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Modo: Corpus Pro

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE PRESENTA DESPUÉS DE TURNADO EL ASUNTO A PONENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 31/2023. · Registro digital (IUS): 31890
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-11-10
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo III, Pág.2708.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 31/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA Y DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR CASTILLO GARRIDO (PRESIDENTE) Y JESÚS RAFAEL ARAGÓN. PONENTE: SALVADOR CASTILLO GARRIDO. SECRETARIA: LUCINA BRINGAS CALVARIO.

III. COMPETENCIA

19. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216, tercer párrafo, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, y de conformidad con el diverso 67/2022, también del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, al tratarse de una denuncia de contradicción de criterios emanados de resoluciones de Tribunales Colegiados provenientes de los Circuitos que comprenden la Región Centro-Sur señalados en el numeral 8 de este último ordenamiento, a saber del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, y, porque el tema planteado versa sobre la materia penal, la cual es la especialización de este Pleno Regional.

IV. LEGITIMACIÓN

20. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el autorizado(10) de la parte quejosa en uno de los criterios contendientes.

21. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 152/2008,(11) de la Segunda Sala del Alto Tribunal de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

22. Asimismo, es orientadora la tesis aislada 1a. III/2023 (10a.),(12) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, las Ministras y los Ministros estimaron que de una interpretación amplia del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, el director del Instituto de la Defensoría Pública está legitimado para denunciar contradicciones de criterios en las que los asesores del citado instituto sean autorizados en alguno de los asuntos contendientes.

23. Dicho criterio es del siguiente contenido:

"DIRECTOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR CONTRADICCIONES DE TESIS CUANDO LOS ASESORES DE ESE INSTITUTO SON AUTORIZADOS EN UNO DE LOS JUICIOS DE AMPARO DE LOS QUE DERIVARON LOS CRITERIOS ANTAGÓNICOS.

"Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito emitieron criterios antagónicos al resolver juicios de amparo directo respecto de los requisitos que debe contener una demanda en los juicios orales mercantiles. Ante ello, el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública denuncia la posible contradicción de criterios, cuya legitimación sustentó en que en una de las controversias de las que derivó uno de los criterios contendientes designó como autorizados a algunos de los asesores de ese instituto, por lo que conforme a sus atribuciones está facultado para realizar esa denuncia.

"Criterio jurídico: De una interpretación de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, 4 y 32, fracciones I y II, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, se desprende que el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene legitimación para denunciar una posible contradicción de tesis cuando en uno de los juicios de amparo de los que derivaron los criterios antagónicos los asesores de ese instituto ejercen la representación de una de las personas contendientes, pues al referido Director le corresponde organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste esa entidad pública, además de desarrollar aquellas funciones que sean necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría.

"Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, tienen legitimación para denunciar una contradicción de tesis quienes fueron ‘parte’ en los asuntos de donde hayan surgido los criterios contendientes. El concepto de ‘parte’ comprende a la persona cuyo interés jurídico o legítimo originó su intervención en la litis del asunto, como a sus defensores y autorizados en términos amplios en el juicio de amparo.

"En ese sentido, de una interpretación del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo se concluye que el autorizado en términos amplios está legitimado para denunciar una contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional, pues si bien ese precepto no prevé una facultad expresa para ello, las facultades ahí previstas son enunciativas e instituyen la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante.

"Así, en principio pudiera pensarse que quienes tienen legitimación para presentar esta denuncia son directamente los profesionistas que fueron autorizados en los juicios de amparo, pero cuando se trata de asesores jurídicos que pertenecen al Instituto Federal de la Defensoría Pública los que ejercen esa representación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública, tales personas actúan sólo en su carácter de servidores públicos en nombre y representación de los servicios que presta ese instituto, el cual, además, jurídicamente es el responsable de que lleven a cabo su labor de forma adecuada.

"Por tales motivos, el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública se encuentra inherentemente facultado para ejercer la denuncia de contradicción, pues acorde con lo previsto en el artículo 32, fracciones I y XIII, de la citada ley de la defensoría, en dicho cargo no sólo se deposita la facultad de organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste esa entidad pública, sino todas aquellas que sean necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría y por ello se encuentra legitimado para denunciar la existencia de una posible contradicción de criterios como parte de las funciones que lleva a cabo."

