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SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS, EFECTUADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. PROCEDE CONCEDERLA A LAS MADRES TRABAJADORAS, PADRES SOLOS O TUTORES QUE TRABAJAN, BUSCAN EMPLEO O ESTUDIAN Y A SUS HIJOS, PARA QUE SE LES OTORGUEN LOS APOYOS QUE LES CORRESPONDAN CONFORME A LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS, EFECTUADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. PROCEDE CONCEDERLA A LOS RESPONSABLES DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS, PARA QUE SE LES OTORGUEN LAS CANTIDADES QUE LES CORRESPONDAN CONFORME A LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS, EFECTUADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL BIENESTAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SU CONCESIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS NO VIOLA EL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL BIENESTAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS.

Tipo de asunto: QUEJA 87/2019. · Registro digital (IUS): 28698
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-06-07
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, Pág. 4907.

QUEJA 87/2019. 3 DE ABRIL DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL. SECRETARIO: ARTURO PEDROZA ROMERO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Son fundados los agravios expuestos por la quejosa, suplidos en su deficiencia.

Como antecedentes relevantes conviene citar los siguientes:

Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad **********, así como **********, en su carácter de madre del menor **********, **********, en su carácter de madre del menor ********** y **********, en su carácter de madre del menor **********, promovieron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Decreto por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, en lo que respecta a la reducción del presupuesto asignado al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadores y de las Reglas de Operación del programa denominado Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; asimismo, solicitaron la suspensión provisional de los actos reclamados, en los términos siguientes:

"Con fundamento en los artículos 125, 126, 127, 128, 129, 130 y 131 de la Ley de Amparo, solicito sea concedida a los suscritos la suspensión provisional y, en su caso, la definitiva del acto reclamado, para el efecto de que comiencen a fluir otorgándose los recursos económicos previstos en el Presupuesto de Egresos de dos mil diecinueve, el cual mantiene la vigencia del programa denominado: ‘Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras’; lo anterior sin importar que se trate de un acto omisión pues éste, aunque sea negativo, tiene efectos positivos en virtud de que la quejosa, como titular de la estancia infantil, ya no podrá recibir a nuestros menores hijos a falta de recursos económicos para hacerlo y los suscritos no contamos tampoco con recursos económicos para pagar una estancia infantil particular, por lo que eso impacta en el interés superior de nuestros menores hijos, ya que no tenemos como trabajar sin que alguien se quede al cuidado de nuestros pequeños, por lo que apelamos a la apariencia del buen derecho, pues si se concede no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y si, por el contrario, no se concede, se nos causarían daños de carácter irreparable, además se cumplen los supuestos exigidos para que se nos conceda..."

En acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, por una parte, negó la suspensión provisional a **********, responsable de la estancia infantil denominada ********** y, por la otra, concedió en parte la suspensión a **********, en su carácter de madre del menor **********, a **********, en su carácter de madre del menor ********** y a **********, en su carácter de madre del menor **********, en los términos siguientes:

"Por lo que hace al acto reclamado consistente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, únicamente en la reducción en el presupuesto asignado al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, no procede conceder la suspensión solicitada, en virtud de que, de concederse la misma, se contravendría el orden público, consistente en la prohibición constitucional que impone el artículo 126 de la Ley Suprema, de la siguiente literalidad: ‘Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior.’. Es decir, al suspender la reducción antes señalada, se autorizaría la realización de pagos no comprendidos en el presupuesto o determinados por ley posterior; en todo caso, el estudio de la constitucionalidad de esa reducción es materia del estudio de fondo que se realice en la sentencia que se dicte en el expediente principal, del cual deriva el presente incidente.—Por tal motivo, incumple el requisito establecido en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que se contravendrían disposiciones de orden público; en consecuencia, se niega la suspensión solicitada por lo que hace a dicho acto.—...En ese tenor, por lo que ve a **********, en su calidad de encargada de la estancia infantil **********, para acreditar su interés suspensional exhibió el convenio de concertación para continuar afiliada al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, con firmas autógrafas, de dos de enero de dos mil dieciocho, celebrado entre ella y el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social.—Sin embargo, de la lectura íntegra de ese documento se desprende que su vigencia concluyó el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; circunstancia que si bien la secretaría correspondiente puede modificar, puesto que son convenios anuales, tal circunstancia es una cuestión de fondo que, en su caso, su examen es propio de la sentencia que se emita en el expediente principal.—Lo anterior, puesto que con la concesión de la suspensión se le estaría constituyendo un derecho, lo cual se encuentra prohibido por el artículo 131, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.—En consecuencia, lo procedente es negar la suspensión provisional a **********, encargada de la estancia infantil **********, puesto que no acreditó el interés suspensional para otorgarle la medida cautelar.

