AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO PUEDE IMPUGNARSE, POR EXCEPCIÓN, MEDIANTE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, CUANDO EL QUEJOSO NO ESTUVO EN POSIBILIDAD DE PRESENTAR EL DIVERSO DE QUEJA, POR HABERSE DICTADO EL ACUERDO RELATIVO UN DÍA ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 88/2002).
AMPARO EN REVISIÓN 161/2018. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA. PONENTE: JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ. SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS FLORES HERRERA.
CONSIDERANDO:
NOVENO.—Estudio del asunto. Los agravios hechos valer por el recurrente son infundados en una parte y parcialmente fundados en otra.
Como cuestión previa, importa destacar que el artículo 93 de la Ley de Amparo establece el orden en que se deben analizar los agravios hechos valer en el recurso de revisión, como sigue:
"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:
"I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.
"Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada;
"II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; si son fundados se revocará la resolución recurrida;
"III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia;
"IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento;
"V. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios; si estima que son fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará la que corresponda;
"VI. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios de fondo, si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo; y
"VII. Sólo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquellas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional."
Del precepto legal transcrito se advierte que el análisis de los conceptos de agravio en el recurso de revisión se sujetará al siguiente orden:
I. En primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida;
II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento;
III. Examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia por motivos diversos a los considerados por el órgano de primera instancia;
IV. Violaciones procesales, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo;
V. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios;
VI. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios de fondo; y,
VII. Sólo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquellas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional.
De lo anterior se advierte que previo al análisis de las violaciones procesales, es menester analizar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito; no obstante, como sucede en la especie, cuando las violaciones procesales alegadas por la parte recurrente tengan relación directa con el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, entonces sí es dable analizarlas sin que se desatienda la prelación establecida en el invocado numeral 93.
En esencia, el quejoso y recurrente en sus agravios aduce:
• Que se violaron las reglas del procedimiento del juicio de amparo, en razón de que el Juez de Distrito omitió acordar sobre la admisión y correcto desahogo de las pruebas documentales ofrecidas en los puntos 8, 9 y 10 del escrito del quejoso presentado el cuatro de enero pasado. Acopio que incluso debió realizar de oficio el juzgador, en términos del numeral 75 de la Ley de Amparo, a decir del recurrente.
• Señala que la sentencia que sobreseyó en el juicio contiene una incorrecta fundamentación y motivación, dado que no se valoraron debidamente sus pruebas ofrecidas, así como que al desechar la ampliación de la demanda se omitió resolver sobre la admisión o no de las pruebas anunciadas en dicha ampliación.
• Finalmente, el recurrente alega que el acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho en que se desechó la ampliación de la demanda es ilegal, porque los actos reclamados en la demanda y su ampliación no son los mismos, sino que sólo tienen relación en la evaluación de control y confianza, por lo que alega que sí procedía la ampliación de la demanda, en términos del numeral 111 de la Ley de Amparo.
Análisis que se realiza en suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la citada legislación, como se destacó en el considerando anterior.
Lo que constituye materia de la litis se circunscribe a determinar si los actos reclamados en la demanda de amparo son ciertos o no, así como si las omisiones del Juez de Distrito, de pronunciarse sobre la admisión o no de las pruebas ofrecidas por el quejoso en los puntos 7, 8 y 9 de su escrito de cuatro de enero pasado, y las anunciadas en la ampliación de la demanda, que constituyen una violación al procedimiento de amparo, trascendieron o no al resultado de la sentencia que amerite reponer el procedimiento, y si fue o no correcto el desechamiento de la ampliación de la demanda.
En el caso, se procederá al estudio de los argumentos del último agravio, expuestos por el quejoso y recurrente en contra del acuerdo de desechamiento de la ampliación de la demanda, que si bien pudo haberse impugnado en el recurso de queja, pero que por haberse celebrado la audiencia constitucional y dictado la sentencia respectiva, por excepción se atiende acorde con la jurisprudencia 2a./J. 88/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y después se analizarán los agravios relativos a la violación al procedimiento, consistente en la falta de pronunciamiento del Juez de Distrito sobre algunas pruebas ofrecidas por el quejoso, así como el resto de sus agravios.
