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Modo: Corpus Pro

PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LA CLÁUSULA 113 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2013-2015 (Y SUS EQUIVALENTES PARA OTROS BIENIOS), NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. EN ELLOS NO SE PUEDEN PACTAR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO INFERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NI CONTRARIAR LOS DERECHOS HUMANOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6045/2018. · Registro digital (IUS): 28360
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-02-22
Promovente: PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Pág. 926.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6045/2018. PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. 16 DE ENERO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: ROBERTO FRAGA JIMÉNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto.(1)

SEGUNDO.—El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente.(2)

TERCERO.—El recurso de revisión fue interpuesto por persona legitimada para ello.(3)

CUARTO.—Como antecedentes de la sentencia recurrida, destacan los siguientes:

1. Luis Francisco Díaz Sánchez demandó de Pemex Exploración y Producción, las siguientes prestaciones:

• El reconocimiento de que en materia de riesgos de trabajo no opera la prescripción mientras no se determine el grado de incapacidad del trabajador.

• El reconocimiento de que laboró en lugares insalubres.

• La aceptación y reconocimiento de diversos padecimientos, como son el síndrome del bornout, neurosis laboral, cortipatia bilateral secundario a trauma acústico que le produjo hipoacusia bilateral, disminución visual en ambos ojos, bronquitis crónica tipo industrial, disminución en funcionamiento de la columna vertebral, neuropatía ciática bilateral, gonartrósis bilateral, hipoacusia bilateral y trastorno del túnel del carpio, con el carácter de enfermedades profesionales por derivarse de riesgo de trabajo y su correspondiente indemnización.

• La valuación y calificación de grado de incapacidad parcial y permanente de los riesgos de trabajo.

• La aceptación por parte de la demandada de que, por disposición de las cláusulas 62, 63 y 64 del contrato colectivo de trabajo, debe estimarse con carácter de riesgo de trabajo profesional los padecimientos actuales, en virtud del trabajo realizado.

• La aceptación y reconocimiento de lo dispuesto en los primeros tres párrafos de la cláusula 125 del Contrato Colectivo de Trabajo del bienio 1987-1989 análogo a la cláusula 113 del Contrato Colectivo de Trabajo 2013-2015, donde se reconocen los padecimientos como riesgos de trabajo.

• El reconocimiento de la incapacidad permanente que presenta debido a las secuelas físicas que sufre por riesgos de trabajo durante el lapso en que prestó servicios.

• El otorgamiento y pago de una pensión con base al salario que viene percibiendo, el cual se integra por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie, y cualquier otra cantidad que se le entregue por su trabajo, en términos de los artículos 82, 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo.

• Inconstitucionalidad, inconvencionalidad e inaplicabilidad del artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo, que limita el pago de indemnizaciones derivadas de riesgos de trabajo al doble del salario mínimo.

• El reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente a la incapacidad permanente en términos del artículo 495 de la Ley Federal del Trabajo.

• El reconocimiento del incumplimiento de la obligación que le impone el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo, así como lo señalado en los incisos a), e) y f) de la cláusula 103 del contrato colectivo, respecto de la omisión de haber sometido al suscrito a exámenes médicos periódicos tendientes a la preservación y conservación de la salud.

• La nulidad de cualquier dictamen, prescripción, nota médica y/o cualquier otro documento a título diverso de carácter unilateral que se pretendiera hacer valer que afecte los intereses y que implique renuncia de derechos.

• El otorgamiento y pago de una prestación periódica derivado de la incapacidad permanente que ostento, en términos del convenio OIT 102.

• La inconstitucionalidad, inconvencionalidad o nulidad parcial de las cláusulas 128, 129, 134, fracción II, del contrato colectivo, por cuanto hace a las reglas para el cálculo del monto tanto de la indemnización como de la pensión por riesgo de trabajo.

• El reconocimiento, otorgamiento y pago de la jubilación por riesgo profesional en el porcentaje del 100%, en virtud de que padece una disminución orgánico funcional en el mismo porcentaje que le impide laborar, derivada de un riesgo de trabajo, de conformidad con la cláusula 134 del contrato colectivo de trabajo.