"...

"Por tanto, el hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención a disposiciones de orden público, es justificación suficiente para que en la presente determinación, conforme a los artículos 138 y 147 de la Ley de Amparo, se conceda la suspensión provisional para los siguientes efectos: la Secretaría de Bienestar deberá observar la disposición prevista en los artículos transitorios de las Reglas de Operación reclamadas, publicando, con la debida oportunidad, el mecanismo que deberá utilizarse para la entrega de los recursos asignados a este ejercicio fiscal para los beneficiarios que cuenten con vigencia en ese programa, lo cual deberá hacer del conocimiento de los solicitantes del amparo, mediante la exhibición de las constancias correspondientes; en la inteligencia de que dicho mecanismo deberá contener los lineamientos y términos en que habrán de otorgarse los apoyos previstos en la Reglas de Operación reclamadas, para todo el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve.—Hecho lo anterior, la referida secretaría deberá hacer la entrega de los apoyos correspondientes a enero y febrero de esta anualidad, así como los subsecuentes, de manera directa a los solicitantes del amparo que conformen el padrón de beneficiarios de este año, lo que deberá acreditar ante este juzgador con las constancias atinentes.—Lo anterior, sin perjuicio de que en la audiencia incidental señalada para tal efecto, se logre una diversa apreciación."

En el único agravio las quejosas manifiestan, esencialmente, lo siguiente:

• Que no se ejecuten los efectos del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de la Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, por lo que deberá estarse a las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, porque en este último acuerdo se reconoció la garantía de impulso a las estancias infantiles y la autoridad emitió un acto administrativo, que es el comprobante de incorporación e inscripción favorable a los menores, cuya vigencia culmina hasta que cumplan la edad límite señalada en las Reglas de Operación, lo que evitará que la estancia infantil suba sus costos.

• Que es procedente otorgar a la quejosa, titular de la estancia infantil como beneficiaria del programa, los apoyos que le corresponden conforme a las cantidades y modalidad establecidas en las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, a efecto de que pueda seguir prestando el servicio a los menores que ya se encuentran registrados como beneficiarios del programa.

• El Programa de Estancias Infantiles, en su modalidad de impulso a las estancias infantiles, constituye una garantía de los derechos sociales establecidos a favor de los menores, por lo que no resulta constitucionalmente válido que en las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve se haya eliminado dicha modalidad, ni resulta válida la reducción en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve.

Sentado lo anterior, ahora es menester indicar que el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras se encuentra sujeto a la expedición de sus Reglas de Operación, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Así, estas Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, según su artículo 3.2.3,(3) tienen una población, objetivo al que va dirigido dicho programa, la cual se divide en dos modalidades:

• La primera, se encuentra encaminada al apoyo a madres trabajadoras, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita no rebasa la línea de bienestar y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios, y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o a un niño de entre un año y hasta un día antes de cumplir los cuatro años, o entre un año y hasta un días antes de cumplir los seis años, en caso de menores con alguna discapacidad; y,

• La segunda, ocupada al impulso a los servicios de cuidado y atención infantil, cuya población consiste en las personas que deseen establecer y operar una estancia infantil, o que cuenten con los espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil para la población de la primera modalidad, conforme a los criterios y requisitos establecidos en el numeral 5 (modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil) de esas Reglas de Operación y sus anexos.