En lo conducente al estudio de los agravios dirigidos en contra del acuerdo que desechó la ampliación de la demanda, dictado un día antes de la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 88/2002, con número de registro digital: 186167, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 291, que dice:
"QUEJA CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA PRUEBAS EN AMPARO. QUEDA SIN MATERIA CUANDO SE DICTA LA SENTENCIA, SIN PERJUICIO DE QUE CONTRA ÉSTA SE INTERPONGA REVISIÓN Y EN LOS AGRAVIOS, POR EXCEPCIÓN, SE CUESTIONE DICHO AUTO, Y DE QUE EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DE ELLA REPONGA EL PROCEDIMIENTO, INCLUSIVE DE OFICIO, SI ELLO RESULTA PROCEDENTE.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, es obligación del Juez de Distrito suspender el procedimiento en el juicio de garantías en lo principal una vez que el Tribunal Colegiado le notifica la admisión de un recurso de queja de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, interpuesto en contra de un auto dictado durante el trámite del juicio, mediante el cual se desecharon pruebas antes de la audiencia constitucional, sin que aquella determinación quede a discreción o criterio de dicho Juez, por lo que si omite suspender el procedimiento y ello origina que se dicte la sentencia antes de que se decida el recurso de queja, éste quedará sin materia, y así debe declararlo el Tribunal Colegiado que conozca del recurso, en virtud de que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no contiene precepto que establezca que a través de ese medio de impugnación puedan revocarse, tanto el proveído impugnado como la sentencia que se hubiese emitido en el juicio de amparo, ya que ello implicaría alterar y quebrantar el sistema de recursos previsto en la ley de la materia, trasmutando a la queja lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, de la ley en cita, es propio del recurso de revisión, contraviniendo además lo dispuesto en el artículo 2o. de la ley referida. No obstante, a fin de no dejar en estado de indefensión al inconforme en la queja declarada sin materia, es jurídico considerar que, por excepción, queda en aptitud de volver a plantear en el recurso de revisión que haga valer contra la sentencia, los agravios que antes adujo en queja, sin perjuicio de que el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión ejerza de oficio la facultad que le confiere el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando así proceda."
Como se anticipó, no asiste razón a la quejosa en cuanto alega que es ilegal el desechamiento de la ampliación de la demanda, en razón de que, tal como lo determinó el juzgador, lo impugnado en dicha ampliación, consistente en la falta de pago de la homologación salarial y la insistencia de la autoridad en que el quejoso resultó no aprobado en el procedimiento de evaluación de control y confianza, en realidad constituyen consecuencias de los actos originalmente reclamados en la demanda y no propiamente actos nuevos.
En efecto, mediante escrito de seis de febrero de dos mil dieciocho (hojas 199 a 207 ídem), el quejoso presentó ampliación de la demanda en contra del comisario y del director administrativo de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en contra de la falta de pago de la homologación salarial aprobada el diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete, durante la reunión del gobernador del Estado de Jalisco con los presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, así como en contra de la insistencia de que resultó no aprobado en el proceso de evaluación de control y confianza.
Por su parte, el Juez de Distrito, en acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho (hojas 213 y 214 ídem), desechó de plano la ampliación de la demanda, al considerar que los actos señalados en ésta en realidad constituyen una consecuencia de los originalmente reclamados, por lo que estimó que los actos por los que pretendía ampliar la demanda ya formaban parte de la litis y seguirían la suerte de los inicialmente reclamados.
Determinación que se estima objetivamente correcta, en razón de que la falta de pago de la homologación salarial y la insistencia de que el quejoso resultó no aprobado en los exámenes de evaluación de control y confianza que señaló como nuevos actos reclamados en la ampliación de la demanda, se comprenden dentro de los actos reclamados indicados en la demanda inicial, por lo que en todo caso, los actos indicados en dicha ampliación serán materia de estudio de manera implícita cuando se aborde el tema de los actos originalmente reclamados.
Ello es así, debido a que en la demanda inicial el quejoso, en su carácter de elemento operativo, reclamó cualquier actuación tendente a desarmarlo, degradarlo o destituirlo del cargo, inhabilitarlo, suspenderlo, cambiarlo de adscripción, privarlo de sueldo o nombramiento, cesarlo, separarlo o darlo de baja, sin que medie procedimiento administrativo especial o de separación; todo lo anterior con motivo de no haber aprobado los exámenes de control y confianza, de lo que se advierte que la falta de pago de la homologación salarial a que se refiere la ampliación de demanda, en efecto, como lo indicó el Juez de Distrito al desechar dicha ampliación, debe considerarse como acto reclamado en cuanto se impugnó la privación de su sueldo, al igual que la señalada insistencia de la autoridad de tenerlo por no aprobado en el control de confianza.
