LEGITIMACIÓN EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. LA TIENE EL ASESOR JURÍDICO PARTICULAR EN REPRESENTACIÓN DE SU ASESORADO (ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 75/2008).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 206/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO. 19 DE FEBRERO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinticinco.
VISTOS, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de criterios identificada al rubro, y
R E S U L T A N D O:
Primero. Denuncia de la posible contradicción de criterios ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Mediante oficio recibido el trece de agosto de dos mil veinticuatro en la oficialía de partes de este Pleno Regional, se denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 285/2022, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 404/2023.
Segundo. Radicación y trámite de la denuncia. Mediante proveído de catorce de agosto de dos mil veinticuatro, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional ordenó formar el expediente de contradicción al que correspondió el número 206/2024 y la admitió a trámite.
En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado y se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente:
"DETERMINAR, SI EL ASESOR JURÍDICO PARTICULAR EN MATERIA AGRARIA, CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN REPRESENTACIÓN DE SU DEFENDIDO. (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J 75/2008, DE RUBRO: ‘ASESOR JURÍDICO O DEFENSOR EN MATERIA AGRARIA. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN REPRESENTACIÓN DE SUS ASESORADOS O DEFENDIDOS’."
Tercero. Informes de un órgano contendiente y de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de seis de noviembre de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual se hizo del conocimiento de este Pleno Regional que, durante los últimos seis meses no se encontró radicada alguna contradicción en la que el tema a dilucidar guardara relación con el establecido en el presente asunto.
En ese mismo proveído, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual informó a este órgano colegiado que el criterio sustentado en el amparo directo 404/2023, continuaba vigente.
Cuarto. Desahogo de requerimiento y confirmación de turno. Mediante acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio proveniente de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual hizo del conocimiento de este Pleno Regional que el criterio contenido en el amparo directo 285/2022, continuaba vigente.
En esa misma fecha, al estar integrado debidamente el expediente, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
Quinto. Aplazamiento. El catorce de enero de dos mil veinticinco, se listó el presente asunto para ser visto en sesión de veintidós de enero siguiente, en la que se determinó dejarlo aplazado; y
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de siete de junio de dos mil veintiuno, aplicable en términos del transitorio Séptimo del DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1°, fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales (reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés); en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre tribunales colegiados especializados en materia administrativa, pertenecientes al Tercer circuito, comprendidos en la Región Centro-Sur, región y materia respecto de las cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la presente contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, al haber sido formulada por los magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 404/2023, expediente que forma parte de los criterios contendientes en el presente asunto.
TERCERO. Criterios denunciados. A continuación se transcriben, en la parte que interesa a este asunto, los criterios denunciados como contradictorios.
I. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa del Tercer Circuito (amparo directo 285/2022).
"(...)
TERCERO. Legitimación. Como previamente se asentó (...), a través de su asesor jurídico (...) promovió demanda de amparo en contra de la mencionada sentencia de cinco de julio de dos mil veintidós, dictada por la Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, en el juicio agrario *******.
Este tribunal Colegiado estima que la parte quejosa cuenta con legitimación para la presentación de la demanda de amparo, en razón de que lo promueve la parte actora del juicio agrario de origen y además el mencionado asesor jurídico comparece como mandatario de su representada de conformidad con lo que dispone el numeral 1791 de la Ley Agraria.
Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 75/2008, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, intitulada:
‘ASESOR JURÍDICO O DEFENSOR EN MATERIA AGRARIA. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN REPRESENTACIÓN DE SUS ASESORADOS O DEFENDIDOS. (se transcribe).’
(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Mayo de 2008, página 14. Registro 169744).
En especial, la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2a./J. 75/2008, registrada con el número 11/2014, planteada por el entonces Pleno en Materia Administrativa de este Circuito, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de once de marzo de dos mil quince, en la que se determinó:
‘(se transcribe)’
Considerando que en el recién transcrito, trámite de solicitud de jurisprudencia, la Superioridad ya determinó que el asesor agrario es un auténtico representante de los sujetos que participan en un juicio agrario, pues con ello se logra la adecuada defensa de los intereses de la persona asesorada; no queda más que considerar que, repítese, el asesor jurídico particular tiene legitimación para promover el presente juicio de amparo.