• El reconocimiento de que sus padecimientos actuales y los que se sigan generando se deben estimar con carácter de riesgo de trabajo profesional, en términos de las cláusulas 113, 125 y 135 del contrato colectivo de trabajo.

• La inscripción y contratación de los seguros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con el artículo 23 de la Ley del Seguro Social y, en consecuencia, la pensión de invalidez en términos de los diversos 119, 122 y demás aplicables de dicho ordenamiento.

• El pago de las siguientes prestaciones: vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, canasta básica de alimentos, gas doméstico, gasolina y lubricantes, rendimientos y productividad, ayuda de gastos de pasaje, tiempo extraordinario, tiempo extra fijo, tiempo extra ocasional, tiempo extra por concepto de espera, arrastre y cambio de rol, tiempo extra tolerancia, tiempo extra penado, tiempo extra laborado en días festivos y descansos obligatorios, antigüedad y la correcta integración del salario.

• El reconocimiento del incremento del monto de la pensión jubilatoria con el tiempo de espera por anticipado.

• El reconocimiento y pago del Sistema de Ahorro para el Retiro y las aportaciones o cuotas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de acuerdo con los artículos 136 al 153 de la Ley Federal del Trabajo.

Sustentó sus reclamaciones, en esencia, en que es un trabajador en activo, laborando en diversos puestos y ostentando diversas categorías durante su vida laboral, siendo su última la de **********, jornada (**********), adscrito al departamento de **********, en el **********, **********, en Ciudad del Carmen, Campeche, y percibiendo un salario diario de $********** (**********), haciendo un acumulado de antigüedad efectiva de servicios de más de treinta y tres años hasta la interposición de la demanda.

2. En su contestación, Petróleos Mexicanos manifestó, entre otras cuestiones, que las prestaciones reclamadas resultaban improcedentes, porque en el expediente personal y clínico no existe antecedente de los padecimientos mencionados, por lo que niega que el reclamante haya sufrido accidente o enfermedad de trabajo durante el tiempo que ha laborado, aunado a que el pago se encuentra prescrito, además de que no existe un ambiente contaminado de polvo, humo y gases industriales en el departamento en el que se desempeñaba el actor.

3. La Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, donde condenó a Petróleos Mexicanos a reconocer que el actor padecía enfermedad de trabajo y, como consecuencia, a cubrir la indemnización por riesgo de trabajo en términos de la cláusula 128 del contrato colectivo y el otorgar la pensión jubilatoria en términos del segundo párrafo de la fracción II de la cláusula 134 del contrato colectivo de trabajo, en lo que interesa.

4. La parte demandada Pemex Exploración y Producción promovió juicio de amparo directo, en sus conceptos de violación, en lo que interesa, adujo lo siguiente:

• Primero. El laudo carece de fundamentación y motivación, ya que no establece la causa legal por la cual se condenó sin que se realizara un estudio congruente y exhaustivo.

• Segundo. La autoridad responsable omitió la estimación del artículo 899-A, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del uno de diciembre de dos mil doce, en la que estipula la competencia por razón de territorio para conocer de los conflictos individuales de seguridad social, corresponderá a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, del lugar en que se encuentre la clínica a la cual estén adscritos los asegurados o sus beneficiarios (Centro de Producción Cantarell, Instalaciones Marinas de Ciudad del Carmen, Campeche), infringiendo en su perjuicio los artículos 700 y 899-A, de la Ley Federal del Trabajo.

• Tercero. La Junta aplicó indebidamente la jurisprudencia 2a./J. 147/2011 (9a.), de rubro: "ENFERMEDAD PROFESIONAL. CUANDO SE DEMANDA A PETRÓLEOS MEXICANOS EL RECONOCIMIENTO DE SU ORIGEN, CORRESPONDE A ÉSTE LA CARGA DE PROBAR LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS O MEDIO AMBIENTE EN QUE EL TRABAJADOR PRESTA O PRESTÓ SUS SERVICIOS.", porque si bien es cierto que las cláusulas 103 y 113 del contrato colectivo de trabajo establecen el procedimiento específico para el reclamo de las prestaciones surgidas con motivo de un padecimiento del orden profesional, que obliga a la empresa a emitir un pronunciamiento respecto de los criterios ocupacionales y de seguridad e higiene del solicitante.

