SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS Y LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, REALICEN LOS ACTOS Y GESTIONES NECESARIAS PARA CONTINUAR Y CONCLUIR EL PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA ENTREGA DE ESOS DOCUMENTOS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 11/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 24 DE OCTUBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LA MAGISTRADA SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO Y DE LOS MAGISTRADOS JESÚS DE ÁVILA HUERTA, RENÉ OLVERA GAMBOA, JACOB TRONCOSO ÁVILA, ROBERTO CHARCAS LEÓN, OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. PONENTE: MOISÉS MUÑOZ PADILLA. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.
Zapopan, Jalisco. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión ordinaria (virtual) correspondiente al veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA, mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de criterios 11/2022, entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión incidental 264/2022 y la queja 349/2018, de sus respectivos índices; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción de criterios.
2. Mediante oficio ********** firmado por la Magistrada y los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunciaron una posible contradicción de criterios entre los sustentados por el propio órgano jurisdiccional al resolver la revisión incidental 264/2022, frente al diverso sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 349/2018.
3. Por acuerdo de presidencia de ocho de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la referida denuncia de contradicción.
4. SEGUNDO. Admisión de la contradicción de tesis.
5. Mediante el citado acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós, la presidencia de este Pleno de Circuito admitió la denuncia con el número de expediente de contradicción de criterios 11/2022 (anteriormente contradicción de tesis), de conformidad con los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, en congruencia con el numeral 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto; luego en la misma determinación, se fijó como posible punto de contradicción el señalado en la denuncia respectiva, a saber:
"Determinar si procede o no la suspensión en el amparo, cuando se reclama la omisión a un centro de estudios universitarios y al titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco, para el efecto de expedir diversos documentos, entre ellos, el título y la cédula profesional."
6. SEGUNDO. (sic) Trámite y turno de la contradicción de criterios.
7. Mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando por oficio **********, que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos, tanto en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, como en los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de algún asunto que guardara relación con la temática que aquí se plantea.
8. Posteriormente, mediante acuerdos de nueve y dieciséis de agosto, respectivamente, se tuvo a las presidencias de los Tribunales Colegiados Quinto y Primero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitiendo, respectivamente, las ejecutorias dictadas en el recurso de queja 349/2018 y en la revisión incidental 264/2022, así como de las demandas de amparo y las resoluciones recurridas en esos asuntos. De igual manera, dichos órganos jurisdiccionales informaron que el criterio sustentado en esos asuntos sigue vigente.
9. Finalmente, mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó su turno al Magistrado Moisés Muñoz Padilla, adscrito al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que procediera a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, dentro del término previsto en el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
10. CUARTO. Sesión virtual.
11. Este Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sesionará y resolverá el presente asunto de conformidad con los artículos 1, 2, 20 y 27 del Acuerdo General 21/2020 reformado por el diverso Acuerdo General 21/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
12. La resolución de este asunto se llevará a cabo de manera remota, por videoconferencia, mediante el uso de medios electrónicos autorizados por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracciones I, III y V, del referido Acuerdo General 21/2020; y
CONSIDERANDO:
13. PRIMERO.—Competencia.
14. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en la fracción segunda del artículo primero transitorio(1) del Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como el diverso tercero transitorio(2) del Decreto publicado en dicho medio oficial el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación, toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales prevista en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el trámite y resolución del presente asunto se rige por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios sostenidos por distintos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
15. Asimismo, se surte la competencia de este Pleno para conocer de la presente contradicción de criterios, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo 26/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de Justicia Federal, publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación", cuya parte conducente establece lo siguiente:
"PRIMERA. En acatamiento a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, tercero y quinto transitorios del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y al Acuerdo General 1/2021, de 8 de abril de 2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo. Asimismo, los órganos del Consejo de la Judicatura Federal continuarán ejerciendo sus atribuciones relativas a su integración, funcionamiento y vigilancia, hasta tanto entran en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el AG 8/2015 y la demás normatividad aplicable."(3)
16. SEGUNDO.—Legitimación.
17. La denuncia de la contradicción de que se trata proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(4) puesto que fue formulada por la Magistrada y los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
18. TERCERO.—Criterios contendientes.
19. Previo a establecer la existencia o inexistencia de la contradicción de criterios, resulta oportuno dar a conocer los antecedentes y consideraciones en que se apoyaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitir sus respectivas resoluciones.
A. PRIMER POSICIONAMIENTO JURÍDICO.
RECURSO DE QUEJA 349/2018 DEL ÍNDICE DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO (sesión de 31 de octubre de 2018).
