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Modo: Corpus Pro

APLICACIÓN RETROACTIVA DE JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LA 2a./J. 37/2019 (10a.), AL NO EXISTIR UNA PREVIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 44/2023. · Registro digital (IUS): 32135
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-02-09
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS AMBOS DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo II, Pág.1995.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 44/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS AMBOS DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 4 DE ENERO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y DE LOS MAGISTRADOS JORGE TOSS CAPISTRÁN Y GUILLERMO VÁZQUEZ MARTÍNEZ. PONENTE: MAGISTRADO JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: RAÚL HUERTA BELTRÁN.

Monterrey, Nuevo León. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, en sesión pública ordinaria correspondiente al cuatro de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la posible contradicción de criterios, suscitada entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Noveno Circuito, ambos con residencia en Reynosa, Tamaulipas.

El posible problema jurídico a resolver por este Pleno Regional consiste en dar respuesta a la siguiente interrogante:

¿La aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 37/2019 (10a.), de rubro: "PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LA CLÁUSULA 113 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2013-2015 (Y SUS EQUIVALENTES PARA OTROS BIENIOS), NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.", en los juicios laborales iniciados con anterioridad a su vigencia, vulnera o no el principio de irretroactividad previsto en el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo?

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado a través del servicio de mensajería "DHL" el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés y registrado en la oficialía de partes de este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, el apoderado legal de los trabajadores quejosos en los dos juicios de amparo directo de precedentes divergentes, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, al resolver respectivamente los juicios de amparo directo 104/2021 y 413/2021.

2. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, la presidencia de este Pleno Regional, con fundamento en los artículos 24, fracción V y 36, párrafo primero,(1) del referido Acuerdo General, admitió a trámite la denuncia de que se trata.

Al tiempo, con fundamento en el diverso numeral 37, párrafo primero,(2) del ordenamiento en consulta, turnó electrónicamente(3) el presente asunto, para su estudio, al magistrado ponente, según el orden equitativo que se lleva en la secretaría de acuerdos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 ídem,(4) lo que se hizo del conocimiento a la secretaría particular del ponente para los efectos conducentes.

A su vez, con apoyo en los artículos 39 y 40(5) del multicitado Acuerdo General, solicitó vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a las presidencias de los Tribunales Colegiados contendientes remitieran y pusieran a disposición, tanto la versión digitalizada de las ejecutorias que dieron origen a los criterios en posible disputa, como los expedientes electrónicos relativos a los amparos directos 104/2021 y 413/2021, de sus respectivos índices, así como en el mismo formato el contenido del proveído en el que informaran si tales criterios se encuentran VIGENTES o, en su caso, superados o abandonados, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, acompañando al efecto, el archivo electrónico de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio.

De igual modo, con sustento en el artículo 45(6) del Acuerdo General en cita, se otorgó la oportunidad a cualquier persona o institución para que ofrecieran su opinión (amicus curiae) en torno a la presente contradicción de criterios, sin que nadie actuara en consecuencia.

3. Vigencia de criterios y remisión del expediente. Mediante acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, la presidencia de este Pleno Regional, recibió el oficio signado por el encargado del despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, mediante el cual informó que no existe en el índice estadístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alguna contradicción de criterios que guarde relación con el tema a dilucidar por este Pleno Regional en el presente asunto y una vez que los órganos contendientes informaron que sus criterios seguían vigentes y habilitaron las constancias solicitadas, tuvo por integrado este expediente y dictó el auto de confirmación de turno electrónico a que alude el artículo 41(1) del Acuerdo General 67/2022 en consulta, para la elaboración del proyecto correspondiente.

4. Temporalidad en la elaboración del proyecto de resolución. De conformidad con el artículo 44(7) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales, el plazo genérico (en tanto no se surten en el caso ninguna de las excepciones previstas en el citado numeral) de treinta días hábiles para formular el proyecto de resolución, transcurrió del seis de noviembre de dos mil veintitrés (día hábil siguiente a la fecha de confirmación de turno y remisión de constancias al magistrado ponente) al dos de enero de dos mil veinticuatro, descontándose como días inhábiles, los siguientes: once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de noviembre; dos, tres, nueve y diez de diciembre por ser sábados y domingos; uno, dos, tres y veinte de noviembre y uno de enero por ser días inhábiles; así como también del dieciséis al treinta y uno de diciembre por corresponder al segundo periodo vacacional de este órgano jurisdiccional; lo anterior, con apoyo en los artículos 54 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales, el oficio CCJ/ST/2012/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como en la circular número 12/2023 de ocho de marzo de dos mil veintitrés; luego, si el proyecto de trato se listó el dos de enero de dos mil veinticuatro, es claro que se cumplió en tiempo con tal obligación normativa, tal como se ilustra en los siguientes cuadros:

Ver cuadros

I. COMPETENCIA

Este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León es competente para resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los artículos 6, fracción I, 7, 10 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 y el diverso numeral 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, toda vez que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte del País.