Respecto a la segunda modalidad descrita, se desprenden los criterios y requisitos que marca el citado precepto, de los que debe decirse que constituyen las bases para que las personas físicas puedan afiliarse al programa, a través del establecimiento u operación de una estancia infantil, mismos a los que éstas se comprometerán para obtener la autorización correspondiente y, una vez obtenida a través de un convenio de concertación, se verán vinculadas a acatar todas las obligaciones inherentes a la autorización; asimismo, se aprecian los derechos otorgados a los responsables de las estancias infantiles con motivo de la celebración del aludido convenio.

En ese tenor, si la quejosa se ubica en la segunda modalidad de población objetivo del mencionado programa, pues celebró un convenio de concertación para operar una estancia infantil en los términos de la autorización correspondiente, el cual fue aprobado por el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Chihuahua, que en copias certificadas corre agregado a fojas 52 a 56 del incidente de suspensión; además, se aportaron los comprobantes de incorporación e inscripción de dos mil diecisiete, de los cuales se desprende que, en el caso de **********, obtuvo la incorporación del menor de iniciales **********, hasta el dieciocho de agosto de dos mil veinte, **********, obtuvo la incorporación del menor de iniciales **********, hasta el veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve y ********** obtuvo la incorporación del menor de iniciales **********, hasta el cuatro de febrero de dos mil veinte (fojas 57, 59 y 61), por lo que acredita su interés suspensional, ya que al materializarse el acto de autoridad, modificó situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, que la promovente tenía.

Dichas documentales resultan aptas para acreditar el interés suspensional de la quejosa, toda vez que en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil diecisiete, precisamente en la regla 4.4.1., punto 5, fue establecido que: "en caso de que la respuesta sea afirmativa, el personal designado por la delegación federal de la SEDESOL registrará a la persona solicitante como beneficiaria del programa y le entregará el comprobante de incorporación que la acredita como tal (anexo C.1.1.)". De esta forma, tenemos que la quejosa acreditó su carácter de beneficiaria del programa, precisamente al haberle sido expedida la autorización del modelo del programa anexado a su demanda de amparo.

No es obstáculo que la quejosa **********, no acredite en el juicio que actualmente sea beneficiaria del Programa de Estancias Infantiles para el ejercicio dos mil diecinueve, según sostiene el a quo, pues conforme a los artículos transitorios tercero y cuarto del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, la Secretaría de Bienestar otorgará a las personas beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, el apoyo correspondiente a los meses de enero y febrero de ese año y, además, las personas que se afiliaron al programa en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en la modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil y no han cumplido el año calendario prestando los servicios de cuidado y atención infantil, con niñas(os) inscritas(os) deben realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) del apoyo inicial que se les otorgó con motivo de la afiliación al programa en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, como se corrobora de su transcripción:

"Tercero. La Secretaría de Bienestar otorgará a las personas beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, el apoyo correspondiente a los meses de enero y febrero del 2019, la entrega de dicho apoyo se realizará a más tardar el último día hábil del mes de marzo de ese año mediante el mecanismo que establezca la Secretaría de Bienestar.