• Ello, porque la autoridad dejó de valorar todo el contenido de dicha cláusula, omitiendo apreciar que la solicitud debe ser a través de la representación sindical que agremia a los trabajadores petroleros de la República Mexicana, por lo que resulta contradictorio que pretenda el reconocimiento de padecimientos, indemnización y prestaciones extralegales.

• Porque en primer lugar no existe antecedente alguno en su expediente personal ni en el clínico de que haya sido tratado por los padecimientos demandados, luego entonces, se confirma que nunca solicitó a través de su representación sindical, ser atendido de los supuestos padecimientos que demanda de la patronal, a fin de obtener una jubilación, sin tomar en cuenta que debía agotar los requisitos.

• De ahí que la patronal nunca tuvo conocimiento de los supuestos padecimientos de que se duele, así como de los extremos de la pericial técnica, bajo la jurisprudencia, ya que nunca agotó el procedimiento establecido en el propio contrato colectivo que lo rige como activo, en la industria petrolera.

• Por lo que si el tercero interesado al encontrarse activo no hizo del conocimiento de la patronal los padecimientos demandados, sin antes haber agotado las cláusulas que le eran aplicables para valoración de los padecimientos a través de su representación sindical, en términos de las cláusulas 103, inciso g) y 113 del contrato colectivo, y haber permitido a Pemex realizar lo conducente, y demandó, era evidente que lo que pretendía era obtener un lucro y no el ejercicio de un derecho, otorgándole a la patronal la carga de la prueba.

• Cuarto. La autoridad no analizó las excepciones opuestas por la patronal al contestar la demanda.

• Quinto. La Junta responsable no analizó todas y cada una de las pruebas aportadas por la demandada mismas que fueron enlistadas y detalladas, sin tomar en cuenta que forman parte de la litis planteada, por lo que tenían que ser valoradas de manera objetiva, por lo que vulneró lo dispuesto en los artículos 840, fracción IV, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo.

• Sexto y séptimo. La Junta responsable si bien valoró el dictamen pericial técnico ofrecido por la parte actora y tercero en discordia, no lo realizó de manera científica y congruente, ya que de forma indebida le dio valor probatorio a éstos.

• Adujo que la carga de la prueba de la pericial médica debía recaer en el actor, por lo que al no acreditar con estudios, métodos, técnicas e instrumentos, suficientes ser portador de enfermedad y/o patología de la que se aqueja el perfil laboral del accionante, incumplió con su carga procesal.

• Por lo que la responsable se encuentra facultada para decidir si se comprobó o no el fundamento de la acción y, por consiguiente, la profesionalidad de las actividades, relacionadas con las enfermedades, con su actuar, al omitir valorar todos los argumentos de este concepto transgredió el principio de congruencia exhaustividad y debida fundamentación y motivación.

• Octavo. Ante la impugnación de la determinación de la responsable de reconocer al tercero interesado la incapacidad a la que condena, derivado de la falta de motivación del acto, la valuación del riesgo realizada por la responsable no podrá aumentar con motivo del juicio, pues al ser fundado sólo debería ordenarse la reposición de los actos impugnados, para evitar mayores perjuicios.

• Noveno. El actor no colmó los elementos de la acción, en el sentido de que la cláusula 134 en sus fracciones I, II y III, era de aplicación para el personal del régimen de planta sindicalizado en activo, y siempre era aplicado a solicitud por escrito del representante sindical, requisito que no se advierte se haya colmado, por lo que al reclamar la jubilación –siendo ésta una prestación extralegal– era improcedente, pues debió probar fehacientemente que sufrió un accidente de trabajo y que derivado de ello le resultó una incapacidad permanente total o parcial, lo cual no sucedió.

