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INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE DERIVADA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. DEBE CALCULARSE DE ACUERDO CON EL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EN LA FECHA EN QUE EL TRABAJADOR SE SEPARÓ DE LA EMPRESA Y LA CALIFICACIÓN DEL GRADO DE INCAPACIDAD ACONTECE DESPUÉS DE CONCLUIDA LA RELACIÓN LABORAL. INDEMNIZACIÓN POR ENFERMEDAD PROFESIONAL PREVISTA EN LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO DE PETRÓLEOS MEXICANOS. PARA RECLAMARLA, CUANDO NO SE EXHIBE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL BIENIO APLICABLE, PERO ÉSTE SE ENCUENTRA PUBLICADO, CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO, POR LO QUE NO HA LUGAR A CUANTIFICAR DICHA INDEMNIZACIÓN CONFORME A LA LEY LABORAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 13/2022. · Registro digital (IUS): 31188
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2023-01-20
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO (ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE L
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo IV, Pág.3853.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 13/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO (ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA, YUCATÁN. 29 DE NOVIEMBRE DE 2022. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ÁNGEL RODRÍGUEZ MALDONADO, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, EDUARDO ANTONIO MÉNDEZ GRANADO, CARLOS SOLÍS BRICEÑO Y JERÓNIMO JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ. AUSENTE: JAIME FLORES CRUZ. DISIDENTE: ALFREDO BARRERA FLORES (PRESIDENTE), QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: JERÓNIMO JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ. SECRETARIA: PATRICIA GONZÁLEZ LÓPEZ.

Villahermosa, Tabasco. Acuerdo del Pleno del Décimo Circuito, correspondiente a la sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos para resolver los autos de la contradicción de criterios 13/2022.

RESULTANDO

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante escrito presentado electrónicamente el diez de junio de dos mil veintidós (fojas 3 y 4), **********, por conducto de su autorizado **********, denunció la posible contradicción de criterios, entre los sustentados por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz (actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito) y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, en auxilio de aquél, al resolver el primero de los citados, el amparo directo 738/2017, y el segundo de los órganos referidos, el amparo directo 1480/2017 (cuaderno auxiliar 109/2018).

SEGUNDO.—Trámite y turno del asunto. Por auto de veintiocho de junio siguiente (fojas 65 a 67), el presidente del Pleno del Décimo Circuito admitió a trámite la posible contradicción de criterios y solicitó al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, remitiera copia certificada de la ejecutoria dictada dentro del amparo directo 1480/2017 (cuaderno auxiliar 109/2018), e informara si el criterio sustentado seguía vigente, o en su caso, las causas para tenerlo por superado o abandonado –sin que fuera necesario recabar copia de las constancias relativas al amparo directo 738/2021, del Primer Tribunal Colegiado, por obrar en los autos del toca de contradicción de tesis–.

Mediante proveído de cuatro de julio del presente año (fojas 106 y 107), se tuvo a la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, remitiendo copia certificada de la ejecutoria emitida en el amparo directo 1480/2017 (cuaderno auxiliar 109/2018), e informó que a la brevedad comunicaría sobre la vigencia del criterio sustentado en ésta.

Posteriormente, en acuerdo de catorce de julio siguiente (fojas 111 y 112), se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/246/07/2022, remitido vía electrónica, por el cual el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó el contenido del diverso oficio SGA/GVP/520/2022, signado por el secretario general de Acuerdos del referido Alto Tribunal, en el cual comunicó que de la consulta al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver en ese Alto Tribunal, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis, dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se encontraba radicada contradicción de criterios alguna en la que el tema a dilucidar guarde relación con el diverso: "1. (sic) TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN CONSISTENTE EN EL RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, Y SU CONSECUENTE INDEMNIZACIÓN, POR TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS ¿CUÁL ES EL CONTRATO COLECTIVO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA CUANTIFICAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA, EL QUE ESTUVO VIGENTE AL MOMENTO EN QUE CULMINÓ EL NEXO CONTRACTUAL, YA SEA POR SEPARACIÓN, LIQUIDACIÓN O JUBILACIÓN, O EL VIGENTE EN EL MOMENTO EN QUE SE EJERCITA LA ACCIÓN ANTE LA AUTORIDAD LABORAL?"

