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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CUANDO SE PRESENTAN EN LA MISMA FECHA DOS ESCRITOS DE LA MISMA PERSONA, ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LOS QUE IMPUGNA, RESPECTIVAMENTE, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA O EL ACTO QUE PUSO FIN A JUICIO, Y DIVERSAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, EL SEGUNDO DEBE ASIMILARSE A UNA AMPLIACIÓN DE AQUÉLLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2018. · Registro digital (IUS): 28145
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-10-26
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo II, Pág. 1439.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS NEÓFITO LÓPEZ RAMOS (PRESIDENTE), JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES Y CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER. PONENTE: JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS. SECRETARIO: ALFREDO LUGO PÉREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno Civil es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por una Magistrada de un Tribunal Colegiado de este Circuito, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que figuró como integrante del Décimo Tercer Tribunal, en el juicio de amparo directo DC. 865/2017-13, en donde se sostuvo uno de los criterios contendientes.

TERCERO.—Objeto concreto de la denuncia de contradicción de tesis. La cuestión sobre la que versa la denuncia de contradicción de tesis consiste en determinar, si cuando se promueven dos demandas de amparo directo, en donde se señalan, de manera destacada, como actos reclamados, en una, la sentencia definitiva o el acto que puso fin a juicio y, en la otra, los actos que se consideran como violaciones procesales, en atención a que no es factible acumular dichos juicios, si lo conducente, en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, es ordenar la remisión del juicio de amparo a un Juez de Distrito, que es el competente para conocer de la demanda de amparo, por tratarse de actos dictados dentro de juicio, o bien, si la demanda que señala como actos reclamados las violaciones al procedimiento debe declararse improcedente, ya que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley de Amparo, las violaciones al procedimiento deben reclamarse en una sola demanda de garantías, conjuntamente con los conceptos de violación que se formulen contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.

CUARTO.—Posición de los tribunales.

Décimo Tercer Tribunal (DC. 865/2017-13).

"Criterio. Es improcedente la demanda de amparo directo promovida contra actos diversos de la sentencia definitiva, que constituyen violaciones procesales en forma destacada, cuando en diversa demanda se reclama la sentencia definitiva, porque es legalmente competente aun cuando no se trate de sentencia definitiva o acto que pone fin a juicio, pero se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 174 de la Ley de Amparo.

"Razones.

"...

"PRIMERO.—Competencia. Este tribunal es competente, acorde con la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y cinco del Tomo I, del mes de abril de dos mi quince, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se aplica en lo conducente, cuyos título, subtítulo y texto son del tenor siguiente:

"‘TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J. 17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.’

"Lo anterior, en virtud de que las violaciones procesales que ocurridas durante el juicio, se hacen valer ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente.

"SEGUNDO.—Causal de improcedencia. En la especie se actualiza una causal de improcedencia, la cual, por ser de orden público, debe analizarse de manera preferente al fondo del asunto, conforme al artículo 61 de la Ley de Amparo y de la jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, parte VIII, página doscientos sesenta y dos, que dice:

"‘IMPROCEDENCIA.—Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.’

"Lo anterior es así, en virtud de que la ahora quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Octava Sala y Juez Septuagésimo Primero, ambas autoridades de lo Civil y pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; de la primera reclamó la sentencia interlocutoria de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el toca 903/2017-1, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de veintidós de mayo de ese año, dictada por el Juez Septuagésimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la controversia de arrendamiento inmobiliario con número de expediente 1171/2016, seguido por la hoy quejosa contra **********; y de la otra autoridad, su ejecución.

"El artículo 171 de la Ley de Amparo estatuye:

"Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.

"El artículo 174 de la Ley de Amparo establece:

"En la demanda de amparo principal y, en su caso, en la adhesiva, el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo.

"Conforme a lo anterior, el juicio de amparo directo procede, como lo establecen los citados numerales, contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, así como también contra las violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento.

"Estas violaciones al procedimiento deben reclamarse en vía de amparo directo, precisamente en la demanda de garantías que se formule en contra de la sentencia definitiva, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, precisándose la parte del estado procesal en la que se cometió la violación, como lo dispone el artículo 174 de la Ley de Amparo: ‘En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas.’

"En estas condiciones, debe estimarse que todas las violaciones procesales deberán hacerse en una sola demanda de garantías, conjuntamente con los conceptos de violación y no en dos demandas de amparo, pues resulta contrario a las disposiciones legales invocadas, reclamar en una demanda de amparo la sentencia definitiva y en la otra u otras demandas de amparo las violaciones procesales.