"Cuarto. Las personas que se afiliaron al programa en el ejercicio fiscal 2018 en la modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil y no han cumplido el año calendario prestando los servicios de cuidado y atención infantil, con niñas(os) inscritas(os) y con la finalidad de evitar se incurra en la conducta denominada ‘uso indebido de recursos públicos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas’, por la realización de actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos federales o que omita la rendición de cuentas de la comprobación de los recursos destinados a la afiliación al programa, se ordena que, la persona responsable deberá realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) del apoyo inicial que se le otorgó con motivo de la afiliación al programa en el ejercicio fiscal 2018, conforme lo establecido en la tabla siguiente:

Ver tabla

"En el caso de que haya concluido el plazo del reintegro y no se tenga la comprobación del depósito realizado a la cuenta de TESOFE, la Secretaría de Bienestar, por conducto de las delegaciones de programas para el desarrollo reguladas en el Art. 17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, girará un oficio a la persona responsable remisa en el reintegro indicándole una fecha precisa para el depósito del recurso junto con las cargas financieras que se hayan generado. En el caso de no haberse realizado el reintegro del apoyo inicial y las cargas financieras previo al requerimiento anterior, las referidas delegaciones turnarán por las vías jurisdiccionales correspondientes la petición del reintegro más cargas financieras."

Consecuentemente, no es válido exigir a la quejosa que exhiba el convenio de afiliación al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para dos mil diecinueve, pues la modalidad en la que se ubicaba la quejosa hasta dos mil dieciocho fue modificada en los términos mencionados.

Ahora bien, el artículo 107, fracción X, de la Constitución General de la República, en lo que interesa estatuye:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

"Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si este último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes."

Como se advierte del precepto constitucional transcrito, los actos reclamados en el juicio de amparo pueden ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley.

Para decretar la medida, el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

Lo que se traduce en sopesar el perjuicio que pueda resentir el interés social con la aplicación de la medida; es decir, si dicho perjuicio es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, caso en el cual deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad está por encima del interés particular afectado.

Ahora bien, la suspensión es considerada por la doctrina como una medida o providencia cautelar, toda vez que su finalidad consiste en conservar la materia del amparo, impidiendo que el acto de autoridad impugnado en la vía constitucional se ejecute o produzca sus efectos, característica que proporciona la nota distintiva entre dicha medida y la sentencia concesoria del amparo, pues a través de esta última se reparan los daños ya sufridos, invalidando los actos que los originaron y restituyendo al quejoso en el goce de la garantía violada.

En efecto, la suspensión se estructura en torno a la idea de conservar la materia del proceso para evitar que resulte inútil por falta de contenido; constituye, por su objeto, una medida para superar el peligro en el retardo para anular el acto inconstitucional.

Además, conviene destacar que de acuerdo con el marco constitucional y legal actual, la suspensión ha dejado de tener efectos meramente preservantes y/o excepcionalmente restitutorios, para sustentar una postura provisionalmente anticipatoria del probable sentido de la sentencia, proporcional a la solidez de la apariencia del buen derecho.

De acuerdo con la redacción del artículo 147 de la Ley de Amparo, no limita los efectos a los preservantes o excepcionalmente restitutorios, sino que al ser el eje del juicio de amparo la protección de los derechos humanos y sus garantías, lo trascendente es que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, en tanto se resuelve el juicio en lo principal. Esto no es sino que tenga efectos anticipatorios la suspensión, similares a los de una sentencia provisional, con independencia de que para ello los efectos de la suspensión deban ser preservantes, restitutorios, conservativos o incluso anticipatorios, pues ello dependerá de lo necesario para la protección del derecho humano o garantía y de la apariencia del buen derecho, en relación al cual será proporcional la medida cautelar de la suspensión.

En lógica congruencia con lo anterior, los numerales 128 y 129 de la Ley de Amparo, en lo que importa al caso establecen:

"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el quejoso; y

"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.

"Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva."

"Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

"...

"VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico.

"El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social."

La primera de las normas citadas prevé la suspensión del acto reclamado en la vía incidental, cuando la solicite el agraviado y no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

La segunda establece diversos supuestos legales en los cuales debe considerarse que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público con la concesión de la suspensión.

