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Modo: Corpus Pro

UNIVERSIDADES PRIVADAS. EN ACTOS RELACIONADOS CON LA OMISIÓN DE TRAMITAR Y REALIZAR LA ENTREGA DE UN TÍTULO PROFESIONAL, SE EQUIPARAN A UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 330/2022. · Registro digital (IUS): 31619
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-07-14
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Julio de 2023, Tomo II, Pág.1280.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 330/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 24 DE MAYO DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si las instituciones particulares de educación superior, ante la omisión de tramitar y realizar la entrega del título profesional, se equiparan a una autoridad para efectos del juicio de amparo.

I. Antecedentes del asunto

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido vía MINTERSCJN el diez de octubre de dos mil veintidós registrado con el número de folio 65796-MINTER en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios suscitada entre el emitido por ese órgano jurisdiccional al resolver el amparo en revisión 288/2022, y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión (administrativo) 224/2017.

2. En la denuncia, señalaron que, a su consideración, los órganos contendientes sustentan criterios discrepantes en relación a si el acto reclamado consistente en la omisión de las universidades privadas de entregar a sus egresados el certificado de estudios y el título profesional, así como tramitar la cédula correspondiente, es o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

3. Trámite de la denuncia. Mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el entonces presidente de este Alto Tribunal ordenó registrar la denuncia de contradicción de criterios con el expediente 330/2022; solicitó a los órganos contendientes que remitieran las ejecutorias en que emitieron los criterios denunciados, así como los escritos de agravios que les dieron origen; solicitó al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito informara si se encontraba vigente el criterio sustentado en el amparo en revisión 224/2017 y turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, entonces presidenta de esta Segunda Sala.

4. Avocamiento. En proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, la entonces Ministra presidenta de esta Segunda Sala instruyó el avocamiento del presente asunto.

5. Returno. Durante la sesión pública ordinaria de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, los Ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron desechar el proyecto presentado por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, por mayoría de tres votos;(1) por lo que mediante acuerdo de diecinueve de enero siguiente, con fundamento en los artículos 17, párrafo segundo, y 24, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Ministro presidente de la Segunda Sala ordenó el returno del asunto a la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, para que formulara un nuevo proyecto.

II. Competencia

6. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios,(2) aun cuando a la fecha en que se emite la presente resolución ya se encuentra vigente la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y hubieran iniciado funciones los Plenos Regionales (en sustitución de los Plenos de Circuito) el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en términos del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación en la fecha mencionada.

7. Ello es así, porque en el referido acuerdo general no se prevé alguna disposición específica que otorgue competencia a los Plenos Regionales para conocer de los asuntos que les corresponde cuyo trámite se hubiera iniciado en este Alto Tribunal antes del inicio de funciones de aquéllos, de manera que en el presente caso aplica la regla contenida en el artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente,(3) de la cual se desprende que esta Suprema Corte sigue teniendo competencia respecto de los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reformas a esa ley, los cuales continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

III. Legitimación

8. La contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada para ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que sustenta uno de los criterios contendientes en esta contradicción de criterios.

IV. Criterios denunciados

9. A fin de determinar si existe la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias, que en síntesis son los siguientes:

10. Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito –amparo en revisión 224/2017–.

11. Juicio de amparo. Patricio Juárez Navarro, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridad responsable al Instituto Universitario Kukulcán, Colegio Kukulcán Cancún, Sociedad Civil, de quien reclamó la omisión de realizar la entrega del certificado de estudios, título y cédula profesional de licenciado en derecho.

12. Trámite y sentencia del juicio de amparo. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, el que lo admitió a trámite y ordenó registrarlo bajo el número de expediente 389/2017 y, en audiencia constitucional de diez de mayo de dos mil diecisiete, dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo, al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de dicho ordenamiento legal, pues no se podía considerar como autoridad responsable al Instituto Universitario Kukulcán, Colegio Kukulcán Cancún, Sociedad Civil, ya que lo que permitiría otorgarle dicha naturaleza, sería la realización de los actos asimilables a los de una autoridad, lo que estimó, no sucedía en el caso concreto.

13. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia anterior, mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, órgano colegiado que lo admitió a trámite y lo registró como toca 224/2017, emitiéndose la sentencia correspondiente el veinte de julio de dos mil diecisiete.(4)

14. Criterio del órgano jurisdiccional sobre la calidad del particular señalado como autoridad responsable. Por lo que se refiere al punto de toque materia de la presente contradicción de criterios, el citado Tribunal Colegiado, al estudiar los agravios expuestos en contra del sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, se pronunció en el sentido de que la omisión de realizar la entrega del certificado de estudios, título y cédula profesional de licenciado en derecho por parte del Instituto Universitario Kukulcán, Colegio Kukulcán Cancún, Sociedad Civil, sí era un acto equivalente a los de autoridad, ello, conforme a las siguientes consideraciones:

• La expedición del certificado de estudios y título profesional es una atribución inherente a las facultades que la Constitución le confiere en su artículo 3o., al permitirle impartir la educación superior que, de forma originaria, es responsabilidad del Estado, autorización que se encuentra regulada en la Ley General de Educación, concretamente en los artículos 10, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de dicho ordenamiento.