Mediante proveído de cuatro de agosto de la presente anualidad (fojas 117 y 118), se tuvo a la Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, informando que el criterio sustentado en el amparo directo 1480/2017 (cuaderno auxiliar 109/2018), se encontraba vigente.

Consecuentemente, en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós (fojas 119 y 120), con fundamento en los artículos 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, y los diversos 13, fracción XI y 46 del Acuerdo General 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se ordenó turnar los presentes autos al Magistrado Jerónimo José Martínez Martínez, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO.—Competencia. El Pleno del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 41 Quáter 1, fracción III, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 13, fracciones VI y VII, 28 y 46 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince.

No se desatiende la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual, en lo que interesa, en el artículo 94(1) se estableció la creación de los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, a quienes se les otorgó la facultad de resolver las contradicciones de criterios que se generen por distintos Circuitos que conforman determinados territorios, y así se defina un solo criterio obligatorio en varios Circuitos de una misma región.

Al respecto, mediante circular SECNO/17/2021, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en cumplimiento a lo decidido por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de Justicia Federal, publicada el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación", se informó que en su punto de acuerdo primero,(2) se determinó que los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo, hasta el inicio de la vigencia de las leyes secundarias relativas a la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación.

Por lo tanto, se sostiene que este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por una de las partes de los asuntos que la motivaron, por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación establecido en los referidos preceptos.

SEGUNDO.—Criterios denunciados como contradictorios. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, es necesario tener presente, en la parte conducente, las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, las cuales se precisan atendiendo a su orden cronológico.

–CASO A)–.

A) El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, en auxilio del entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz (actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito), en sesión ordinaria de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, resolvió por unanimidad de votos, el amparo directo 1480/2017 (cuaderno auxiliar 109/2018), promovido por **********, contra el laudo de once de agosto de dos mil diecisiete, dictado por la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, en el juicio laboral 2169/2012, en el que se condenó a la empresa demandada a reconocer que la actora **********, padece enfermedades de trabajo y, por ende, al pago de la indemnización correspondiente.

En la citada ejecutoria, en cuanto al tema que corresponde a la presente contradicción, se expusieron las consideraciones que enseguida se trascriben:

"... Aplicabilidad del contrato colectivo.

"Las empresas quejosas sostienen que la Junta responsable fundó indebidamente el laudo, al sustentarlo en el contrato colectivo de trabajo que ofreció el actor del bienio 2011-2013, el cual no es aplicable, en virtud que el nexo contractual feneció el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y tres, por lo que el aplicable era el que estaba vigente en dicho bienio.

"En relación con lo anterior, sostiene que al no haberse exhibido el contrato colectivo que le es aplicable (1991-1993), estima que el trabajador no acreditó las cláusulas en las que apoyó sus elementos de convicción.

"Es infundado lo anterior.

"En efecto, para calcular las indemnizaciones reclamadas, el órgano laboral tomó en consideración las cláusulas 128 y 129 del contrato colectivo de trabajo ofrecido por el actor, esto es, el bienio 2011-2013, lo cual fue correcto, pues si bien es cierto no existe controversia de que el nexo contractual feneció en el noventa y tres, lo cierto es que el reconocimiento de las enfermedades de índole profesional, lo solicitó hasta el veintisiete de noviembre de dos mil doce, por lo que el contrato colectivo de trabajo aplicable era el que estaba en vigor ese día, y no el día en que feneció el nexo contractual, pues la acción reclamada se inició con posterioridad; de ahí que fue certero que el órgano laboral tomara como parámetro para el cálculo de la incapacidad reclamada, el vigente en el bienio en que las acciones se solicitaron, ya que en la data de su separación, aún no nacía el derecho para hacerlo, en virtud de que todavía no presentaba las enfermedades cuya profesionalidad demandó.