(...)".
II. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (amparo directo 404/2023).
"(...)
TERCERO. Falta de legitimación del promovente. Resulta innecesario realizar un análisis de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo y, en su caso, en suplencia de la queja, toda vez que en el caso, este Tribunal Colegiado advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, así como con lo establecido por el precepto 107, fracción I, de la Constitución Federal, ante la falta de promover la demanda de amparo que nos ocupa, pues acudió promoviéndola como asesor legal privado en términos de la Ley Agraria de **** ******** **** sustituta procesal del extinto actor **** ****** ******** **********.
De los citados preceptos se obtiene que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual significa que este solo puede ser promovido por la persona que aduce resentir una afectación en su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que estime violatorio de derechos previstos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano.
Se establece la legitimación para instar el juicio de amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma general, acto u omisión de la autoridad viola derechos fundamentales y, con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; no obstante, cuando se trate de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo –como sucede en el caso– el quejoso deberá aducir como titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.
También se obtiene que para ejercer la acción de amparo dicho quejoso estará en aptitud de hacerlo: i) por sí, ii) por conducto de su representante legal, o iii) a través de su apoderado; y solo cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la propia legislación lo permita.
De manera que, el incumplimiento a dichos supuestos conllevará la improcedencia del juicio de amparo, tanto por la falta de legitimación en la causa, como por la falta de legitimación procesal o personería.
Asimismo, es pertinente contextualizar la referida causa de improcedencia con el contenido de los artículos 10 y 11 de la propia Ley de Amparo, de los que, de una interpretación sistemática, se permite concluir cuáles son las reglas que deben seguirse para acreditar la personería en un juicio de amparo, precisamente en los casos que el quejoso o el tercero interesado, comparezcan por conducto de un diverso sujeto que los represente.
Al respecto, se debe tener en cuenta que la representación es la facultad que tiene una persona de actuar, obligar y decidir en nombre o por cuenta de otra, y puede derivar de alguna disposición de la ley, o por voluntad de las partes.
Por lo que la representación de quien acude al juicio de amparo por el quejoso directamente agraviado, es un presupuesto procesal que debe acreditarse en términos de los citados artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo.
Por tanto, puede asumirse que las reglas para acreditar la representación del quejoso o del tercero interesado, se rigen en los términos siguientes:
• Primero: La representación se acreditará, por regla general, en los términos previstos en la Ley de Amparo.
• Segundo: En lo no previsto, se justificará conforme a la ley que rija la materia del acto reclamado.
• Tercero: En su defecto, se estará a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
• Cuarto: En los casos que el promovente afirme tener la representación acreditada ante la autoridad responsable, lo demostrará con las constancias respectivas, salvo los casos en materia penal, en los que bastará la sola afirmación.
• Quinto: En el juicio de amparo directo podrá justificarse la representación con la que se tenga acreditada ante la autoridad responsable, misma que deberá hacerlo del conocimiento al rendir el informe justificado.
Por consiguiente, conforme a las hipótesis enlistadas en cuarto y quinto orden, quien cuente con la representación de la parte quejosa o tercera interesada ante la autoridad responsable, será así reconocida para todos los efectos legales, incluso, en asuntos en materia agraria, tal como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los criterios siguientes:
‘AGRARIO. PERSONALIDAD EN EL AMPARO. SU ESTUDIO DE OFICIO. (se transcribe)'.
‘AGRARIO. PERSONALIDAD EN EL AMPARO. PRUEBA DE SU RECONOCIMIENTO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. (se transcribe)'.
Ahora, del artículo 179 de la Ley Agraria se desprende la facultad optativa que tienen las partes de comparecer asesorados a los juicios de naturaleza agraria, y la obligación a cargo de los tribunales agrarios de procurar que aquellas comparezcan al juicio en igualdad de condiciones, ya que en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, debe suspender el procedimiento para solicitar los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, la que tiene por encomienda la defensa de sus derechos.