II. LEGITIMACIÓN

La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III,(8) de la Ley de Amparo, en atención a que fue formulada por el apoderado legal de los trabajadores quejosos en los juicios uniinstanciales números 104/2021 y 413/2021, respectivamente de los índices del Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Noveno Circuito, ambos con sede en Reynosa, Tamaulipas.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

A fin de determinar si existe o no un punto de contacto divergente entre los criterios sustentados por los referidos órganos jurisdiccionales, deben reseñarse brevemente los antecedentes procesales de los casos que cada uno de ellos resolvió y sintetizar la parte considerativa donde quedó plasmado su criterio motivo de discrepancia.

Juicio de amparo directo 104/2021 del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno

Antecedentes procesales:

1. El Tribunal Colegiado de Circuito fue enfático en describir que un trabajador en activo promovió demanda laboral ante la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en contra de **********, de quien reclamó diversos padecimientos como "riesgo de trabajo"; la cual se registró con el número de juicio laboral **********.

2. Seguido el juicio por sus etapas legales –en lo que aquí interesa– en el laudo se indicó:

"... Se dejan a salvo los derechos del actor ... para hacerlos valer en la vía y forma pertinente ante los servicios médicos de la demandada en los términos de la multicitada cláusula 113 contractual, es decir, a efecto de que agote el requisito de procedencia de la acción."

Tal proceder la responsable lo sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 37/2019 (10a.)(9) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LA CLÁUSULA 113 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2013-2015 (Y SUS EQUIVALENTES PARA OTROS BIENIOS), NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."

3. Inconforme con lo resuelto, el apoderado legal del actor promovió juicio de amparo directo, en el que expuso –entre otros– el concepto de violación siguiente:

• La Junta responsable aplicó retroactivamente en su perjuicio la aludida jurisprudencia 2a./J. 37/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Que dicha aplicación contraviene lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, porque no se consideró que la acción laboral se hizo por la orientación de la jurisprudencia 4a./J. 30/92 de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA COMO PERICIAL MÉDICA, CARECE DE EFICACIA PROBATORIA SI SE OBTUVO MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DISTINTO AL LABORAL."; así como de la diversa jurisprudencia P./J. 114/2001 del Pleno del Máximo Tribunal del País, de encabezado: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL."

• Las referidas jurisprudencias eran los criterios vigentes de acuerdo con la temporalidad en que se ejerció la acción y, por ende, el contenido de ellas era de observancia obligatoria para la autoridad responsable; por lo que estimó que la aplicación de la citada jurisprudencia 2a./J. 37/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva efectos retroactivos en perjuicio de su representado, acorde a su vez con la jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.), de epígrafe: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO."

4. Del juicio de amparo directo correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, quien lo radicó bajo el número 104/2021.

Argumentación de la sentencia constitucional

Por sesión ordinaria de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos se calificó como infundado el concepto de violación como sigue:

• Bajo los parámetros de la jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.) concluyó que para considerar retroactiva la aplicación de una jurisprudencia, era indispensable la existencia previa de un criterio directamente aplicable y relevante en el asunto, que además se encuentre superado, abandonado o modificado antes de dictarse la resolución respectiva.

• Acorde a dichos lineamientos, ponderó que durante la secuela procesal del juicio natural, si bien se emitió una jurisprudencia que incidió en su resolución; sin embargo, el Tribunal Colegiado de Circuito, no advirtió la existencia previa de un criterio que resultara directamente aplicable a ese asunto y que además, hubiera sido superado, abandonado o modificado.

