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DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE QUE EL JUEZ DE DISTRITO PREVENGA AL QUEJOSO PARA QUE LA AMPLÍE CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, CUANDO LA RECLAMADA EN LA DEMANDA INICIAL RESULTÓ INEXISTENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. · Registro digital (IUS): 29124
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-11-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, EN AUXILIO DEL OTRORA TRIBUNAL COLEGIADO E
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, Pág. 1112.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, EN AUXILIO DEL OTRORA TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE EN MATERIA PENAL, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS. 27 DE AGOSTO DE 2019. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, ELÍAS ÁLVAREZ TORRES, VICENTE MARICHE DE LA GARZA, ALEJANDRO ANDRACA CARRERA Y ROGELIO JOSUÉ MARTÍNEZ JASSO. DISIDENTES: ALFREDO BARRERA FLORES Y OCTAVIO RAMOS RAMOS. PONENTE: ALEJANDRO ANDRACA CARRERA. SECRETARIO: CARLOS ENRIQUE ZAYAS GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

Este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; lo anterior, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios sustentados por un Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, y otro órgano auxiliar actuando en apoyo de un tribunal con residencia en este Circuito.(1)

SEGUNDO.—Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, por haberla formulado el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, quien resolvió el juicio de amparo indirecto **********, cuya sentencia fue combatida a través del recurso de revisión **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos –criterio contendiente–.

TERCERO.—Presupuestos para determinar la existencia de la contradicción de tesis.

Para determinar si el presente asunto cumple con los presupuestos de existencia de la contradicción de tesis, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido los siguientes requisitos:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo.

2. Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de toque o de conexión; es decir, que algún aspecto de la decisión gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico resuelto en forma discrepante.

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina sobre la forma de resolver la cuestión jurídica.(2)

Aunado a lo anterior, el Alto Tribunal del País ha establecido los siguientes lineamientos:

• Que para determinar la existencia de la contradicción de tesis, no es necesario que sean exactamente iguales los hechos que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes,(3) sino que, en todo caso, se debe privilegiar la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional a fin de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica.(4)

• Que para determinar la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada.(5)

• Que la contradicción de tesis puede configurarse aunque uno de los criterios contendientes sea implícito –y no necesariamente expreso–, siempre que éste pueda deducirse de manera clara e indubitable.(6)

CUARTO.—Criterios contendientes.

Los asuntos materia de la presente contradicción de tesis, se ocuparon de lo siguiente:

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en auxilio del otrora Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el amparo en revisión ********** (cuaderno auxiliar **********), mediante ejecutoria dictada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, estimó –en esencia y en lo que interesa– lo siguiente:

"De lo transcrito, se pone en evidencia que el Juez Federal consideró, en la especie, que si bien al rendir el informe con justificación las autoridades aceptaron la existencia del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión girada el día treinta de marzo de dos mil quince, por el Juez Penal de Primera Instancia de Cunduacán, Tabasco, lo cierto es que a la fecha de la promoción de la demanda de amparo, esto es, el veintisiete de marzo de dos mil quince, dicha orden de aprehensión era inexistente, por lo que procedía sobreseer el juicio intentado, en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo; decisión que incluso apoyó en dos jurisprudencias emitidas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Ahora, tal proceder a consideración de este Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra ajustado a derecho, por las razones siguientes.

"De un análisis a las constancias que integran el juicio de amparo indirecto, se observa que:

"1. Por escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, **********, **********, ********** y **********, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la orden de aprehensión atribuida al Juez Penal de Primera Instancia de Cunduacán, Tabasco; así como su ejecución, a cargo del director de la Policía Estatal de Investigación de la Procuraduría del Estado de Tabasco, y al Grupo de la Policía Estatal de Investigación de Destacamento, de Cunduacán, Tabasco.

"2. Una vez admitida la demanda de amparo, y requeridos los informes justificados a las autoridades responsables, éstas adujeron que era cierto el acto reclamado, ya que el treinta de marzo de dos mil quince, el Juez Penal de Primera Instancia de Cunduacán, Tabasco, giró orden de aprehensión, en contra de los aquí quejosos-recurrentes.