• Del contenido de las porciones normativas en cita, se desprende que la ley autoriza a los particulares, bajo ciertos requisitos, a que impartan el servicio de educación que primigeniamente le corresponde al Estado e, incluso, las considera como parte del sistema educativo nacional.

• Precisó, además, que sus funciones están determinadas en las normas citadas, las cuales le confieren atribuciones para actuar como una autoridad del Estado equiparada a una Universidad Pública Autónoma quien cuenta con margen de discrecionalidad.

• Lo anterior, pues no existe distinción o limitaciones para el actuar, dentro del servicio educativo, entre una universidad pública autónoma y una particular, por lo que ambas poseen las mismas facultades en cuanto a que se rigen por sus propias normas y tienen la facultad de establecer la forma de prestar sus servicios, siempre y cuando se encuentren apegados a los planes educativos aprobados por la Secretaría de Educación Pública.

• Indicó también que las instituciones particulares están facultadas para expedir certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido los estudios que imparten.

• Entonces, el acto reclamado a la universidad particular afecta el derecho a la educación del quejoso, pues la entrega del certificado de estudios y título profesional constituye el último paso del sistema de educación superior que avala y da certeza jurídica sobre los conocimientos adquiridos.

• El Instituto Universitario Kukulcán, Colegio Kukulcán Cancún, Sociedad Civil, interviene con el carácter de Universidad prestadora del servicio de educación superior que le corresponde de forma originaria al Estado, mediante una autorización de éste, por lo que su actuación es unilateral y con total margen de discrecionalidad.

• En forma similar a las universidades públicas autónomas que se encuentran dotadas legalmente de autonomía, elemento tomado en cuenta por este Alto Tribunal para concluir que las mismas son susceptibles de ser autoridades responsables, el Instituto Universitario Kukulcán, Colegio Kukulcán Cancún, Sociedad Civil, se encuentra habilitado para expedir sus propias normas que habrán de regir para sus alumnos de forma general, entonces, al tratarse de un ente privado, por ese solo hecho, cuenta con plena autonomía para regirse a sí misma.

• Cabe señalar que de tal asunto derivó la tesis aislada siguiente: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. LA OMISIÓN DE ENTREGAR A SUS EGRESADOS EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS Y EL TÍTULO PROFESIONAL, ASÍ COMO DE TRAMITAR LA CÉDULA CORRESPONDIENTE, CONSTITUYE UN ACTO EQUIVALENTE A LOS DE AUTORIDAD, IMPUGNABLE EN EL AMPARO INDIRECTO."(5)

15. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito –amparo en revisión 288/2022–.

16. Juicio de amparo. Yenedith Mercado Saldaña, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridades responsables al Centro Universitario Enrique Díaz de León o Universidad Enrique Díaz de León ("UNEDL"), al director de control escolar de dicha institución educativa, así como al titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y al titular de la Secretaría de Educación, ambos del Gobierno del Estado de Jalisco, a las que reclamó, en el ámbito de sus respectivas competencias, esencialmente:

• La indebida tramitación y registro del documento del título profesional digital de la licenciatura en derecho, en favor de la quejosa.

• La omisión de entrega y registro del documento de título profesional digital de la licenciatura en derecho, en favor de la quejosa.

• La omisión de realizar los diversos trámites relativos ante las autoridades correspondientes, con el fin de entregar y registrar el documento de título profesional digital de la licenciatura en derecho, en favor de la quejosa,

• La omisión de proponer y aprobar la expedición del título profesional digital de la licenciatura en derecho, en favor de la quejosa.

• La omisión de realizar los diversos procesos posibles con el fin de entregar el documento de título profesional digital de la licenciatura en derecho, en favor de la quejosa.

17. Trámite y sentencia del juicio de amparo. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, el que la admitió a trámite y ordenó registrarla bajo el número de expediente 1923/2021. Seguido el juicio por todas sus etapas, el diez de marzo de dos mil veintidós, celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia en la que resolvió sobreseer en el juicio respecto al acto reclamado a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y, por otro lado, conceder el amparo a la quejosa contra los actos reclamados al Centro Universitario Enrique Díaz de León, al director de control escolar, como encargado de la tramitología y titulación, así como de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco.