• Sostuvo que al margen del origen de la contradicción de tesis que culminó con la integración de la jurisprudencia 4a./J. 30/92 de la otrora Cuarta Sala del Máximo Tribunal del País, del título: "PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA COMO PERICIAL MÉDICA, CARECE DE EFICACIA PROBATORIA SI SE OBTUVO MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DISTINTO AL LABORAL.", su contenido no resultaba de aplicación directa al juicio natural, por no referirse específicamente al tema de: "... si debe o no agotarse el procedimiento médico ante la patronal, previo a acudir a la instancia jurisdiccional", sino que su contenido va encaminado a la justipreciación de una prueba documental ofrecida como pericial médica.

• Por lo que respecta a la jurisprudencia P./J. 114/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL."; consideró que su contenido no resultaba obstáculo en la aplicación de la referida jurisprudencia 2a./J. 37/2019 (10a.), de la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, por dos razones:

1. No hace referencia directa a la obligación de agotar o no el procedimiento ante el servicio médico de Petróleos Mexicanos, sino a la existencia de un recurso de inconformidad previsto en diverso ordenamiento legal.

2. Pese a que la parte actora apoyó sus conceptos de violación en la jurisprudencia P./J. 114/2001 del Pleno de ese Máximo Tribunal, aun así, en la jurisprudencia 2a./J. 37/2019 (10a.), se concluyó que los trabajadores activos debían agotar el procedimiento ante el servicio médico de la patronal.

• El Tribunal Colegiado de Circuito indicó que si bien respecto al mismo concepto de violación en anteriores ocasiones asumió el criterio de desestimarlo, lo que podría interpretarse en el sentido de que el actor ajustó su actuar a dicho proceder del propio tribunal y, por ende, que ello daría lugar a la aplicación retroactiva de la jurisprudencia 2a./J. 37/2019 (10a.).

• Sin embargo, consideró que acorde con el contenido de la diversa jurisprudencia 2a./J. 12/2018 (10a.), de encabezado: "BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 13/2017 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO TIENE EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO."; la aplicación de la jurisprudencia del Máximo Tribunal, no tiene efectos retroactivos de los prohibidos por el artículo 217 de la Ley de Amparo, en virtud de que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevalece sobre las que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito.

• Dicha jurisprudencia le permitió concluir a ese órgano colegiado que pese a lo sostenido en anteriores asuntos, ello no implicaba la aplicación retroactiva de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• De ahí que sobre el motivo de disenso concluyó:

"... Motivos por los cuales son infundados los argumentos hechos valer por la parte quejosa."

Juicio de amparo directo 413/2021 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en sesión de veintiocho de abril de dos mil veintidós

Antecedentes procesales:

1. Un trabajador en activo promovió demanda laboral ante la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en contra de **********, de quien reclamó diversos padecimientos como "riesgo de trabajo"; cuya pretensión se registró con el número de expediente laboral **********.

2. Seguido el juicio por sus etapas legales –en lo que aquí interesa– en el laudo se indicó:

"... dejando a salvo los derechos de la parte actora respecto el ejercicio de la cláusula 113 del pacto contractual."

Dicho juicio de valor lo sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 37/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LA CLÁUSULA 113 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2013-2015 (Y SUS EQUIVALENTES PARA OTROS BIENIOS), NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."

3. Inconforme con lo resuelto, el apoderado legal del actor promovió juicio de amparo directo quien expuso –entre otros– como concepto de violación el siguiente:

• La Junta responsable aplicó retroactivamente en su perjuicio la aludida jurisprudencia 2a./J. 37/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Que dicha aplicación contraviene lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, porque no se consideró que la acción laboral se hizo depender por la orientación de la jurisprudencia 4a./J. 30/92 de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA COMO PERICIAL MÉDICA, CARECE DE EFICACIA PROBATORIA SI SE OBTUVO MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DISTINTO AL LABORAL."; así como de la diversa jurisprudencia P./J. 114/2001 del Pleno del Máximo Tribunal del País, de encabezado: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL."

• Las referidas jurisprudencias eran los criterios vigentes en la temporalidad que se ejerció la acción y, por ende, el contenido de ellas era de observancia obligatoria para la autoridad responsable; por lo que estima que la aplicación de la citada jurisprudencia 2a./J. 37/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva efectos retroactivos en perjuicio de su representado, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.), de epígrafe: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO."

Ver calendario

4. Del amparo directo correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, quien lo radicó bajo el número 413/2021.