En el caso, de las constancias del juicio de origen se desprende que la demanda agraria se promovió por propio derecho de **** ****** ******** **********, quien reclamó, entre otras acciones, la nulidad absoluta de la cesión de derechos de ********** ** ******* ** *** *** ****, celebrada entre los codemandados ******* ******** **** y ******* **** *******, respecto del predio aproximado de fracción de ***** m2 (***** *** ********* metros cuadrados) enclavada en el potrero ‘** ******’ ejido de *** ****** ** *** ******, municipio de ***********, *******, así como la restitución de dicho predio.
Asimismo, en la demanda primigenia el actor nombró como sus asesores jurídicos particulares a ***** ******** ***** ******* (promovente del amparo), ******* ********* ******* y **** ***** ***** *******, a lo que el Tribunal responsable en auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, determino tener por autorizados y asesores jurídicos a los abogados en términos de los artículos 173 y 179 de la Ley Agraria.
Además, en la audiencia de seis de abril de dos mil dieciocho, el actor designó a **** ******** **** como mandataria judicial, carácter que se le reconoció en esa misma diligencia en términos de los artículos 2586 y 2587 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Agraria.
Sin embargo, en audiencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la mandataria judicial informando el fallecimiento del actor, por lo que se solicitó al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco para que remitiera la constancia de vigencia de derechos del de cujus y la última designación de sucesores.
Ante lo informado por el citado Delegado del Registro Agrario Nacional, en audiencia de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se designó a **** ******** **** como sustituta procesal del extinto actor, toda vez que fue designada como sucesora preferente de sus derechos agrarios.
De lo reseñado se desprende que la representación o personalidad con que compareció el promovente del amparo ***** ******** ***** *******, es la de asesor jurídico particular de la parte actora en el juicio de origen.
No obstante, esa calidad de asesor jurídico particular de la parte actora en el asunto de origen es insuficiente para considerar que está facultado para promover juicio de amparo en representación de su asesorado.
Resulta así, porque conforme a lo previsto en los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, atendiendo a que el procedimiento jurisdiccional del que emana el acto reclamado corresponde a la materia agraria, el juicio constitucional únicamente podía ser promovido por:
• La parte quejosa, en el caso la sustituta procesal; y,
• Por algún representante legal o apoderado.
Anteriores calidades que no tiene el promovente ***** ******** ***** *******, dado que solo es asesor jurídico particular designado en el juicio agrario de origen por quien promovió la demanda primigenia, y tal personería no lo faculta para deducir la acción de amparo en su representación, ya que al ser un derecho personalísimo, no es propio que lo ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas de quienes legalmente los representen, como es el caso de los asesores jurídicos designados en los asuntos agrarios, cuya participación se limita a la defensa de quien los designe, exclusivamente, en esa jurisdicción ordinaria.
En tal contexto, se evidencia la falta de legitimación del promovente del amparo, al tener reconocido ante la autoridad señalada como responsable únicamente el carácter de asesor jurídico particular de la parte actora, quien sería la agraviada directa.
Sin que se soslaye la jurisprudencia 2a./J. 75/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguiente:
‘ASESOR JURÍDICO O DEFENSOR EN MATERIA AGRARIA. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN REPRESENTACIÓN DE SUS ASESORADOS O DEFENDIDOS. (se transcribe)'.
Sin embargo, en la especie no resulta aplicable el citado criterio, en razón de que en el mismo y en la ejecutoria relativa derivada de la contradicción de tesis 13/2008-SS, quedó acotada la ponderación de las facultades de representación de los defensores o asesores de la Procuraduría Agraria, sin que en el caso el asesor jurídico particular que promovió la demanda de amparo tenga dicha calidad de ser asesor jurídico de la señalada Procuraduría, sino que se trata de un asesor jurídico particular designado por la parte actora en la controversia jurisdiccional de origen.
En efecto, la materia de la contradicción de tesis de la que derivó tal criterio jurisprudencial, fue la siguiente:
‘QUINTO. En este orden de ideas, la materia de la presente denuncia de contradicción de tesis consiste en determinar si el abogado asesor o defensor de la Procuraduría Agraria, reconocido en un juicio, precisamente, de naturaleza agraria, tiene o no facultades para promover amparo en representación de sus asesorados o defendidos. [...]’.