(Lo resaltado es propio).

24. De lo anterior se desprende que el Alto Tribunal se ha pronunciado respecto a que la interpretación del concepto de "parte" en los asuntos contendientes debe ser amplia, incluyendo a los profesionales del Derecho que fueron autorizados por la parte quejosa –como es el caso– e incluso, cuando un asesor del Instituto Federal de la Defensoría Pública sea autorizado, la persona que ostente la dirección de la mencionada institución también está legitimada para hacer la denuncia de contradicción de criterios correspondiente.

25. Es así que en efecto, quienes ejercen la abogacía y son autorizados por las partes en los procedimientos constitucionales, tienen legitimación para hacer la denuncia de contradicción de criterios, como en el presente caso.

V. CRITERIOS CONTENDIENTES.

26. En el presente caso, el punto de contradicción involucra una cuestión de trámite del amparo directo que surge a partir de la postura de un Tribunal Colegiado emitida en un recurso de reclamación frente a la resolución emitida en un acuerdo del presidente de un Tribunal Colegiado, que adquirió firmeza por no haber sido recurrido. El punto de contacto versa sobre el tema de establecer si se debe o no admitir la ampliación de la demanda de amparo directo en materia penal, cuando el asunto ha sido turnado a ponencia, pero antes de ser listado para sesión y resolución.

27. En ese tenor, los integrantes de este Pleno Regional estiman conveniente precisar la secuela procesal en la que se emitió cada postura, así como las consideraciones y argumentos expuestos, a fin de verificar si en efecto, las posturas contendientes se refieren al trámite del asunto o a cuestiones que deban resolverse en el fondo de la sentencia de amparo.

V.1 El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de reclamación 1/2023, consideró:

28. Antecedentes (amparo directo **********): La persona quejosa fue sentenciada en primera instancia a una pena consistente en determinados años de prisión al ser responsable de la comisión de un delito, en contra de esa determinación, el sentenciado interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto en el sentido de modificar la resolución sólo respecto de la sanción privativa de la libertad (reducir los años de la sanción).

29. Inconforme, la persona sentenciada solicitó la protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado de la Primera Sala en Materia Penal del Estado de Puebla (sic), consistente en la sentencia de apelación dictada el siete de marzo de dos mil veintidós, en donde se modificaron el cuarto y sexto puntos resolutivos, así como los considerandos que los rigen, de la sentencia condenatoria pronunciada el cinco de marzo de dos mil veinte por el Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de Puebla.

30. Correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, del juicio de amparo directo, quien mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, lo registró bajo el número ********** de su índice, y seguido el trámite el presidente del referido órgano colegiado por auto de veintiséis de diciembre siguiente, turnó los autos al Magistrado correspondiente, para los efectos del numeral 183 de la Ley de Amparo.

31. Posteriormente, el diecisiete de enero de dos mil veintitrés la parte quejosa presentó escrito por el cual pretendió ampliar su demanda, en la cual señaló en esencia lo siguiente:

• Reiteró que el acto reclamado era la misma sentencia condenatoria señalada en su demanda principal.

• Señaló que estimaba aplicable a su asunto el proyecto del amparo directo 4/2022, aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual tiene relación con el documental "Duda Razonable", reproducido en la Plataforma "Netflix."

• Sostuvo que en ese documental se estableció un precedente para la resolución de asuntos penales que impliquen valoración probatoria, el cual estima aplicable al caso.

• Para ello, el quejoso transcribió e interpretó parte de los razonamientos de la resolución del Alto Tribunal y con ello, sostiene que en el caso la Sala responsable no realizó el estudio y análisis de los agravios que la defensa hizo valer para desvirtuar las inconsistencias que hubieron en el proceso, sino que directamente lo consideró culpable.

• Con ello, desde la perspectiva del impetrante, la responsable lo consideró culpable sin respetar su derecho a la presunción de inocencia, pues el Juez de primera instancia validó las consideraciones del Ministerio Público, no obstante que el caso genera una duda razonable al momento de relacionar todas las pruebas.

• Agregó que, a su juicio, existe una serie de circunstancias y no sólo el actuar ventajoso y negligente del Ministerio Público que hacen dudar de manera seria de la fiabilidad del material probatorio.