"Nótese que la orden de aprehensión se giró en contra de los quejosos el treinta de marzo de dos mil quince, esto es, después de la promoción de la demanda de amparo indirecto (veintisiete de marzo de dos mil quince).

"3. Una vez sustanciado el procedimiento y logrado el emplazamiento a los terceros interesados, el veinte de agosto de dos mil quince, se celebró la audiencia constitucional, y el treinta y uno siguiente se dictó la respectiva sentencia, que ahora se impugna.

"En ese sentido, de la narración de antecedentes queda por demás evidenciado que a la data en que los quejosos promovieron su respectiva demanda de amparo indirecto –veintisiete de marzo de dos mil quince–, en contra de la orden de aprehensión, atribuida al Juez Penal de Primera Instancia de Cunduacán, Tabasco; así como su ejecución, a cargo del director de la Policía Estatal de Investigación de la Procuraduría del Estado de Tabasco, y al Grupo de la Policía Estatal de Investigación de Destacamento, de Cunduacán, Tabasco, tal acto (orden de aprehensión) no existía, lo cual se corrobora con lo asentado por las autoridades responsables al rendir su respectivo informe con justificación, en donde fueron coincidentes en señalar que la orden de aprehensión fue girada hasta el día treinta de marzo de dos mil quince, es decir, después de la promoción de la demanda de amparo.

"En esta parte, cobra relevancia informar que en relación con la orden de aprehensión, cuando es señalada como acto reclamado, para estar en condiciones de proceder a analizar o no la constitucionalidad de ésta, habrá de estarse a la fecha de presentación de la demanda de amparo, tal y como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver a (sic) contradicción de tesis 57/95, en donde, en lo que interesa, sostuvo que:

"‘... De inicio, es necesario establecer que para lograr una correcta intelección del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, en que se apoyaron los Tribunales Colegiados discrepantes, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1o., fracción I, y 78, los cuales establecen:

"‘«Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: l. Por leyes o actos que violen garantías individuales.»

"‘«Artículo 74. Procede el sobreseimiento: ... IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley.»

"‘«Artículo 78. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad ...»

"‘El artículo 1o., fracción I, que ha sido transcrito establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 78 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable.

"‘Luego, si se analiza el artículo 74, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba, es en el sentido de que cuando se trate de actos de carácter positivo deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trate de órdenes de aprehensión, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste.

"‘Sobra señalar que, por regla general, todos los actos de autoridad que atentan contra las garantías de los gobernados, se emiten sin el consentimiento de éstos, por tanto, tal argumento no puede ser motivo para establecer excepciones al contenido de la fracción IV del artículo 74 de la ley en cita, como lo consideró el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.

"‘La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo, tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal, a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos.

"‘No se ignora que esta propia Suprema Corte ha emitido diversos criterios en los que ha establecido la procedencia del juicio de amparo contra actos inminentes; sin embargo, de su propio contenido se advierte que por tales se entienden aquellos que ya se han dictado, pero que por cualquier circunstancia no se han ejecutado, pues en tal supuesto se suprime la característica de incertidumbre en cuanto a la existencia del acto.

"‘Más aún, en el caso de las órdenes de aprehensión, ninguna afectación se causa al quejoso si se sobresee en el juicio de amparo que hubiera promovido antes de que se dictara la orden de aprehensión, habida cuenta que, tratándose de actos como los mandamientos de captura que tienden a privar de la libertad, no existe término perentorio para su promoción, como se desprende del contenido del artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, de manera que una vez que el quejoso conozca el acto por haberse dictado durante la sustanciación del juicio de amparo, puede promover diversa demanda en la que incluso podrá controvertir de mejor manera el mandamiento de aprehensión, al conocer el delito por el que se dictó, las pruebas en que se apoya o cualquier otro vicio que advierta y la haga inconstitucional ...’

"De la ejecutoria en cuestión se desprenden como directrices sobresalientes que:

"• Cuando se trate de actos de carácter positivo deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trate de órdenes de aprehensión.

