PREVENCIÓN PARA ACLARAR LA DEMANDA O ACUERDO DICTADO CON MOTIVO DE SU DESAHOGO. DEBE PRESCINDIR DE TECNICISMOS, REQUISITOS INFRUCTUOSOS O CONDUCTAS OMISIVAS QUE IMPIDAN U OBSTACULICEN EL DEBIDO ACCESO A LA JUSTICIA.
QUEJA 68/2021. 19 DE MAYO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIA: MIRIAM AIDÉ GARCÍA GONZÁLEZ.
En la Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el recurso de queja 68/2021, interpuesto por **********, representado por **********, en contra de la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 590/2020-III.
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre dos mil veinte en la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, **********, representado por **********, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la citada Sala y Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, que hizo consistir en:
Primero. De la autoridad ordenadora reclamo la sentencia dictada el día 2 de octubre del año en curso, primordialmente me genera inseguridad jurídica al ser dictada la resolución que se combate de forma unitaria siendo que la Primera Sala Familiar en el toca 836/2020 ... - - - A. De la autoridad ordenadora se reclama el cumplimiento de la sentencia dictada por la H. Primera Sala Familiar en el toca 836/2020, de fecha 2 de octubre del año 2020 ... - - - B. De la autoridad ejecutora reclamo la inminente ejecución de la sentencia de fecha dos de octubre del año en curso, dictada por la H. Primera Sala Familiar en el toca 836/2020.
SEGUNDO. Conoció del asunto el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y se formó el expediente 590/2020-III; previa prevención, en resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte tuvo por no presentada la demanda de amparo.
La resolución se notificó por medio de lista a la parte quejosa el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno; notificación que surtió efectos el diecinueve siguiente, y tomando en consideración que los días veinte y veintiuno posteriores fueron inhábiles por ser sábado y domingo, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; el término de cinco días para la interposición del recurso de queja transcurrió del veintidós al veintiséis del mencionado mes y año.
TERCERO. Mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil veinte, el quejoso, representado por **********, interpuso recurso de queja, el cual por razón de turno correspondió conocer a este tribunal, el que en auto de presidencia de tres de mayo último admitió el recurso y ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento. En ese mismo acuerdo se turnó el asunto al magistrado Fernando Rangel Ramírez, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de queja conforme lo dispuesto en los artículos 37, fracción III, y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, por tratarse de un recurso de queja interpuesto contra una resolución pronunciada por un Juez de Distrito en Materia Civil residente en este Circuito, que tuvo por no presentada una demanda de amparo indirecto.
SEGUNDO. Para una adecuada claridad en la materia de estudio, enseguida se reproduce la certificación secretarial y la resolución que le recayó, que es la recurrida en este recurso, ambas de veintiséis de noviembre de dos mil veinte.
En veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la licenciada Deyanira Irazú Herrera Alejandro, Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, certifica: que el plazo de cinco días concedido al promovente, a efecto de que desahogara la prevención de cinco de octubre del año en curso, transcurrió del trece al veintitrés de los corrientes, siendo día inhábil el dieciséis de noviembre del año en curso; así como que, ni en el libro de gobierno, ni en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advirtió promoción alguna en el sentido de que el promovente hubiere desahogado de manera cabal la prevención formulada. Doy fe.
Asimismo, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo. Conste.
Ciudad de México, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. - - Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que feneció el plazo de cinco días concedido al promovente en auto de cuatro de noviembre del año que transcurre, para que diera cabal cumplimiento a la prevención ahí decretada, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114, en relación con el numeral 110, ambos de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto antes mencionado y se tiene por no presentada la demanda de amparo.
TERCERO. El agravio es el siguiente:
... el cual me provoca agravios de difícil reparación en atención a que bajo protesta de decir verdad mediante la promoción presentada el día 10 de noviembre del año en curso a las 14:48 horas y con número de folio 450318, desahogué en tiempo y forma la prevención que tuvo a bien señalarme este H. Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil, y para comprobarlo en forma fehaciente exhibo copia simple del desahogo de la prevención del principal 590/2020-III, toda vez que la copia sellada original la exhibí en el 616/2020-III, que está relacionado con el principal en el que se actúa, por lo tanto difiero de que no se haya presentado promoción alguna para desahogar la prevención que tuvo a bien señalarme, por lo cual se le debe de dar el curso legal a mi demanda de amparo y para todos los efectos legales a que haya lugar.
