Corpus
Modo: Corpus Pro

TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 18/2011 (10a.) SE ENCUENTRA VIGENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE AQUÉL NO DEBE ESPERAR AL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA PROMOVER EL JUICIO CONSTITUCIONAL. TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. PROCEDE EL AMPARO QUE PROMUEVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE ALUDE A ACTOS DENTRO O FUERA DE JUICIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 146/2017. · Registro digital (IUS): 27820
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-05-11
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Pág. 2795.

TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 18/2011 (10a.) SE ENCUENTRA VIGENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE AQUÉL NO DEBE ESPERAR AL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA PROMOVER EL JUICIO CONSTITUCIONAL.

TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. PROCEDE EL AMPARO QUE PROMUEVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE ALUDE A ACTOS DENTRO O FUERA DE JUICIO.

AMPARO EN REVISIÓN 146/2017. 21 DE FEBRERO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: DIÓGENES CRUZ FIGUEROA. PONENTE: LUIS MANUEL VILLA GUTIÉRREZ. SECRETARIO: ÁLVARO LARA JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Estudio. El único agravio es parcialmente fundado, por las razones que más adelante se exponen.

Al respecto debe indicarse, en primer lugar, que se aborda el estudio del agravio a pesar de que con posterioridad se ordena la reposición del procedimiento, al ser necesario dilucidar previamente la legalidad del sobreseimiento en el juicio decretado en la sentencia recurrida.

Al respecto se invoca, por su carácter ilustrativo, la jurisprudencia 2a./J. 151/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la página 1293, Libro 24, Tomo II, noviembre de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas», de contenido siguiente:

"VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PESAR DE QUE ÉSTAS SE HAYAN COMETIDO, SI SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el procedimiento de amparo debe reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo contrario provocaría llegar al extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo, ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente. Sobre esa base, si en la revisión el ad quem examina la improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, ello opera bajo la lógica de que la violación procesal cometida no se relacione con el supuesto de improcedencia que tenga por actualizado el Juez de Distrito pues, en ese caso, deberá privilegiarse el estudio de las violaciones procesales y ordenarse la reposición del procedimiento."

En ese orden de ideas, en el agravio se argumenta que no fue correcto que el Juez de Distrito sobreseyera en el juicio porque no hizo una correcta apreciación de los actos reclamados, no los fijó de manera clara y precisa, ya que la inexistencia de la falta de emplazamiento y de dar vista con el estudio técnico la apoyó en el citatorio de diecinueve y el acta de veinte, ambos de junio de dos mil quince, lo que también acontece con la improcedencia decretada por la extemporaneidad de la impugnación del aludido estudio técnico; sin embargo, sólo se le dijo que existe un estudio técnico, pero no tuvo conocimiento pleno del mismo.

Además, en la demanda reclamó la violación a la garantía de audiencia en el procedimiento que dio origen al estudio técnico, así como las consecuencias legales, positivas o negativas, que pudieran derivar de los actos reclamados, esto es, todo el procedimiento; por eso el a quo, para determinar si es o no correcto el emplazamiento, debió analizar la legalidad de las supuestas diligencias de notificación, efectuadas por el notificador adscrito a la secretaría, por lo que no es cierto que consintió tácitamente el acto reclamado, ya que el Juez de Distrito debió estudiar los conceptos de violación, incluso los formulados en la ampliación de demanda.

El a quo debió tomar en cuenta que la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa constituye una violación manifiesta de la ley que produce indefensión, la infracción procesal más grave, así como todo el procedimiento, (sic) por lo que estaba obligado a analizar la legalidad del emplazamiento, ya que no era necesario que desde el inicio de la demanda estableciera la diligencia como acto reclamado, ya que ello estaba implícito, por lo que era innecesario ampliar la demanda, circunstancia que se corrobora con el propio actuar del Juez de Distrito, el cual estimó que los actos señalados en la ampliación de demanda no eran diversos a los impugnados en el escrito inicial.

No sólo se debió analizar la existencia del citatorio y del acta, sino también, para determinar si se configura la causal de sobreseimiento, su legalidad, porque tales actos se encuentran estrechamente relacionados y en ellos radica la violación a sus garantías de audiencia y de debido proceso, por lo que no se debió sobreseer, sino entrar al estudio de fondo, aunado a que se debió suplir la deficiencia de la queja.