"Sobre el particular se cita, por las razones que la sustentan, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DEL TRABAJADOR, DEBE CALCULARSE DE ACUERDO CON EL CONTRATO VIGENTE, AUNQUE EN LA DEMANDA LABORAL NO SE INVOQUE. Si en la demanda laboral, la parte actora, al reclamar la indemnización por muerte del trabajador, acaecida con motivo de enfermedad profesional, contraída al servicio de la empresa, solicitó se le liquidara esa indemnización de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, debe determinarse cuál será la base, por lo que respecta al número de días, para cuantificar o fijar la indemnización, si la legal, o sea la de 612 días, de acuerdo con el artículo 298 del citado ordenamiento, la que fija el contrato colectivo de trabajo que regía en la fecha en que el trabajador se separó del servicio de la empresa, la señalada en el contrato de trabajo en vigor, el día en que murió o la del contrato de trabajo vigente en la fecha en que se efectuó la audiencia de pruebas y alegatos; pues aunque en la demanda laboral no se invoque el contrato de trabajo, como fundamento de la acción que se ejercita, no es causa para que la indemnización no se liquide de acuerdo con lo estipulado en el contrato colectivo, ya que éste obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley; y como la acción que se ejercitó la tuvo la parte actora al ocurrir la muerte del trabajador, es lógico que el contrato colectivo de trabajo aplicable es el que estaba en vigor ese día, y por tanto, la liquidación de la indemnización reclamada, debe hacerse tomando el número de días pactado en el contrato colectivo de trabajo en vigor, en la fecha en que ocurrió la muerte del referido trabajador. Los patronos están obligados a hacer los pagos de las cantidades que corresponden a cada trabajador, en los términos del contrato y con sujeción a la ley respectiva, y las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajan en la empresa, aun cuando no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, y por eso, aunque la parte actora en su demanda laboral haya solicitado que se liquidara la indemnización de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en el caso no podía ser así, porque tal petición entraña una transacción que, para ser válida, era necesario que primeramente fuese aprobada por las autoridades correspondientes, de acuerdo con el artículo 98 del citado código laboral.’."

–CASO B)–.

B) El entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil dieciocho, resolvió por unanimidad de votos, el amparo directo 738/2017, promovido por **********, contra el laudo de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictado por la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en el juicio laboral 307/2015, en el que se condenó a la empresa demandada a reconocer que el actor ********** padece enfermedades de trabajo y, consecuentemente, al pago de la indemnización respectiva.

Para evidenciar lo anterior, es menester transcribir las consideraciones expuestas por el mencionado Tribunal Colegiado de Circuito:

" ... CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS

"1) Contrato colectivo aplicable no ofrecido por la parte actora dentro del controvertido natural.

"Las patronales quejosas en el concepto de violación primero, argumentan que el laudo reclamado no está fundado ni motivado, porque las cláusulas 128 y 129 del contrato colectivo de trabajo que exhibió el actor –bienio 2011-2013– no le resulta aplicable, sino la del bienio 2005-2007 debido a que aquél dejó de laborar a partir del catorce de marzo de dos mil seis, lo que afirma comprobó con la orden de pensión jubilatoria que exhibió en el juicio.

"Tal concepto de violación resulta fundado.

"En efecto, la Junta responsable condenó a las demandadas quejosas, a cubrir al actor una indemnización por riesgo de trabajo en términos de la cláusula 128 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y Petróleos Mexicanos, por sí y en representación de Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, bienio 2011-2013, que ofreció el actor; sin embargo, perdió de vista que las demandadas, con la orden de pago de pensión jubilatoria, demostraron que el obrero obtuvo su jubilación a partir del catorce de marzo de dos mil seis, por tanto, no era aplicable en su beneficio tal contrato, sino el de la fecha a partir del cual fue jubilado, esto (sic) el contrato del bienio 2005-2007.

