CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. EL TRIBUNAL COLEGIADO ESTÁ OBLIGADO A CONTESTAR LA MANIFESTACIÓN QUE EXPRESE EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA QUE SE LE DIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 209/2018. 5 DE OCTUBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FRANCISCO JAVIER TEODORO ARCOVEDO MONTERO. SECRETARIA: MAYRA LEÓN COLÍN.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Los agravios expresados por el recurrente, en síntesis, se hicieron consistir en los siguientes:
1. Los acuerdos dictados en la audiencia constitucional (relativos a las pruebas que sólo se tuvieron por ofrecidas por la parte quejosa y a la declaratoria de tener por perdido su derecho a presentar alegatos) le causan agravio, puesto que dicha audiencia se llevó a cabo el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, cuando aún se encontraba transcurriendo la vista dada a las partes con "las constancias complementarias al informe justificado", ordenada por auto de veinte anterior, la cual "se entiende es por el término de ocho días", con lo cual no se le dio oportunidad de ofrecer otras pruebas y presentar alegatos.
2. La Juez de Distrito no precisó debidamente los actos reclamados, ya que sólo tuvo como tal al citatorio, no obstante que de la demanda se desprende que reclamó otros actos.
3. Fue incorrecto que se sobreseyera en el juicio, pues lo que se pretende con el juicio de amparo es que la autoridad responsable no violente sus derechos humanos, tanto en calidad de imputado como de testigo, ya que aquélla puede citarlo nuevamente a través de otro citatorio "con los mismos defectos".
4. La a quo dejó de analizar el mencionado citatorio, conforme a la reforma en materia de derechos humanos y a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Cabe destacar, que en virtud de que la parte quejosa promovió el juicio por conducto de su representante legal **********, a quien le resultó la calidad tanto de imputado como de testigo, en la carpeta de investigación de la que deriva el citatorio materia de reclamo, se estima que procede analizar el asunto, en su caso, bajo la figura de la suplencia de la queja.
SÉPTIMO.—Los motivos de disenso son, unos infundados, otros inoperantes y uno fundado pero inoperante.
En efecto, es infundado el motivo de disenso 1, en el que se aduce que los acuerdos dictados en la audiencia constitucional (relativos a las pruebas que sólo se tuvieron por ofrecidas por la parte quejosa y a la declaratoria de tener por perdido su derecho a presentar alegatos), le causan agravio, porque dicha audiencia se llevó a cabo el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, cuando aún se encontraba transcurriendo la vista dada a las partes con "las constancias complementarias al informe justificado", ordenada por auto de veinte anterior, la cual "se entiende es por el término de ocho días", con lo cual no se le dio oportunidad de ofrecer otras pruebas y presentar alegatos.
Lo anterior, pues es de aclarar al inconforme que la vista a las partes ordenada por auto de veinte de junio de dos mil dieciocho, no fue respecto de "constancias complementarias al informe justificado", sino de la información enviada por el Ministerio Público responsable, previo requerimiento de la a quo, sobre el delito por el cual se integra la carpeta de investigación **********, quienes en el caso tienen el carácter de denunciantes, víctimas u ofendidos, así como su domicilio.
Constancias con las cuales la Juez Federal ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, por el término de tres días, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo cual fue correcto, dado que tal información es diversa a la que concierne al informe justificado.
Por otro lado, es fundado pero inoperante el agravio número 2, en el que se sostiene que la Juez de Distrito no precisó debidamente los actos reclamados, ya que sólo tuvo como tal, al citatorio, aun cuando de la demanda se desprende que reclamó otros actos.
Se afirma esto, porque como bien lo refiere el recurrente, en la sentencia recurrida, la Juez de amparo sólo tuvo como actos reclamados los siguientes:
"La emisión del citatorio de doce de abril de dos mil dieciocho, librado dentro de la carpeta de investigación **********; y su ejecución."
Lo anterior, sin hacer pronunciamiento alguno respecto de los demás "acto" (sic) que la parte quejosa señaló, en los términos siguientes:
"2. La comparecencia mediante el uso de la fuerza pública sin necesidad de agotar algún medio de apremio, a pesar de la indebida notificación del citatorio arriba reclamado, incluso alegando urgencia.