Como se adelantó, el agravio en estudio es parcialmente fundado.

Al respecto, debe indicarse que de la demanda de amparo se desprende que **********, se duele de la falta de llamamiento al procedimiento administrativo dentro del cual se emitió el estudio técnico DI.III.3.3/001/2015E.T.

Al rendir los informes justificados, las autoridades responsables acompañaron, entre otros documentos, el aludido estudio técnico, así como el oficio O-CYSET.II.2.1./355/2015, de diecisiete de junio de dos mil quince, suscrito por el director de Operación del Transporte y dirigido al quejoso, a través del cual "se le requiere para que en (sic) término improrrogable de tres días hábiles... comparezca... a efecto de darle vista con el contenido del estudio técnico DI.III.3.3/001/2015E.T. ... con el fin de que se imponga del mismo y manifieste lo que a su derecho e interés convenga, apercibido que en caso de no hacerlo en el término concedido, se dejará constancia en el expediente respectivo y la secretaría procederá conforme a la legislación aplicable, lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley del Transporte del Estado de Puebla" (foja 116 del juicio constitucional), el citatorio de diecinueve y el acta de veintidós del mismo mes y año, relativos a dicho oficio. (fojas 117 a 120 del expediente de amparo)

Por escrito de siete de noviembre subsecuente, presentado al día siguiente ante el Juzgado de Distrito, la parte quejosa amplió la demanda de amparo. Como autoridades responsables y actos reclamados señaló:

"Autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras.-A) C. Secretario de Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla, en su calidad de autoridad ordenadora y ejecutora.-B) C. Director general de Operación del Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla, en su doble carácter de autoridad responsable ordenadora y ejecutora.-C) C. Francisco Reyes Silva, servidor público adscrito a la Secretaría de Transportes en el Estado de Puebla (actualmente Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla) quien afirmó en el acto reclamado, que actuó en 'funciones de notificador' en su carácter de autoridad ejecutora.-C. Actos reclamados a las autoridades ordenadoras y ejecutoras.-A) El ilegal citatorio de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, supuestamente dejado al suscrito para que esperara al C. Francisco Reyes Silva, servidor público adscrito a la entonces Secretaría de Transportes, hoy Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla quien afirmó en el acto reclamado, que actuó en 'funciones de notificador' a las diez horas con treinta minutos (sin decir día y mes).-B) La ilegal notificación del oficio número O-CYSET.II.2.1./355/2015 de fecha 17 de junio de 2015, signado por el director de Operación del Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla, actualmente director general de Operación del Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla.-C) La diligencia de fecha 22 de junio de 2015, a través de la cual se dice se notificó al suscrito quejoso el oficio número O-CYSET.II.2.1./355/2015 de fecha 17 de junio de 2015, signado por el director de Operación del Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla actualmente director general de Operación del Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla, la que dio origen el acta de notificación." (fojas 173 y 174 del juicio de origen)

En el único concepto de violación entonces esgrimido, la parte quejosa controvirtió el citatorio de diecinueve y el acta de veintidós, ambos de junio de dos mil quince. (fojas 177 a 186 del juicio constitucional)

Mediante auto de nueve siguiente se admitió dicha ampliación únicamente por lo que hace a "los conceptos de violación", no así respecto de la notificación del oficio O-CYSET.II.2.1./355/2015, de diecisiete de junio de dos mil quince, (y su citatorio previo) al resultar improcedente, por estimar que no constituyen nuevos actos reclamados (fojas 187 a 188 del juicio de origen), ello al señalar que "el estudio integral de la demanda de amparo con relación a la ampliación que se hace valer, permite advertir que en realidad los actos respecto de los cuales el quejoso pretende ampliar la demanda no constituyen nuevos actos respecto de los primeramente precisados en su escrito inicial". (foja 188 frente del expediente de amparo)

Lo anterior implica que el Juez de Distrito determinó que los actos reclamados a los cuales hizo referencia de manera destacada en la ampliación de demanda, ya se encontraban impugnados en el juicio constitucional.