"De ahí que al haberse reclamado una violación procesal en una demanda de amparo como acto autónomo a elección de la propia quejosa, sino que al respecto la Ley de Amparo dispone: ‘En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas.’, lo que hace improcedente el juicio de garantías que se analiza, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 174 de la citada legislación de amparo; al haberse presentado una demanda de amparo contra la sentencia definitiva, y en otra demanda se señala, como acto destacado, la violación procesal suscitada durante el trámite del juicio natural, en el que se dictó la sentencia definitiva que ya es materia del diverso juicio de amparo DC. 30/2018-13.

"No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que la violación procesal señalada como acto destacado no constituya sentencia definitiva, ni resolución que puso fin al juicio, pues, como ya se advirtió, la Ley de Amparo claramente señala que la vía idónea para plantear violaciones procesales es el amparo directo, competencia de este Tribunal Colegiado, con la circunstancia de que tal planteamiento debe necesariamente hacerse en la misma demanda, en la que se reclama, eso sí como acto destacado, la sentencia definitiva o la resolución que hubiese puesto fin al juicio.

"Por su aplicación, se cita la jurisprudencia IX.1o. J/10, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página mil trescientos tres del Tomo XVI del mes de octubre de dos mil dos, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que este órgano jurisdiccional comparte cuyos texto y rubro son los siguientes:

"‘VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO.—El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio.’

"En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente litigio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

"El sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al Juez Septuagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México; toda vez que no se reclamó por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de la atribuida al acto de la autoridad ordenadora, acto respecto del cual procede sobreseer en este juicio de amparo.

"Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 24, Tercera Parte, página cincuenta, registro digital: 239008, materia común, de contenido siguiente:

"‘SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.—Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.’."

Décimo Tribunal (RR. 14/2015). I.10o.C.4 K (10a.)

Criterio.

"VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMADA EN AMPARO DIRECTO COMO ACTO AUTÓNOMO. NO SE SURTE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA CONOCER DE ESE JUICIO, PESE A QUE EXISTA UNA DIVERSA DEMANDA DONDE SE RECLAMA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL MISMO PROCEDIMIENTO DONDE SE COMETIÓ AQUÉLLA, PUES SE TRATA DE UN ASUNTO DISTINTO QUE DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA INDIRECTA. De acuerdo con los artículos 171 y 174 de la Ley de Amparo, las violaciones a las leyes del procedimiento pueden invocarse al promover el amparo directo contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, siempre que el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio a través del recurso o medio de defensa que la ley ordinaria correspondiente señale y trasciendan al resultado del fallo. Por tanto, éstas no pueden reclamarse paralelamente en un juicio de amparo directo autónomo, al mismo tiempo en que el quejoso formula una diversa demanda reclamando la sentencia definitiva dictada en el propio procedimiento donde se pronunció la resolución en que se finca la referida violación procesal; de otro modo significaría que ambos amparos tuvieran que acumularse o tenerse presentes al mismo tiempo como si se tratara de uno solo con el fin de analizar lo planteado en cada uno de ellos, lo cual sería técnica y legalmente inaceptable. De este modo, no se surte la competencia en favor del Tribunal Colegiado de Circuito para conocer de ellas, ni siquiera para desechar la demanda por estimarla improcedente, ya que si su presentación es lo que da inicio al juicio de amparo, con ella se integra la litis constitucional de manera independiente a cualquier otro juicio que plantee el mismo quejoso. De ahí que si un Tribunal Colegiado de Circuito sólo puede ser competente para conocer de una demanda de amparo que corresponda ser tramitada en la vía directa, entonces, la única manera de poder decir que también lo es para conocer de dichas violaciones, es cuando, vía conceptos de violación, éstas formen parte integrante de la demanda de amparo que se formule contra la sentencia definitiva, por ser la que verdaderamente lo dota de competencia para pronunciarse respecto de las violaciones procesales. Consecuentemente, si las violaciones procesales se señalan como acto reclamado destacado, resulta que cuando se está frente a una demanda así presentada, lo conducente es atender ese planteamiento como un juicio autónomo, con contenido propio, y en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, ordenar su remisión a un Juez de Distrito, que es el competente para conocer de la demanda de amparo por tratarse de un acto dictado dentro de juicio, según lo prevé el artículo 107 de la misma ley, independientemente de que una vez hecho el estudio de la demanda, el juicio resulte o no procedente, pues la competencia de un órgano de control constitucional y la improcedencia del juicio son cuestiones técnicamente distintas. Con ello se evita dejar al arbitrio del quejoso la elección de la vía para el reclamo de ciertos actos, pues no es su postura lo que finca competencia en favor de un determinado órgano para conocer del juicio de amparo, sino lo que al respecto disponen la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo."