• Además, indicó que al existir un alto grado de violaciones al principio de presunción de inocencia en sus vertientes de valoración probatoria y carga de la prueba, lo que procede es que se le conceda el amparo liso y llano, pues una condena sólo puede justificarse si se acredita la culpabilidad más allá de toda duda razonable.

32. Al escrito anterior, recayó el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en el cual el presidente de ese órgano jurisdiccional determinó no acordar favorable su petición en razón de que, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 13/2003,(13) del Pleno del Más Alto Tribunal, de rubro: "AMPLIACIÓN EN AMPARO DIRECTO. CUANDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA LA LEY NO FIJE PLAZO, AQUÉLLA PROCEDE HASTA ANTES DEL ACUERDO QUE CIERRA LA INSTRUCCIÓN, QUE ES EL QUE ORDENA TURNAR LOS AUTOS AL RELATOR.", el impetrante tenía expedito su derecho de ampliar su demanda hasta antes de la emisión del acuerdo mediante el cual se turnó el asunto al Magistrado ponente, lo que aconteció el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós.

33. Recurso de reclamación 1/2023. Consideraciones que sustentaron la determinación. Inconforme con lo anterior, el solicitante del amparo interpuso recurso de reclamación, aduciendo que con la anterior Ley de Amparo los asuntos se turnaban relativamente tarde, en virtud de que debían ser resueltos en quince días y, con la ley vigente se turnan relativamente temprano, en tanto pueden resolverse dentro de los noventa días siguientes, existiendo una cuestión estructural que reduce drásticamente el posible término para ampliar una demanda; asimismo, mencionó que seguir sosteniendo el criterio implicaría regresividad en derechos, en tanto se aplica jurisprudencia lesiva cuando el sistema de términos procesales ha variado considerablemente.

34. Agregó que a su juicio la nueva Ley de Amparo establece reglas específicas para sustanciar la ampliación de la demanda, por lo que estimó que la jurisprudencia P./J. 13/2003, invocada en el auto impugnado no resultaba aplicable e, indicó que el Pleno del Alto Tribunal ha acudido a las reglas del amparo biinstancial para sustanciar el amparo directo, ello de conformidad con la jurisprudencia P./J. 91/2006,(14) de rubro: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE LAS FIRMAS DE LA DEMANDA O RECURSO EN AMPARO DIRECTO. ES ADMISIBLE EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO HASTA ANTES DE QUE EL ASUNTO SE LISTE Y DEBE RESOLVERSE CONJUNTAMENTE CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA."

35. Solicitó al citado tribunal que abandonara el criterio sostenido en la tesis aislada VI.1o.P.30 P (10a.), del mismo órgano jurisdiccional de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO DIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA EN UN PROCESO PENAL, QUE IMPONGA PENA DE PRISIÓN, AQUÉLLA PROCEDE HASTA ANTES DEL ACUERDO QUE CIERRA LA INSTRUCCIÓN, QUE ES EL QUE ORDENA TURNAR LOS AUTOS AL RELATOR (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 13/2003 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS ASUNTOS TRAMITADOS A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)."(15)

36. El citado medio de impugnación fue radicado por ese órgano colegiado bajo el número 1/2023, mismo que fue resuelto en sesión de dos de marzo de dos mil veintitrés, en donde se declaró infundado.

37. Para sostener la determinación anterior, el Tribunal Colegiado hizo una breve relatoría de lo acontecido en el trámite del juicio de amparo directo. Posterior a ello, la Magistrada y Magistrados integrantes declararon inoperantes los agravios expuestos por el recurrente en razón de que existía jurisprudencia obligatoria del Alto Tribunal, es decir la tesis jurisprudencial P./J. 13/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 23/2002-PL –que se citó en el proveído recurrido–.

38. En dicho criterio se había resuelto que dentro del procedimiento de sustanciación del amparo directo, el auto por el que turna el expediente al relator para la formulación del proyecto de sentencia, tiene efecto de citación para sentencia de conformidad con lo previsto por el artículo 184 de la Ley de Amparo abrogada, lo que es acorde con el numeral 183 de la Ley de Amparo vigente, por lo que una vez que el citado proveído es emitido se cierra la instrucción y, por ende, la ampliación de la demanda debe presentarse antes de la emisión de éste.

