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PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. EL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA RELATIVO NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4425/2018. · Registro digital (IUS): 28359
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-02-22
Promovente: PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Pág. 875.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4425/2018. PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. 14 DE NOVIEMBRE DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver el presente recurso de revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo vigente y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción III, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(1) ya que se interpone en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un amparo directo laboral, materia que corresponde a una de las especialidades de esta Sala, y su resolución no requiere la intervención del tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Oportunidad y legitimación. El recurso de revisión principal se presentó en tiempo, dado que la sentencia recurrida se notificó a la recurrente por lista el martes doce de junio de dos mil dieciocho,(2) por lo que el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del jueves catorce al miércoles veintisiete de junio de dos mil dieciocho;(3) en tanto el escrito de expresión de agravios se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, el martes veintiséis de junio de dos mil dieciocho.

El recurso de revisión se interpuso por parte legítima, debido a que el escrito de expresión de agravios fue firmado por el tercero interesado Juan Cruz Olguín.

TERCERO.—Antecedentes. Los necesarios para la resolución del presente asunto, son los siguientes:

I. Antecedentes del juicio laboral.

A. Demanda laboral. Juan Cruz Olguín demandó de Pemex Exploración y Producción, las siguientes prestaciones:

• El reconocimiento de que en materia de riesgos de trabajo no opera la prescripción mientras no se determine el grado de incapacidad del trabajador.

• El reconocimiento de que laboró en lugares insalubres.

• La aceptación y reconocimiento de que las enfermedades que padece en sus sentidos y órganos de audición, como son el síndrome del bornout, neurosis laboral, hipoacusia bilateral; síndrome vertiginoso laberintico postraumático, disminución visual en ambos ojos, bronquitis crónica tipo industrial, disminución en funcionamiento de la columna vertebral, neuropatía ciática bilateral y gonartrósis bilateral, son profesionales; así como de las diversas enfermedades profesionales que se le determinen mediante peritajes técnico y médicos.

• La valuación y calificación de grado de incapacidad parcial y permanente de los riesgos de trabajo.

• El reconocimiento de la incapacidad parcial permanente que presenta debido a las secuelas físicas que sufre por riesgos de trabajo durante el lapso en que prestó servicios.

• El otorgamiento y pago de una pensión con base al salario que viene percibiendo se integra por una cuota diaria y diversas prestaciones, y se integra con todos los pagos que le han hecho en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie, y cualquier otra cantidad que se le entregue por su trabajo, en términos de los artículos 82, 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo.

• Inconstitucionalidad, inconvencionalidad e inaplicabilidad del artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo, que limita el pago de indemnizaciones derivadas de riesgos de trabajo al doble del salario mínimo.

• El reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente a la incapacidad permanente en términos del artículo 66 y 67 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

• Pago de la falta inexcusable del patrón por riesgo de trabajo en términos del artículo 66, inciso h), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

• Inconstitucionalidad, inaplicabilidad y nulidad de los artículos 66 y 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por cuanto hace a las reglas de cálculo del pago de la indemnización y pensión por riesgo de trabajo.

• El reconocimiento, otorgamiento y pago de la jubilación por riesgo de trabajo profesional con fundamento en la cláusula 134 del contrato colectivo de trabajo, y artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

• El otorgamiento de una pensión de invalidez en términos de los artículos 119, 122 y demás relativos y aplicables de la Ley del Seguro Social.

• Pago de diversas prestaciones devengadas, como diferencias en vacaciones, prima vacacional, incentivos de asistencia, ayuda de despensa, fondo de ahorros, renta de casa, aguinaldo, canasta básica de alimentos, gas doméstico, compensación, entre otras; y el pago de tiempo extraordinario.

• Reconocimiento de la antigüedad general de empresa como trabajador de turno en equipo e instalaciones marinas.

• Reconocimiento del pago del Sistema de Ahorro para el Retiro.

• Pago de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Sustentó sus reclamaciones, en esencia, en los siguientes hechos:

Es trabajador en activo, laborando en diversos puestos y ostentando diversas categorías durante su vida laboral, siendo su última la de coordinador "D" Especialidad Técnica, nivel 33, clasificación 33.11.04, jornada (20), adscrito a la Coordinación del Grupo Multidisciplinario de Operaciones de Pozos e Instalaciones del Sector Norte, en el centro de trabajo Activo Integral Cantarell, Región Marina Noreste, en Ciudad del Carmen, Campeche, con número de ficha 377951 y percibiendo un salario integrado diario de **********

Los padecimientos que tiene son derivados de una acción continua, cuyo origen está en la relación de trabajo que en forma permanente le prestó a la demandada, pues estuvo expuesto de manera prolongada a ruidos y esfuerzos excesivos, a un ambiente contaminado y peligroso, humos, gases, vapores y otros elementos tóxicos, en las diversas categorías que ha laborado.

B. Contestación a la demanda. Pemex Exploración y Producción, por conducto de su apoderada legal, contestó la demanda en los siguientes términos:

Negó acción y derecho al actor en virtud de que éste no registró en su expediente personal, ni clínico antecedente que señala los padecimientos que dice padecer derivado del desempeñó de las labores en las distintas categorías que ocupó, dado que sus padecimientos son de carácter ordinario; asimismo, negó que hubiera sufrido accidente o enfermedad de trabajo y que le correspondía al accionante la carga probatoria de que sufre alguna lesión.