De lo anterior se configura lo infundado de los agravios del recurrente en contra del acuerdo que desechó la ampliación de la demanda.
Por otro lado, es fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, el argumento del recurrente en el que alega que se violaron las reglas del procedimiento de amparo, dada la omisión del Juez de Distrito de recabar las pruebas que ofreció el quejoso en su escrito de ocho de enero de dos mil dieciocho, y en la ampliación de la demanda, consistentes en las fatigas de servicio o cuadrantes de los meses de noviembre y diciembre de dos mil diecisiete del sector III de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así como la lista de nómina de la segunda quincena de enero de dos mil dieciocho, de todos los elementos operativos con cargo de policía primero de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde se vea reflejada la homologación salarial, y de la lista de la nómina del quejoso de la misma quincena, que previamente le solicitó a la autoridad responsable, lo que trascendió al resultado del fallo en perjuicio del impetrante, en función de que el Juez tuvo por inexistentes los actos reclamados, precisamente por falta de pruebas para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables sobre los actos reclamados externada en los informes justificados.
La base jurídica para sostener dicha tesis se contiene en los artículos 93, fracción IV, 119, párrafos primero y segundo y 121, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que disponen:
"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:
"...
"IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento."
"Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa.
"La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado."
"Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días."
En lo que interesa, de tales dispositivos se observa que si al conocer del recurso de revisión se advierte una violación al procedimiento que haya trascendido al resultado del fallo, se debe revocar la sentencia y ordenar reponer el procedimiento.
Los demás dispositivos en cita establecen que en el juicio de amparo son admisibles todo tipo de pruebas, así como que las documentales que solicite el quejoso en poder de otras autoridades, pueden ser recabadas directamente por el Juez de Distrito.
De los autos del juicio de amparo se advierte que el quejoso, en su carácter de elemento operativo de la Policía de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, reclamó de las autoridades municipales responsables que denominó: director jurídico y de Derechos Humanos, comisario y director administrativo de la Comisaría de la Policía Preventiva, Comisiones de Honor y Justicia y de Carrera Policial, todas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, cualquier actuación tendente a desarmarlo, degradarlo o destituirlo del cargo, inhabilitarlo, suspenderlo, cambiarlo de adscripción, privarlo de sueldo o nombramiento, cesarlo, separarlo o darlo de baja, sin que medie procedimiento administrativo especial o de separación, todo lo anterior con motivo de no haber aprobado los exámenes de control y confianza; en tanto que en la ampliación de la demanda reclamó la falta de pago de la homologación salarial aprobada el diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete, así como la insistencia de la autoridad de que el quejoso resultó no aprobado en los exámenes de evaluación de control y confianza.
En la parte de hechos de la demanda de amparo, el impetrante, bajo protesta de decir verdad expuso:
"1. Es el caso que el suscrito funjo como elemento operativo en activo dentro de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en donde ostento el nombramiento de policía primero con número de plaza **********.
"2. En la actualidad desempeño el cargo de jefe del segundo sector operativo de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en donde presto mis servicios públicos como policía primero.
"3. Sin embargo, con motivo de mi función policial el suscrito tuvo conocimiento de que al parecer el Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza me reprobó en mi evaluación correspondiente. Ello claramente me causa un agravio personal y directo, ya que durante mi larga carrera policial y en todo el tiempo que he prestado orgullosamente mis servicios públicos para aquel Municipio, me he venido conduciendo con estricto apego a la reglamentación interna que me rige.
"...
"Tal como lo prevé el Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal ...he venido aprobando satisfactoriamente todos y cada uno de los cursos de formación, capacitación y profesionalización; los exámenes de ingreso y permanencia; las evaluaciones de desempeño y todos y cada uno de los anteriores exámenes toxicológicos que me han sido practicados a lo largo de estos dieciséis años de servicio (al menos por dos años). Es así como existe constancia de que el suscrito ha venido cumpliendo a cabalidad con todos y cada uno de los exámenes, evaluaciones y cursos que se me han venido requiriendo periódicamente.
"...
"4. Es el caso que el suscrito tengo el temor fundado de que la autoridad municipal aquí señalada como responsable vaya a perjudicarme en mi trabajo, a través de actos de autoridad tendientes a degradarme, separarme de mi cargo, inhabilitarme, destituyéndome, cesándome o despidiéndome de manera injustificada (sic) arbitraria, sin que previamente se respeten mis garantías de audiencia y defensa, y sin que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.