• Décimo. La Junta responsable no tomó en consideración que el actor no acreditó que contrato colectivo le era aplicable, por lo que se encontraba obligado a establecer el fundamento legal de la enfermedad de origen profesional, jubilación, indemnización, prestaciones legales y extralegales.

• Décimo primero. La responsable condenó de forma ilegal a cubrir una indemnización por incapacidad permanente total del 80% en términos de las cláusulas 128 y 129 del contrato colectivo; sin embargo, no se demostró que padeciera las enfermedades de hipoacusia bilateral neurosensorial, espondiloartrosis lumbar y gonartrosis bilateral, dado que no se acreditó la relación causa efecto daño modo lugar tiempo ni mecanismo con la pericial médica y técnica de la parte actora y tercero en discordia.

• Décimo segundo. Del caudal probatorio no se desprende que el actor haya agotado las cláusulas 103 y 113 contractuales a fin de solicitar por conducto de su representación sindical la revisión de los padecimientos médicos; tampoco acreditó que se le dejó de pagar su salario y las prestaciones que tenía derecho, por lo que la Junta condenó al pago de prestaciones legales y extralegales en contravención de lo dispuesto en los artículos 31, 794, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo.

• Décimo tercero. La responsable omitió realizar un estudio congruente de las prestaciones reclamadas y los requisitos que debió cumplir; asimismo, omitió valorar que la jubilación otorgada era pactada, vulnerando con ello el debido proceso.

• Décimo cuarto. Se condenó al otorgamiento del incremento del monto de espera por anticipado, en virtud de que se demostró que el trabajador presentaba una enfermedad permanente total, en términos de la cláusula 123 del contrato colectivo, para efecto del incremento de la pensión, por lo que era procedente que se le incrementaran tres años; sin embargo, la responsable era incongruente ya que condenó a enfermedades que el actor no mencionó en su escrito inicial y respecto de las que demandó no probó cumplir con los requisitos y agotar la cláusulas contractuales, por lo que no acreditó los extremos legales.

• Décimo quinto. La responsable condenó a cubrir al actor la cláusula 135 del contrato colectivo de trabajo sin que se encontrara debidamente fundamentada y motivada, ya que omitió valorar que el tercero interesado no acreditó de manera fehaciente sus medios de convicción, en tanto que ofreció un contrato colectivo que le era inaplicable, por lo que era improcedente la acción de jubilación intentada, al no cumplir con la cláusula, para su otorgamiento.

• Décimo sexto. La Junta responsable de manera incorrecta y en contravención a lo dispuesto en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, condenó a su representada al cumplimiento estricto y aplicación del acuerdo CMC/035/13 anexo al Contrato Colectivo de Trabajo bienio 2013-2015 para el efecto del pago de la pensión jubilatoria, equivalente a tres comidas diarias a favor del actor, que conforme a la cláusula 190 del citado contrato se les pagara a los trabajadores en su etapa de descanso, no obstante que si bien era cierto éste es trabajador activo del régimen sindicalizado, no menos cierto es que aduce, omitió valorar su categoría, bienio y, que no agotó el procedimiento previsto en dicho contrato para su respectiva valoración de los padecimientos de que se dolió en su escrito inicial de demanda laboral.

• Décimo séptimo. Sin concepto de violación.

• Décimo octavo. La responsable condenó al pago de ciento veintiséis horas extras mensuales a partir del nueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, sobre la base del salario integrado con sus aumentos y mejoras, hasta la fecha que se cumplimente este laudo, soslayando la categoría del operario; que se trata de un trabajador activo y éste aceptó las condiciones al firmar su tarjeta de trabajo para personal sindicalizado.

• Agregó que el operario no acreditó con medios de prueba tener derecho al pago de las horas extras que le reclamó, aunado a que no debían pagarse con los aumentos y mejoras a que fue condenada, que ningún precepto lo prevé, máxime si éstas se pagaban conforme a la Ley Federal del Trabajo y, no conforme al contrato colectivo de trabajo que regula a los trabajadores sindicalizados, como es el caso del operario.