Previos los trámites correspondientes, el treinta de noviembre subsecuente, el Juez de Distrito inició la audiencia constitucional (foja 199 del juicio de amparo) y dictó la sentencia respectiva el veintidós de febrero de dos mil diecisiete. (fojas 200 a 217 vuelta del juicio de origen)

En dicha resolución, en el considerando tercero, el a quo sobreseyó en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los actos reclamados consistentes en la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo y de dar vista con el estudio técnico DI.III.3.3/001/2015E.T., el acuerdo que lo declaró procedente y la expedición de tarjetones de circulación a favor de la parte tercero interesada, al haber sido negados por las autoridades responsables, sin que ello haya sido desvirtuado por la parte quejosa, aunado a que por lo que hace a los primeros dos, las autoridades exhibieron el citatorio de diecinueve y el acta de veintidós, ambos de junio de dos mil quince, que evidencian que no existe la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo y la omisión de darle vista con el estudio técnico. Por ello, se estimó innecesario estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. (fojas 203 frente a 211 frente del juicio constitucional)

En el cuarto se estableció que el acto reclamado consistente en el estudio técnico es cierto, al así haberlo aceptado el director de Ingeniería y Planeación del Transporte en su informe justificado (foja 211 frente del juicio de amparo) y en el quinto, se estimó que por lo que hace a dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ante su extemporánea impugnación con base en los aludidos citatorio de diecinueve y acta de veintidós, ambos de junio de dos mil quince y, además, se indicó que aun en el supuesto de que la demanda de amparo se hubiera presentado oportunamente, el juicio de amparo es improcedente porque respecto del estudio técnico se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. (fojas 211 frente a 216 vuelta del juicio de origen)

En ese orden de ideas, en primer lugar, por lo que hace al sobreseimiento en el juicio respecto del estudio técnico DI.III.3.3/001/2015E.T., el agravio es inoperante.

Ello es así, porque como se estableció con antelación, respecto de dicho acto en la sentencia recurrida se estimaron actualizadas dos causales de improcedencia, las previstas en las fracciones XIV y XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, por lo que hace a esta última, la parte quejosa recurrente no formuló argumento alguno; de ahí que su agravio resulta insuficiente.

En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la página 61, Volumen 42, Tercera Parte, junio de 1972, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente:

"AGRAVIOS, INSUFICIENCIA DE LOS. PROCEDE CONFIRMAR LA SENTENCIA RECURRIDA CUANDO, APOYÁNDOSE ÉSTA EN VARIAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, NO SE ADUCEN AGRAVIOS EN RELACIÓN CON ALGUNA DE ELLAS.-Los agravios referentes a causales de improcedencia, que dejan sin tratar una de las que sirvieron de apoyo al Juez de Distrito para decretar el sobreseimiento del juicio de amparo, son insuficientes para conducir a la revocación de la sentencia que se impugna en revisión, porque no la combaten en su integridad, en atención a que los razonamientos y fundamentos legales en que el juzgador sustenta la conclusión, siguen rigiendo el sentido del fallo."

Conviene señalar que por lo que hace al sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados consistentes en el acuerdo que declaró procedente el estudio técnico DI.III.3.3/001/2015E.T. y la expedición de tarjetones de circulación a favor de la parte tercera interesada, el quejoso tampoco formuló agravio alguno.

En cambio, por lo que hace a la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo y la omisión de dar vista con el estudio técnico DI.III.3.3/001/2015E.T., es esencialmente fundado lo argüido por la parte quejosa recurrente.

En primer lugar, se estima necesario exponer las siguientes consideraciones en cuanto al supuesto de procedencia en que se ubica el juicio de amparo promovido por quien se ostenta como tercero extraño por equiparación a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

Al respecto, debe indicarse que la interpretación de este Tribunal Colegiado parte de la relevancia del principio pro actione que obliga a no imponer condiciones a un supuesto de procedencia específico del juicio de amparo para el cual no se prevén(1) y a favorecer la interpretación que asegure el acceso a la justicia. En cuanto a esto último, al resolver la contradicción de tesis 454/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso: "el principio pro actione... prescribe que, atendiendo a una tutela judicial efectiva, las normas procesales deben interpretarse de tal manera que se maximice el acceso a la justicia, es decir, que se prefiere la interpretación que sea tendente a la prosecución de una resolución que decida el fondo de la cuestión planteada".