"En consecuencia, no obstante que entre el trabajador y las demandadas se rigen por un contrato colectivo de trabajo, el trabajador al no haber exhibido en el juicio la cláusula contractual que define el salario que sirve de base para el pago de la indemnización con motivo de la incapacidad permanente derivada de un riesgo de trabajo vigente en la fecha en que obtuvo su jubilación –catorce de marzo de dos mil seis–, esto es, del bienio 2005-2007, es indudable que la cuantificación realizada resulta jurídicamente incorrecta, pues si bien el salario que debe tomarse en cuenta para tales efectos es el último que percibió el trabajador al momento de obtener su jubilación, al no haber aportado al sumario una cláusula que no le es aplicable, tal condena debe ser cuantificada con base en el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo; esto es, el monto de la indemnización de 1095 días multiplicados por el último salario ordinario que obtuvo el trabajador, esto es, al momento en que fue jubilado y no la de 1670 días que consagra la cláusula 128 del pacto contractual que ilegalmente tomó en cuenta para ello la Junta responsable; puesto que la acción intentada deriva de una prestación extralegal, por ende, el reclamante tenía la carga de acreditar en el juicio su procedencia, demostrando que su contraparte está obligada a satisfacer la prestación reclamada, y al no haber exhibido la cláusula vigente a la fecha de su separación laboral, el laudo reclamado, en este aspecto, resulta violatorio de los derechos humanos de la parte quejosa.

"Esta consideración tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 148/2011 (9a.), de la Décima Época, registro digital: 160514, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, materia laboral, página 3006, de rubro y texto siguientes:

"‘PRESTACIONES EXTRALEGALES. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE EXAMINAR SU PROCEDENCIA, CON INDEPENDENCIA DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS. El criterio contenido en la jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.», que se refiere a la obligación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para absolver de la pretensión intentada, pese a que sean inadecuadas las excepciones opuestas, cuando adviertan que de los hechos de la demanda y de las pruebas ofrecidas no procede la acción, resulta aplicable para la resolución de los juicios laborales en que se reclamen prestaciones extralegales; lo anterior, debido a que en todos los casos en que se someta a su jurisdicción una controversia laboral, tienen la obligación de examinar la acción ejercida, sin importar su naturaleza legal o extralegal, como lo ordenan los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo; además, porque tratándose de ese tipo de prestaciones, el trabajador tiene la carga de demostrar el derecho a recibir el beneficio invocado, para lo cual deberá justificar que se encuentra en el supuesto previsto en las cláusulas del contrato colectivo de trabajo en que sustente su exigencia y, con mayor razón, porque éstas son de interpretación estricta.’

"Asimismo, por su contenido, se cita la jurisprudencia I.6o.T. J/85, de la Novena Época, registro digital: 171093, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, octubre de 2007, materia laboral, página 3051, que se comparte, de rubro y texto:

"‘PRESTACIONES EXTRALEGALES. SI EL TRABAJADOR LAS FUNDA EN UNA CLÁUSULA DE UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE REMITE A OTRAS, POR LA RELACIÓN QUE GUARDAN ENTRE SÍ DEBE EXHIBIRLAS A EFECTO DE QUE EL JUZGADOR PUEDA DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL DERECHO EJERCITADO. La entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis publicada en la página 43 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Quinta Parte, de rubro: «PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE.», sostuvo que quien alega el otorgamiento de una prestación de carácter extralegal debe acreditar su procedencia. Ahora bien, acorde con dicho criterio, el trabajador está obligado a aportar en el juicio la cláusula del contrato colectivo de trabajo en que base sus reclamaciones, por corresponderle la carga de la prueba; no obstante ello, si para que opere esa cláusula remite a otras, por la relación que guardan entre sí también debe exhibirlas a efecto de que el juzgador pueda determinar la existencia del derecho ejercitado.’." CUARTO.—Existe la contradicción de criterios, conforme a las consideraciones siguientes. Al respecto, es importante destacar, para que exista contradicción de criterios, se requiere que los órganos jurisdiccionales discrepantes en sus conclusiones, al resolver los asuntos materia de la denuncia:

1. Hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,

2. Hubieran llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

Por tanto, existe contradicción de criterios siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

Lo anterior se desprende de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, que sirven como fundamento para dilucidar si en el presente asunto existe o no la contradicción de criterios denunciados.

