

12. El segundo de los requisitos se estima satisfecho, debido a que, en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, existió diferencia con respecto a la resolución de semejante problema jurídico.

13. Para el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa es procedente el medio de impugnación, a pesar de que no constó en el escrito de interposición la firma autógrafa del delegado de la autoridad recurrente, toda vez que partiendo de los nuevos lineamientos fijados por el Consejo de la Judicatura Federal, a un año de la pandemia por el virus SARS-CoV2, consideró que ante los múltiples recursos presentados por correo electrónico institucional, las partes en el juicio de amparo todavía no se encuentran en posibilidad de presentar físicamente –en forma impresa– las promociones y recursos que consideren procedentes en defensa de sus intereses, no obstante que tienen la opción del esquema de "juicio en línea", en el cual pueden hacer uso de la firma electrónica (FIREL), conforme a la regulación emitida por el citado Consejo, en virtud de que la emergencia sanitaria continúa y deben seguirse adoptando medidas inéditas para evitar, en lo posible, aglomeraciones y, con ello, la proliferación de los contagios por el virus COVID-19, salvaguardando así tanto la salud de los justiciables como de los servidores públicos de esta institución.

14. Máxime que no podía soslayarse, por ser un hecho notorio judicial, que los órganos jurisdiccionales que integran el Décimo Séptimo Circuito han abierto una gama de posibilidades a las partes en los juicios de amparo, a través de los medios electrónicos, para dar celeridad a su tramitación y resolución, por lo que no podía esa instancia desconocer esas prácticas que se han reconocido tácitamente, creando indefensión en los intervinientes.

15. Se consideraron aplicables los lineamientos derivados de la tesis 1a. VIII/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, marzo de 2021, Tomo II, página 1227, con número de registro digital: 2022826, bajo el rubro: "DOCUMENTOS DIGITALIZADOS QUE SE INGRESAN COMO PRUEBAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE CONSIDERARLOS COMO SI SE HUBIERAN PRESENTADO EN SU VERSIÓN FÍSICA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN SER OBJETADOS POR LAS PARTES, Y SÓLO EXCEPCIONALMENTE, ANTES DE DEMERITAR SU VALOR PROBATORIO, REQUERIR AL OFERENTE EL DOCUMENTO FUENTE."

16. En cambio, para el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa es improcedente el medio de impugnación, porque el oficio de agravios, origen del recurso, carece del signo que demuestre que era voluntad de su autor interponerlo, lo cual, en atención al referido principio de instancia de parte agraviada en relación con los lineamientos atinentes a las características que deben reunir las promociones en el juicio de amparo, carece de validez y, por tanto, el recurso de queja debía desecharse.

17. Se aplicó por analogía la jurisprudencia P./J. 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO."

18. De lo expuesto por los Tribunales Colegiados de Circuito que contienden, resulta que ante semejante problema jurídico ocurrido después del tres de agosto de dos mil veinte en que se llevó a cabo la tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, en términos del Acuerdo General 21/2020, resolvieron de manera diferente sobre la procedencia de un recurso con firma autógrafa pero en formato digital (PDF) presentado por vía electrónica a través del correo institucional, sin la firma electrónica (FIREL) del recurrente.

19. Para uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, el recurso es procedente, porque con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, y las prácticas que han reconocido tácitamente la presentación de promociones en tales términos, las partes todavía no se encuentran en posibilidad de presentar físicamente –en forma impresa– las promociones y recursos, no obstante que cuentan con la opción del esquema de "juicio en línea", por lo que deben evitarse en lo posible los contagios en aras de salvaguardar la salud; máxime que los documentos digitalizados no pierden su valor porque pueden ser objetados, o bien, cuando se carezca de seguridad respecto a la coincidencia con el documento fuente, el juzgado puede requerir lo conducente; y para el diverso tribunal es improcedente porque se carece del signo que demuestre que es voluntad de su autor interponerlo, lo cual, en atención al principio de instancia de parte agraviada en relación con los lineamientos atinentes a las características que deben reunir las promociones en el juicio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30192-9601c0f1/demandas-promociones-y-recursos-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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