• Décimo noveno. Es ilegal la condena de labores peligrosas insalubres, porque el actor no acreditó sus extremos, y la responsable hizo su apreciación de la forma en que se le debe pagar porque en el escrito de demanda no se desprende que éste haya solicitado dicha prestación.

• Vigésimo. La Junta responsable indebidamente condenó al Sistema de Ahorro para el Retiro, sin tomar en cuenta que el actor era trabajador sindicalizado y actualmente se encontraba activo, y si él está reclamando prestaciones extralegales le tocaba acreditar la falta de incumplimiento de la demandada.

• Vigésimo primero. La responsable no hizo valer el artículo 217 de la Ley de Amparo, toda vez que no obstante de la improcedencia de las acciones ejercidas por el actor en su libelo de demanda, en contra de la demandada, fue condenada.

5. Por su parte, el trabajador promovió juicio de amparo adhesivo, en el cual manifestó en sus conceptos de violación lo siguiente:

• Primero. El laudo fue incongruente al fijar la litis, distribuir las cargas probatorias y valorar las pruebas ofrecidas en el sumario laboral, razón suficiente para conceder el amparo.

• Segundo. Si bien es cierto que corresponde a la Junta determinar el porcentaje de valuación de los padecimientos y no a los peritos, no menos es cierto que el objeto de la prueba pericial es el auxilio en la administración de justicia y consiste en que un experto de determinada ciencia, técnica o arte, aporte al juzgador conocimientos propios de la materia de los que el juzgador carezca; por lo que la valoración de la Junta deriva de un análisis acucioso y exhaustivo, fundado y motivado.

• De ahí que, la Junta se encontraba obligada a exponer las razones por las cuales cada uno de los dictámenes le generaba mayor o menor convicción, pues bien, pudo ponderar la posibilidad de valuar al actor con el 100% (cien por ciento) de incapacidad permanente por riesgo de trabajo.

• Tercero. La Junta del conocimiento acordó admitir entre otras, las periciales ofrecidas por las partes, en donde soslayó observar que el apoderado legal de las demandadas en el primer uso de la voz en la audiencia pericial respectiva, no presentó personalmente a sus peritos, a efecto de que éstos acataran a su vez las formalidades y solemnidades a las que estaban obligadas por ley, es decir, que en el desahogo de dichas probanzas periciales se tergiversó el procedimiento establecido en el artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo; por lo que, los respectivos dictámenes de los peritos de la patronal no tuvieron que ser aceptados.

• Cuarto. La responsable omitió declarar la nulidad parcial, inconstitucionalidad e inconvecionalidad de la cláusula 134, fracción II, párrafo segundo, del pacto colectivo, la cual impone que para tener acceso a la pensión por riesgo de trabajo y calcular su monto, es indispensable que el trabajador tenga al menos cuatro años de antigüedad de planta, y que al cumplir con ese requisito mínimo de antigüedad, su pensión jubilatoria será calculada en base del 40% del promedio del salario ordinario que hubiese disfrutado en el último año de servicios, lo que es contrario a los artículos 1o., 4o. y 123, apartado A, fracción XXIX constitucional.

6. El Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en sesión de nueve de agosto de dos mil dieciocho, resolvió conceder el amparo y protección a Pemex Exploración y Producción y negar el amparo adhesivo, bajo las siguientes consideraciones:

• Se calificó de inoperante el motivo de disenso relativo a la competencia de la Junta para conocer del juicio primigenio laboral, porque la patronal aquí quejosa debió plantear la excepción de incompetencia en el juicio natural, al tratarse de una excepción de previo y especial pronunciamiento, y contra dicha decisión procede el juicio de amparo indirecto.

• Se calificó de inoperante lo tocante a la prestación denominada como Sistema de Ahorro para el Retiro, porque tal excepción no fue planteada en el juicio natural y, por tanto, es improcedente que en el amparo directo se introduzcan esas cuestiones, porque constituyen un aspecto novedoso.