Argumentación de la sentencia constitucional

Por sesión ordinaria de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos se declaró fundado el concepto de violación intitulado de la siguiente manera:

"APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 37/2019 (10a.), AL CASO CONCRETO. CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO".

Las razones para arribar a dicha conclusión son del tenor siguiente:

• Acorde a los lineamientos establecidos en la jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.), de rubro: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO."; la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para considerar retroactiva la aplicación de una jurisprudencia en perjuicio del justiciable, era indispensable la actualización de manera enunciativa mas no limitativa, de alguno de los supuestos siguientes: 1. Cuando al inicio de un juicio o procedimiento exista una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional.

2. Cuando antes de emitirse el fallo jurisdiccional respectivo, surja una jurisprudencia que supere, modifique o abandone el entendimiento del sistema jurídico relacionado con la acción emprendida o con cualquiera de los supuestos que se hubieran actualizado en el procedimiento relativo.

3. Cuando con la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial se impacte de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables, en relación con el entendimiento de una institución jurídica de un derecho, de una acción, etcétera, sustentado en criterios, tesis o jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación orientadores al respecto y que dieron pauta para el ejercicio de una acción o para oponer alguna excepción, entre otros supuestos.

• Bajo esos lineamientos sostuvo que no se actualizaba la primera de las hipótesis enumeradas, porque en la fecha que el actor presentó la demanda que generó el expediente laboral de origen (cuatro de mayo del dos mil dieciséis), no existía una jurisprudencia que expresamente determinara que previo al ejercicio de la acción laboral, los trabajadores sindicalizados en activo de Petróleos Mexicanos debían solicitar que el servicio de medicina de la patronal, determinara su aptitud para laborar y, en consecuencia, les expidiera un dictamen médico para comprobar sus incapacidades derivadas de riesgos de trabajo, en aplicación de la Cláusula 113 del Contrato Colectivo de Trabajo.

• Consecuentemente, estimó que la jurisprudencia 2a./J. 37/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LA CLÁUSULA 113 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2013-2015 (Y SUS EQUIVALENTES PARA OTROS BIENIOS), NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.", no vino a cambiar algún criterio anterior sobre el alcance de la referida cláusula, ni sobre la necesidad de agotar el procedimiento ahí establecido, previo a ejercer la acción laboral derivada de riesgo de trabajo.

• Sin embargo, consideró que la jurisprudencia 4a./J. 30/92 de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como de la diversa P./J. 114/2001, del Pleno del Máximo Tribunal del País; si bien no abordan directamente el tema relativo al alcance de la carga establecida en la Cláusula 113 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato y Petróleos Mexicanos o sus equivalentes relacionado con los "riesgos de trabajo", respecto al sometimiento por parte del trabajador a los exámenes y dictámenes médicos de la patronal previo al ejercicio de la acción laboral derivada de tales riesgos; a partir del contenido de ellas se obtenía un "criterio general" en el sentido de que las acciones laborales no quedan condicionadas al previo agotamiento del referido procedimiento médico establecido en la Cláusula aludida.

• Precisó que la jurisprudencia 2a./J. 37/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LA CLÁUSULA 113 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2013-2015 (Y SUS EQUIVALENTES PARA OTROS BIENIOS), NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."; acorde con las fechas de su publicación y aplicación obligatoria (veintidós y veinticinco de febrero de dos mil diecinueve), su contenido resultaba inaplicable al juicio natural, porque éste dio inicio el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Anterior argumento que apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 139/2015 (10a.) de la propia Segunda Sala de encabezado: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."

• De suerte que concedió el amparo para los efectos siguientes:

"1. Prescinda de considerar aplicable en el caso la jurisprudencia 2a./J. 37/2019 (10a.)."

IV. EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

Una vez establecidas las posturas que sirvieron de base para la tramitación de la posible contradicción planteada y tomando en consideración que un presupuesto lógico para su resolución es su existencia, corresponde verificarla.

Por contradicción de "criterios" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.

Sirve de apoyo para esta determinación la jurisprudencia P./J. 72/2010(10) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Así como la tesis aislada P. L/94,(11) emitida también por el propio Pleno, del contenido:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."

Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.

Para corroborar, entonces, que una contradicción es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificar criterios, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.

En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -no tanto los resultados que arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógico

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32135-e244d0ac/aplicacion-retroactiva-de-jurisprudencia-no-se-actualiza-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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