DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA DURANTE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19), A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE DESECHARSE CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO, SALVO QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: SULEIMAN MERAZ ORTIZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veintiuno de junio de dos mil veintidós.
RESULTANDO:
1. ÚNICO. Denuncia y trámite de la contradicción de tesis. Mediante oficio recibido el seis de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Magistrada en funciones de presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre el emitido por dicho Tribunal Colegiado al resolver el recurso de queja ********** y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en las diversas quejas ********** y **********.
2. Por acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia, ordenó formar y registrar el expediente con el número 100/2021; asimismo, estimó que por la materia común la competencia para su conocimiento correspondía a este Tribunal Pleno.
3. Por otra parte, requirió a la presidencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para que remitiera copia certificada de las ejecutorias dictadas en los asuntos de su índice e informara si el criterio sustentado se encontraba vigente o, en su caso, los motivos para tenerlo por superado o abandonado.
4. Mediante acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, el Ministro presidente tuvo por debidamente integrada la contradicción de tesis y ordenó el envío de los autos a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para su estudio y resolución.
CONSIDERANDO:
5. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 10, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de este Máximo Tribunal, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos; aunado a que la contradicción corresponde a la materia común, cuya resolución debe ser emitida por este Pleno.
6. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II,(1) en relación con el diverso 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados.
7. TERCERO.—Posturas contendientes. Con la finalidad de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente precisar las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus resoluciones.
I. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (recurso de queja **********).
8. Demanda de amparo. Conoció de un caso en el que el Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto presentada por medios electrónicos a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al advertir que no se encontraba firmada electrónicamente por los promoventes. El juzgador estimó que no se tenía certeza sobre la identidad de las personas que promovieron la acción de amparo, por lo que –dijo– para instar el juicio en línea era indispensable contar con firma electrónica al ser equiparable a un documento de identidad con los mismos efectos de la firma autógrafa.
9. Indicó que no se estaba en el supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual sería innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el diverso 15 de dicha ley.
10. Por tanto, al haberse promovido la demanda de amparo por medios electrónicos, los quejosos tenían la obligación de presentar la firma electrónica "FIREL", con la finalidad de cumplir con lo señalado en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
11. Recurso de queja. En contra de esa determinación se interpuso recurso de queja, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
12. El Tribunal Colegiado confirmó el desechamiento de la demanda, al no encontrarse firmada electrónicamente por los promoventes, ya que no podía afirmarse que en el momento en que se instó el juicio constitucional, era su voluntad solicitar el amparo.
13. La determinación del órgano jurisdiccional se sustentó en las jurisprudencias P./J. 32/2018 (10a.) y P./J. 8/2019 (10a.) de este Tribunal Pleno, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO."
14. Consideró que de acuerdo con lo resuelto por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa.
15. Conforme a las referidas tesis de jurisprudencia –indicó– la demanda debe desecharse de plano cuando se presente por vía electrónica sin la firma electrónica del promovente, toda vez que tal omisión no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención contemplada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención. La única salvedad está prevista en el numeral 109 de la ley de la materia, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica para la promoción del juicio con fundamento en el diverso 15 del mismo ordenamiento legal.
16. Señaló que en el caso concreto, la demanda presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no fue firmada de manera electrónica, tal como se advertía de la papeleta de turno respectiva. De allí lo correcto del desechamiento de plano de la demanda, porque no era posible dar trámite a la petición de amparo.
17. Refirió que no compartía la tesis l.7o.P. J/10 K (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]."; en virtud de que la ausencia de firma de un escrito no puede ser reparado con posterioridad a la fecha de su presentación, pues en el supuesto de que se ordene su ratificación, la fecha que dotará de certeza respecto de la expresión de la voluntad del promovente será el momento en que ésta se efectúe, de lo contrario se trastocarían los principios del debido proceso.
18. Precisó que pese a que por el momento el país atraviesa por una contingencia de salud que ha limitado la movilidad de las personas, el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido mecanismos para el acceso de los gobernados a los procedimientos jurisdiccionales; de allí que la vía electrónica no era el único medio para promover el amparo, también existía la posibilidad de instarlo por escrito mediante las oficinas de comunicación pública o de forma presencial. Además, era un hecho notorio que las personas privadas de la libertad aprovechan la asistencia de los notificadores judiciales en las instalaciones carcelarias para formular peticiones que son llevadas ante los órganos jurisdicciones para iniciar nuevos juicios de amparo.
II. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (recursos de queja ********** y **********).
19. Demanda de amparo. El Juez de Distrito desechó de plano diversas demandas de amparo indirecto promovidas de manera electrónica, con motivo de que en los escritos iniciales no obraba firma electrónica (FIREL) de los promoventes, requisito indispensable al consistir en la expresión de la voluntad. Sin que fuera dable la prevención en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues no se trataba de una irregularidad que pudiera subsanarse. Además, en atención a la naturaleza del acto reclamado, no se advertía que se estuviera en el supuesto del diverso 15 de la ley de la materia.
20. Recursos de queja. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al conocer de los recursos de queja correspondientes, determinó revocar la decisión del juzgador de amparo.
21. Después de establecer el alcance del principio de instancia de parte agraviada contemplado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, indicó que anteriormente la única manera prevista por la Ley de Amparo para solicitar la protección constitucional era por escrito; sin embargo, derivado de los avances tecnológicos se implementaron los medios electrónicos para acudir al juicio constitucional.
22. Refirió que de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, entre las vías para presentar una demanda de amparo se encontraba el uso de las tecnologías de la información mediante la firma electrónica (FIREL), la que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Asimismo, tal mecanismo electrónico estaba regulado en los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013, 2/2014 y 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal.
23. Para el Tribunal Colegiado, el Juez de Distrito debió tener por satisfecho el principio de instancia de parte agraviada para privilegiar el derecho de acceso a la jurisdicción, pues la finalidad pretendida con la incorporación del sistema de tramitación electrónica del juicio de amparo era dotar de un efecto útil que privilegiara los derechos de las y los gobernados por encima de formalismos que impidieran un pronunciamiento de fondo.
24. Indicó que del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se advertía que las personas deberán contar con la FIREL y su registro en el sistema, el que constituye un acto personal que exige nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, "nombre de usuario", "contraseña" y vinculación del registro a FIREL, lo que revela un trámite que no era del dominio generalizado de los ciudadanos ante los múltiples requisitos que se exigen, lo que implicaba una dificultad notoria en la obtención de la firma electrónica para el común de las personas, mucho más para quienes se ven en la necesidad de instar el juicio constitucional con motivo de aspectos relacionados con temas de naturaleza penal, dado que en muchos de los casos está de por medio la libertad de las personas y debe promoverse la demanda de amparo con evidente urgencia.
25. Entonces, para la promoción de la demanda debió prescindirse de la FIREL, con motivo de la situación de salud que prevalece en el país por la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, lo que impedía material y tecnológicamente que las personas pudieran colmar los requisitos que se exigen para la tramitación y obtención de la firma electrónica.
26. Indicó que el desechamiento de plano partió de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en la que no encuadra la ausencia de firma electrónica durante la pandemia, pues a diferencia de la duda que la ausencia de la firma autógrafa proyecta respecto de la identidad de quien promueve el amparo, los referidos Acuerdos Generales Conjuntos emitidos de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, han desarrollado una serie de candados que aseguran el conocimiento pleno de la identidad de quien actúa en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
27. Además, los requisitos formales se deben interpretar y aplicar de un modo flexible, ya que los defectos procesales subsanables de acuerdo con el artículo 114 de la Ley de Amparo, no pueden convertirse en insubsanables por la interpretación restrictiva del órgano jurisdiccional, si la parte requerida los cumple desde el inicio del proceso o los corrige, porque los requisitos procesales no deben constituir un mecanismo o tecnicismo que haga del proceso constitucional un medio inaccesible.
28. En ese orden de ideas –señaló– en el contexto de la contingencia sanitaria fue incorrecto el desechamiento de la demanda al no ser notoria y manifiesta la improcedencia, ya que los operadores jurídicos deben actuar con la mayor flexibilidad y amplitud, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia como mandata el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Federal, a efecto de proteger los derechos humanos de los promoventes, particularmente el acceso a la justicia.