Apoya tal consideración la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, con número de registro digital: 164120, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Ahora, del contenido de las ejecutorias que constituyen la materia del presente asunto, se advierte que, en lo que interesa, los órganos jurisdiccionales contendientes resolvieron lo siguiente:

Amparo directo 1480/2017 (cuaderno auxiliar 109/2018), del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, en auxilio del entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz (actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito):

1. **********, en su calidad de trabajadora jubilada reclamó sustancialmente de ********** y/o **********, el reconocimiento de enfermedades y pago de la indemnización con sustento en las cláusulas 128 y 129 del Contrato Colectivo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

2. Por su parte, la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, radicó el asunto con el número de juicio laboral 2169/2012, y mediante laudo de once de agosto de dos mil diecisiete, condenó a la empresa demandada ********** y/o **********, a reconocer que la actora padecía enfermedades de trabajo y, por ende, al pago de la indemnización correspondiente.

3. Inconformes con esa determinación, la demandada ********** y **********, por conducto de su apoderado legal promovió amparo directo.

4. En sesión de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, respecto de los conceptos de violación vertidos en el amparo resolvió, esencialmente, que:

a) Era infundado en cuanto a que el laudo adolecía de (sic) debida fundamentación al sustentarse en el contrato colectivo de trabajo bienio 2011-2013 que la parte actora aportó, el cual no era aplicable, porque debió sustentarse el vigente al momento que terminó la relación de trabajo –veintisiete de junio de mil novecientos noventa y tres–.

b) Lo infundado se sostuvo en el hecho de que fue correcto el proceder de la autoridad responsable, ya que el contrato colectivo aplicable para el cálculo de la indemnización por riesgo de trabajo era el vigente al momento en que se ejercitó la acción, porque a la fecha de separación aún no nacía el derecho para hacerlo, por no presentar las enfermedades cuya profesionalidad demandó.

Amparo directo laboral 738/2017, del índice del entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en Coatzacoalcos, Veracruz:

1. **********, en su calidad de trabajador jubilado reclamó de ********** y **********, sustancialmente, el reconocimiento de enfermedades y pago de la indemnización conforme a lo establecido en las cláusulas 128 y 129 del Contrato Colectivo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

2. Por su parte, la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, radicó el asunto con el número de juicio laboral 307/2015, y mediante laudo de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, condenó a la patronal al reconocimiento de que el trabajador era portador de las enfermedades laborales ahí mencionadas y al pago de la indemnización correspondiente.

3. Inconformes con esa determinación, la demandada ********** y **********, por conducto de su apoderado legal promovió amparo directo.

4. En sesión plenaria de diez de mayo de dos mil dieciocho, se resolvió, por unanimidad de votos, el amparo directo laboral 738/2017, en lo concerniente al tema que motiva la contradicción de criterios, el referido tribunal, al dar contestación a los conceptos de violación formulados determinó que:

a) Era fundado el concepto relativo a que el laudo adolecía de (sic) debida fundamentación al sustentarse en las cláusulas 128 y 129 del contrato colectivo de trabajo bienio –2011-2013– ofrecido por el actor, que no eran aplicables, dado que éste dejó de laborar a partir del catorce de marzo de dos mil seis.

b) Lo fundado se sostuvo en el hecho de que la autoridad responsable condenó al pago de indemnización por riesgo de trabajo con sustento en las cláusulas del contrato colectivo citado, cuando no era aplicable, sino el de la fecha a partir del cual (sic) el operario fue jubilado, es decir, el contrato del bienio 2005-2007.

c) Consecuentemente, al no exhibirse la cláusula contractual que definía el salario para el cálculo de la indemnizació

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31188-c25c9e85/indemnizacion-por-incapacidad-permanente-derivada-de-enfermedad-profesional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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