Corpus
Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE PREVENIR AL PROMOVENTE PARA QUE SUBSANE LAS IRREGULARIDADES DE LA DEMANDA EN RELACIÓN CON SU PERSONALIDAD CUANDO EXISTA DUDA SOBRE SU VERDADERA REPRESENTACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2015. · Registro digital (IUS): 26052
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-12-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y DÉCIMO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I , Pág. 530.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y DÉCIMO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE NOVIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, ROBERTO RAMÍREZ RUIZ, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI (PRESIDENTE), INDALFER INFANTE GONZALES, ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES Y BENITO ALVA ZENTENO. DISIDENTE: FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ. PONENTE: BENITO ALVA ZENTENO. SECRETARIA: ARELI PORTILLO LUNA.

México, Distrito Federal, a diez de noviembre de dos mil quince.

VISTO; para resolver, el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificado al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Denuncia de contradicción de tesis. El Magistrado Neófito López Ramos, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante escrito de catorce de abril de dos mil quince, dirigido al Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en lo sucesivo Pleno Civil, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el tribunal que preside, en adelante el Tercer Tribunal, en la resolución dictada en el recurso de reclamación 5/2015, y el asumido por el Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, que en lo sucesivo se identificará como Segundo Tribunal, en el recurso de reclamación 24/2013.

SEGUNDO.-Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. El día catorce de abril de dos mil quince, el presidente del Pleno Civil, que en este documento se mencionará como el presidente, admitió a trámite la denuncia y ordenó notificar la radicación.

En proveído de ocho de mayo de dos mil quince, el presidente tuvo como diverso contendiente al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en adelante Décimo Tribunal, al resolver el recurso de reclamación 15/2015.

TERCERO.-Turno. El trece de mayo de dos mil quince, el asunto se turnó al Magistrado Benito Alva Zenteno, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno Civil es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre tres Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haberse postulado por un Magistrado integrante de un Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Objeto concreto de la denuncia de contradicción de tesis. La cuestión sobre la que versa la denuncia de contradicción de tesis, consiste en determinar, si al proveerse en relación con la admisión de una demanda de amparo directo presentada por quien se ostenta como autorizado del quejoso, en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, quien a su vez manifiesta que también es apoderado o representante legal del quejoso, el presidente del tribunal debe prevenirlo para que subsane su personalidad, o bien, debe desecharse la demanda desde luego.

CUARTO.-Posición de los tribunales.

I. Segundo Tribunal (RR. 24/2013)

Criterio: La personería del promovente constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, por lo que debe estimarse que, si quien firmó la demanda de amparo directo en términos del artículo 1069 del Código de Comercio hace la manifestación de que, además, es apoderado o representante legal del quejoso y no exhibe el documento que acredite dicho carácter, esa circunstancia debe tenerse como una irregularidad de la demanda y procede prevenirlo para que la subsane.

Razones:

"Por lo que respecta a los planteamientos hechos en el agravio segundo, cabe resaltar que la recurrente hace valer que, al proveer sobre la demanda de amparo directo, este órgano jurisdiccional debió prevenir al promovente, para que dentro de un término pertinente acreditara su personalidad, lo cual dejó de observar en su perjuicio, ya que ella misma es apoderada y representante legal del **********, además de mandataria judicial en términos del artículo 1069 del Código de Comercio.

"Como se anticipó, es fundado el planteamiento de que se trata, toda vez que el proveído combatido, de dieciocho de octubre de dos mil trece, desechó de plano la demanda de amparo directo, sobre la base de que **********, autorizada en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, por la quejosa **********, carece de facultades para promover el juicio de amparo directo, pues así ha sido determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la demanda debe formularse por el quejoso o su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del citado autorizado, en términos de la jurisprudencia identificada con el siguiente rubro:

"‘AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL, EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER QUE JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.’

"Sobre este punto, sin embargo, debe tenerse en cuenta también, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la personería del promovente constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso y, en tal virtud, debe estimarse que si no está plenamente satisfecho, procede tenerlo como una irregularidad de la demanda, la cual puede ser subsanada.

"Así las cosas, la falta de exhibición, por parte del promovente de la demanda de amparo directo, del documento con el cual acredite fehacientemente el carácter de representante legal o apoderado del quejoso, debe considerarse una irregularidad en el escrito respectivo, que origina que el órgano de amparo prevenga a quien firmó la demanda, a efecto de que corrija esa irregularidad, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con los artículos 175, 179 y 180 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: (los transcribe).