"3. La falta de protección a mi persona, en mi calidad de testigo, que debiera otorgarme antes y después de rendida mi declaración, así como también a mis familiares, ordenada por el segundo párrafo del artículo 367 del Código Nacional de Procedimientos Penales..."
Aunado a que este tribunal advierte que la a quo no expuso por qué consideró la ejecución de dicho citatorio, como uno de los actos reclamados, lo que evidencia que la fijación de los actos no fue clara ni precisa.
No obstante, tal motivo de disenso, aunque fundado, deviene inoperante, ya que este Tribunal Colegiado, al reasumir jurisdicción, estima que, conforme al contenido de la demanda, del informe justificado y del citatorio adjunto a esas dos constancias, el acto que en realidad se reclama es:
• La emisión del citatorio con número de oficio **********, de doce de abril de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación **********.
Sin que proceda tener como actos reclamados destacados, los señalados por la parte quejosa en los puntos 2 y 3 del capítulo IV de su demanda,(4) antes transcritos, al advertirse que contienen aspectos vinculados con el precitado citatorio, por los cuales, entre otros, en la referida demanda se aduce que el citatorio es inconstitucional, al indicarse:
"Este citatorio es violatorio de mi derecho humano protegido por el artículo 16 de nuestra Constitución Federal, por lo siguiente:
"1. Porque en mi calidad de imputado tengo los derechos humanos previstos en los incisos A) y B) del artículo 20 (sic).
"2. Porque como testigo, tengo los siguientes derechos humanos protegidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales:
"...
"c) Mi derecho humano protegido por el artículo 364 (sic) que establece mi derecho humano a ser debidamente notificado para comparecer a un lugar, en una fecha y hora establecidas, antes de ser presentado mediante el uso de la fuerza pública.
"...
"e) Mi derecho humano protegido por el segundo párrafo del artículo 367, para que me otorgue la responsable la protección a mi persona que debiera otorgarme antes y después de rendida mi declaración, así como también a mis familiares..."
De ahí que lo señalado en los aludidos puntos 2 y 3 del capítulo IV de la demanda, deba considerarse como conceptos de violación, planteados contra el citatorio de que se trata, por lo que sólo éste constituye el acto reclamado.
Precisado lo anterior, cabe destacar que en la sentencia recurrida la Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio respecto del citatorio reclamado, al estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto del mismo; y..."
Ello, al considerar que el mencionado citatorio ya no tenía vigencia ni efectividad alguna, porque si bien la autoridad ministerial responsable giró dicho oficio el doce de abril de dos mil dieciocho, para que la parte quejosa compareciera "a las doce horas con treinta minutos del dieciocho de mayo del presente año, a efecto de que conociera de los hechos investigados y ejerciera su derecho de defensa en la carpeta de investigación", entonces la fecha para esa cita había quedado cronológicamente superada, por lo que dejó de incidir en la esfera jurídica y, por tanto, carecía de finalidad el examen de su constitucionalidad.
En apoyo, citó la jurisprudencia «2a./J. 181/2006», de rubro: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS."
Sin embargo, este Tribunal Colegiado considera que se surte diversa causa de improcedencia a la invocada por la a quo, de estudio preferente, la cual debe analizarse de oficio.
En efecto, del análisis de los autos se advierte que, por prelación jurídica, se actualizó el motivo de improcedencia establecido en el citado precepto 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el segundo a contrario sensu, los cuales disponen:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."
"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:
"I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;"
Preceptos de los que se desprende, en lo conducente, que el juicio de amparo será improcedente si quien promueve a nombre del directo quejoso no acredita su representación.
De manera que el juzgador de amparo deberá verificar que la representación con que se ostente el promovente del juicio esté debidamente acreditada en autos.
Análisis y constatación de la personalidad (ya sea originaria o derivada) que debe realizarse preliminarmente, por tratarse de un presupuesto procesal, el cual el promovente tendrá que satisfacer desde la presentación de la demanda con el documento que así lo acredite, pues de no ser así, el juzgador deberá prevenir a la parte quejosa para que subsane tal deficiencia.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.),(5) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:
"PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa."