"• Todos los actos de autoridad que atentan contra las garantías de los gobernados, se emiten sin el consentimiento de éstos, por tanto, tal argumento no puede ser motivo para establecer excepciones al contenido de la fracción IV del artículo 74 de la ley en cita (actualmente fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo).

"• La demanda de amparo, tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio (como en el caso acontece, pues en la sustanciación del juicio, fue que se giró la orden de aprehensión).

"• En el caso de las órdenes de aprehensión, ninguna afectación se causa al quejoso si se sobresee en el juicio de amparo que hubiera promovido antes de que se dictara la orden de aprehensión, habida cuenta que tratándose de actos como los mandamientos de captura que tienden a privar de la libertad, no existe término perentorio para su promoción; condición la cual, aún subsiste con la Ley de Amparo vigente.

"Tales razonamientos dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 36/98, del índice de la Primera Sala del Alto Tribunal del País –la cual acertadamente fue invocada por el Juez Federal–, de contenido:

"‘ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN.—Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción 1, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado.’(7)

"Igualmente, es aplicable el diverso criterio –también citado por el Juez Federal– del índice de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto:

"‘ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA—La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.’(8)

"Siguiendo la línea argumentativa planteada, es inconcuso que los agravios sintetizados del ‘e) al o)’, resultan infundados, ya que, como se explicó párrafos arriba, por regla, las órdenes de aprehensión no se emiten sin consentimiento, esto es, no se notifican ni se hacen del conocimiento del gobernado, por lo que no se puede oponer tal excepción, a fin de que no se actualice la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, además de que en tratándose de las órdenes de aprehensión, debe estarse a la data en que se presentó la demanda de amparo, al ser éste un acto de carácter positivo, asimismo, que el objeto y fin del juicio de amparo es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía o derecho humano afectado. Razones por las cuales, de manera alguna el actuar del Juez Federal es contrario al derecho, pues si bien precisó en la sentencia como acto reclamado la orden de aprehensión de treinta de marzo de dos mil quince, ello fue a fin de evidenciar que la orden reclamada al momento de promover el juicio de amparo, esto es, el veintisiete de marzo de dos mil quince, no existía; por lo cual no puede jurídicamente analizarse la constitucionalidad de un acto, que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no existe, ya que a ningún fin práctico llevaría ello, en razón de que no se lograría restituir al quejoso en el derecho violado, respecto de un acto inexistente al momento de la promoción del juicio.

"A más que, en tratándose de la orden de aprehensión, tanto la Ley de Amparo abrogada como la Ley de Amparo vigente, no establecen término perentorio para su promoción, por lo que en todo caso, los gobernados están en aptitud de promover nuevo juicio de amparo indirecto en caso de que así lo decidan.

"Por ello, es que si a la data de la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de marzo de dos mil quince), no existía orden de aprehensión alguna, sino que tal orden fue emitida hasta el treinta de marzo de dos mil quince, es inconcuso que procede sobreseer el juicio de amparo, en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, como acertadamente lo hizo el Juzgador Federal; máxime que siguió para ello los lineamentos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria antes transcrita, la cual es de observancia obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo."

Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver por mayoría de votos el amparo en revisión **********, mediante ejecutoria pronunciada el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, consideró –en esencia y en lo que interesa– lo siguiente:

"SEXTO.—Estudio. Este tribunal determina innecesario analizar los agravios expuestos por el recurrente, al considerar que se violan las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, trascendiendo al resultado del fallo, lo que amerita su reposición, únicamente en términos de lo dispuesto por el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece:

"‘Artículo 93.’ (se transcribe)

"Del precepto transcrito se advierte que si el Tribunal Colegiado, al conocer de los asuntos en revisión, advierte que se incurrió en alguna violación a las reglas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, la cual trasciende a lo determinado en la resolución, debe revocarla y ordenar la reposición.

"Lo anterior, a fin de evitar dejar sin defensa al recurrente, lo cual encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 69/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 366, de rubro y texto:

"‘PROCEDIMIENTO. SÓLO DEBE REPONERSE CUANDO LA VIOLACIÓN AL MISMO TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.—Es cierto que conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, si en la revisión de una sentencia definitiva apareciere una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o bien, que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o que pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, se deberá ordenar la reposición del procedimiento; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la reposición únicamente cabe decretarla cuando la violación relativa efectivamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues, de lo contrario, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico.’

