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AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA MULTA IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE QUEJA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE DICHO JUICIO. AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA MULTA IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE QUEJA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE DICHO JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2015. · Registro digital (IUS): 26066
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-01-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Pág. 1731.

AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA MULTA IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE QUEJA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE DICHO JUICIO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO LÓPEZ BRAVO (QUIEN EJERCIÓ SU VOTO DE CALIDAD) Y JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ARIAS. DISIDENTES: FERNANDO COTERO BERNAL Y ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ARIAS. SECRETARIA: YURIDIA ARIAS ÁLVAREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno de Circuito en Materia de Trabajo del Tercer Circuito es competente para resolver esta denuncia de contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, como se advierte de la sentencia dictada en los autos del recurso de queja 1/2014, que contiene uno de los criterios que propician la presente contradicción, con lo cual se satisface el requisito previsto por el artículo 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.-Para resolver la contradicción de criterios, se tienen en cuenta, las consideraciones en las que se sustentan las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito.

A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, en sesión de quince de octubre de dos mil catorce, resolvió el recurso de queja 1/2014, en la parte que trasciende, señaló (fojas 37 a 61):

"CUARTO.-En los agravios en síntesis se aduce:

"Que al desecharse la demanda de amparo, no se realizó una interpretación adecuada y armoniosa de lo dispuesto en los artículos 1o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción VI del artículo 61, así como la fracción XVIII, incisos a) y c), todos de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adminiculados con el artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en relación con el derecho a ser oído; que al ser otorgado ese derecho en la Carta Magna, debió desatenderse a la disposición que lo limite, en este caso, la fracción VI del artículo 61 de la Ley de Amparo.

"Aduce también que la fracción referida de la disposición 61 de la Ley de Amparo, limita su derecho de acceso a la justicia, que por ello, no se actualizaba la causal de improcedencia y brindar la oportunidad para la justificación de lo inicuo en el cobro de la infracción.

"Que el acto reclamado, le afecta de forma personalísima a su interés jurídico, patrimonio y peculio particular, y refiere que se priva de su patrimonio, así como del de su familia con la imposición de la multa.

"Además, que la disposición legal en la que se sustenta el desechamiento de la demanda de amparo, prevé como excepción cuando se trate de actos, entre otros, de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, la que se contempla en la fracción XVIII, inciso a), de la mencionada disposición 61 de la Ley de Amparo y que ello no lo consideró en el acuerdo recurrido.

"No obstante que en los agravios, no se argumenta directamente que el motivo de improcedencia considerado en el acuerdo recurrido, insatisface los extremos de ser manifiesto e indudable, como para que no se considerara actualizada la hipótesis de desechamiento de la demanda prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, conviene puntualizar que se advierte que la causal invocada en el acuerdo recurrido, no reviste esas características, por razón de que existe un aspecto de razonable opinabilidad en el modo de entender la regla general, esto en atención al cambio acontecido en el orden jurídico nacional surgido con la reforma en materia de derechos humanos a la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con la cual, el derecho fundamental de acceso a la justicia debe considerarse reconocido en su artículo 17, para dilucidar cualquier cuestión relacionada con el acceso al juicio de amparo, atendiendo al principio pro persona, conforme al cual las instituciones procesales deben interpretarse de la forma más amplia y flexible posible para favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva de los gobernados, así esgrimido en los agravios, por lo que en tal contexto, se advierte sustancialmente fundado este recurso, al desprenderse que el motivo de improcedencia invocado, se reitera, no revistió las características de ser manifiesto e indudable, estudio que puede abordarse aun cuando los agravios esgrimidos no hubieran sido encaminados en tal sentido, toda vez que al evidenciarse que el motivo de improcedencia acogido, no revistió las características necesarias para que procediera el desechamiento, constituye una violación a la ley que dejaría sin defensa al recurrente, lo que hace aplicables las reglas de la suplencia con fundamento en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.