Lo anterior, toda vez que la personalidad es un presupuesto procesal que debe demostrarse en el juicio de amparo, por estar estrechamente vinculado con el principio de instancia de parte agraviada.
Es así, pues al respecto, los normativos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo establecen:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa..."
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico."
Dispositivos de los que, en lo conducente, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.
Calidad de parte agraviada que tiene quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, pero que además aduzca que el acto reclamado produce una afectación real y actual a esa esfera jurídica, ya de manera directa, o bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Por eso debe contarse con la manifestación expresa e inequívoca acerca de que la voluntad del directo quejoso es precisamente la de instar el medio de control constitucional de que se trata.
En torno a ello, es de precisar que la ley de la materia establece los supuestos en que el amparo puede ser promovido por persona distinta al directo quejoso, entre ellos, la hipótesis del representante o apoderado de éste.
En efecto, el numeral 6o. de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley.
"Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita."
En cuanto a la acreditación de la representación con la que se ostente el promovente, los numerales 10 y 11 de la ley de la materia establecen:
"Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta ley.
"En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. ..."
"Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido.
"...
"La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta."
Así, conforme a ese contexto normativo, se colige que aun cuando el representante o el apoderado del quejoso puede promover el juicio de amparo, el juzgador de control constitucional debe verificar que la representación con que se ostente el promovente del juicio esté acreditada en autos.
De manera que si en el juicio de amparo no se advierte acreditada la personalidad del promovente (no obstante que se le haya requerido para ello), deberá sobreseerse en el juicio de amparo, por falta de legitimación para instarlo, como así acontece en el caso.
Esto, porque los autos reportan lo siguiente:
1) La demanda de amparo fue presentada el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, por la persona moral **********, por conducto de **********, quien se ostentó como su representante legal.
Carácter que, señaló, le fue atribuido "mediante el auto del dieciocho de junio de dos mil quince dictado por el C. Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, contra el cual se me impidió defenderme en el juicio de amparo número **********, del índice del C. Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al sobreseer mi demanda de amparo por resolución del catorce de enero de dos mil dieciséis y confirmada por resolución del diez de marzo del dos mil dieciséis, dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión número **********, tal como lo acredito con el juego de copias certificadas que aquí acompaño."
De los anexos de la demanda de amparo, se advierte que adjuntó copia certificada de la sentencia de sobreseimiento (por extemporaneidad de la demanda), emitida en el referido juicio de amparo y de la dictada en ese recurso de revisión que la confirmó, respecto del acto consistente en el auto de dieciocho de junio de dos mil quince, dictado por el Juez Cuadragésimo Cuarto Civil de esta ciudad, en el juicio ordinario **********, de esa materia, del cual, en las aludidas sentencias, sólo se señaló que en dicho auto, entre otros aspectos "se procediera al embargo de bienes, se apercibió a la parte demandada que para el caso de oposición, por sí o por interpósita persona, se le impondría un arresto de treinta y seis horas a **********, en su carácter de representante legal de la demandada..."
2) Por auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, previno al promovente para que, bajo protesta de decir verdad, realizara lo siguiente:
• Precisara la personalidad con la que se ostentaba en el asunto, esto es, si lo hacía por propio derecho, o bien, en representación de **********.
• En caso de acudir al amparo en representación de la citada persona jurídica, acreditara con documento idóneo dicha personalidad.
3) Al respecto, el promovente ********** manifestó que acudía al juicio de amparo como "administrador único y representante legal" de la citada persona moral, sin que pudiera acreditar esa personalidad con documentos distintos a los que acompañó a su demanda.
4) Mediante proveído de veinticinco de mayo siguiente, la a quo tuvo por cumplido el requerimiento y admitió la demanda, por lo que solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, quien al rendirlo, aceptó la emisión del citatorio reclamado.
Sin embargo, de los autos del juicio de amparo se advierte que, aun cuando la Juez de Distrito admitió la demanda presentada por la persona moral **********, por conducto de **********, quien se ostentó como su representante legal, al tener por desahogado el requerimiento que previamente le hizo para que acreditara dicha personalidad, este Tribunal Colegiado estima que, en realidad, no quedó demostrada.