Del último párrafo del artículo 129 se advierte, significativamente, la posibilidad excepcional de que, en determinados casos, aun adecuándose el acto a suspender en uno de los supuestos en que el legislador consideró que otorgar la suspensión sería contrario al interés social, el Juez podrá concederla, si su negativa redunda en una afectación mayor al interés social; empero, dicha porción normativa no involucra la afectación al interés individual del quejoso, ni refiere una ponderación entre éste o el buen derecho del particular y un interés social, por el contrario, enfatiza que lo que se busca salvaguardar son bienes jurídicos de índole colectivo y que, en todo caso, lo que pretende evitarse con el otorgamiento excepcional de la suspensión es el perjuicio a ese conjunto de bienes e intereses que integran la noción de orden público e interés social, más allá del resultado que la ejecución del acto tenga en cuanto a los intereses del particular, en consideración de lo cual, cabe sostener que, aunque esa última parte del numeral 129 abre la posibilidad de que el Juez ejerza su discrecionalidad, incluso respecto de los supuestos previstos en ese precepto, no involucra una ponderación ordinaria entre el interés del particular o su buen derecho aparente y el interés social, sino que se trata de una ponderación reforzada, encaminada a determinar los efectos que suspender el acto o permitir su ejecución, tendría en cuanto a intereses generales o colectivos o bienes jurídicos de la misma dimensión, integrados a la noción de orden público, en congruencia con el parámetro de ponderación efectuado por el legislador, al expedir el precepto referido, bajo la premisa de evitar el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social.

De donde resulta claro que dicha excepción se estableció con el propósito de salvaguardar, a favor de sus titulares, entre otras, las garantías sociales tuteladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual obedece a un interés público nacional consistente en no hacer nugatorias esas prerrogativas que les otorga la Carta Magna.

El principio de apariencia del buen derecho es un elemento que permite apuntar una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a alcanzar una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso.

El análisis que debe realizarse con base en dicho principio no prejuzga sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede resolverse en la sentencia de amparo, con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones.

En ese sentido, el principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que incide sobre los requisitos de procedencia de la medida cautelar, pues se establece que para el otorgamiento de la suspensión es factible hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que dejen de observarse los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo.

Es decir, el principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que debe tomar en consideración el juzgador sólo para el otorgamiento de la suspensión, sin soslayar los requisitos de procedencia de la medida cautelar previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por tanto, la verosimilitud del derecho es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida y apunta a una credibilidad objetiva y seria, que descarta una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable. Lo cual se justifica en razón de que las medidas cautelares, más que destinarse a hacer justicia, se dirigen a dar tiempo a ésta para cumplir eficazmente su objetivo.

Con relación al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que únicamente para el otorgamiento de la suspensión debe ponderarse de manera simultánea el principio de la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público.(4)

Lo anterior se justifica con el contenido del artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige como requisito analizar la naturaleza de la violación alegada –con la reforma del seis de junio de dos mil, se exige analizar la apariencia del buen derecho y el interés social–. Lo cual significa que el juzgador debe sopesar la naturaleza de la violación con el perjuicio al agraviado y a los terceros, si los hay, y con el interés social; por ello, las decisiones que se tomen dependerán del examen comparativo de dichos elementos, pues el análisis de la naturaleza de la violación alegada implica el de sus características, importancia, gravedad y, sobre todo, su trascendencia social.

En consecuencia, el principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que debe tomar en consideración el juzgador al momento de otorgar la suspensión, sin que deje de observar los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, por lo que debe ponderar, simultáneamente, el principio de la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social u orden público, para determinar su procedencia.

Además, es de destacar que el estudio que debe realizarse, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto controvertido, sino que conlleva, inclusive, valorar si dicho acto que constituye en sí la violación alegada, se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del quejoso; es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último o, más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso.

Ante tal exigencia constitucional, al resolver sobre la suspensión debe corroborarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esta medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del cual debe partir el análisis de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del quejoso pues, de lo contrario, de no constar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto cons

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28698-aab5d902/suspension-provisional-en-el-amparo-promovido-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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