AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 196/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 2 DE OCTUBRE DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, EN CONTRA DEL EMITIDO POR EL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA; UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, RESPECTO AL FONDO. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, tercero y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, cuyo criterio se señala como discrepante respecto del sostenido por el antes Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.-Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
I. El veinte de marzo de dos mil trece, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito (tribunal denunciante) resolvió el amparo en revisión 43/2013, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:
• El autorizado de la persona moral ********** promovió, en su representación, juicio de amparo en contra de la sentencia interlocutoria emitida por la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el juicio ejecutivo mercantil promovido por dicha sociedad en contra de **********.
• Admitida la demanda y tramitado el juicio, la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación al diverso artículo 4o. del mismo ordenamiento legal. En síntesis, la Juez de Distrito concluyó que al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no era disponible para que lo ejercieran personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representaban, como es el caso de los autorizados para oír notificaciones en el juicio mercantil, cuya participación se limita a la defensa de cualquiera de las partes, exclusivamente en la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, estimó que si bien ********** justificó ser autorizado en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio de la persona moral en el juicio ejecutivo mercantil de referencia, pues así fue reconocido por la responsable, lo cierto era, que esa autorización se limitaba a la jurisdicción ordinaria y no al juicio de garantías. Asimismo, apoyó su resolución, por analogía de razón, en la jurisprudencia 2a./J. 90/2012, de rubro: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004)."
• Inconforme con dicha resolución, la parte actora promovió recurso de revisión, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, quien resolvió confirmar la resolución recurrida bajo los siguientes argumentos:
• Los agravios de la recurrente son infundados. La recta y literal interpretación del artículo 1069 del Código de Comercio lleva a concluir que la persona autorizada rige única y estrictamente para los juicios mercantiles y no resulta factible jurídicamente extrapolar dichas facultades a otras instancias legales o constitucionales, como el amparo, ajenas al orden mercantil.
• Ello es así, porque con independencia de que el numeral en cita no lo prevé expresamente, el artículo 4o. de la Ley de Amparo es categórico al establecer que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por el afectado con el acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su defensor en los casos del orden penal, supuestos que en la especie no se colman, pues es evidente que el indicado autorizado no encuadra en ninguna de tales hipótesis.
• De ahí, que la promoción del juicio de amparo solamente puede ser instaurada directamente por el quejoso o su representante legal, y la función de los autorizados para realizar cualquier acto en defensa de sus derechos, queda subordinado al principio de instancia de parte agraviada que establecen los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo.
• Como ciertamente lo consideró el Juez a quo, dicha autorización se encuentra limitada a la jurisdicción ordinaria, pero no deriva de la misma que el autorizado en ese ámbito tenga atribuciones para promover en representación de su autorizante el juicio de amparo.
• Corrobora lo anterior, el artículo 13 de la Ley de Amparo, que si bien dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta debe ser admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales, no deriva del mismo que el autorizado para oír notificaciones en los juicios mercantiles tenga atribuciones para promover la demanda de amparo en representación de su autorizante.
• Es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales conforme al principio de instancia de parte agraviada.
• No obsta a las consideraciones expuestas, los argumentos vertidos por la parte recurrente, al pretender equipararse, en calidad de autorizado a un mandatario judicial, primeramente porque simple y sencillamente el artículo 1069 del Código de Comercio no lo establece así y, en segundo término, porque considerando que las facultades de autorización que confiere el aludido precepto para intervenir en defensa del autorizante pudieran equipararse a una especie de mandato, se tiene que el mandato que recibe es especial única y exclusivamente para la realización de los actos que se encuentran señalados en el propio numeral, pues inclusive tratándose de absolver posiciones en nombre de su autorizante, el autorizado para oír y recibir notificaciones requiere de mandato expreso, tal como lo determinó la Primera Sala del Máximo Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 48/2007.