Esto es así, dado que el citado promovente, para acreditar tal extremo procesal, sólo exhibió copia certificada de:
• La sentencia autorizada el catorce de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) en el juicio de amparo **********, promovido contra el acto reclamado que dicho juzgador precisó en los términos siguientes:
"El auto de dieciocho de junio de dos mil quince, dictado en el juicio ordinario civil **********, seguido por ********** y **********, contra **********, tramitado ante el Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, en el que se ordenó requerir al quejoso **********, en su carácter de representante legal de la moral demandada, el pago de **********... con el apercibimiento de (sic) no hacerlo se le impondría un arresto por treinta y seis horas..."
Resolución en la que se sobreseyó en el juicio de control constitucional (por extemporaneidad).
• La sentencia de diez de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el recurso de revisión **********, en la que confirmó la precitada resolución de sobreseimiento.
Constancias que resultan insuficientes para demostrar la representación del promovente del juicio de amparo.
Se afirma esto, pues aun cuando en la demanda de amparo el promovente del juicio señaló que el carácter de "representante legal" de la persona moral **********, se le atribuyó mediante el auto de dieciocho de junio de dos mil quince, dictado por el Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil de esta ciudad y transcribió el contenido de ese auto, no exhibió la copia certificada de dicha constancia, a pesar de que la a quo lo requirió para que acreditara su personalidad con documento idóneo.
Lo que era necesario exhibiera, pues de la copia certificada de las sentencias de primera y segunda instancias de amparo, que adjuntó a la demanda y que reiteró como prueba en su escrito aclaratorio, no se desprende que el contenido del mencionado auto de dieciocho de junio de dos mil quince (ahí señalado como acto reclamado) sea en los términos que el promovente indicó en la demanda del controvertido constitucional, del que deriva el presente recurso de revisión; menos se aprecia que se hiciere un pronunciamiento de fondo respecto de tal acto, dado el sentido en ellas determinado (sobreseimiento y su confirmación).
En esa tesitura, al tratarse la personalidad de un presupuesto procesal para la promoción del juicio de amparo cuando se insta en representación de otro, tal extremo debe quedar suficientemente acreditado; por lo que, de no ser así, el juicio de amparo resulta improcedente y, por ende, debe sobreseerse.
Por tanto, se considera que la Juez de Distrito no estaba en aptitud de abordar la causa de improcedencia del juicio, relativa a la subsistencia del acto reclamado (citatorio), pero que no podía surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; ello, ante el distinto motivo de improcedencia del juicio de amparo por falta de legitimación del promovente, de acuerdo con las consideraciones expuestas.
De ahí que debe subsistir la determinación de sobreseimiento impugnada, pero con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con sus diversos numerales 61, fracción XXIII y 108, fracción I, el último a contrario sensu.
Motivo por el cual, se califican de inoperantes los agravios números 3 y 4, en los que se sostiene, en el primero de ellos, que fue incorrecto que se sobreseyera en el juicio, pues lo que se pretende con el juicio de amparo es que la autoridad responsable no violente sus derechos humanos, tanto en calidad de imputado como de testigo, ya que aquélla puede citarlo nuevamente a través de otro citatorio "con los mismos defectos"; mientras en el último, que la a quo dejó de analizar el mencionado citatorio, conforme a la reforma en materia de derechos humanos y a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Lo anterior, porque el agravio número 3 se dirige a combatir la causa de improcedencia invocada por la Juez de Distrito, la cual, se reitera, por prelación no es la que deba tenerse por actualizada; mientras que en el agravio 4, se aducen cuestiones de fondo que no es dable atender, al subsistir la decisión de sobreseimiento en el juicio de amparo, pero por diverso motivo al analizado en la sentencia recurrida.
Cobra aplicación la jurisprudencia(6) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.—No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."
En consecuencia, ante la actualización de esa causa distinta de improcedencia en los términos asentados, procede confirmar, por diversa razón, la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio.