"Es ilustrativa, por compartirse por las razones que le informan, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 4, Tomo II, relativo a marzo de 2014, identificada con número de tesis XXVII.3o.5 K (10a.), visible en la página 1909, que prevé:

"‘QUEJA CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI ÉSTE SE BASÓ EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE NO ES MANIFIESTA NI INDUDABLE, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LA LEY QUE DEJA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL RECURRENTE, POR LO QUE PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS EN DICHO RECURSO. El artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece que la autoridad que conozca del juicio constitucional deberá suplir la deficiencia de los agravios cuando advierta que hubo contra el particular recurrente una violación evidente de la ley que lo dejó sin defensa por afectar los derechos humanos a que se refiere su artículo 1o., entre los que se comprende el de acceso a la justicia, consagrado en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, el artículo 113 de la citada ley, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior se colige que si el desechamiento de la demanda no se apoya en una causa de improcedencia manifiesta e indudable, ello constituye una violación evidente de la ley que deja en estado de indefensión al quejoso por afectar su derecho de acceso a la justicia, pues le impide la posibilidad de inconformarse en la vía constitucional contra un acto de autoridad que considera violatorio de sus derechos humanos, razón por la cual, ante tal desechamiento, procede suplir la deficiencia de los agravios formulados en el recurso de queja que interponga, en términos del citado artículo 79, fracción VI.’

"En acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil trece, se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en la fracción VI del artículo 61, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, que disponen:

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...

"‘VI. Contra resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito.’

"‘Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.’

"En el mencionado acuerdo se destacaron aspectos que, a juicio de quien resolvió, evidenciaban la causa manifiesta e indudable de improcedencia, como son:

"• Que se promovió contra actos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

"• Que en la precisión de los antecedentes del acto, se desprende que deriva de un recurso de queja resuelto el veinticuatro de octubre de dos mil trece, declarado sin materia, pero en el que se impuso multa por cien días de salario mínimo a cada uno de los integrantes de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

"• Que tal recurso de queja se originó porque la parte demandada del juicio laboral promovió demanda de amparo directo, y ante la omisión de la responsable de diligenciarla en los plazos y términos previstos en la Ley de Amparo, la parte tercero interesada promovió el recurso de queja identificado como 96/2013 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

"Aspectos con los que se concluyó que constituían confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo.

"El acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, se hizo consistir así (foja 2):

"‘IV. Acto reclamado. el acto de aplicación de la multa señalada en el artículo 260 de la Ley de Amparo, consistente en la imposición de la multa en contra de la suscrita por la cantidad de $6,466.00 M.N. (seis mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), determinación que no se encuentra debidamente fundada ni motivada, además de ser dicho precepto legal contrario a lo establecido en el artículo 22 constitucional. ...’

"Si bien es cierto que la imposición de la multa en la resolución del recurso de queja, determinada por el aludido Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, se ubica en el supuesto normativo comprendido en la fracción VI del artículo 61 del mencionado cuerpo de leyes, ya que se trata de una resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito, sin embargo, como se dijo, existiría un aspecto de razonable opinabilidad en el modo de entender la regla general ahí establecida (de inimpugnabilidad), en virtud del cambio acontecido en el orden jurídico nacional surgido con la reforma en materia de derechos humanos a la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con la cual, el derecho fundamental de acceso a la justicia debe considerarse reconocido en su artículo 17, para dilucidar cualquier cuestión relacionada con el acceso al juicio de amparo, conforme al principio pro persona, conforme al cual las instituciones procesales deben interpretarse de la forma más amplia y flexible posible para favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva de los gobernados.