"De la interpretación conjunta de las disposiciones invocadas, se desprende que si hubiera irregularidades en el escrito de demanda por no satisfacerse los requisitos que establece el artículo 175 de la propia ley, entre los cuales se encuentra, el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre; el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito señalará al promovente un plazo que no excederá de cinco días, para que subsane las omisiones o corrija los defectos.

"En este tenor, si como ya se dijo, la personería del promovente constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, debe estimarse que si la persona que firmó la demanda no exhibe el documento con el cual acredite el carácter de representante legal o apoderado del quejoso, esa circunstancia debe tenerse como una irregularidad de la demanda, que puede ser subsanada.

"Lo anterior resulta aplicable en el caso concreto, en que la promovente de la demanda de amparo directo se ostentó autorizada del quejoso en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, conforme al cual, carece de facultades para promover dicha demanda y, omitió exhibir documento alguno que la acredite como su representante legal o apoderada; de modo que resulta procedente prevenirla a efecto de que dentro de un plazo que no deberá exceder de cinco días, subsane esa irregularidad y acredite con documento fehaciente el carácter de representante legal o apoderada del quejoso, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo directo.

"La consideración referida encuentra sustento en los principios derivados del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de impartición de justicia pronta y expedita y efectivo acceso a la jurisdicción, referente al derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa; así como también atiende a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal.

"Al respecto, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, tesis P./J. 43/96, página 48 (registro IUS: 200084), que dispone:

"‘PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’ (la transcribe)

"...

"En este orden de ideas, procede declarar fundado el presente recurso de reclamación, para el efecto de que la presidencia de este Tribunal Colegiado de Circuito prevenga a la promovente para que dentro del plazo que designe, que no deberá exceder de cinco días, acredite con documento fehaciente el carácter de representante legal o apoderada del quejoso **********, que dice tener con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo directo."

II. Tercer Tribunal (RR. 5/2015)

Criterio: Si quien acude a promover amparo principal o adhesivo, o a formular alegatos, lo hace en conformidad con el párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio, porque en esos términos compareció ante la autoridad del orden común, no es posible prevenirlo para que exhiba documento que lo acredite como apoderado o representante legal del quejoso, porque dicha autorización no constituye un reconocimiento de personalidad ni de representante autorizado respecto de su autorizante, sino únicamente revela un carácter procesal de autorizado, pero no una representación ni personería de su autorizante.

La única personería que se reconoció en el juicio al promovente, fue la de autorizado conforme al artículo 1069 del Código de Comercio, por lo que aun cuando el recurso de reclamación lo presentó como apoderado de la persona moral quejosa y cuya representación era anterior a los escritos del amparo adhesivo y de alegatos, dicho carácter sólo comprendía el recurso de reclamación, porque en la promoción del amparo adhesivo y alegatos pidió que las facultades de autorizado se acotaran a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo; además de que el citado poder no obraba en el juicio mercantil respectivo, por lo que era inexacto que hubiera demostrado ser apoderado.

Cuando la personalidad está reconocida en el juicio de origen en los términos indicados, no es posible prevenir al autorizado para que exhiba documento que lo acredite como representante o apoderado del autorizado, ya que en el amparo directo no se permite que se integren pruebas, porque conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la responsable; aunado a que tampoco procedía dicha prevención, porque no se trató de que la representación estuviera defectuosa, sino que la promoción del amparo adhesivo y alegatos se hizo como autorizado en términos de la legislación mercantil indicada.

Razones:

"I. Violación a los artículos 11 y 12 de la Ley de Amparo.

"El recurrente aduce que el auto que desechó el amparo adhesivo y los alegatos resulta ilegal, porque existen dos hipótesis normativas diferentes que se actualizan al promoverse un amparo derivado de un asunto mercantil:

"1. Cuando la persona lo hace con la autorización otorgada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo.

"2. Cuando promueve a nombre de una de las partes en el juicio de amparo, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo.

"Así, el inconforme aduce que, en el caso en estudio, **********, por conducto del licenciado **********, promovió amparo adhesivo y alegatos como su autorizado en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, que contempla una hipótesis normativa diferente de la identificada en el punto 1.