"Razones.

"...

"QUINTO.—Estudio de los conceptos de agravio.

"Por razón de método se analiza, en primer lugar, el cuarto agravio. En éste, el recurrente sostiene que es incorrecto el desechamiento de la demanda de amparo, porque si el acto reclamado se hizo consistir en la sentencia de veintiocho de enero de dos mil quince dictada por la sala responsable en el toca 849/2014/5, que confirmó el auto de veintidós de agosto de dos mil catorce, el medio de impugnación correcto sería el amparo indirecto; por ello, debió remitirse la demanda al Juez de Distrito competente para su conocimiento, pues el acto reclamado no se trata de una resolución que haya puesto fin al juicio y, por tanto, no se colman los supuestos del artículo 170 de la Ley de Amparo, por lo que al no ser competencia del Tribunal Colegiado era el Juez de Distrito el que debía resolver lo que en derecho corresponda.

"Es fundado este agravio, en virtud de que, sobre este tema, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio, en el sentido de que cuando una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito es presentada ante un Tribunal Colegiado, éste deberá declararse incompetente de plano y remitirla, con sus anexos, al citado Juez, sin que pueda desecharla, ni siquiera por economía procesal, en virtud de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo únicamente corresponde decidirlas al órgano constitucional competente; además que, en primer lugar, debe analizarse la competencia del órgano jurisdiccional de amparo y, posteriormente, lo conducente a la procedencia del juicio de amparo.

"Lo anterior se desprende de las jurisprudencias por contradicción de tesis siguientes:

"‘DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.—Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia.’(1)

"‘AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.—De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.» Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías.’(2)

"Criterios que, si bien se adoptaron durante la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, sí resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la actual ley, puesto que las disposiciones invocadas en ellas encuentran concordancia, en lo que interesa, con los preceptos de esta última, y su observancia y aplicación resulta obligatoria para este Tribunal Colegiado, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 217 de la Ley de Amparo, que dispone:

"‘Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.’

"En este contexto, debe concluirse que no debió desecharse la demanda de amparo promovida por **********, como mandatario judicial de **********, este último ahora inconforme, ni aun en el supuesto de estimarla improcedente bajo el argumento de que el promovente carecía de facultades para ello, así como porque el acto reclamado, consistente en la sentencia de veintiocho de enero de dos mil quince, dictada por la Sala responsable en el toca de apelación 849/2014/5, que confirmó el auto de veintidós de agosto de dos mil catorce, donde el Juez de origen ordenó cerrar el periodo probatorio y pasar a la etapa de alegatos poniendo a la vista de las partes los autos del juicio de origen, se trata de una violación procesal, la cual, conforme al artículo 174 de la Ley de Amparo, sólo debía ser materia de conceptos de violación dentro del respectivo juicio de amparo directo y no como acto reclamado destacado.

"Ello se afirma pues, si el acto reclamado por el quejoso, a través de su mandatario judicial, no se trataba de una sentencia definitiva, ni resolución que hubiera puesto fin al juicio, de acuerdo con las consideraciones que más adelante se expresarán, sino de una violación de índole procesal, debió declararse la incompetencia de este Tribunal Colegiado, y ordenar remitir la demanda de amparo al Juez de Distrito correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 45, en relación con el 35, ambos de la Ley de Amparo.

"Cabe advertir que su desechamiento tampoco se ve justificado por el hecho de que el propio quejoso, a través de su autorizado, también hubiese promovido una diversa demanda de amparo reclamando la sentencia definitiva dictada por la Sala responsable dentro del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primer grado, emitida en el juicio de origen generador de la violación procesal reclamada en el juicio de amparo donde se pronunció el auto recurrido, pues aun considerando que en términos del diverso artículo 171 de la misma ley, las violaciones procesales pueden ser reclamadas al promoverse el amparo directo contra la sentencia definitiva, ello no otorga competencia al Tribunal Colegiado para conocer de un juicio en el que tales violaciones se reclamaron de manera independiente, es decir, a través del ejercicio de una acción constitucional autónoma.

"Lo anterior, ya que el juicio de amparo directo es procedente únicamente contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, entendidas las primeras, como aquellas que deciden el juicio en lo principal, y las segundas, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, que dispone:

"‘Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.—Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley.’

"Luego, solamente en la misma demanda de amparo directo donde se reclame la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, es donde deberán reclamarse también las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre que el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio a través del recurso o medio de defensa que la ley ordinaria correspondiente señale y que trasciendan al resultado de la resolución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 171 y 174 de la ley de la materia, que establecen:

"‘Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.—Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28145-6f65a68c/demanda-de-amparo-directo-cuando-se-presentan-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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