CUARTO. Para una adecuada claridad de la materia de estudio, se relacionan los siguientes antecedentes que derivan de las constancias remitidas por el juez recurrido, con plena eficacia probatoria conforme lo previsto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
1. El cuatro de noviembre de dos mil veinte se previno a la parte quejosa, aquí recurrente, para que, en el término de cinco días, exhibiera el documento idóneo, original o en copia certificada con el que acreditara la personalidad con que se ostenta ********** o que lo acredite como mandatario judicial del quejoso.
2. Ese proveído se notificó personalmente a la parte quejosa el once de noviembre de dos mil veinte, surtió efectos al día siguiente, por lo que el plazo de cinco días concedido transcurrió del trece al veintitrés de noviembre de ese año.
3. De ese plazo se descuentan los días inhábiles:
a) Catorce, quince, veintiuno y veintidós del mismo mes y año, por ser sábados y domingos.
b) El día dieciséis conforme al artículo 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo.
c) El veinte de noviembre de dos mil veinte, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.
4. La parte quejosa trató de desahogar la prevención en escrito presentado en el juzgado recurrido, el doce de noviembre de dos mil veinte, y exhibió copia de diversas promociones presentadas en el juicio de origen.
5. A lo anterior recayó el proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, en el cual el juez federal no tuvo cumplida la prevención, pues:
... si bien dichas documentales están dirigidas al juzgado de referencia, eso no prueba que se le haya reconocido la personalidad que ostenta, por lo cual no resultan idóneas para acreditar su personalidad en el juicio de amparo, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo.
6. Ese proveído se notificó por lista a la parte quejosa, aquí recurrente, el catorce de noviembre de dos mil veinte.
7. En resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte se tuvo por no presentada la demanda de amparo. La cual se recurre en este recurso de queja.
Necesidad de acreditar la personalidad como requisito para admitir la demanda de amparo.
Cuando la demanda de amparo la suscribe una persona que señala ser representante, apoderado, mandatario o autorizado de la parte quejosa, debe exhibir el documento que acredite esa representación, pues ese proceder constituye una carga procesal expresamente prevista en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo,(1) como requisito formal de la demanda.
Y, conforme lo previsto en el artículo 11 del mismo ordenamiento,(2) si quien promueve en representación de la parte quejosa señala que su personalidad la tiene reconocida ante la autoridad responsable, debe exhibir las constancias que así lo acrediten, por lo que no basta la simple manifestación en ese sentido.
Lo anterior, pues la personalidad es un presupuesto procesal que, por tanto, debe quedar satisfecho desde la presentación de la demanda o, en su caso, al desahogar la prevención que para ese fin formule el juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.(3)
Es aplicable, conforme lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia P./J. 43/96, registro digital 200084, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, julio de 1996, página 48, que dice:
PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL." y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER.", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.
También es aplicable, en términos de lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia P./J. 23/2009, registro 167431, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, abril de 2009, página 7, que dice:
PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato.
Por tanto, no basta con que el promovente señale que tiene reconocida su representación ante la autoridad responsable, sino que, como se ha visto, por mandato expreso del artículo 11 de la Ley de Amparo, debe exhibir las constancias que así lo acrediten.
Además, nada impide que el promovente solicite el apoyo del juzgador de amparo para que éste requiera a la autoridad responsable el envío de las constancias que acrediten esa representación; para lo cual, deberá acreditar, con el acuse de recibo respectivo, que solicitó las copias a esa autoridad y manifestar que no le han sido expedidas.
Evento este último en el cual, el juzgador de amparo podrá admitir la demanda a efecto de no postergar proveer, de ser el caso, sobre la suspensión del acto reclamado y requerir a la autoridad responsable la remisión de las constancias correspondientes que justifiquen dicha personalidad.
Es aplicable, conforme lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 79/2009, registro 167096, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 112/2009; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, junio de 2009, página 297, que dice:
PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La regla que prevé la potestad del Juez Federal para requerir a la autoridad omisa la aportación de los documentos solicitados por las partes para exhibirlos como prueba en el juicio de garantías, haciendo uso de los medios de apremio, debe también aplicarse tratándose de la expedición de las constancias solicitadas oportunamente por el promovente para justificar el reconocimiento de su personalidad ante aquélla, cuando al desahogar la prevención para comprobar esa circunstancia, manifieste bajo protesta de decir verdad la imposibilidad para hacerlo debido a la falta de expedición de las constancias, y solicite al Juez su intervención para obtenerlas, pues al no existir en la Ley de Amparo disposición expresa que faculte al juzgador para requerir esa documentación, la cual debe exhibirse previamente a la admisión de la demanda en términos de la jurisprudencia P./J. 23/2009, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", la aplicación de aquella regla resulta indispensable para salvaguardar el derecho del promovente a la prosecución del juicio. Lo anterior no implica que la admisión de la demanda deba diferirse hasta en tanto se expidan las citadas documentales, ya que conforme a los numerales 120, 122 a 124, 130 y 145 a 148 de la Ley de Amparo, el acuerdo respectivo que provee también sobre la suspensión provisional no puede postergarse más allá del plazo extraordinario establecido en el indicado artículo 146 para regularizar la demanda, dada la urgencia de la medida cautelar para preservar la materia del amparo; de ahí que, en el supuesto señalado, el juzgador deberá admitir la demanda sin perjuicio de acordar lo conducente a la personería del peticionario del amparo cuando la autoridad responsable expida las constancias solicitadas o informe sobre ellas.