Juicio de amparo indirecto
• **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Universidad **********, así como de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, ambas del Estado de Jalisco, de quienes reclamó lo siguiente:
"La omisión de entregar certificado de estudios, título profesional, así como tramitar la cédula correspondiente del nivel académico propio a la licenciatura en derecho, conclusa desde el dos de septiembre de 2017."
• El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco (actual denominación), en donde se admitió a trámite la demanda bajo el número de expediente 2869/2018 y, conforme a lo ordenado en el propio acuerdo admisorio, se abrió por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión relativo, en donde se decidió negar la suspensión provisional solicitada, entre otras razones, por lo siguiente:
"... es menester decir que el acto reclamado lo constituye la omisión por parte de las autoridades responsables en entregar certificado de estudios, título profesional, así como tramitar la cédula profesional correspondiente; de tal manera que su (sic) los actos reclamados se traducen, en esencia, en actos omisivos, dicho supuesto se ubica en el inciso a); en virtud de que el (sic) mismos es de los que se (sic) la ley de la materia determina como abstenciones, las cuales carecen de ejecución, pues implica un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; motivo suficiente para negar la medida cautelar."
Recurso de queja.
• No conforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de queja, el que por razón de turno le fue asignado al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, admitiéndolo a trámite bajo el número de expediente 349/2018. Una vez concluidos los trámites respectivos, el asunto se resolvió en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho,(5) bajo el siguiente resolutivo:
"ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja."
Fundamentos jurídicos
• El Tribunal Colegiado declaró ineficaces los agravios del quejoso-recurrente, por lo siguiente:
"... para estar en el caso de observar la apariencia del buen derecho al momento de pronunciarse en relación a la medida cautelar solicitada, el juzgador debe tener en cuenta que se satisface el requisito previsto en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, consistente en que exista solicitud de parte y se acredite el interés suspensional; después debe ponderar la existencia del acto reclamado, el cual, en la suspensión provisional, se presume con lo expresado por el quejoso ‘bajo protesta de decir verdad’; luego estudiar la existencia de materia para la suspensión, esto es, analizar la naturaleza de los actos reclamados; y finalmente debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización."
• Luego, emprendió un estudio del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 125 y 128 de la Ley de Amparo, para razonar lo siguiente:
"De los preceptos legales previamente transcritos, se puede colegir que para que proceda conceder la suspensión de los actos reclamados, se requiere analizar, por regla general, los siguientes aspectos:
"1) Que se reúna el requisito previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, consistente en que exista solicitud de parte agraviada, es decir, que el quejoso acredite indiciariamente el interés suspensional.
"2) Que exista el acto reclamado, el cual, en la provisional, se presume con lo expresado por el quejoso ‘bajo protesta de decir verdad’.
"3) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse.
"4) Que se reúnan el requisito (sic) a que alude el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, momento este último en el que se ponderan simultáneamente la aplicación del buen derecho y el peligro en la demora.
"De tal manera que el juzgador, en primer lugar, debe examinar la naturaleza del acto reclamado para determinar si es susceptible de suspenderse; y en segundo lugar, que su concesión no traiga un perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, cuyos postulados de manera enunciativa y no limitativa se contemplan en el artículo 129 de la ley de la materia, ponderando, desde luego y de manera simultánea, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, en términos del ordinal 138 de la propia disposición legal."(6)
• Así, el Tribunal Colegiado insistió en la ineficacia de los motivos de agravio, porque para que proceda conceder la suspensión de los actos reclamados, el juzgador, primero debe analizar la naturaleza del acto reclamado para determinar si éste es susceptible de suspenderse, y después debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado; estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización.
• Enseguida, el tribunal añadió:
"Por ello, si en el caso, el acto reclamado lo constituye la omisión por parte de las autoridades responsables en entregar certificado de estudios, título profesional, así como tramitar la cédula profesional correspondiente; y el Juez de Distrito estimó que si los actos reclamados se traducen, en esencia, en actos omisivos, los mismos son de los que la ley determina como abstenciones, las cuales carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad y, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; entonces no es dable la pretensión del recurrente, consistente en que se realice un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, y que se le conceda la suspensión provisional solicitada, pues no se cumplió con el requisito que debe analizarse en primer término, a saber, que por la naturaleza del acto reclamado es susceptible de suspenderse, porque en el caso se estimó que los actos reclamados son omisivos, de los que la ley determina como abstenciones, las cuales carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad y, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión."