"Expone que en el acuerdo impugnado se parte de la falsa premisa de que el autorizado acudió a promover amparo adhesivo y alegatos con fundamento en el artículo 1069 del Código de Comercio, siendo que dicho autorizado precisó que acudía conforme al artículo 11 de la ley de la materia, por lo cual, es inaplicable la jurisprudencia transcrita en el acuerdo que aquí se impugna.

"Además, agrega que en caso de que el presidente del tribunal tuviera duda sobre la representación que detenta, debía prevenirlo, a fin de que acreditara la representación por un medio legal diferente del que señala ese último precepto; de lo contrario se le negaría el acceso a la justicia.

"Tales argumentos son infundados.

"Contrariamente a lo que se aduce, el acuerdo impugnado es ajustado a derecho, al emitirse en observancia de la jurisprudencia obligatoria, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325 del Libro I, Tomo I, diciembre de 2013, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son del tenor siguientes:

"‘AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.’ (la transcribe)

"En la ejecutoria de la contradicción de tesis 135/2013, de la cual derivó la anterior jurisprudencia, se advierte que las consideraciones sustanciales sustentadas por el Máximo Tribunal del País fueron las siguientes:

"• La acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien formula una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, lo que ocurre mediante el acto de presentación de la demanda del juicio, pues es entonces que se formula una pretensión litigiosa ante un órgano jurisdiccional, por lo que los actos directamente vinculados con la formulación de tal pretensión inicial, o sea, la formulación de la demanda, son exigibles al actor como titular del derecho de acción o a su representante legal, pues lo que se define mediante tales actos es la debida formulación de la pretensión.

"• Lo anterior, aplicado a la acción de amparo, precisa que la demanda de amparo directo exige que la petición provenga directamente de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué manera es que lesionan sus garantías individuales, conforme con el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo; es decir, que la demanda de amparo directo debe contar con la firma autógrafa del quejoso o de su representante legal o apoderado, la que no puede sustituirse por la de sus autorizados designados en términos amplios sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen, pues ellos no son los titulares del derecho legítimamente tutelado cuya salvaguarda se solicita a través del amparo.

"• Acorde con el párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio, las partes pueden autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para realizar las actuaciones que se mencionan, pero, además, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, con las limitaciones de que, por un lado, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho; y, por otro, no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero.

"• Sin embargo, no se aprecia del texto del artículo 1069 del Código de Comercio, que mediante tal autorización se confiera al designado la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de sus facultades de ‘defensa de los derechos del autorizante’, debe circunscribirse en el marco de la defensa de los derechos que el autorizante llevó al juicio mercantil mediante el ejercicio de la acción correspondiente, lo que no puede entenderse extensivo al ejercicio de una acción diferente, como lo es la acción de amparo.

"• Aun cuando ese precepto contiene una cláusula abierta que faculta a los autorizados para que realicen cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, la amplitud de esa cláusula no significa que el autorizado pueda realizar absolutamente cualquier acto en nombre de su autorizante, ya que su participación debe armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada, el cual reserva al quejoso, como directamente afectado (o a su representante), la realización de determinados actos en exclusiva, de tal suerte que los actos directamente vinculados con la formulación de la pretensión inicial de amparo, son exigibles al actor o a su representante legal, como lo es el acto de formular la demanda.

"• En la demanda de amparo directo en materia mercantil, la petición debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, porque es el titular de la acción y el único legitimado para decidir cuáles actos son los que, en su concepto, le ocasionan perjuicio y de qué manera lesionan sus garantías individuales o derechos humanos; ello conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo.

"• En consecuencia, la persona autorizada en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio, no cuenta con facultades para ejercer la acción de amparo directo en representación de su autorizante.

"• La figura de autorización que prevé el artículo 1069 del Código de Comercio, no es equiparable en toda su extensión con el mandato judicial, cuyo alcance se encuentra previsto en los artículos 2587 y 2588 del Código Civil Federal, dado que, por un lado, la forma prevista en la ley para configurar el mandato judicial requiere de la satisfacción de requisitos especiales, como lo es, la escritura pública o la presentación de un escrito ratificado por el otorgante ante el Juez de los autos, además de que si el Juez no conoce al otorgante, exigirá testigos de identificación del mismo. Requisitos éstos que no se podrían tener por colmados con la sola presentación de la promoción de autorización, en los términos amplios que prevé el artículo 1069 del Código de Comercio.