18. Recurso de revisión. En contra de la sentencia de amparo, las responsables Centro Universitario Enrique Díaz de León o Universidad Enrique Díaz de León, también conocida como ("UNEDL") y el director de control escolar, por conducto de su representante Gustavo Aldana Arizona, interpusieron recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registrándose el asunto con el número de toca 288/2022.

19. Resolución del recurso de revisión. El Tribunal Colegiado del conocimiento en sesión ordinaria virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, emitió sentencia en la que –por lo que a este asunto interesa–, revocó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Centro Universitario Enrique Díaz de León o Universidad Enrique Díaz de León ("UNEDL") y al director de control escolar; determinación que sustentó en las consideraciones siguientes sustanciales:

• Sólo puede ser considerado un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo el que se emite por un ente o particular, en una relación de supra a subordinación, que tenga su origen en la ley, que dote al ente oficial o particular de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad, y que por virtud de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas de los particulares.

• Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), de rubro: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.",(6) los elementos a tomar en cuenta para considerar que el particular se equipara a una autoridad para efectos del juicio son:

• Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.

• Que omita actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas.

• Que esas funciones que los particulares realizan estén determinadas por una norma general.

• Indicó que respecto de los actos que despliegan las universidades privadas con relación a quienes contrataron sus servicios educativos, este Alto Tribunal precisó que el contrato de prestación de servicios educativos privados que los rige, no genera actos de autoridad por parte de la institución, sino que origina una relación de coordinación derivada de un acuerdo de voluntades, en la que las partes actúan en un plano de igualdad.

• Resaltó también, que en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia antes señalada, se estimó que los directivos de la universidad privada no realizan acciones investidas de imperio ni por mandato de una norma general, atendiendo a que la estructura jurídica creada para satisfacer el derecho humano a la educación, es compleja, y no sólo el Estado actúa para brindar el servicio, sino también los particulares, a quienes se autoriza a impartir educación, en los términos en que nuestra Carta Magna y las leyes respectivas lo disponen, sin que tal cuestión implique que cuando tal actividad es desplegada por los particulares, se les pueda equiparar a una autoridad.

• Así, dijo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la universidad privada no ejerce un poder público frente a sus alumnos, sino que actúa conforme a su regulación y al acuerdo de voluntades aceptado por las partes, porque:

• El origen de la relación alumno-escuela privada es un acuerdo de voluntades, derivado de un contrato civil de prestación de servicios y no el cumplimiento de un mandato establecido en la ley.

• La relación jurídica que surge entre ellos es de coordinación y no de supra a subordinación, en términos de las obligaciones derivadas del acuerdo que firmaron.

• Además, el Tribunal Colegiado indicó que esta Segunda Sala también señaló que si bien para impartir el servicio de educación se requiere contar con autorización del Estado, en términos de las leyes y reglamentos correspondientes, ese hecho no le da el carácter de autoridad a quien presta un servicio educativo privado, pues no sólo en este ramo, sino en muchos otros, el particular requiere obtener una autorización estatal para dedicarse a la actividad que le acomode, y esa condición (contar con autorización del Estado) no lo equipara a una autoridad.

• Así, el Tribunal Colegiado del conocimiento consideró que aun y cuando la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.) no se refiera expresamente a la omisión en la expedición del título o cédula profesional, y específicamente en su versión digital, el contenido teórico que se plasma en dicha ejecutoria, resultaba orientadora para ese órgano constitucional, a fin de concluir que fue incorrecta la desestimación de la causal de improcedencia contenida en la sentencia materia de la revisión.

• Puntualizó que el hecho de que las instituciones privadas que cuenten con reconocimiento y autorización oficial de las autoridades de educación del Estado y de la Federación, puedan expedir títulos profesionales, o expedir certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos a quienes hayan concluido sus estudios, no significa que tales atribuciones se constituyen como una potestad pública, sino únicamente como parte de las actividades que pueden desplegar en el ejercicio de la autorización otorgada por el Estado para brindar servicios educativos.

• Según se desprende del contenido de los artículos 3, fracción III, 42, 44, 45, 46, 48, fracciones IV, V, primer párrafo, VI, VII, VIII, XIX y último párrafo, de la Ley para el Ejercicio de Profesiones del Estado de Jalisco, en relación con el contenido de los artículos 11, 14 y 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, la finalidad de realizar los estudios de un centro educativo privado, es que una vez concluidos, dicha institución emita el título profesional que corresponda para que, a su vez, el interesado pueda obtener la autorización del Estado para ejercer la profesión elegida; estando condicionada la validez y eficacia de los títulos, diplomas y grados que emitan tales institutos privados, a la revisión y supervisión que realice la autoridad educativa respecto a su efectiva existencia y permiso de brindar el servicio educativo. • Entonces, la posible emisión del título profesional (sea de manera impresa o digital) a cargo de una institución privada, no constituye un acto de autoridad, ya que no es una función que le sea encomendada para su ejercicio unilateral y obligatorio, al encontrase condicionada su efectividad a la revisión que realizan las autoridades educativas respectivas, además de que no deriva del cumplimiento estatal en que las partes en la relación pudieran encontrarse en un plano de supra a subordinación, sino del acuerdo de voluntades que se deriva del contrato de prestación de servicios celebrado entre particulares.