Análisis de los agravios
Los antecedentes relacionados evidencian que, contrario a lo argumentado por el recurrente, al tratar de desahogar la prevención que se le hizo, no exhibió original o copia certificada del documento que acreditara la personalidad de **********, quien suscribió la demanda ostentándose mandatario judicial del quejoso, ahora recurrente.
Ello, pues simplemente acompañó copia de diversas promociones pero, como lo señaló el juez federal, no exhibió constancia alguna de la que se advirtiera que en el juicio de origen se reconoció al citado promovente como mandatario del quejoso, ahora recurrente.
No obstante, con fundamento en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo,(4) este tribunal colegiado procede a suplir la deficiencia de los agravios formulados, pues se advierte que el juez de Distrito, en el auto de trece de noviembre de dos mil veinte, que recayó a la promoción de la parte quejosa con la que intentó aclarar la demanda antes del vencimiento del plazo concedido para hacerlo, incurrió en una violación a las reglas que norman el procedimiento que dejó en estado de indefensión al quejoso, pues se obstaculizó a éste el derecho de acceso efectivo a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia I.11o.C. J/9 (10a.), registro digital 2019569, sustentada por este tribunal colegiado, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2553, que dice:
SUPLENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE CUANDO PARA UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO RESULTE NOTORIA Y MANIFIESTA LA CONTRAVENCIÓN A LAS REGLAS DE PROCEDENCIA O ACCESO AL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DE UNA PREVENCIÓN INJUSTIFICADA DE LA DEMANDA. Del análisis del artículo 1o. de la Ley de Amparo, se obtiene la procedencia genérica de la acción constitucional, esto es, el gobernado, salvo los casos previstos en la propia ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la jurisprudencia, podrá ejercer la acción constitucional contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que transgredan los derechos humanos o las garantías establecidas para su protección. Ello es así, pues la garantía para la protección de esos derechos es el juicio de amparo, al tratarse del mecanismo constitucional y de mayor jerarquía para obtener la restitución en el goce del derecho fundamental transgredido. Así las cosas, conforme al artículo 79, fracción VI, de la ley de la materia, cuando para un Tribunal Colegiado de Circuito resulta notoria y manifiesta la contravención a las reglas de procedencia o acceso al amparo, ya sea por la aplicación de una causa que no rige el acto reclamado o ante el requerimiento injustificado al quejoso para que aclare su demanda, se actualiza una hipótesis por la cual, expresamente, procede dicha acción federal y desde la demanda se han satisfecho en su integridad los requisitos formales previstos en el artículo 108 de la ley citada; dicho tribunal está obligado a suplir la queja en términos de la fracción VI del artículo 79 invocado, a efecto de priorizar el estudio y la restauración de dicha violación, lógicamente con exclusión de los rigorismos propios del amparo de estricto derecho, dando a la figura de la suplencia el alcance protector más amplio y eficiente posible, a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que deben observarse en relación con la preservación de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos a favor del individuo. Lo anterior, a fin de evitar que a la restauración de una violación a derechos fundamentales objetivamente probada, se oponga la prevalencia de la violación por meros obstáculos de rigor técnico, debiendo, por el contrario, despejarse tales tecnicismos y cuestiones de cualquier índole que impidan al amparo ser el medio de control constitucional más eficaz para cumplir con el mandato mencionado que la Constitución Federal impone para velar por el respeto a los derechos fundamentales y haciendo la función del Juez de amparo congruente con ese propósito, ministrando justicia donde se sabe requerida, sin buscar impedimentos para realizarla.
Y si bien el referido acuerdo no constituye la resolución recurrida en este recurso, es este último la vía adecuada y conducente para que el tribunal colegiado de Circuito examine la legalidad del procedimiento respectivo que concluyó con la resolución de tener por no presentada la demanda.