29. Así, por la situación de salud pública en el país, se actualizan diversas hipótesis que de facto representan un riesgo o amenaza a la subsistencia de las personas, como sucede en determinados casos en torno a ciertos riesgos o afectaciones a la salud que comprometen la subsistencia o integridad física, pues son esas situaciones de alto y sensible riesgo las que la legislación de amparo ha querido acoger y dar una protección especial y de amplio acceso, haciendo inaplazable y de carácter urgente proveer sobre la demanda y la suspensión de los actos reclamados.
30. En el recurso de queja **********, el Tribunal Colegiado indicó que no cobraba aplicación la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) de este Tribunal Pleno, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE."; toda vez que únicamente aludió al supuesto en que la demanda de amparo fue presentada a través de medios electrónicos por el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo.
31. En tanto que en la diversa queja **********, precisó que no soslayaba la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) de este Tribunal Pleno, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO."; sin embargo, fue emitida en un contexto distinto, ya que los criterios que en esa ocasión contendieron, se pronunciaron en un periodo en el que los ciudadanos tenían la posibilidad física y material de reservar y acudir a una cita en el módulo de atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, donde servidores públicos especializados en el tema generaban su firma electrónica y les explicaban su forma de uso.
32. Aunado a que el juicio en línea no se implementó como medida de acceso a la justicia durante la pandemia, sino de manera previa como un mecanismo para "simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia"; empero, en el caso que analizaba, la única opción al alcance de los justiciables durante la pandemia era el juicio en línea, de conformidad con los Acuerdos Generales 12/2020, 13/2020 y sus modificatorios, ya que la contingencia obligó a que se le diera prioridad a tal medio electrónico como herramienta principal para el trámite de nuevos asuntos.
33. El órgano colegiado concluyó que en circunstancias ordinarias no habría duda en la aplicación de la referida jurisprudencia, pero derivado del periodo extraordinario causado por la contingencia sanitaria, la improcedencia no era indudable, ya que la exigencia de la firma electrónica como una regla creada bajo un contexto de normalidad, constituía un obstáculo para el acceso a la tutela jurisdiccional de los promoventes del amparo.
34. Los anteriores argumentos dieron origen a la tesis aislada I.7o.P.14 K (10a.), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]."
35. CUARTO.—Existencia de la contradicción. Por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(2) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)
36. Así, de acuerdo con lo resuelto por este Tribunal Pleno, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.
37. Para resolver si existe o no la contradicción de tesis es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–. 38. Por ende, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que una contradicción de tesis es procedente cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a. Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que como la primera, también sea legalmente posible.
39. Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
40. A partir de lo expuesto, se verificará si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados.
Primer requisito: Arbitrio judicial
41. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, estableció que la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica debe desecharse de plano ante la falta de firma electrónica (FIREL) de quien la promovió por propio derecho, porque esa omisión no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención que contempla el artículo 114 de la Ley de Amparo, al tratarse del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención, pues no existe certeza de que en el momento en que se instó el juicio constitucional, era voluntad de los promoventes solicitar el amparo.
42. Indicó que la única salvedad está prevista en el artículo 109 de la ley de la materia, conforme a la cual será innecesaria la firma electrónica para la promoción del juicio con fundamento en el diverso 15 de la misma ley.
43. Señaló que no era óbice que la demanda haya sido presentada de forma electrónica ante la circunstancia extraordinaria de salud pública en el país generada por el virus SARS-CoV-2, toda vez que la ausencia de firma de un escrito no puede ser reparado con posterioridad a la fecha de su presentación.
44. Máxime que durante la pandemia, la vía electrónica no era el único medio para promover el amparo, ya que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció distintos mecanismos para el acceso de los gobernados a los procedimientos jurisdiccionales.
45. Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró que en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, cuando la demanda se promueve de forma electrónica debe prescindirse de la firma electrónica, porque la contingencia sanitaria impedía material y tecnológicamente que las personas pudieran colmar los requisitos que se exigen para la tramitación y obtención de la FIREL.