"En el caso, el quejoso en el juicio de amparo, hoy recurrente, en su demanda de amparo señaló, como acto reclamado de manera genérica, la orden de aprehensión girada en su contra, lo cual debe entenderse como que desconocía los datos específicos de la misma.

"Luego, en el informe justificado, las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto; sin embargo, la autoridad responsable ordenadora, Juez Primero de Primera Instancia con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, manifestó que era cierto, porque el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho emitió orden de aprehensión en contra del hoy recurrente.

"Al respecto, en acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, el Juez Noveno de Distrito proveyó:

"‘Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2o., se tiene por rendido el informe justificado del Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el que acepta el acto que reclama el quejoso **********.

"‘Sin embargo, téngase a la citada autoridad negando la existencia de la orden de aprehensión por cuanto hace a **********; de conformidad con los artículos 117 y 119 de la ley de la materia, dése vista a las partes para que viertan sus manifestaciones, y téngase por ofrecida, admitida y desahogada en virtud de su propia y especial naturaleza, la documental que acompaña; sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional.’

"De lo anterior, se advierte que el Juez de Distrito omitió prevenir al quejoso, para que, de considerarlo pertinente, ampliara su demanda en el plazo de quince días hábiles, apercibiéndolo, además que, de no hacerlo, resolvería conforme a lo originalmente reclamado, debiendo ordenar la notificación personal del proveído respectivo.

"Lo anterior se sustenta en los siguientes artículos de la Ley de Amparo:

"‘Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando:

"‘I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;

"‘II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta ley.

"‘En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda.’

"‘Artículo 26.’ (se transcribe)

"De lo transcrito se obtienen las hipótesis en que es posible ampliar la demanda de amparo, entre ellas, cuando el quejoso, a través del informe justificado tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con lo reclamado en la demanda inicial, en cuyo caso podrá ampliar dicha demanda dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la ley de la materia.

"Asimismo, que la notificación de dicha ampliación de demanda debe realizarse de manera personal, para garantizar que el quejoso tuvo conocimiento de los datos que ignoraba al presentar su escrito inicial de demanda y estar en posibilidad de proveer una adecuada defensa en contra de los nuevos actos.

"Por tanto, si de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se advierte la existencia de actos que guarden estrecha relación con lo reclamado en la demanda de amparo, desconocidos por la parte quejosa; esto, deberá notificársele al quejoso, de manera personal y prevenirlo para que, en su caso, amplíe la demanda.

"Al respecto, es aplicable de manera analógica la jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo 1, mayo de 2012, página 801, de rubro y texto:

"‘INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA.—El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: «INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.», no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.’

"Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 15/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 12, de rubro y texto:

"‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.—La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional.’

"Por tanto, al sobreseer en el juicio, sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, se dejó en estado de indefensión al quejoso, que si bien amplió su demanda, la ampliación no versó sobre el nuevo acto de autoridad conocido mediante el informe justificado, con independencia de que el quejoso y hoy recurrente haya mencionado a dicho informe como motivo de su ampliación, puesto que resulta insoslayable la obligación del juzgador, de darle vista en los términos indicados, dejando a su impulso procesal, únicamente el desahogo de la vista mediante la ampliación, de manera que una vez cumplida la formalidad por el Juez de Distrito, si el quejoso no amplía su demanda, o no lo hace en términos adecuados para complementar la litis originalmente propuesta, deberá sufrir las consecuencias de su conducta procesal, pero quedará colmada la actuación jurisdiccional, y de ninguna manera podrá estimarse que se le dejó en estado de indefensión.

"No pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 79, julio de 1994, página 15, de rubro y texto:

"‘ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA.—La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.’

"Criterio que, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, es de observancia obligatoria para este órgano colegiado; sin embargo, a juicio de este tribunal, no rige el caso que nos ocupa, porque fue emitido antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual introdujo expresamente el mand

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29124-f7b44182/demanda-de-amparo-indirecto-no-procede-que-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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