Es aplicable, por analogía y conforme lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia P./J. 97/97, registro digital 197241, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 21, que dice:
REVISIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. ES MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD DEL ACUERDO QUE MANDA ACLARARLA O COMPLETARLA. Contra el auto que manda aclarar o completar la demanda de garantías, dictado con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, no procede el recurso de queja porque no ocasiona, por sí mismo, un perjuicio irreparable, como lo exige la fracción VI del artículo 95 de la misma ley, en la medida que, de cumplimentarse lo prevenido, procedería la admisión de la demanda. El perjuicio irreparable sólo se produciría si el Juez de Distrito, por estimar no cumplimentado o indebidamente cumplimentado el requerimiento formulado, tuviera por no presentada la demanda. Ahora bien, si contra el acuerdo preventivo no procede el recurso de queja y es el auto que tiene por no presentada la demanda el que actualiza ese perjuicio al promovente del amparo, en contra del cual procede el recurso de revisión, según lo previsto en la fracción I del artículo 83 de la citada ley, se concluye que en la revisión en contra del auto que tiene por no presentada la demanda puede plantearse y examinarse la legalidad del auto preventivo, cuyo incumplimiento es la base y fundamento de la determinación de tener por no interpuesta la demanda, en la que actualiza el perjuicio de la ilegalidad del auto preventivo.
Ello, pues en el citado auto de trece de noviembre de dos mil veinte, el juez de Distrito debió evidenciar:
1. Las concretas razones por las cuales no se dio cabal cumplimiento a la prevención.
2. La indicación del plazo con el que aún contaba la parte quejosa para cumplir con la referida prevención.
Lo anterior, pues si la parte quejosa presentó el escrito con el que pretendió cumplir la prevención antes que comenzara a transcurrir el plazo para desahogarla –el día en que surtió efectos la notificación del acuerdo respectivo–, y no lo hizo en forma correcta o completa, es evidente que aún tenía expedito su derecho para cumplir en forma cabal con la prevención antes que feneciera el plazo que se le otorgó para ello.
Razón por la cual, el juez de Distrito, a fin de salvaguardar a la parte quejosa el derecho de audiencia y el derecho de acceso a la justicia consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no podía limitarse a evidenciar las razones por las cuales estimó que la prevención no fue debidamente desahogada, sino que también debió:
I. Indicar a la parte quejosa el término que le restaba para cumplir con la prevención.
II. Notificarle personalmente el acuerdo respectivo, para que ese plazo restante transcurriera a partir del día siguiente a aquel en el que surtiera efectos esa notificación.
Así lo sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), registro digital 2000702, de observancia obligatoria para el juez de Distrito y este tribunal en términos de lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo; la cual se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro VIII, mayo de 2012, tomo 1, página 400, que dice:
ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas.
Máxime que debe tomarse en cuenta que los acuerdos que ordenan se aclare la demanda de amparo o aquellos que se dictan con motivo del pretendido desahogo de ese requerimiento pero sin dar cabal cumplimiento a lo requerido, antes que fenezca el plazo concedido a la parte quejosa; no deben ser trampas legales para quienes acuden a la vía constitucional, sino que el juzgador, a través de esas resoluciones, debe facilitar y garantizar a la parte quejosa el debido acceso a la Justicia Federal, por lo que debe prescindir de tecnicismos, requisitos infructuosos o conductas omisivas que impidan u obstaculicen alcanzar tales propósitos.
Conclusión
Por virtud de lo anterior, procede declarar fundado el recurso de queja y, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo:(5)
I.Se deja insubsistente la resolución recurrida de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, así como el acuerdo de trece del mismo mes y año.
II. Se ordena reponer el procedimiento a fin que el juez de Distrito dicte un acuerdo, en sustitución del emitido el trece de noviembre de dos mil veinte, en el que:
i. Precise, con toda claridad, las razones por las cuales la parte quejosa no dio cabal cumplimiento a la prevención formulada.
ii. En virtud que el escrito mediante el cual se pretendió desahogar la prevención se presentó el día en que surtió efectos la notificación del auto aclaratorio; se debe indicar a la parte quejosa que aún cuenta con el plazo de cinco días para desahogar en forma cabal y completa la prevención formulada.
III. El juez de Distrito deberá ordenar se notifique personalmente el acuerdo indicado en el sub inciso anterior.
IV. El plazo restante para desahogar el requerimiento deberá transcurrir a partir del día siguiente de aquel al en que surta efectos la notificación del acuerdo que emita el juez de Distrito en cumplimiento a esta ejecutoria
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32905-02b9f301/prevencion-para-aclarar-la-demanda-o-acuerdo-dictado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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