"Ello es así puesto que si llegase a ser cierto que el suscrito, por cualquier razón, en realidad hubiese resultado como ‘no aprobado’ en mi proceso de evaluación de control y confianza, es evidente que por ley tengo el derecho a ser encausado en autos del procedimiento de separación correspondiente que prevé la norma estatal aplicable; sin embargo, a la fecha no he sido notificado ni emplazado en ningún procedimiento de separación..."
Tal como lo precisó el Juez de Distrito, las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados.
En efecto, el representante legal de la Comisión de Honor y Justicia del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en su informe justificado (visible a hojas 65 y 66 ídem), señaló:
"...De lo anterior le informo que no es cierto el acto reclamado del que se duele el quejoso, respecto de la Comisión de Honor y Justicia, puesto que no existe a nombre del quejoso resolución alguna dictada por los integrantes de la presente Comisión de Honor y Justicia..."
En tanto que del informe justificado rendido por el secretario técnico de la Comisión Municipal de Carrera Policial, del titular de la Comisaría y director jurídico y de Derechos Humanos de la referida Comisaría del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se encuentra a hojas 76 a 80 del expediente de amparo indirecto, en cuanto a la certeza de los actos reclamados, se advierte:
"...Del contenido del escrito inicial de demanda se desprende que la parte promovente se queja ...de los supuestos actos cometida (sic) por esta comisaría, en el sentido de realizar las acciones tendientes a dar inicio al procedimiento administrativo correspondiente, por el presunto incumplimiento en los requisitos de permanencia en que presuntamente se encuentra laborando.
"En ese sentido nos permitimos manifestar que son falsos los actos reclamados por el quejoso, toda vez que aun cuando es cierta la obligación de esta autoridad de iniciar los citados procedimientos, dicho presupuesto se actualiza únicamente en los casos en que el elemento operativo incumple con alguno de los requisitos de permanencia señalados por las leyes que rigen el Sistema Nacional de Seguridad Pública; en este sentido y toda vez que a la fecha –pese a las manifestaciones falsas que rinda el quejoso en contrario– no se advierte por esta autoridad que el elemento operativo promovente ha incumplido inminentemente con cualquiera de los requisitos señalados por la norma aplicable, se niega tajantemente la realización de actos tendientes a dar inicio al procedimiento de separación correspondiente.
"...
"Por otro lado, resulta falso que exista cambio alguno en su situación laboral por virtud de los resultados presuntamente emitidos por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, toda vez que, como se señaló en párrafos anteriores, esta autoridad no cuenta con dictámenes determinantes que le obliguen a iniciar gestiones legales o administrativas, en el sentido de dar inicio a procedimiento alguno de separación en su contra.
"Es también falso que a la fecha se le hubiese desarmado o se le hubiese pretendido desarmar, como consecuencia de un resultado emitido por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, puesto que se insiste, a la fecha no existe acto vinculatorio entre dicha entidad pública y este H. Ayuntamiento, que obligue a esta institución a realizar actos tendientes a modificar la situación laboral del ahora quejoso.
"...
"De esta manera se traduce que si el quejoso se ve sujeto a algún cambio en las condiciones del servicio que presta, ninguna relación tienen con los resultados emitidos por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza respecto a los exámenes que le han sido practicados. Circunstancia que, se insiste, al ser un acto inexistente, resulta imposible de acreditar..."
Ahora bien, el quejoso ofreció como medios de prueba los siguientes:
• En la demanda de amparo: (hoja 15 ídem)
• Documentales consistentes en copia simple de su credencial que lo acredita como policía de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, plaza **********, adscripción sector tres, fecha de ingreso dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y seis (hoja 22 ídem); original del talón de nómina 474, de quince de septiembre de dos mil diecisiete, expedido a su nombre por el referido Ayuntamiento (hoja 20 ídem), y una constancia de no sanción administrativa folio CEJ/DGJ/99826-9112017-0, de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, mediante la cual el director general jurídico del Estado de Jalisco hace constar que el quejoso no ha sido sancionado administrativamente. (hoja 21 ídem)
• Presunciones legal y humana, e
• Instrumental de actuaciones.