• Es infundado el argumento relacionado con la aplicación analógica de la modificación de jurisprudencia 2a./J. 199/2004. Contrario a lo que aduce la recurrente, en el presente asunto sí se justifica la aplicación analógica de dicha jurisprudencia, pues tanto el artículo 1069 del Código de Comercio como el artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, persiguen una misma finalidad, que es la de regular la actuación de los autorizados en cada uno de los procedimientos, estableciendo a partir de ese acto, una serie de intervenciones para cada uno de ellos, las cuales tienen como común denominador el de actuar dentro de cada uno de esos procedimientos en pro de los intereses y en defensa de los derechos del autorizante. Por lo que, toda vez que en ambos casos existe una similitud esencial de los hechos que regulan ambas normas (intervención del autorizado para oír notificaciones) e igualdad entre la norma de la ley aplicable y la que es objeto de interpretación jurisprudencial, se considera que es suficiente para aterrizar en lo infundado del argumento.
• Finalmente, son inatendibles las argumentaciones de los últimos dos agravios, referentes a que con el criterio en cita se restringe el derecho humano de acceso a la justicia, afectándose en su perjuicio el principio pro persona, previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal. Ello, en virtud de que del artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se desprende que la misma no es aplicable a personas morales, como la aquí quejosa, por la razón básica de que no tiene los atributos intrínsecos del ser humano, sino sólo son sujetos de derechos y obligaciones.
• No pasa inadvertida la existencia de la tesis XI.2o.114 C sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, de rubro: "AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES EN LOS AMPLIOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. ESTÁN FACULTADOS PARA INTERPONER EL JUICIO DE GARANTÍAS.", invocada por la parte recurrente; sin embargo al no resultar obligatoria para este Tribunal Colegiado, su contenido no se comparte, atendiendo a las consideraciones torales que sustentan la presente ejecutoria. En consecuencia, remítanse las actuaciones correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que resuelva sobre la posible contradicción del criterio adoptado por este órgano y el diverso antes referido.
II. El veintiséis de marzo de dos mil dos, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, resolvió el amparo en revisión (improcedencia) 84/2002, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:
• ********** promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de **********. En la diligencia de embargo, se designó a ********** como depositario judicial de los bienes embargados, mismos que consistían en bienes perecederos.
• Con motivo de diversas incidencias ocurridas en relación con el ejercicio del cargo de depositario judicial, el dos de enero de dos mil dos, ********** presentó parcialmente informe de rendición de cuentas de la venta de bienes perecederos. Por auto de fecha siete de enero de dos mil dos, se acordó que no había lugar a tener por rendido el informe del depositario, toda vez que mediante auto de cuatro de diciembre de dos mil uno, se le removió de dicho cargo precisamente por no haber rendido cuentas de administración de los bienes embargados.
• En contra de dicho auto, **********, a través de su autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, el licenciado **********, interpuso recurso de apelación, mismo que se reservó acordar hasta en tanto aportara al tribunal las copias fotostáticas que integrarían el testimonio de apelación. Una vez que ese apelante aportó las copias requeridas, mediante auto de dieciséis de enero de dos mil dos se determinó no admitir el recurso de mérito, en virtud de que las copias de referencia se exhibieron de forma extemporánea.
• Inconforme con la resolución anterior, **********, a través de su autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, promovió juicio de amparo. De dicho juicio conoció el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelia, quien previno al promovente para que exhibiera las constancias con las que acreditara el carácter de mandatario judicial de **********. Al desahogar la prevención, el quejoso solicitó que se tuviera al licenciado ********** como autorizado, en términos del artículo 1069 del Código de Comercio y exhibió una fotocopia de su cédula profesional y del auto del juicio de origen en donde aparece dicho profesionista como autorizado de **********.
• El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo por notoria e indudable improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo, al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73, en relación con el diverso numeral 4, ambos de la Ley de Amparo.