En ese orden de ideas, debe indicarse que el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone:

"Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"...

"VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas."

El numeral anterior establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas.

Éste es el supuesto de procedencia que se estima aplicable al juicio de amparo promovido por quien se ostenta como tercero extraño por equiparación a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

Debe indicarse que tal precepto es aplicable no sólo a los actos de autoridades jurisdiccionales, pues el precepto no prevé esta limitante. Por el contrario, se estima que entre los actos "fuera de juicio" deben incluirse los provenientes de una autoridad administrativa en un procedimiento de la misma naturaleza.

Ello se corrobora, porque el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo,(2) vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, hoy abrogada, también se refería a actos fuera de juicio (que afecten a personas extrañas), y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo estimó aplicable, por ejemplo, tratándose de actos emitidos en un procedimiento administrativo de ejecución.(3)

Máxime que en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando la Constitución y la ley se refieren a "juicio", para efectos del amparo, no debe entenderse la acepción técnica y que deben incluirse también a los "procedimientos seguidos en forma de juicio".

Como ejemplos se invocan las porciones conducentes de la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede localizar en la página 67, Tomo XXXVIII, mayo a junio de 1933, Quinta Época, así como la diversa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede localizar en la página 81, Volúmenes 133-138, Tercera Parte, enero a junio de 1980, Séptima Época, ambas del Semanario Judicial de la Federación, que establecen:

"ACTOS FUERA DE JUICIO.-La Suprema Corte, en varias ejecutorias, ha sentado, interpretando el artículo 107 constitucional, que el mismo no se refiere a la existencia del juicio, en su acepción técnica, sino a que haya un procedimiento, dentro del cual puedan ejercitar defensa las partes, para el efecto de estimar que solamente cuando haya la imposibilidad de obtener la reparación en la vía común, sea procedente el amparo, puesto que de llegarse a interpretación diversa, todo acto de procedimiento, precisamente por insignificante, y del cual no hubiera de ocuparse la resolución en la sentencia de la instancia, admitiría ese recurso extraordinario, con un resultado enteramente contrario al que evidentemente se propusieron los legisladores."

"PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.-La fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, que determina que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, debe interpretarse en relación con la fracción IV del mismo precepto, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Aunque la fracción IV aluda a actos en el juicio, por igualdad de razón debe aplicarse a actos en procedimientos seguidos en forma de juicio pues lo que se pretende al través de ese precepto es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva, y tales actos pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio."

Ahora bien, el precepto en comento (107, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente), se refiere al tercero extraño; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que al ser una formalidad esencial en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley -lo que le ocasiona el desconocimiento total del procedimiento-, debe equiparársele a un tercero extraño, debido a que esa situación constituye una violación manifiesta de la ley que le produce indefensión, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios.

En esta circunstancia, señaló la Superioridad, es factible promover el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación con ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio de amparo.

En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 18/2011 (10a.), que se puede consultar en la página 170, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, vigente en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, por no oponerse a alguno de sus preceptos, de contenido siguiente:

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA.-Al ser una formalidad esencial en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, -lo que le ocasiona el desconocimiento total del procedimiento-, debe equiparársele a un tercero extraño, debido a que esa situación constituye una violación manifiesta a la ley que le produce indefensión, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, con fundamento en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. En esta circunstancia es factible que promueva el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación con ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio de amparo."