"En esos términos se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 479/2011, de la que derivó la jurisprudencia identificada como P./J. 12/2013 (10a.), publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Tomo 1, relativo a mayo de 2013, página 5, cuyo contenido es:

"‘CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO DE SUS DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Conforme al artículo 100, párrafos primero y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables y, por tanto, en su contra no procede juicio ni recurso alguno, salvo las excepciones expresamente consignadas en el indicado precepto. Al respecto, se estima que la inimpugnabilidad de las indicadas decisiones se traduce en una regla general únicamente para las emitidas en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; sin embargo, tratándose de otro tipo de resoluciones, existe un aspecto de razonable opinabilidad en el modo de entender la regla general, en virtud del nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido con la reforma en materia de derechos humanos a la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, acorde con la cual el derecho fundamental de acceso a la justicia debe considerarse reconocido en su artículo 17, para dilucidar cualquier cuestión relacionada con el acceso al juicio de amparo, a la luz del principio pro persona, conforme al cual las instituciones procesales deben interpretarse de la forma más amplia y flexible posible para favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva de los gobernados. De lo anterior se sigue que la impugnación de las decisiones del consejo (diversas a las emitidas en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito), a través del juicio de amparo, no actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que permita desechar la demanda de plano.’

"Así, para entender el criterio transcrito, es necesario transcribir parcialmente, en lo que aquí trasciende, la sentencia de la que derivó esa jurisprudencia, en la parte que contiene el razonamiento medular, que dice:

