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RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. EN ÉSTE PUEDE PLANTEARSE LA ILEGALIDAD DEL ACUERDO QUE PREVIENE PARA ACLARARLA.

Tipo de asunto: QUEJA 1071/2020. · Registro digital (IUS): 29637
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-02-12
Promovente: AZUCENA RUBIO MARTÍNEZ.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, Pág. 2726.

QUEJA 1071/2020. AZUCENA RUBIO MARTÍNEZ. 22 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SUSANA LAURA ROJAS CASTRO, SECRETARIA DE TRIBUNAL AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 26, PÁRRAFO SEGUNDO Y 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO. SECRETARIA: CLAUDIA RAMOS VALLES.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Procedencia de la vía. El recurso de queja es procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a),(24) de la Ley de Amparo, pues se interpone contra el acuerdo que admite la demanda de amparo.

"Artículo 97. El recurso de queja procede:

"I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

"a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación; ..."

El precepto legal transcrito establece tres supuestos de procedencia del recurso de queja, a saber:

a) Contra las resoluciones que admitan total o parcialmente la demanda de amparo o su ampliación.

b) Contra las resoluciones que desechen total o parcialmente la demanda de amparo o su ampliación.

c) Contra las resoluciones que tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación.

En el caso, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el acuerdo recurrido de tres de marzo de dos mil veinte, tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la quejosa, al no haber desahogado oportunamente la prevención que le formulo´ para que la aclarara.

De ahí que se actualice el supuesto de procedencia del recurso hecho valer por la impetrante, señalado en el inciso a), de la fracción I, del dispositivo legal en comento.

En la especie, la litis del asunto no so´lo se centra en resolver si es correcto o no, lo determinado por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Regio´n, con residencia en la Ciudad de México, en el auto de tres de marzo de dos mil veinte, que emitio´ en el juicio constitucional 153/2020 de su i´ndice, en donde hizo efectivo el apercibimiento decretado y tuvo por no presentada la demanda de amparo, al haber transcurrido el plazo de cinco días otorgado para que desahogara la prevención que se le formulo´ por proveído de trece de febrero de la citada anualidad, sin que lo hubiera hecho así´.

Asimismo, lo determinado en el provei´do de trece de febrero de dos mil veinte, en el que, entre otras cosas, se requirio´ para que subsanaran las irregularidades que a su juicio advirtio´ el Juez de Distrito auxiliar en el escrito inicial de la demanda, bajo el apercibimiento que aparece en la referida actuacio´n.

Se afirma lo anterior, pues el momento procesal oportuno para impugnar el auto que contiene la prevencio´n hecha a la peticionaria de la proteccio´n constitucional en términos del arti´culo 114 de la Ley de Amparo, es cuando se hace efectivo el apercibimiento que deriva de ella, dado que es hasta ese momento que se genera una verdadera afectacio´n a la quejosa y se actualiza el supuesto de procedencia del recurso de queja previsto por el numeral 97, fraccio´n I, inciso a), de la ley de la materia.

Ello justifica que en el recurso respectivo se verifique la legalidad tanto del provei´do que contiene la prevencio´n y el apercibimiento de tener por no presentada la demanda de amparo en caso de no desahogar la prevencio´n, como aquel auto en el que se hace efectivo dicho apercibimiento, toda vez que esas actuaciones conforman una unidad y ameritan un examen conjunto de su justificacio´n.

Tiene aplicacio´n al caso, la tesis VI.1o.A.21 K (10a.),(25) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que a la letra sen~ala:

"QUEJA EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. ES MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD DEL ACUERDO QUE MANDA ACLARARLA O COMPLETARLA (APLICACIO´N DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).—Contra el auto que manda aclarar o completar la demanda de garanti´as, dictado con fundamento en el arti´culo 114 de la Ley de Amparo, no procede el recurso de queja porque no ocasiona, por si´ mismo, un perjuicio irreparable, como lo exige el inciso e), fraccio´n I del arti´culo 97 de la misma ley, en la medida en que, de cumplimentarse lo prevenido, procederi´a la admisio´n de la demanda. Asi´, el perjuicio irreparable so´lo se produciri´a si el Juez de Distrito, por estimar no cumplimentado o indebidamente cumplimentado el requerimiento formulado, tuviera por no presentada la demanda. Ahora bien, si contra el acuerdo preventivo no procede el recurso de queja previsto en el inciso e), fraccio´n I del arti´culo 97 de la ley de la materia y es el auto que tiene por no presentada la demanda el que actualiza ese perjuicio al promovente del amparo, en contra del cual procede dicho recurso conforme a lo dispuesto en el inciso a), fraccio´n I del citado precepto legal, se concluye que en la queja en contra del auto que tiene por no presentada la demanda puede plantearse y examinarse la legalidad del auto preventivo, cuyo incumplimiento es la base y fundamento de la determinacio´n de tener por no interpuesta la demanda."