• La titulación consiste en el reconocimiento de la formación educativa o profesional que una persona posee después de realizar los estudios, exámenes y pruebas pertinentes, por lo que se encuentra íntimamente ligada al sistema de evaluación que tenga la universidad privada. Con lo anterior, se patentiza que el trámite de titulación con la universidad privada sí forma parte de las condiciones a las que se someten los alumnos, al ingresar a la misma.

• La posibilidad de que las instituciones educativas puedan expedir los títulos profesionales que procedan, se condiciona a que cuenten con el reconocimiento y autorización oficial para impartir programas educativos; es decir, dentro de las atribuciones que naturalmente se derivan de la propia autorización otorgada.

• Sin que fuera óbice a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 141 de la Ley General de Educación, establezca que las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos y grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudios, pues no se contempla en dicho precepto legal que la omisión de las universidades particulares de realizar tales trámites, se encuentre reglada y autorizada por la Ley General de Educación, ello para poder concluir que esas decisiones están autorizadas en la legislación y, por lo mismo, constituyan actos privativos propios de una autoridad.

V. Existencia de la contradicción

20. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de criterios radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de criterios deberá tenerse como premisa el generar seguridad jurídica.

21. De los criterios de esta Suprema Corte de los que se dará noticia, se advierten las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de criterios:

22. En principio, se destaca que no es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.";(7) así como la tesis número P. XLVII/2009, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(8)

23. En efecto, se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

24. En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios –mediante aclaraciones–, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

25. Asimismo, el Tribunal Pleno ha sostenido que la contradicción de criterios puede configurarse implícitamente siempre y cuando el criterio respectivo pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares de cada caso, esto es, deben existir los elementos suficientes –los cuales no pueden ser accidentales o meramente secundarios– para establecer que en relación con el tema a dilucidar, un órgano colegiado fijó un criterio contrario al otro concerniente a la sustancia de un mismo problema jurídico.

26. Es decir, aun cuando los órganos contendientes no hayan sustentado un criterio expreso, sino uno implícito pero indubitable, entendiéndose como tal el que pueda deducirse de manera clara e inobjetable de las circunstancias particulares del caso, a fin de impedir la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios de los órganos jurisdiccionales terminales al resolver un mismo tema jurídico, resulta necesaria la sustentación de una tesis jurisprudencial que decida o supere la discrepancia de las tesis relativas, uniformando el criterio conforme al cual habrán de resolverse asuntos jurídicos iguales o semejantes, pues de estimarse que en ese supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, se seguirían resolviendo de forma diferente, sin justificación legal alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales.

27. Tal criterio quedó plasmado en la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE, AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."(9)

28. De igual forma, es necesario que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

29. En los ejercicios interpretativos respectivos debe encontrarse al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

30. Y que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

31. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción de criterios planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia. Sirve de apoyo la tesis aislada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(10)

32. Ahora bien, de los aspectos relevantes que se desprenden de las ejecutorias que dieron origen a los criterios que se consideran discrepantes, esta Sala advierte que sí existe la contradicción de criterios denunciada, en virtud de que los tribunales contendientes examinaron una misma cuestión jurídica, esto es, si las universidades privadas tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en los supuestos relacionados con la tramitación y entrega del título profesional, arribando a conclusiones contrarias.

33. Ello, por un lado, pues el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito sostuvo que la omisión de realizar la entrega del título profesional –así como del certificado de estudios–, sí es un acto equivalente a los de autoridad, pues la expedición de los indicados documentos es una facultad inherente a las atribuciones que la Constitución Federal le confiere en su artículo 3o. a la institución educativa privada, ello, al permitirle impartir educación superior que de forma originaria es responsabilidad del Estado, autorización que, para el caso concreto, se encuentra regulada en la abrogada Ley General de Educación, concretamente, en los artículos 10, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60.

34. Adujo que en las normas referidas están determinadas las funciones de los particulares que prestan servicio educativo, las que les confieren atribuciones para actuar como una autoridad del Estado equi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31619-955378e0/universidades-privadas-en-actos-relacionados-con-la-omision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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