"‘De una nueva reflexión, se estima que no todas las resoluciones pronunciadas por el Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables, por no proceder en su contra juicio ni recurso alguno (salvo las excepciones expresamente consignadas en el indicado precepto constitucional).-A efecto de demostrar lo anterior, se estima pertinente transcribir el texto íntegro del artículo 100 constitucional: «Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.-El consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del consejo; tres consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos consejeros designados por el Senado, y uno por el presidente de la República.-Todos los consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial.-El consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.-Salvo el presidente del consejo, los demás consejeros durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.-Los consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del título cuarto de esta Constitución.-La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.-De conformidad con lo que establezca la ley, el consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.-Las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.-La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su presidente.».-Tal como se señaló en párrafos anteriores, el texto literal del precepto transcrito refiere, en su párrafo octavo, que las resoluciones del Consejo de la Judicatura son inatacables y definitivas, salvo las referidas a los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, en los rubros descritos en el propio numeral.-Sin embargo, de un análisis integral de la disposición constitucional en comento, se puede llegar a una conclusión distinta a la consistente en que las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal no permiten ser impugnadas por los afectados a través de ningún medio de defensa, salvo las que limitativamente son consignadas en la Carta Magna.-Lo anterior es así, pues para efectuar la interpretación del citado artículo 100 constitucional, resulta necesario acudir al contenido expreso de los artículos 1o., párrafos primero a tercero, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-El artículo 1o. constitucional, en sus párrafos primero a tercero, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor a partir del día siguiente, contenido en el capítulo I, actualmente titulado: «De los derechos humanos y sus garantías», dispone lo siguiente: «Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.-Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.-Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.».-De este texto, en lo que interesa para la resolución del presente asunto, se desprende lo siguiente: a) Que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías establecidas para su protección.-b) Que el ejercicio de esos derechos humanos y de las garantías establecidas para su protección, no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la propia Constitución Mexicana.-c) Que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo el tiempo a las personas la protección más amplia.-d) Que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.-e) Que el Estado Mexicano debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.-De lo anterior, sobresale la prevalencia de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, se debe considerar, en un primer término, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia previsto en el artículo 17, primero y segundo párrafos, de la propia Constitución Federal, norma que dispone lo siguiente: (Reformado, D.O.F. 18 de junio de 2008) «Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.-Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.».-En el texto constitucional antes transcrito, se encuentra contenido el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia. De la interpretación literal del párrafo segundo antes reproducido, se llega a las siguientes conclusiones: a) En ese precepto se garantiza a los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia.-b) Entre los diversos derechos fundamentales que se tutelan en ese numeral se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales; debiendo precisarse que para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado.-c) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes.-d) Los plazos y términos que se establezcan en las leyes deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias sometidas a su consideración de manera pronta, completa, imparcial y gratuita.-De lo anterior, se advierte que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados, entre otros derechos fundamentales, el de acceso efectivo a la justicia, el que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión jurisdiccional sobre las pretensiones deducidas.-Asimismo, se desprende que los deberes del Estado, correlativos al principio de justicia pronta y expedita, son: 1. Desarrollar los procedimientos diligentemente, procurando resolver las cuestiones planteadas dentro de los términos y plazos legales.-2. Evitar, impedir y remover, en su caso, los obstáculos para el desenvolvimiento de los procedimientos.-3. Prever medios de defensa, efectivos y expeditos contra todos los actos que, por sí solos, puedan afectar derechos fundamentales, entre ellos, el de acceso a la justicia (obligación de medio, no de fin).-Por tanto, los deberes del Estado relacionados con el principio de justicia pronta y expedita, contenido en el derecho humano de acceso a la justicia, se pueden clasificar en dos tipos: a) Los relacionados con el desarrollo de procedimientos y trámites.-b) Los vinculados con el establecimiento de medios de impugnación efectivos y expeditos contra todos los actos que puedan afectar, por sí solos, derechos fundamentales, entre los que se encuentran también el de acceso a la justicia. Es decir, este deber emana del derecho de acceso a la justicia y, dado el caso, puede tener por objeto la garantía de ese mismo derecho fundamental.-Lo anterior, hace necesario concluir que el artículo 100, noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser interpretado de conformidad con el nuevo modelo constitucional en materia de derechos humanos, es decir, a la luz del texto vigente del artículo 1o. del Texto Fundamental, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, que prevé el principio pro persona, en relación con el numeral 17 constitucional, que establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia.-Así, a partir de una interpretación sistemática, se estima que la inimpugnabilidad de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal prevista en el noveno párrafo del artículo 100 de la Constitución General de la República, se traduce en una regla general, únicamente, respecto de las determinaciones que dicho organismo adopte en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, no así respecto de todas las demás resoluciones o actos emitidos por el referido órgano colegiado.-Es decir, que respecto de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, diferentes a las de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, existe un aspecto de razonable opinabilidad en el modo de entender la regla de inimpugnabilidad, en virtud del nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido en virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, conforme a las cuales se debe considerar el derecho fundamental de acceso a la justicia, para dilucidar cualquier cuestión relacionada con la procedencia al juicio de amparo, a la luz del principio pro persona, conforme al cual, las instituciones procesales deben ser interpretadas de la forma más amplia y flexible que sea posible, en aras de favorecer el derecho de acción que tienen los gobernados.-Así, cuando el artículo 100 constitucional, en su noveno párrafo, prevé la inatacabilidad de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, se debe entender sólo la referida a las señaladas expresamente por dicha norma, a saber, las dictadas en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las que únicamente podrán ser revisadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del recurso de revisión administrativa.-Dicho de otro modo, que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 100, párrafo noveno, constitucional, el juicio de garantías (sic) resultaría notoria y manifiestamente improcedente, únicamente tratándose de resoluciones pronunciadas por el Pleno o las comisiones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, por tanto, la demanda de amparo que se presente en contra de este tipo de decisiones deberá desecharse de plano.-No obstante lo anterior, respecto a las demás determinaciones que toma el citado Consejo de la Judicatura Federal (diferentes a las relativas a designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito), no puede considerarse que exista un motivo notorio y manifiesto de improcedencia, que permita desechar de plano la demanda de amparo, consecuentemente, ésta deberá admitirse, pues de lo contrario se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que considera perjudicial.-Lo anterior, puede ser más evidente si tomamos en consideración que, tratándose de actos y resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal dictados en materia de contratación de obra pública, como pueden ser cuestiones relativas al incumplimiento de contratos, finiquitos, etcétera, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 11, fracción XX, establece lo siguiente: «Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones: ... XX. Para conocer sobre la interpretación y resolución de los conflictos que se deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones contraídas por particulares o dependencias públicas con la Suprema Corte de Justicia o con el Consejo de la Judicatura Federal.».-De lo anterior, se advierte que las decisiones que emita el Consejo de la Judicatura Federal sobre la interpretación y resolución de conflictos que se deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones, pueden ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que de hecho así sucede.-En atención a todo lo expuesto, se pone en evidencia un a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26066-6c4e3b2c/amparo-indirecto-cuando-el-acto-reclamado-consiste-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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