• Al no estar de acuerdo con dicha determinación, **********, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, el que resolvió revocar la sentencia recurrida bajo las siguientes consideraciones:
• Es fundado el único agravio de la recurrente. Lo anterior, porque ciertamente la autorización que las partes pueden realizar en el procedimiento mercantil para nombrar a uno o varias personas con capacidad legal para oír y recibir notificaciones, interponer recursos, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, presentar alegatos en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de la caducidad procesal y realizar cualquier acto que sea necesario para la defensa de los derechos del autorizante, a que se refiere el artículo 1069 del Código de Comercio, el cual indiscutiblemente se equipara a lo que establece el artículo 27 de la Ley de Amparo, tal como lo alega el inconforme.
• De la lectura del artículo 1069 del Código de Comercio, se observa que el mismo no es limitativo, sino enunciativo, porque establece dos diversas hipótesis: la primera, relativa al autorizado con facultades amplias, persona facultada que debe acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho; mientras que el otro supuesto se refiere al autorizado con facultades restringidas, caso en el cual únicamente tiene atribuciones para oír notificaciones e imponerse de los autos.
• Es claro que en la especie, **********, autorizó para oír notificaciones al licenciado **********, quien demostró encontrarse facultado para ejercer la carrera de licenciado en derecho, además de que solicitó se le reconociera el carácter de autorizado para oír y recibir notificaciones en los amplios términos a que se refiere el artículo 1069 del Código de Comercio, carácter que se le reconoció en auto de dieciséis de enero de dos mil dos; de ahí que sí está facultado para promover juicio de garantías, porque se insiste, dichas facultades no son limitativas sino enunciativas.
• Es evidente que el Juez de Distrito, en forma indebida desechó la demanda de amparo bajo el argumento de que no demostró que el acto reclamado afecte su interés jurídico, por virtud de que no acreditó la representación legal con la que compareció a solicitar la protección federal; habida cuenta que, como ya se dijo, el carácter de autorizado que se le reconoció en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, lo faculta para promover el juicio de amparo, precisamente porque acreditó que el autorizado cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho.
• Apoyó su resolución con la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PERSONALIDAD DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO. LA QUE TENGAN RECONOCIDA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ADMITIRSE EN CUALQUIER MOMENTO PROCESAL."(2)
• Con base en ello, determinó revocar la resolución recurrida y ordenó al Juez de Distrito que de no existir algún otro motivo diverso al examinado, provea sobre la admisión de la demanda de amparo.
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.
De diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:
1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3) y la tesis "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(4)
2. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;
4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible;
5. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(5)
6. Es aceptable apreciar en la contradicción de tesis argumentos que sin constituir el argumento central de la decisión de un tribunal, revelen de manera suficiente el criterio jurídico de un órgano jurisdiccional respecto de un problema jurídico concreto. Sirve de apoyo la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS ‘A MAYOR ABUNDAMIENTO’ SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA."(6)
De la lectura de las resoluciones contendientes se desprende que sí existe la contradicción de tesis y que el punto de contradicción entre los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados de Circuito consiste en determinar si el autorizado en términos del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio, tiene o no, legitimación procesal para promover juicio de amparo indirecto a nombre de su autorizante en contra de una resolución ocurrida con motivo de la tramitación de un juicio mercantil.
Lo anterior sobre la base de que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Federal y en el artículo 4o. de la Ley de Amparo aplicable, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por el afectado con el acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su defensor en los casos del orden penal. Por lo que en virtud de que el autorizado en términos del tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio no actualiza ninguno de esos supuestos, es evidente que quien tenga dicho carácter no está facultado para promover en nombre de su autorizante el juicio de amparo. Manifestó que la autorización en términos del artículo 1069 del Código de Comercio se encuentra limitada a la jurisdicción ordinaria. Ello en el entendido de que es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales conforme al principio de instancia de parte agraviada.
Mientras que el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito resolvió que la autorización en términos del tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio es equiparable al artículo 27 de la Ley de Amparo aplicable. Así como que el artículo en comento no es limitativo sino enunciativo, por lo que si el carácter de autorizado se encuentra debidamente reconocido ante la autoridad responsable, éste sí se encuentra facultado para promover el juicio de amparo en nombre de su autorizante.