• En atención a la causa de pedir, se determinó que era fundado el concepto de violación relativo a la jubilación, ya que de las cláusulas 113 y 134, fracción II, del pacto contractual se desprenden los lineamientos a los cuales debió sujetarse el trabajador que pretendía alcanzar los beneficios de indemnización o jubilación por incapacidad parcial permanente (riesgo de trabajo), esto es, solicitar que los médicos del patrón valúen la profesionalidad o no de su padecimiento y, en su caso, la incapacidad.

• De modo que, no debe pasar inadvertido que tales requisitos, como es la previa revisión de los médicos y, en su caso, peritos del patrón para dicho reconocimiento, es aplicable únicamente a aquellos trabajadores sindicalizados, cuya relación laboral se encuentre vigente, como en la especie acontece, toda vez que así lo manifestaron tanto el obrero como la demandada aquí quejosa, y en autos no existe constancia alguna que demuestre lo contrario.

• Se arriba a tal consideración, en virtud de que la cláusula 113 del contrato colectivo de trabajo establece que el personal sindicalizado que estime encontrarse afectado por una enfermedad de las señaladas en la citada cláusula, deben seguir el procedimiento señalado en ella.

• Razón por la cual, se arribó a la convicción de que si el actor del contencioso natural actualmente se encontraba en activo, era requisito indispensable que antes de acudir a la Junta laboral a demandar el reconocimiento de enfermedad profesional, por conducto del sindicato hiciera la solicitud al patrón.

• De ahí que resulten fundados, en atención a la causa de pedir, los motivos de disenso planteados por la patronal quejosa, en cuanto a que el tercero interesado no colmó los requisitos establecidos para la procedencia del reconocimiento de enfermedades profesionales y, por ende, la indemnización relativa y la pensión jubilatoria.

• Ello, porque al ser de carácter extralegal su reclamo, el operario debió no sólo probar tener derecho a obtenerlas, sino encuadrar en los requisitos exigidos para tales efectos.

• Consecuentemente, la Junta responsable en el nuevo laudo que dicte en cumplimiento a esta ejecutoria, deberá tomar en cuenta lo aquí considerado y, dejar a salvo los derechos del actor para que reclame a través de la gestión directa ante dicha patronal; de ésta el reconocimiento de enfermedades profesionales y, en consecuencia, el otorgamiento de la indemnización y, en su caso, de la pensión jubilatoria, en la vía y forma que estime pertinente.

• Luego, por cuanto hace a la indemnización por incapacidad parcial permanente, cabe indicar que si bien el nacimiento de ese derecho se encuentra contemplado en los artículos 483, 484, 485, 486 y 487 de la Ley Federal del Trabajo, con mejoras en el contrato colectivo de trabajo; empero, como bien lo manifestó la quejosa en sus conceptos de violación, no se colmaron los elementos de la acción para su procedencia.

• En tanto que el actor al sustentar su pretensión en el pacto colectivo, debió acudir en todo momento ante la patronal (en su carácter de prestador de la seguridad social), a informar sobre el particular, a efecto de ser evaluado en su salud, antes de comparecer ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

• Ello, porque en el presente asunto, al demandarse riesgos de trabajo a la paraestatal petrolera, resulta evidente que ésta cubre el servicio médico por su parte y, no con el régimen de seguridad social establecido en la ley que la instituye, sin que implique exentarla de la obligación de indemnizar a cualquier trabajador por el riesgo profesional que sufra, ya que, por disposición expresa del artículo 123 constitucional, trasladada a la Ley Federal del Trabajo, todo accidente que sufran los trabajadores en su labores, implica la responsabilidad de los patronos a pagar las indemnizaciones correspondientes; tanto más para la paraestatal petrolera, que es la que, por medio de sus hospitales generales y regionales satisface esa máxima constitucional; asumiendo esa facultad en términos del artículo 53 de la Ley del Seguro Social, es decir, lo que cambia esencialmente en este aspecto, es el hecho de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no se subrogará a las obligaciones de la quejosa, precisamente por no haberse aportado las cuotas relativas.