• En otro aspecto, el Tribunal contendiente añadió que también resultaba ineficaz el diverso argumento consistente en que, en la nueva regulación del juicio de amparo se admite abiertamente la posibilidad de restablecimiento en el derecho vulnerado, con motivo de la suspensión, en los términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento. Lo anterior, pues derivado del estudio de ese dispositivo legal, concluyó lo siguiente:
"La interpretación armónica de ese contenido, muestra que el artículo no tiene aplicación porque establece que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; y en el caso, como se evidenció, el Juez de Distrito estimó que atendiendo a la naturaleza omisiva de los actos reclamados, es que no procede conceder la suspensión provisional."
• Que, por tanto, de concederse la medida cautelar solicitada en los términos que pretende el recurrente, esto es, para que las autoridades administrativas realicen las acciones encaminadas a la validación de su certificado de estudios y título profesional, para continuar con el trámite correspondiente de cedulación; se estarían dando efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio, además de que se dejaría sin materia el amparo.
• Finalmente, estimó que en el caso no resultaba aplicable la jurisprudencia 2a./J. 5/93, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO."; porque en el caso, la razón por la que no es dable conceder la medida cautelar provisional solicitada consiste en que, por la naturaleza omisiva de los actos reclamados, no son susceptibles de suspenderse.
B. SEGUNDO POSICIONAMIENTO JURÍDICO.
RECURSO DE REVISIÓN INCIDENTAL 264/2022 DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO (Sesión de 28 de junio de 2022).
Juicio de amparo indirecto
• **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra del Centro Universitario **********, del titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco y otras, de quienes reclamó indistintamente:
"1.1. La indebida tramitación y registro del documento del título profesional digital de la Licenciatura en Derecho en favor de la quejosa;
"1.2. La omisión de entrega y registro del documento de título profesional digital de la Licenciatura en Derecho en favor de la quejosa;
"1.3. La omisión de realizar los diversos trámites relativos ante las autoridades correspondientes, con el fin de entregar y registrar el documento de título profesional digital de la Licenciatura en Derecho en favor de la quejosa; y,
"1.4. En consecuencia, la obstaculización para poder tramitar la cédula profesional federal electrónica."
• En la demanda relativa se narró, que desde el mes de julio de dos mil veintiuno (más de un año a la fecha en que se presentó la demanda), la quejosa comenzó los trámites para la obtención de su título profesional digital, el cual fuera obligatorio para obtener la cédula profesional, por resultar necesarios para continuar con el cargo de oficial judicial "C", dentro de un Juzgado de Distrito en el Estado de Jalisco; ello, de conformidad con el artículo 54, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que implementa el Plan Integral de Combate al Nepotismo y fortalece el funcionamiento del Instituto de la Judicatura Federal como Escuela Judicial. Consecuentemente, la quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados para efecto de que las responsables realizaran "las acciones necesarias para dar seguimiento al trámite de titulación profesional digital". • El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, en el Estado de Jalisco, en donde se admitió a trámite la demanda bajo el número de expediente 490/2022 y, por ende, se formó por duplicado el incidente de suspensión y se resolvió sobre la medida cautelar provisional de los actos reclamados. Posteriormente, el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós se dictó la resolución interlocutoria mediante la cual se negó la suspensión definitiva.
• En la parte que interesa, el juzgador de amparo determinó que, si bien estaba acreditado que la quejosa solicitó la medida cautelar y que los actos eran ciertos, no era posible otorgar la suspensión definitiva en atención a su naturaleza. El Juez federal explicó que, aunque es posible conceder la suspensión con efectos restitutorios tratándose de actos de carácter negativo, también resulta necesario que sus efectos se actualicen de momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Sin embargo, en el caso los efectos serían para que las responsables registren y entreguen el título profesional digital a la quejosa y, por ende, la materia del amparo se agotaría, al ser su consumación inmediata y no de momento a momento, por lo que se extinguiría instantáneamente la materia de estudio en la sentencia de fondo, que en su caso se llegase a emitir.
Recurso de revisión incidental
• No conforme con lo anterior, la propia quejosa interpuso recurso de revisión incidental, el que por razón de turno le fue asignado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, admitiéndolos a trámite bajo el número de expediente 264/2022. Una vez concluidos los trámites respectivos, el asunto se resolvió en sesión virtual ordinaria de veintiocho de junio de dos mil veintidós,(7) bajo los siguientes resolutivos:
"PRIMERO. Se REVOCA la sentencia interlocutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 490/2022, por el Juez Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
"SEGUNDO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, por las razones que sostienen este fallo, y para los efectos precisados en la parte final del mismo.
"TERCERO. Se Ordena DENUNCIAR LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS con el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 349/2019 (sic)."