QUINTO.-Estudio. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
Primeramente, se precisa que constituye un hecho notorio para esta Primera Sala, en los términos que prevé el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(7) de aplicación supletoria en materia de amparo, que en sesión de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece se resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes, en cuanto al fondo, la contradicción de tesis 135/2013, cuyo punto contradictorio consistía en determinar si el autorizado en términos del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio, tiene o no, legitimación procesal para promover juicio de amparo directo a nombre de su autorizante en contra de la resolución definitiva del juicio mercantil respectivo.
En tal expediente se estimó que sí existía la contradicción de tesis denunciada y que debía prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio siguiente:
"AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.- La acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien plantea una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, por lo que los actos vinculados directamente con la fijación de tal pretensión inicial, como lo es la formulación de la demanda, son exigibles al titular del derecho de acción o a su representante legal o apoderado. Tal criterio, aplicado al juicio de amparo, implica que para formular la demanda sea exigible que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la ley vigente, se advierte que dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio mercantil de origen, ya que el alcance de las facultades de "defensa de los derechos del autorizante", no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso mercantil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal; y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo directo en materia mercantil. En consecuencia, en el juicio de amparo directo en esta materia, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio."(8)
Como se desprende de la ejecutoria de la contradicción de tesis a que se hace alusión, en la misma se sostuvo que en los juicios de amparo directo provenientes de un juicio mercantil, el autorizado en términos del tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio no está facultado para promover el juicio de amparo en nombre de su autorizante con base en las siguientes consideraciones:
• Acorde con lo expuesto por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varios precedentes,(9) la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien formula una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, lo que ocurre mediante el acto de presentación de la demanda del juicio, pues es entonces que se formula una pretensión litigiosa ante un órgano jurisdiccional, por lo que los actos directamente vinculados con la formulación de tal pretensión inicial, o sea, la formulación de la demanda, son exigibles al actor como titular del derecho de acción o a su representante legal, pues lo que se define mediante tales actos es la debida formulación de la pretensión.
• Tal criterio, aplicado a la acción de amparo, arroja que la demanda de amparo directo exige que la petición provenga directamente de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué manera es que lesionan sus garantías individuales, conforme con el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo y acorde con el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 4o. de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, así como de los artículos 5o., fracción I, y 6o. de la nueva Ley de Amparo vigente; es decir, que la demanda de amparo directo debe contar con la firma autógrafa del quejoso o de su representante legal o apoderado, la que no puede sustituirse por la de sus autorizados designados en términos amplios sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen, pues ellos no son los titulares del derecho legítimamente tutelado cuya salvaguarda se solicita a través del amparo.
• Acorde con el párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio, las partes pueden autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para realizar las actuaciones que se mencionan, pero además, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, con las limitaciones de que, por un lado deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho; y por otro, no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero.
• Sin embargo, no se aprecia del texto del artículo 1069 del Código de Comercio, que mediante tal autorización se confiera al designado la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de sus facultades de "defensa de los derechos del autorizante" debe circunscribirse en el marco de la defensa de los derechos que el autorizante llevó al juicio mercantil mediante el ejercicio de la acción correspondiente, lo que no puede entenderse extensivo al ejercicio de una acción diferente como lo es la acción de amparo.
• Aun cuando ese precepto contiene una cláusula abierta que faculta a los autorizados para que realicen cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, la amplitud de esa cláusula no significa que el autorizado pueda realizar absolutamente cualquier acto en nombre de su autorizante, ya que su participación debe armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada, el cual reserva al quejoso como directamente afectado (o a su representante) la realización de determinados actos en exclusiva, de tal suerte que los actos directamente vinculados con la formulación de la pretensión inicial de amparo son exigibles al actor o a su representante legal, como lo es el acto de formular la demanda.
• En la demanda de amparo directo en materia mercantil, la petición debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, porque es el titular de la acción y el único legitimado para decidir cuáles actos son los que, en su concepto, le ocasionan perjuicio y de qué manera lesionan sus garantías individuales o derechos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24889-821a122c/amparo-indirecto-en-materia-mercantil-el-autorizado-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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