• Entonces, debe ser ésta quien cubra la indemnización correspondiente; por ende, para el reconocimiento de las mismas, el operario debió comunicárselo a la empleadora y seguir el procedimiento establecido en las cláusulas 113 y 134, fracción II, del pacto colectivo.

• Ante la omisión de seguir el procedimiento relativo, no se colman los requisitos establecidos en el artículo 123, fracción XX, constitucional, en términos de los diversos numerales 604 y 606, párrafo final, de la Ley Federal del Trabajo.

• De los artículos anteriores se desprende que las Juntas Especiales, al igual que la Federal de Conciliación y Arbitraje, sobre asuntos que le competen, deberán conocer y resolver acerca de los conflictos suscitados entre la clase obrera y patronal, o entre unos y otros, derivados de las relaciones laborales o hechos con las que guarden ilación.

• Conforme a lo anterior, para que una autoridad laboral pueda conocer de asuntos relacionados en el ámbito de su competencia, por tanto, por máxima constitucional como legal, debe existir necesariamente diferencias o conflictos de naturaleza laboral entre un trabajador y su patrón o patrones; o éste con aquél; o bien, entre los propios operarios; o, los mismos patrones.

• Así, los conflictos o diferencias que surjan entre las clases, necesariamente deben quedar palpables antes de ocurrir a la autoridad, pues, los mismos se tornarían inexistentes por no evidenciarse el problema que en su caso, verse entre el capital y la mano de obra; ello, porque en algunos casos, no puede apreciarse a simple vista la negligencia o desatención de algunas de las partes que generen la irregularidad que se pretenda demandar, sino que, ameritará la solicitud respectiva denegada u omisiva por cualquiera de las dos partes.

• En el particular, se aprecia que para el reconocimiento de las enfermedades profesionales, el trabajador acudió directamente ante la Junta responsable, para que una vez que prosperara esa acción, se le otorgaran los beneficios de indemnización y pensión jubilatoria; sin embargo, en el caso el citado actor se encuentra en activo para la demandada, ya que no existe vestigio procesal que afirme lo contrario, aunado a la propia confesión de la que fue objeto el trabajador en su demanda inicial, corroborado por lo vertido por parte de la demandada aquí quejosa en sus motivos de disenso.

• Por ello, y como certeramente alega la quejosa, para que se le otorgara especialmente el beneficio de indemnización por riesgo de trabajo, el trabajador activo tuvo que haber agotado el aludido procedimiento establecido en la cláusula 113 del contrato colectivo de trabajo –solicitar a través del sindicato que los médicos de la patronal lo evaluaran–; pues, sin perjuicio de que esa prerrogativa se encuentra contemplada legalmente; empero, como se viene diciendo, conforme al artículo 123, «apartado A», fracción XX, de la Norma Suprema, en relación con los diversos 604 y 606, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, hasta el momento el conflicto obrero-patronal es inexistente, porque no hay prueba de que la patronal se hubiere negado a atender al operario o fuera omisa en verificar el aludido procedimiento contractualmente establecido; puesto que, ni siquiera el último le hizo saber acerca de los padecimientos que actualmente le aquejan, como se encontraba obligado a hacerlo.

• Sólo en el hipotético anteriormente referido, el trabajador podría acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a reclamar la actitud pasiva o negativa de la empleadora, ya que ante ello se configuraría la hipótesis que contienen el artículo 123, «apartado A», fracción XX, de la Constitución Federal, así como los diversos 604 y 606, último párrafo, de la ley que rige el acto.

• En el presente caso, al no existir prueba fehaciente de que la quejosa se hubiere negado u omitido en atender y valorar al trabajador, para brindarle la atención médica y las demás prestaciones legales y contractuales; entonces, queda de manifiesto que no existió tal conflicto obrero-patronal; y, por ende, la acción de indemnización por incapacidad parcial permanente (riesgo de trabajo) resulta improcedente.

• Por ende, la autoridad obrera en el laudo que dicte en cumplimiento a esta disposición constitucional, deberá ponderar las razones antes pl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28360-f864c561/petroleos-mexicanos-y-organismos-subsidiarios-la-clausula-113 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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