39. Por lo que al existir jurisprudencia obligatoria (en términos de lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo) que resolvía el planteamiento del recurrente, los argumentos expuestos debían declararse inoperantes.

40. Aunado a ello, el Tribunal Colegiado enfatizó que lo anterior no causaba agravio a la parte quejosa (ahí recurrente), pues al tratarse de un amparo directo en materia penal, en todo el procedimiento el órgano resolutor se encontraba obligado a suplir la deficiencia de la queja en su favor, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo.

V.2. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al conocer del juicio de amparo directo 559/2022, tomó en cuenta lo siguiente:

41. Antecedentes.(16) La parte quejosa fue sentenciada en primera instancia a ciertos años de prisión por la comisión de un delito, en contra de dicha determinación interpuso apelación, la cual fue resuelta en el sentido de confirmar el fallo impugnado.

42. Inconforme, el sentenciado solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución de apelación dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, en donde se confirmó la sentencia recurrida de primera instancia.

43. Correspondió conocer de la mencionada demanda de amparo directo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, cuyo presidente la admitió mediante acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, bajo el número D-559/2022.

44. Mediante auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, se turnaron los autos al Magistrado ponente para la elaboración del proyecto correspondiente.

45. Posteriormente, por escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintitrés, el quejoso amplió sus conceptos de violación, en los cuales señaló en esencia lo siguiente:(17)

• Reiteró que el acto reclamado era la misma sentencia condenatoria señalada en su escrito principal.

• Señaló que estimaba aplicable a su asunto el proyecto del amparo directo 4/2022, aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual tiene relación con el documental "Duda Razonable", reproducido en la Plataforma "Netflix". •Sostuvo que en ese documental se estableció un precedente para la resolución de asuntos penales que impliquen valoración probatoria, el cual estima aplicable al caso.

• Para ello, el quejoso transcribió e interpretó parte de los razonamientos de la resolución del Alto Tribunal y, con ello, sostiene que en el caso la Sala responsable no realizó el estudio y análisis de los agravios que la defensa hizo valer para desvirtuar las inconsistencias que hubieron en el proceso, sino que directamente lo consideró culpable.

• Con ello, desde la perspectiva del impetrante, la responsable lo consideró culpable sin respetar su derecho a la presunción de inocencia, pues en primera instancia validó las consideraciones del Ministerio Público, no obstante que el caso genera una duda razonable al momento de relacionar todas las pruebas.

• Agregó que, a su juicio, existe una serie de circunstancias y no sólo el actuar ventajoso y negligente del Ministerio Público que hacen dudar de manera seria de la fiabilidad del material probatorio.

• Además, indicó que al existir un alto grado de violaciones al principio de presunción de inocencia en sus vertientes de valoración probatoria y carga de la prueba, lo que procede es que se le conceda el amparo liso y llano, pues una condena sólo puede justificarse si se acredita la culpabilidad más allá de toda duda razonable.

46. A dicho escrito recayó el acuerdo de veintiuno siguiente, en el cual fue admitida la ampliación por la presidencia de ese Tribunal Colegiado.

47. Transcurrió el plazo de tres días, previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo,(18) para la interposición del recurso de reclamación, sin que se controvirtiera el citado proveído por el que se admitió la ampliación de la demanda en el rubro de conceptos de violación.

48. Y posterior a ello, el treinta de mayo de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito dictó la sentencia correspondiente, en donde se determinó negar la protección al quejoso.

49. Consideraciones de la ejecutoria denunciada como contendiente. El Tribunal Colegiado al estudiar los conceptos de violación expuestos en la ampliación de demanda validaron la determinación del Magistrado presidente contenida en el auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, relativa a la oportunidad de la presentación de la ampliación de la demanda, que fue promovida después de haber sido turnado a ponencia el asunto, atendiendo al principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional y que la persona impetrante se encontraba privada de la libertad.

50. De lo relatado y transcrito, se advierte que efectivamente el punto en el cual las posturas se vuelven divergentes atiende a la tramitación del juicio de amparo directo en materia penal, consistente en la oportunidad para la presentación de ampliación en la vía directa en materia penal, posterior a la emisión del proveído de turno.