46. Así, para el Tribunal Colegiado la presentación de la demanda sin firma electrónica durante la contingencia sanitaria no originaba su desechamiento por el Juez de Distrito, atento a que se cumplía el principio de instancia de parte agraviada para privilegiar el derecho de acceso a la jurisdicción de los justiciables, pues el juicio en línea era la única opción a su alcance de conformidad con los Acuerdos Generales 12/2020, 13/2020 y sus modificatorios, ya que la contingencia obligó a que se diera prioridad a tal medio electrónico como herramienta principal para el trámite de nuevos asuntos.
47. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este requisito queda cumplido en el presente caso, ya que en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos contendientes hay un punto de disenso respecto a la cuestión jurídica analizada.
48. De los aspectos relevantes que se desprenden de las ejecutorias que dieron origen a los criterios que se consideran discrepantes, este Tribunal Pleno advierte que existe la contradicción de tesis denunciada debido a que ambos Tribunales Colegiados examinaron una misma cuestión jurídica, consistente en determinar si durante la circunstancia extraordinaria de salud pública en el país generada por el virus SARS-CoV-2 se presenta una demanda de amparo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y no es firmada electrónicamente por la persona que promueve por propio derecho, debe desecharse de plano por no cumplirse el principio de instancia de parte agraviada o se trata de una irregularidad que puede ser subsanada mediante la prevención que al efecto realice el Juez de Distrito.
49. Para el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito la ausencia de firma electrónica no puede ser subsanada, aun cuando la demanda se haya promovido durante la contingencia sanitaria, porque corresponde al incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención. Además, no era el único medio para instar el juicio constitucional, en atención a que los justiciables tenían a su alcance distintos mecanismos para el acceso a los procedimientos jurisdiccionales, de conformidad con la normativa del Consejo de la Judicatura Federal.
50. Mientras que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo el criterio relativo a que en el contexto de la pandemia, la demanda de amparo presentada por medios electrónicos debe ser admitida sin exigir la firma electrónica del promovente, porque sólo contaba con esa vía para instar el juicio constitucional, en términos de los Acuerdos Generales 12/2020, 13/2020 y sus modificatorios del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
51. En ese sentido, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los Tribunales Colegiados efectuaron un ejercicio interpretativo sobre el mismo punto jurídico y arribaron a conclusiones diferentes.
52. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.
53. A partir de todo lo anterior, la divergencia de criterios se actualiza respecto del siguiente cuestionamiento: ¿En el contexto de la contingencia sanitaria y epidemiológica por el virus COVID-19, la presentación de la demanda de amparo indirecto a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación cuando carezca de firma electrónica (FIREL) del promovente, puede considerarse como una excepción al principio de instancia de parte agraviada contemplado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en virtud de que era la única opción para instar el juicio constitucional?
54. Así las cosas, se estima que están reunidos los extremos para afirmar la existencia de una contradicción de criterios del conocimiento de este Tribunal Pleno, en virtud de que los tribunales contendientes han expresado una posición antagónica en torno a un tema determinado, en el que esencialmente se controvierten los mismos planteamientos jurídicos.
55. Sin que sea óbice a la anterior consideración que este Tribunal Pleno al resolver la diversa contradicción de tesis 45/2018, tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de la falta de firma electrónica de una demanda de amparo indirecto enviada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de establecer si da lugar a su desechamiento de plano conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo o es susceptible de una prevención en términos del diverso 114 de la propia ley, al tratarse de un requisito esencial de la demanda.
56. En esa ocasión se determinó que era procedente desecharla de plano al carecer de la firma electrónica del quejoso, en atención a que la posibilidad de presentarla por vía electrónica no implicó soslayar el principio de instancia de parte agraviada previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL, de conformidad con el precepto 3o. de la ley de la materia.
57. Máxime que la omisión de tal requisito no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el diverso numeral 114, porque se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) de este Tribunal Pleno, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO."
58. Como puede advertirse, si bien existe un pronunciamiento de este Tribunal Pleno acerca de la falta de firma electrónica de una demanda de amparo indirecto promovida electrónicamente; en el presente asunto es distinta la problemática a la que se enfrentaron los Tribunales Colegiados contendientes, pues como se indicó, difieren sobre la aplicación de la referida jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) con motivo de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31981-35c8351e/demanda-de-amparo-indirecto-presentada-durante-la-crisis · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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