Asimismo, por similitud, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J. 97/97,(26) del Pleno del Ma´ximo Tribunal del Pai´s, que indica:

"REVISIO´N EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. ES MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD DEL ACUERDO QUE MANDA ACLARARLA O COMPLETARLA.—Contra el auto que manda aclarar o completar la demanda de garanti´as, dictado con fundamento en el arti´culo 146 de la Ley de Amparo, no procede el recurso de queja porque no ocasiona, por si´ mismo, un perjuicio irreparable, como lo exige la fraccio´n VI del arti´culo 95 de la misma ley, en la medida que, de cumplimentarse lo prevenido, procederi´a la admisio´n de la demanda. El perjuicio irreparable so´lo se produciri´a si el Juez de Distrito, por estimar no cumplimentado o indebidamente cumplimentado el requerimiento formulado, tuviera por no presentada la demanda. Ahora bien, si contra el acuerdo preventivo no procede el recurso de queja y es el auto que tiene por no presentada la demanda el que actualiza ese perjuicio al promovente del amparo, en contra del cual procede el recurso de revisio´n, segu´n lo previsto en la fraccio´n I del arti´culo 83 de la citada ley, se concluye que en la revisio´n en contra del auto que tiene por no presentada la demanda puede plantearse y examinarse la legalidad del auto preventivo, cuyo incumplimiento es la base y fundamento de la determinacio´n de tener por no interpuesta la demanda, en la que actualiza el perjuicio de la ilegalidad del auto preventivo."

QUINTO.—De la razonabilidad en la transcripción del acuerdo recurrido y de los agravios formulados en su contra. No se transcribe el acuerdo recurrido, ni los agravios formulados por las autoridades responsables recurrentes, ya que la Ley de Amparo no lo establece como condición para resolver este recurso, a efecto de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de amparo.

Además, las consideraciones en que se sustenta el auto impugnado se tienen a la vista con las copias certificadas relativas al juicio de amparo indirecto 153/2020, que remitió en apoyo a su informe justificado el Juzgado Federal de origen, y el escrito en que se contienen los agravios formulados, los cuales se encuentran glosados a los autos del presente medio de defensa.

Apoya en lo conducente, a que no existe necesidad de transcribir el acuerdo recurrido, por similitud en las razones que contiene, la tesis aislada XVII.1o.C.T.30 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que este tribunal comparte, de rubro: "SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA."(27)

De igual forma, a que no existe obligación de transcribir los agravios formulados, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(28)

SEXTO.—De la síntesis de los agravios. En contra de la determinación de tener por no presentada la demanda, la quejosa ahora recurrente, expone, sustancialmente, lo siguiente:

En su único agravio alega que el acuerdo recurrido le causa perjuicio en virtud de que a decir del Juez de Distrito no cumplió con el requerimiento que se le hizo, puesto que la prevención de abundar en los hechos y abstenciones que constituyen el acto reclamado, considera no era necesario, pues de los esgrimidos se aprecia que, incluso cita hechos notorios relacionados con la interposición de diverso juicio de amparo, en donde reclamó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal dos mil diecinueve y las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, así como que actualmente se encuentra trabajando bajo el esquema marcado en las reglas de operación dos mil dieciocho.

Refiere que con el fin de evidenciar que el Juez no debió desechar la demanda de amparo, resultaría oportuno esclarecer los numerales 108 y 114 de la ley de la materia.

Añade que en relación con el derecho humano a la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de no imponer obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial.

Agrega que ante la previsión de requisitos y formalidades esenciales para el desarrollo del proceso, los órganos encargados de administrar justicia deben asumir una actitud de facilitadores del acceso a la jurisdicción.

En apoyo a sus argumentos cita, entre otras, la tesis aislada CCXCIV/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014, página 535, con número de registro digital: 2007062, de título y subtítulo: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL LEGISLADOR NO DEBE ESTABLECER NORMAS QUE, POR SU RIGORISMO O FORMALISMO EXCESIVO, REVELEN UNA DESPROPORCIÓN ENTRE LOS FINES DE LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY PARA PRESERVAR LA CORRECTA Y FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA."

Aduce que en el acceso a la jurisdicción, se prohíbe al legislador no sólo la arbitrariedad, sino también el establecimiento de normas que, por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón, revelen una desproporción entre los fines y las formalidades y requisitos previstos en la ley.

Manifiesta que a la luz del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

"ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", era ocioso el requerimiento que realizó el Juez de Distrito, es decir, no existía razón jurídica para exigir a la parte quejosa la prevención formulada, que éstas fueron precisadas en el escrito inicial de demanda.