En este punto se estima oportuno enfatizar que la contradicción de tesis 238/2011, que dio origen a la jurisprudencia, se suscitó entre el Segundo Tribunal en Materia Administrativa de este Circuito y este órgano judicial y que de lo relatado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desprende que la discrepancia entre tales órganos judiciales consistía, en esencia, en lo siguiente:

a) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito consideró que no es jurídicamente correcto que en los procedimientos en sede administrativa, pueda sostenerse la existencia de un tercero extraño al procedimiento por equiparación por estimar que la naturaleza de los procedimientos administrativos es diversa a los juicios en sede jurisdiccional, puesto que en el caso de aquéllos es posible combatir la notificación con la que inician, en conjunción con la resolución que les pone fin. Por ello, no es jurídicamente válido suplir la deficiencia de la queja en este tipo de asuntos, amén de que debe agotarse el recurso ordinario contemplado en la ley, previamente a la promoción del amparo indirecto.

b) En cambio, este Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo, esencialmente, que al reclamarse el ilegal emplazamiento al procedimiento administrativo de origen, entonces, el quejoso promovió el juicio de amparo equiparándose a un tercero extraño, por lo que procede el amparo indirecto, pues es a través de ese juicio que el inconforme puede aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al procedimiento se realizó en forma distinta a la prevista en la ley y que el llamamiento al procedimiento administrativo de origen constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, por lo que su omisión o práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, lo que obliga a los juzgadores de amparo, incluso, a suplir la queja deficiente, sin que deba agotarse medio de defensa alguno.

De ahí que lo relativo a que el tercero extraño por equiparación en un procedimiento administrativo no debe esperar al dictado de la resolución que ya fue dilucidado por la Superioridad,(4) coincidiendo esencialmente con el criterio que previamente había sido sustentado por este Tribunal Colegiado; inclusive, la Primera Sala expuso:

"...se le debe equiparar a una persona extraña a ese procedimiento, no obstante que, contrariamente a lo afirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, le sea 'posible combatir la notificación con la que inician, en conjunción con la resolución que les pone fin' en sede administrativa, en virtud de que esa posibilidad de impugnación no hace que pierda su calidad de tercero extraño por equiparación al procedimiento administrativo seguido en su contra, pues la violación cometida la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño a ese procedimiento... Asimismo, se concluye que si bien la celeridad es fundamental en todo procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o juicio por ser de orden público, al ser persona extraña por equiparación a dicho procedimiento, es factible promover el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales en virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima es inconstitucional.-Ello es así, en virtud de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación a éstos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del amparo, por lo que cuando se reclama un acto dentro de un procedimiento administrativo seguido 'en forma de juicio', el tercero extraño por equiparación a ese procedimiento, en ningún caso, tiene la obligación de agotar previamente los recursos o medios de defensa legales en virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima es inconstitucional."

Ahora bien, no pasa inadvertido que en la redacción del actual artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo(5) vigente, no se incluyeron las palabras "a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia" contenidas en el numeral 114, fracción II, segundo párrafo, porción final, de la anterior ley, hoy abrogada;(6) sin embargo, ello se estima insuficiente para considerar que ahora los terceros extraños al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio sí deben esperar al dictado de la resolución definitiva.

En primer lugar, porque subsiste lo más importante, a saber, que el supuesto de procedencia atinente al tercero extraño se encuentra en una fracción distinta (la VI, anteriormente V), sin esa condición.

En segundo, porque del proceso legislativo no se desprende elemento alguno que permita concluir que ésa era la intención del legislativo, por lo que no se puede hablar de una necesidad de atender a un principio de deferencia al legislador.

Por el contrario, se estima más bien una mejora en la redacción del precepto porque es más claro en la ley vigente, que el supuesto relativo a los terceros extraños es independiente a aquellos aplicables a las partes que sí fueron debidamente notificadas del inicio del procedimiento.

No está por demás indicar que, pretender que la impugnación del llamamiento al procedimiento se realice hasta que se controvierte la resolución definitiva implica la imposibilidad de señalarlo como acto reclamado de manera destacada y autoridad responsable a quien lo haya efectuado, lo que también se contrapone al desarrollo jurisprudencial que a ese respecto han tenido los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, debe indicarse que las palabras contenidas en el numeral 114, fracción II, segundo párrafo, porción final, de la anterior ley, hoy abrogada, no eran indispensables para estimar que un tercero extraño al procedimiento no debía esperar al dictado de la última resolución en el procedimiento administrativo, ya que en la contradicción de tesis identificada con el número 440/2012,(7) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también estableció que el tercero extraño al procedimiento no debía esperar al dic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27820-dfdb27a6/tercero-extrano-por-equiparacion-en-un-procedimiento-administrativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.