Fundamentos jurídicos
• El Primer Tribunal Colegiado de Circuito declaró fundados los agravios de la quejosa-recurrente y, para calificarlos de esa manera, de entrada, hizo una explicación en relación con los derechos humanos de igualdad y no discriminación, en los términos siguientes:
"El reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género.
"Ahora bien, la utilización de esta herramienta de análisis para verificar si existe una situación de vulnerabilidad o prejuicio basada en el género de una persona, no es exclusiva para aquellos casos en que las mujeres alegan una vulneración al derecho a la igualdad, en virtud de que si bien es cierto que históricamente son las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivadas de la construcción cultural de la diferencia sexual –como reconoció el Constituyente en la reforma al artículo 4o. de la Constitución Federal, publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, en la que incorporó explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres–, también lo es que los estereotipos de género que producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres.
"De ahí que la perspectiva de género como método analítico deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de ‘mujeres’ u ‘hombres’.
"Así, la perspectiva de género en la administración de justicia obliga a leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen las disposiciones legales y las prácticas institucionales."
• A la luz de los anteriores parámetros, el Tribunal Colegiado emprendió un análisis sobre la procedencia de la suspensión del acto reclamado, al tenor de diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se destaca a continuación:
"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, establecen los requisitos para que se conceda la suspensión de los actos reclamados, los cuales son:
"1. Que la solicite el quejoso.
"2. Que los actos reclamados cuya paralización se solicita sean ciertos.
"3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión.
"...
"Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una serie de tesis en relación con los actos que acorde con su naturaleza admiten paralización, de donde se puede obtener que es improcedente conceder la suspensión respecto de: a) actos declarativos sin ejecución; b) actos futuros probables o inciertos; c) actos del proceso legislativo de una ley cuando se llevan a cabo; y, d) los efectos de las leyes autoaplicativas que conciernen al patrimonio del Estado o atañen a las funciones esenciales de éste, así como a las que tocan a su organización conforme a las bases fundamentales establecidas en la Constitución.
"En cambio, son susceptibles de suspenderse: a) actos positivos; b) actos continuos o continuados (de tracto sucesivo), para que se detengan sus efectos o no se sigan verificando, evitando que se consumen de forma irreparable; c) actos prohibitivos del ejercicio de un derecho o la continuación de una actividad, por sus efectos positivos en la persona o en su patrimonio; d) actos negativos con efectos positivos, que por lo regular son aquellos que revocan o anulan un derecho; e) actos declarativos con principio de ejecución; y, f) actos de inminente realización.
"4. Que la suspensión definitiva no vulnere disposiciones de orden público ni contravenga el interés social, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho.
"Sobre la apariencia del buen derecho, el Pleno de la Suprema Corte en uno de los primeros precedentes en los que se reconoció que se debía ponderar la apariencia del buen derecho sostuvo que:
"(No se transcribe texto)
"En un sentido similar la Primera Sala del Alto Tribunal en la contradicción de tesis 113/2014, sostuvo que:
"(No se transcribe texto)
"Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.’
"(Se transcribe texto)
"En ese tenor, es posible decir que el orden público es un concepto jurídico indeterminado, que persigue cierto grado de armonía social y de eficacia del derecho, que se actualiza en cada caso concreto y acorde al marco normativo, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar que prevalezcan en el momento en que se realice la valoración o estudio del mismo.
"Destaca (sic) sobremanera la concepción general y común que prevalece en un determinado grupo, comunidad o sociedad que acepta generalmente una determinada institución o figura porque no atenta contra la suma convivencia entre sus individuos, con independencia del interés individual que puedan tener o defender."
• En relación con lo anterior, el órgano jurisdiccional refirió que la peticionaria del amparo había controvertido esencialmente en el amparo, la omisión de realizar las gestiones correspondientes para la expedición y registro de su título profesional, solicitando la suspensión para efecto de que las responsables realizaran "las acciones necesarias para dar seguimiento al trámite de titulación profesional digital"; y, sobre ese aspecto, explicó lo siguiente:
"... la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018, estableció que la naturaleza omisiva de los actos no es el factor que determina la concesión o negativa de la medida cautelar, pues ello dependerá de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social.
"En ese tenor, posterior a ese estudio, se deberá analizar si deben mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran, o bien, si es necesario una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio, y que, atendiendo a la naturaleza del acto, la resolución que ha de adoptarse no se vincula a la procedencia de la medida, sino el tipo de medidas que deberán ordenarse como parte de la suspensión del acto reclamado.
"En efecto, la locución ‘atendiendo a la naturaleza del acto reclamado’, que refiere el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, no debe entenderse como una condición que permita o proscriba la suspensión en función de que el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31143-977ca633/suspension-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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