SÉPTIMO.—Los argumentos antes reseñados son fundados debido a que fue incorrecto realizar las prevenciones en los términos en que lo hizo el Juez de amparo y hacer efectivo el apercibimiento de tener por no presentada la demanda de amparo, mediante el acuerdo de tres de marzo de dos mil veinte, por tratarse de una medida desproporcional que niega el acceso a la justicia que tutela el artículo 17 constitucional.

En principio, es oportuno destacar que en el caso resulta procedente suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo,(29) así como la tesis de jurisprudencia P./J. 34/2018 (10a.),(30) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo siguientes:

"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El precepto citado faculta al órgano jurisdiccional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios cuando advierta que ha habido en contra del quejoso o del recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, la suplencia referida procede en un recurso de queja cuando se combate la resolución que desechó la demanda de amparo indirecto por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, siempre y cuando se advierta: i) la existencia de una violación manifiesta de la ley; y, ii) que dicha violación haya dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior es así, pues al analizar la resolución recurrida, el órgano jurisdiccional debe verificar en primer lugar si se violó de manera evidente la ley, esto es, si se transgredió el artículo 113 de la Ley de Amparo y, en segundo lugar, si dicha transgresión dejó al quejoso sin defensa, lo cual debe entenderse como una afectación sustancial dentro del procedimiento y que se actualiza al negar el acceso a la acción de amparo con un desechamiento que no se apega al marco jurídico aplicable."

Ahora, a fin de evidenciar lo fundado de los argumentos planteados, es oportuno transcribir el artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente:

"Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:

"I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;

"II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;

"III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;

"IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y

"V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.

"Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada.

"En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura."

Del precepto transcrito se advierte que corresponde realizar la prevención al promovente del amparo cuando: I) Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II) Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo; III) No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV) No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, V) No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.

Tratándose de los requisitos del numeral 108,(31) de la ley de la materia, la finalidad es que el peticionario de amparo cubra la falta de alguno de éstos, es decir, cumpla con su deber de enunciación en la demanda, lo cual se subsana si en el desahogo del requerimiento, que le formule el Juez de Distrito en ese sentido, expresa los no precisados. Los elementos del numeral referido son necesarios para el adecuado proceso constitucional, los cuales son subsanables mediante la figura de la prevención.

En esas condiciones, la prevención procede, en algunos casos, ante la ausencia de esos requisitos, con el objeto de que el promovente de la demanda señale éstos, al atender lo requerido por el juzgador federal, sin imponer los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, que los mismos deban expresarse de determinado modo, pues aun en el caso de los conceptos de violación no se exige su formulación como silogismo lógico, en virtud de que lo que interesa es la expresión de esos elementos para establecer, a primera vista, el objeto del proceso constitucional –quién, qué, con base en cuáles hechos y con qué derecho pide– y con la subsecuente consecuencia de otorgar al juzgador elementos mínimos para el desarrollo de sus deberes en la prosecución del juicio.

De este modo, en relación con el deber de expresar en la demanda de amparo los antecedentes del acto reclamado, de acuerdo con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, éste se cumple cuando el justiciable anota los que conoce, sin que se le exija que indique los que el Juez Federal considera los adecuados o los que estime necesarios, porque actuar así conduce a la arbitrariedad del juzgador y anteponer formulismos o elementos no exigidos por la Ley de Amparo al derecho de acceso a la justicia, dotando de manera incorrecta a los requisitos formales del artículo 108 citado de valor autónomo y de sustantividad propia, soslayando que éstos solamente sirven como instrumentos dirigidos a lograr la finalidad de establecer el objeto del proceso y la información que el Juez necesita para cumplir sus deberes procesales en el desarrollo del proceso constitucional.

Sobre el tema, es ilustrativa la tesis aislada P. VII/2001,(32) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE.—El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa."

En resumen, una de las finalidades de la prevención que regula el artículo 114 de la Ley de Amparo, se orienta, esencialmente, a que el quejoso dé cuenta en el desahogo del requerimiento con los requisitos del precepto 108 del mismo ordenamiento, sin mayor exigencia que la de establecer con claridad esos elementos.

Asimismo, debe tenerse presente que la prevención que realice el Juez de Distrito, respecto a que se precise el nombre correcto del o los quejosos o cualquiera otra deficiencia de la demanda de amparo no debe ser un obstáculo para no admitir la demanda de amparo, sino una forma de integrar debidamente el objeto del proceso constitucional como antes se ha dicho.

Ello es así, en razón de que es obligación de los tribunales resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstas, tal como se desprende de la tesis aislada 1a. CCXCI/2014 (10a.),(33) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo siguientes:

"TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados."

Todo lo expuesto se debe a que el ordenamiento procesal, como lo es la Ley de Amparo, tiene una serie de reglas formales que se encuentran establecidas en atención a lograr la seguridad jurídica, a través de la legalidad, por eso su cumplimiento no es al libre albedrío de las partes referidas en su artículo 5o., ya que para una adecuada estructura del proceso existen formas y requisitos que afectan al orden público y son de obligada observancia.