"• Y, por otro lado, porque en correspondencia con la distinta forma de perfeccionar el mandato judicial y la forma de conferir la autorización procesal en términos amplios, en el caso del mandato judicial se confiere una auténtica representación, la que se acompaña de una gama de facultades y deberes previstos en la ley que se confieren al mandatario; entre tanto, en el caso de la autorización procesal prevista por el legislador en materia mercantil, destaca que, lejos de conferirse al autorizado una representación, únicamente se le confiere el carácter de persona autorizada para oír y recibir notificaciones en el proceso respectivo, pues aun cuando tal autorización procesal pueda acompañarse de ‘facultades amplias’ para intervenir en el juicio en el que se le autoriza, el alcance de las facultades procesales respectivas necesariamente se circunscribe al trámite y resolución del proceso en el que se le autoriza, sin que el autorizado cuente con representación de los intereses del autorizante (menos aún fuera del juicio respectivo), pues, se reitera, con motivo de la autorización amplia para oír y recibir notificaciones prevista en el artículo 1069 del Código de Comercio, lejos de constituirse un poder o un mandato judicial, solamente se confieren al autorizado facultades orientadas a facilitar la realización de los actos procesales necesarios para la defensa de los intereses de su autorizante en el proceso judicial correspondiente.

"• En esa tesitura, aun cuando el artículo 13 de la Ley de Amparo abrogada, así como el 11 de la ley vigente en la materia prevén la posibilidad de que la personalidad o representación que se tenga reconocida ante la autoridad responsable, sea admitida en el juicio de amparo directo; debe advertirse que la figura procesal de autorización en términos amplios para oír y recibir notificaciones prevista en el artículo 1069 del Código de Comercio, no constituye un reconocimiento de personalidad ni de representación del autorizado respecto de su autorizante, sino únicamente revela un carácter procesal del autorizado, quien, por disposición de la ley, queda facultado para llevar a cabo las actuaciones procesales señaladas por cuenta y en defensa de los derechos del autorizante dentro del proceso de origen respectivo, pero no en nombre, ni en representación, ni como extensión de la personalidad de su autorizante.

"• No es obstáculo para lo antes expuesto, que en el cuarto párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio se establezca lo siguiente: ‘Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia.’. Pues dicha disposición, aun cuando prevé que el autorizado puede incurrir en responsabilidad sustantiva por su actuación, de ninguna manera establece que la figura jurídica del autorizado en un juicio mercantil para oír y recibir notificaciones en términos amplios, constituya un mandato judicial; sino que únicamente establece que ese autorizado será responsable de los daños y perjuicios que cause a quien lo autorizó; para lo cual establece como aplicables, de manera analógica o extensiva, las disposiciones del Código Civil Federal relativas a la responsabilidad de los mandatarios, con la finalidad de salvaguardar los intereses del autorizante en caso de que su autorizado incurra en conductas dañosas, pero destacando que, tratándose del autorizado en términos amplios en un juicio mercantil, sus facultades permanecen limitadas a la tramitación del proceso de origen respectivo.

"Las anteriores consideraciones fueron emitidas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo.

"Posteriormente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó idéntico criterio aplicable en amparo indirecto en materia mercantil; esto, al resolver la contradicción de tesis 196/2013.

"De la anterior contradicción derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 108/2013 (10a.), del siguiente rubro y contenido:

"‘AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.’(1) (la transcribe)

"Como puede verse, el Alto Tribunal del País estableció los alcances que comprende a la autorización que se realiza en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, concluyendo al respecto, que el abogado así autorizado carece de facultades para promover el juicio de amparo tanto directo como indirecto, y si en el presente asunto el representante del recurrente acepta que en el procedimiento ordinario mercantil, derivado del expediente 436/2013, se le reconoció personería en los términos que prevé el mencionado artículo, debe concluirse que la tesis de jurisprudencia citada fue correctamente aplicada por mayoría de razón, o bien, analógicamente.

"Esto, porque la figura procesal de la autorización prevista en el artículo 1069 del Código de Comercio, no constituye un reconocimiento de personalidad ni de representante autorizado respecto de su autorizante, sino únicamente revela un carácter procesal del autorizado, quien por disposición de la ley, queda facultado para llevar a cabo las actuaciones procesales señaladas por cuenta y en defensa de los derechos del autorizante dentro del proceso de origen, pero no en nombre, ni en representación, ni como extensión de la personería de su autorizante.