Ahora, la parte recurrente, al desahogar por escrito la vista ordenada por acuerdo plenario de trece de septiembre de dos mil dieciocho (en cumplimiento a lo acordado por el Pleno de este Tribunal Colegiado en sesión de la misma fecha), conforme a lo dispuesto en el precepto 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto de la aludida causa de improcedencia manifestó, en esencia, que:
a) Del texto del citatorio reclamado, se advierte que la propia autoridad responsable lo dirigió "a mi persona y en mi domicilio como representante legal y administrador único" de **********.
b) Desde la presentación de la demanda acreditó su personalidad, ya que en el inciso c) del "primer antecedente" señaló el incidente de inconformidad **********, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, "en cuyo tercer considerando de la sentencia del veintiocho de agosto del dos mil catorce, aunque en realidad es del dos mil quince, obra la transcripción esencial del auto del veintiocho de junio del dos mil quince", en el que se le volvió a atribuir la representación legal; resolución que está visible en la página de internet del Poder Judicial de la Federación y que constituye un hecho notorio.
Citó la tesis «XXI.3o. J/7», de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."
c) Si la responsable ni el tercero interesado "tienen dudas sobre la representación que se me atribuyó mediante el auto de dieciocho de junio de dos mil quince", este tribunal tampoco debería tenerlas.
d) La autoridad responsable no adjuntó las copias necesarias para sustentar la constitucionalidad de "los actos reclamados".
e) Se violaron sus derechos humanos, porque en el citatorio combatido, la autoridad responsable no señaló a ********** como agraviado, ofendido o víctima del supuesto delito, "para entonces señalarlo en mi escrito de inicial de demanda como tercero interesado".
f) Además, si la autoridad ministerial, al rendir su informe manifestó que el acto reclamado deriva de los hechos denunciados por dicho tercero interesado, entonces, es indudable que "se han violentado mis derechos humanos al emitirse este citatorio"; aunado a que no adjuntó las copias certificadas de las constancias con las que el citado tercero interesado "gestionó para que las tuviera a su disposición, con las cuales demostraría el suscrito quejoso cada uno de los antecedentes del acto reclamado" y entre las cuales existe el auto de dieciocho de junio de dos mil quince.
Citó la tesis «VI.2o.P.95 P», de rubro: "CITATORIO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO GIRADO DURANTE LA INVESTIGACIÓN. EFECTOS DEL AMPARO CUANDO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
g) Antes de que concluyera el plazo de ocho días que la ley establece para dar vista con el informe justificado, ordenada por auto de veintiuno de junio de este año, la a quo resolvió sobreseer en el juicio.
h) La Jueza de Distrito lo ha dejado en estado de indefensión, pues "ha violentado todos los criterios jurisprudenciales obligatorios" que citó en la demanda, dado que no promovió, respetó, protegió ni garantizó sus derechos humanos, menos atendió el principio de progresividad, ni ejerció el control de legalidad, de convencionalidad, de constitucionalidad ni suplió de manera oficiosa las deficiencias de su demanda.
Esto, porque sobreseyó en el juicio bajo el argumento de que el citatorio reclamado dejó de existir, lo cual le genera una situación de vulnerabilidad pues, por un lado, no desobedeció el citatorio y, por otro, la responsable podría solicitar al Juez de Control una orden de aprehensión en su contra.
Al respecto, este Quinto Tribunal Colegiado procede a dar respuesta a dichas manifestaciones, en observancia a la tesis aislada I.5o.P.3 K (10a.),(7) sustentada por este órgano revisor, del tenor que sigue:
" Si de los autos del recurso de revisión analizado, se observa que la presidencia del tribunal constitucional, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ordenó dar vista al quejoso recurrente con una causa de improcedencia no alegada por ninguna de las partes, ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, ya sea porque se hubiese detectado durante la tramitación del recurso de revisión, o bien, porque el Magistrado ponente así lo hubiese advertido una vez que le fue turnado el asunto para la elaboración del proyecto, el órgano colegiado está obligado a dar contestación a las manifestaciones que haga valer el recurrente, dado que de esa manera se privilegia al solicitante de amparo el acceso a la justicia, pues la norma referida pretende que el peticionario de la protección constitucional esté en aptitud de desvirtuar la causa de improcedencia advertida de oficio."
E
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28327-4b880c24/causales-de-improcedencia-el-tribunal-colegiado-esta-obligado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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