Sin embargo, ningún requisito formal puede convertirse en un obstáculo que impida injustificadamente un pronunciamiento sobre el fondo (para cumplir el derecho de acceso a la justicia), así como que, desde la perspectiva de la constitucionalidad no son admisibles aquellos obstáculos que sean producto de un formalismo y que no se compaginen con el necesario derecho a la justicia, o que no aparezcan como justificados y proporcionados conforme a las finalidades para las que se establecen que, en todo caso, deben ser adecuados a los derechos humanos (principio pro actione), pues los requisitos formales no son valores autónomos con sustantividad propia, sino que sólo sirven en cuanto que son instrumentos dirigidos a lograr la finalidad legítima de establecer los derechos necesarios para las partes y el objeto del proceso.

Igualmente, las disposiciones procesales han de ser interpretadas a la luz de los derechos humanos, esto es, en el sentido más favorable para la efectividad del derecho de acceso a la justicia, establecido en el artículo 17 constitucional, lo que no soslaya que los requisitos y formas del proceso cumplen un papel de capital importancia para su ordenación, no toda irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo insalvable para su prosecución.

Esto es, garantiza al particular que la petición presentada ante la autoridad jurisdiccional, se resolverá sin más condición que cuando se cumplan las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso, para lograr su trámite y resolución.

Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes o recursos, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar la prerrogativa fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, su ejercicio, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable, sin soslayar la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad del juicio o medio de impugnación que se pretende hacer valer.

De conformidad con lo expuesto, si bien el Juez de Distrito está facultado para requerir al quejoso cuando en su demanda haya irregularidades u omisiones que deban corregirse con el apercibimiento de que de no cumplirse se tendrá por no presentada la demanda, también lo es que tal apercibimiento, de no cumplir con tal requerimiento, no debe negar el acceso a la justicia ante una prevención excesiva o desproporcional.

En el caso, en el escrito inicial de demanda ya existían señaladas diversas autoridades y actos reclamados que, según la quejosa, vulneran sus derechos fundamentales, tal como se advierte a continuación:

"III. Autoridades responsables.

"a) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura, a quien se le atribuye la emisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, con domicilio conocido en la Ciudad de México.

"b) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a quien se le atribuye la elaboración del proyecto de propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, con domicilio conocido en la Ciudad de México.

"c) El C. Director del Diario Oficial de la Federación a quien se le atribuye la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, así como la publicación de las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2020, con domicilio conocido en la Ciudad de México.

"d) Secretaría de Bienestar (sic) cuyo titular es María Luisa Albores González y tiene su domicilio en Av. Paseo de la Reforma 51, Planta Baja, Col. Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600, es a ella a quien se le atribuye la emisión del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2020.

"e) El delegado estatal de programas para el desarrollo en el Estado de Chihuahua, con domicilio en ... que se encarga de la ejecución del Programa de Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2020.

"f) El Comité Técnico del Programa de Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, es quien se encarga de la ejecución del Programa de Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2020, con domicilio conocido en la Ciudad de México.

"g) La Dirección General de Políticas Sociales, que se encarga de la ejecución del Programa de Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2020, con domicilio conocido en la Ciudad de México.

"IV. Actos reclamados.

"Todos los quejosos indistintamente reclamamos de las autoridades responsables lo siguiente:

"El Decreto mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre del 2019, en vigor a partir del 1 de enero del 2020, en el ramo 20, únicamente en lo que fue la reducción en el presupuesto asignado al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, ahora denominado Programa de Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2020, contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, emitido por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

"La totalidad del acuerdo por el cual se emiten las reglas de operación del programa denominado de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2020, por inconstitucional, ya que implica transgresión al principio de división de poderes, al principio de autoridad formal de la ley, al principio de preferencia en estrecha relación con el interés superior del menor en políticas públicas.

"Las normas generales se reclaman con el carácter de autoaplicativas por su entrada en vigor.

"V. Ley reclamada:

"El Decreto mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. En específico lo concerniente a la asignación de recursos para el ejercicio fiscal 2020, comprendido en el anexo 10, denominado Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, ramo 12 Salud y ramo 20 Bienestar; anexo 14 denominado Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables, ramo 12 Salud y ramo 20 Bienestar; anexo 18 denominado Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, ramo Salud y ramo Bienestar; y anexo 19 denominado Acciones para la Prevención del Delito, Combate de Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos, ramo 20 Bienestar."

Además, en los numerales I y VIII de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señaló lo siguiente:

"I. Nombre y domicilio de los quejosos.

"Han quedado ya señalados en el presente escrito.

"...

"VIII. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29637-32d87260/recurso-de-queja-contra-el-auto-que-tiene · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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