• Mediante escrito de cuatro de enero de dos mil dieciocho: (hojas 87 a 92 ídem)
• Documentales consistentes en la impresión de fotografías relativas a las fatigas de servicios (cuadrantes) diurna y nocturna del segundo sector operativo de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, relativas a los días uno, dos, tres, cuatro y cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en las que el quejoso aparece como jefe del segundo sector operativo y del día seis de ese mes y año, ya no aparece como jefe de ese sector. (hojas 93 a 102 ídem)
• Documentales públicas consistentes en las copias certificadas de las fatigas de servicio o cuadrantes de los meses de noviembre y diciembre de dos mil diecisiete de los sectores II y III de la de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así como del oficio mediante el cual se le remueve del cargo de jefe del sector II y se le adscribe al sector III de la referida comisaría. Pruebas que solicitó fueran recabadas por el Juez de Distrito en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, para lo cual anexó el acuse de recibo de la solicitud previa a la autoridad responsable. (hoja 92 ídem)
• En la ampliación de la demanda: (hojas 204 y 205 ídem)
• Documentales públicas consistentes en copias certificadas de la lista de nómina de la segunda quincena de enero de dos mil dieciocho, de todos los elementos operativos con cargo de policía primero de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde se vea reflejada la homologación salarial, y de la lista de la nómina del quejoso de la misma quincena, para acreditar que no se le ha cubierto dicha homologación salarial. Medios de convicción que solicitó fueran recabados por el Juez de Distrito en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, para lo cual anexó el acuse de recibo de la solicitud previa a la autoridad responsable. (hoja 207 ídem)
• Presuncional legal y humana.
En lo que interesa, respecto a la petición del quejoso de que se recabaran las documentales que solicitó a la autoridad municipal en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, para lo cual anexó los acuses de recibo de la solicitud previa a la autoridad responsable a que se hizo referencia, el Juez de Distrito únicamente mediante acuerdo de cinco de enero de dos mil diecisiete, dispuso:
"...Ahora bien, por lo que ve a la solicitud que realizó en el punto que identificó como ‘7. Documentales públicas’, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, requiérase al director operativo de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que...remita a este juzgado constancias que le peticionó **********, mediante ocurso que recibió el trece de diciembre pasado, para lo cual se le remite copia simple del acuse de recibo... o bien de no contar con dichas constancias, remita la certificación de inexistencia respectiva...". (hoja 103 y 103 vuelta ídem)
En cumplimiento a dicho requerimiento la delegada de las autoridades responsables, mediante escrito recibido el doce de enero pasado, anexó copias certificadas (hojas 110 a 193 ídem) de los siguientes documentos:
• Oficio 5199/2017, de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el director operativo de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dirigido al quejoso para hacer de su conocimiento que a partir de las diecinueve horas de ese día dejaba de pertenecer al sector II, en virtud de que cesa su habilitación como jefe de ese sector y, con la misma fecha, pasa a integrarse al sector III, en los términos y condiciones que se señalan en su nombramiento; y,
• Fatigas de servicios o cuadrantes de los meses de noviembre y diciembre de dos mil diecisiete del sector II de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en las que aparece como jefe de sector el quejoso **********.
Por su parte, el Juez de Distrito en la sentencia que se revisa, al decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados consideró:
"TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al director jurídico y de Derechos Humanos; al comisario; a la Comisión Municipal de Honor y Justicia; y, a la Comisión Municipal de Carrera Policial, todos de la Policía Preventiva Municipal del Ayuntamiento San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ya que al rendir sus respectivos informes justificados negaron la conducta que se les atribuye. (fojas 65 a 74 y 76 a 85)
"En la medida en que las responsables negaron los actos reclamados, no es a ellas a quienes corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que les reclama.
"Del análisis del presente sumario no se advierte que la parte quejosa haya ofertado prueba idónea que logre desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, a ella corresponde acreditar tal cuestión.
"Si bien el quejoso allegó las documentales consistentes en copia de recibo de pago de quince de septiembre de dos mil diecisiete; copia de la constancia de no sanción administrativa; copia de la credencial de policía primero; legajo de copias simples de diversas fatigas de servicios de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque; copia certificada del cese de habilitación de cinco de diciembre de dos mil diecisiete; y, legajo de copias certificadas de diversas fatigas de servicios de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque; documentos a los que se les otorga valor probatorio pleno, por encontrarse en copia certificada y simple no objetados por las partes, de conformidad con lo estab
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29335-f8641178/ampliacion-de-la-demanda-de-amparo-indirecto-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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