"La figura de autorización que prevé el artículo 1069 del Código de Comercio, no es equiparable con el mandato judicial, ya que la forma prevista en la ley para configurar el mandato judicial requiere de la satisfacción de requisitos especiales, los que no se podrían tener por colmados con la sola presentación de la promoción de autorización en los términos amplios que prevé el artículo 1069 del código citado.

"De ahí que el autorizado en esos términos, no esté facultado para promover juicio de amparo a nombre de su autorizante, ni tampoco pueda promover amparo adhesivo y alegatos.

"Tanto el amparo principal como el adhesivo se rigen por el principio de instancia de parte agraviada, acorde con el cual, la promoción de la instancia constitucional se reserva al quejoso como directamente afectado, o bien, por conducto de su representante o apoderado.

"Es cierto que los criterios de la Suprema Corte no abarcan expresamente el escrito de alegatos, pero si se tiene en cuenta que para delimitar las facultades del autorizado en materia mercantil se atiende a la interpretación del artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, es dable concebir que el facultado en términos de ese precepto tampoco puede formular alegatos, pues su autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio mercantil, según se explica en el apartado siguiente.

"Representación ante la autoridad responsable.

"El artículo 11 de la Ley de Amparo (en el cual sustentó su personería el abogado **********, según lo admite en el recurso de reclamación) prevé que cuando la personalidad se tenga reconocida ante la responsable, tal personalidad le será reconocida en el juicio de amparo cuando se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas.

"Así, la personería que le fue reconocida en el expediente de origen fue, precisamente, la de autorizado en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio, y tratándose de este tipo de autorización, las facultades del autorizado permanecen limitadas a la tramitación del proceso de origen respectivo.

"En otras palabras, aun cuando expresamente el autorizado no hubiera promovido el amparo adhesivo ni los alegatos en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, lo definitivo es que se pidió se le admitiera la personalidad que tiene reconocida ante la autoridad responsable, la que solamente le reconoció el carácter de mandatario judicial, de conformidad con ese precepto legal.

"Lo anterior deriva del auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, en el que el Juez de la causa en forma expresa señaló:

"‘México, Distrito Federal, a veintiocho de septiembre de dos mil doce.

"‘A sus autos el escrito de cuenta promovido por el tercero llamado a juicio **********, por conducto de su mandatario judicial **********, por hechas las manifestaciones que hace valer y previamente a pronunciar lo que en derecho corresponde, en atención al principio de contradicción y derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional, así como el 8o. de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se da vista a la parte actora para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez por y ante el C. Secretario de Acuerdos, con quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe.’

"Lo anterior como consecuencia de los escritos de treinta y uno de agosto y veinte de septiembre, ambos de dos mil doce -fojas 66 y 339, respectivamente-, suscritos por **********, como apoderado de **********, solicitó se le reconociera el carácter de autorizado para oír y recibir notificaciones con todas las facultades indicadas en el artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, al licenciado Ernesto Nuño Gutiérrez, lo cual fue acordado favorablemente mediante autos de seis y veinticuatro de septiembre de dos mil doce [fojas 95 y 338 (sic) respectivamente].

"Así como con el escrito de veinticinco de septiembre de dos mil doce (foja 428), por medio del cual, el licenciado ********** interpuso recurso de revocación en contra del auto de doce se septiembre de dos mil doce, recayéndole el auto de veintiocho de septiembre de dos mil doce (foja 435), en el cual, el Juez natural le reconoció el carácter de mandatario judicial.

"En razón de lo anterior, se obtiene que la personalidad del citado profesionista fue reconocida en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, la cual es insuficiente para ejercer la acción constitucional y, por analogía, tampoco lo faculta para interponer el amparo adhesivo ni los alegatos, de ahí lo infundado de su agravio.

"Por otro lado, aunque es cierto el argumento relativo a que el recurso de reclamación se interpuso por **********, por conducto de su apoderado **********, personería que acreditó con la copia certificada de veintinueve de marzo de dos mil doce, de la escritura 34529, pasada ante la fe del notario público Número 83, del Distrito Federal, el cual es de fecha anterior a la presentación del amparo adhesivo y los alegatos, también es cierto que dicho carácter sólo abarca el recurso de reclamación, porque en la promoción de aquéllos (amparo adhesivo y alegatos), el licenciado **********, solicitó que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26052-01cfa851/amparo-directo-el-presidente-del-tribunal-colegiado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.