Cabe abundar que la Ley Agraria en sus artículos 134 a 137 y 178 establece que la Procuraduría Agraria está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere esa ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de la misma legislación; así como sus atribuciones, de las que destacan las facultades de representación, coadyuvancia y asesoramiento jurídico respecto de aquéllos. Esto último pone de manifiesto que resulta inaplicable al caso concreto la citada jurisprudencia 2a./J. 75/2008, en razón de que la regulación contenida en los artículos 134 a 137 y 178 de la legislación agraria respecto de la Procuraduría Agraria, en cuanto a su función solamente es como encargado de la defensa de los sujetos de derechos agrarios y sus atribuciones, por lo que no pueden tenerse en consideración para determinar las facultades otorgadas al asesor particular de la directa quejosa, en tanto que su actuación no está regulada por aquellas disposiciones, ni participa de la misma naturaleza que el aludido ente público, y su intervención como patrocinador legal solo estará sujeta a la libre voluntad de él y su asesorado, así como a las normas de orden público que deban observar al expresarla.
Por consiguiente, las facultades con que cuenta un asesor jurídico particular distinto de los asesores de la Procuraduría Agraria, se limitan a la defensa de quien los designe exclusivamente en el negocio agrario de que se trate.
Acorde con lo expuesto, resulta inconcuso que la jurisprudencia 2a./J. 75/2008 solo definió la cuestión relativa a que en los juicios en materia agraria el asesor o defensor de la Procuraduría Agraria tiene atribuciones para promover el juicio de amparo, en representación de sus asesorados o defendidos que sean sujetos de derechos agrarios, siempre y cuando la representación relativa le hubiese sido reconocida por la autoridad responsable y ese extremo esté justificado en los autos del juicio constitucional; pero la interpretación jurídica de la que derivó no comprendió expresamente si los asesores o defensores particulares tienen facultades para promover el juicio de amparo en representación de sus asesorados, que es lo que interesa en este asunto.
De ahí que el criterio en mención no resulta vinculante para determinar sobre la legitimación de quien instó la acción de amparo, al ser inaplicable en el caso concreto.
En esas condiciones, ante la actualización de la causa de improcedencia que se analizó, se impone sobreseer en el presente juicio, conforme a lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo.
No es obstáculo a la anterior determinación, la circunstancia de que en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, el Presidente de este Tribunal Colegiado hubiera admitido el juicio de amparo directo, toda vez que corresponde al Órgano Colegiado determinar su procedencia.
Es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 19/98, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal, que dice:
‘REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. (se transcribe)'.
De igual forma, tampoco se soslaya la calidad de ejidatario con la cual se tuvo al quejoso en el juicio de origen, sin embargo, atento al sentido de este fallo, resulta jurídicamente imposible estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada, y por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este Tribunal se encuentra vedado para analizar su fondo, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso.
Respalda esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro que dice: ‘SOBRESEIMIENTO. NOPERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. (se transcribe)'.
Tampoco pasa inadvertido que en la sentencia reclamada se tuvieron como hechos notorios las actuaciones de los diversos expedientes ******* y ******** del índice del Tribunal responsable, los que no fueron remitidos al presente juicio, sin embargo, ante la conclusión alcanzada resulta innecesario su requerimiento, pues la calidad de asesor jurídico particular del actor se obtiene de los autos del juicio de origen que nos interesa *******.
Finalmente, tomando en consideración que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo 285/2022, en sesión de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se pronunció en sentido contrario al criterio que se sustentó por este órgano jurisdiccional líneas arriba; entonces, deberá formularse la denuncia de contradicción de criterios respectiva.
(...)".
CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios. El objeto de resolución de una contradicción de criterios consiste en unificar aquellos a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que para determinar si existe o no tal contienda será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si bien no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno del Máximo Tribunal del País, con registro digital 164120, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, agosto de 2010, Tomo XXXII, página 7, de título, subtítulo y contenido siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución".
También, es orientadora la tesis P. XLVII/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 166996, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, julio de 2009, Tomo XXX, pagina 67, de título, subtítulo y contenido siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función uni
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33279-ac6a5ce8/legitimacion-en-amparo-directo-en-materia-agraria-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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