51. Ello, porque por un lado durante la tramitación del amparo directo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, se dictó el auto de turno de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós y después la parte quejosa presentó un escrito en el que pretendió ampliar la demanda y respecto de dicha promoción, recayó el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en el cual su presidente desechó la ampliación.

52. Inconforme, la parte quejosa promovió recurso de reclamación en el cual, los tres integrantes del cuerpo colegiado confirmaron la determinación respecto a que no era oportuna la presentación de la ampliación de la demanda de amparo penal con posterioridad al dictado del auto de turno.

53. Por su parte, en el trámite del amparo directo 559/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, de igual forma, con posterioridad a la emisión del proveído en el que se citó para sentencia, de cinco de diciembre de dos mil veintidós, el impetrante presentó escrito de ampliación de demanda el veinte de abril de dos mil veintitrés, el cual fue admitido mediante acuerdo del día siguiente, sin que este auto fuera recurrido.

54. Después, en sesión de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia correspondiente en la cual se reseñaron los argumentos expuestos en la ampliación de la demanda y se dio contestación a dichos planteamientos.

55. Es decir, en los dos asuntos existen determinaciones de trámite cuyo pronunciamiento sobre la oportunidad de la presentación de la ampliación de la demanda se encuentran firmes, pues una de ella fue confirmada por los integrantes del Tribunal Colegiado, juicio en la reclamación y la otra también goza de firmeza al no haber sido impugnado el citado proveído de trámite.

56. Por lo que, en ambas situaciones los Magistrados tuvieron oportunidad de pronunciarse respecto de las posturas plasmadas en los respectivos acuerdos sobre desechar o admitir la ampliación de la demanda, por lo que la materia de la presente contradicción de criterios se encuentra firme.

57. No obsta que en contra de la sentencia de amparo directo 559/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, se promovió recurso de revisión ante el Alto Tribunal, pues como se ha señalado, la materia de análisis en la presente contradicción se centra en una cuestión de trámite, relativa a la oportunidad en la presentación de la ampliación de la demanda en amparo directo en materia penal, pronunciamiento que se encuentra firme.

58. Y por ende, no cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 152/2010, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que establece la improcedencia de las contradicciones, cuando en contra de una de las sentencias contendientes se promovió un recurso de revisión. Criterio que es de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE LA DENUNCIA CUANDO UNA DE LAS SENTENCIAS RELATIVAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, se infiere que la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito requiere como presupuesto que las sentencias en que los criterios discrepantes fueron emitidos tengan la naturaleza de ejecutorias, pues de no ser así, por encontrarse en trámite el recurso de revisión interpuesto contra alguna de esas sentencias, el criterio emitido por el respectivo Tribunal Colegiado de Circuito está sujeto a la determinación que sobre el particular adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudiendo no subsistir y entonces no existiría la contradicción de tesis. Consecuentemente, en ese supuesto la denuncia respectiva debe declararse improcedente."(19)

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN.

59. En un inicio, debe tomarse en cuenta que la unificación de criterios es una cuestión que se encuentra prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(20) y la norma reglamentaria –es decir, en la Ley de Amparo–(21) para proporcionar coherencia y congruencia cuando se presentan tesis discrepantes de distintos tribunales, con la finalidad de dotar de certeza y seguridad jurídica al razonamiento judicial dentro del sistema jurídico mexicano.

60. Asimismo, debe destacarse que el Tribunal Pleno estableció en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.",(22) que para que se actualicen las entonces contradicciones de tesis deben reunirse dos supuestos: i) que hubieran examinado cuestiones jurídicas iguales en las que ejercieron su arbitrio judicial a través de consideraciones lógico-jurídicas para justificar la resolución y ii) que hayan llegado a conclusiones discrepantes sobre esa misma cuestión jurídica divergente en las resoluciones respectivas, a pesar de que las cuestiones fácticas no sean iguales.

61. Del citado criterio se evidencia, que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

62. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos judiciales, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción, ello es viable cuando la decisión que prevalezca sea única y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

63. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que,(23) para advertir si se está o no frente a un conflicto entre criterios, deben satisfacerse los siguiente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31890-4293a94d/ampliacion-de-la-demanda-de-amparo-directo-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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