En relación con los hechos los controvirtió de la siguiente forma:

Reconoció que el actor ostenta la categoría de coordinador "D", Especialidad Técnica, nivel 33, adscrito al Activo de Producción Cantarell, con antigüedad general de empresa de quince años doscientos noventa y ocho días, al veintitrés de junio de dos mil quince, con salario diario ordinario por la suma de **********.

En la categoría que ostenta no trabaja en las condiciones que lo afirma.

El pago de las prestaciones se encuentra prescrito en términos de los artículos 519 y 497 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con la cláusula 122 del contrato colectivo de trabajo.

No le resultan aplicables las cláusulas del contrato que invoca, al no encontrarse en los supuestos de dichos numerales.

No tiene derecho al beneficio de su jubilación por no reunir los requisitos de procedibilidad.

C. Laudo. La Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje el siete de abril de dos mil diecisiete dictó laudo en el que determinó:

Condenar a la demandada a:

Reconocer que el trabajador que padece las enfermedades de trabajo denominadas espondiloartrosis lumbar con deformidad tipo traumática, hipoacusia bilateral neurosensorial y gonartrosis bilateral, valuadas en un 30% (treinta por ciento), 40% (cuarenta por ciento) y 20% (veinte por ciento), respectivamente, de incapacidad parcial permanente, haciendo un total del 90% (noventa por ciento) de incapacidad, por tener relación causa-efecto con las labores que ha desempeñado.

Cubrir la indemnización por riesgo de trabajo en términos del artículo 66, inciso h), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, conforme al salario ordinario que percibe el trabajador al siete de abril de dos mil diecisiete, en virtud de estar activo.

Reconocer que laboró días festivos, descansos obligatorios y descansos semanales, turno adicional a la jornada semanal, en términos de las cláusulas 9 y 45 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, para incrementar su antigüedad; así como para efectos de su jubilación y pago de prima de antigüedad.

Reconocer que el accionante laboral es trabajador de turno, para el incremento de su antigüedad como trabajador de turno en equipos e instalaciones marinas, a partir de la fecha que comenzó a laborar con tal calidad, el diecinueve de septiembre de dos mil.

A acreditar por anticipado el tiempo de tres años de espera, conforme a la cláusula 123 del contrato colectivo de trabajo y/o artículo 66, inciso g), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, debido a que acreditó tener una incapacidad permanente del 90% (noventa por ciento).

Reconocimiento de antigüedad general de empresa.

Otorgar al actor su pensión jubilatoria, por estimar que cumple con los supuestos que establece el artículo 82, fracción II, párrafo segundo, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y a cubrirla a partir de la emisión del laudo.

Pagar el monto equivalente al valor de tres comidas diarias, conforme a lo establecido en cláusula 190 del contrato colectivo de trabajo.

Pago de diferencias de salario existente entre la jornada 20 que actualmente devenga, con la 19 correspondiente, en términos del oficio GRH-SRL-2-820/2001, de nueve de octubre de dos mil uno, y la cláusula 190 del contrato colectivo de trabajo.

Pago de noventa y ocho horas extraordinarias mensuales, a partir del diecinueve de septiembre de dos mil, hasta la fecha que se cumplimente el laudo.

Pago de doscientas sesenta y seis horas mensuales por labores insalubres, con sus aumentos y mejoras y hasta que se cumpla con el laudo.

Abrir una cuenta individual a nombre del actor, con la finalidad de que se le realizara el depósito del 2% (dos por ciento) sobre los salarios ordinarios integrados que venía percibiendo el trabajador con motivo de la prestación de su trabajo, a partir de que entró en vigor la prestación del Sistema de Ahorro para el Retiro, el diecinueve de septiembre de dos mil, hasta la fecha en que se cumplimente el laudo.

Finalmente, absolvió a la demandada respecto a las restantes prestaciones, como son pago adicional del 40% (cuarenta por ciento), por la falta inexcusable del patrón; reconocimiento de pago de aportaciones o cuotas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; pago de las prestaciones con base en el salario integrado; prestaciones derivadas de la aplicación de la Ley del Seguro Social; así como la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de diversas disposiciones contractuales y legales.

II. Antecedentes del juicio de amparo directo.

A. Demanda de amparo. Inconforme con el laudo, la demandada Pemex Exploración y Producción promovió amparo directo.

B. Síntesis de los conceptos de violación del amparo principal.

• Primero. La autoridad responsable omitió la estimación del artículo 899-A, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del uno de diciembre de dos mil doce, en la que estipula la competencia por razón de territorio para conocer de los conflictos individuales de seguridad social, corresponderá a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, del lugar en que se encuentre la clínica a la cual estén adscritos los asegurados o sus beneficiarios (Centro de Producción Cantarell, Instalaciones Marinas de la Ciudad del Carmen, Campeche), infringiendo en su perjuicio los artículos 700 y 899-A de la Ley Federal del Trabajo.

• Segundo. La Junta aplicó indebidamente la jurisprudencia 2a./J. 147/2011 (9a.), de rubro: "ENFERMEDAD PROFESIONAL. CUANDO SE DEMANDA A PETRÓLEOS MEXICANOS EL RECONOCIMIENTO DE SU ORIGEN, CORRESPONDE A ÉSTE LA CARGA DE PROBAR LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS O MEDIO AMBIENTE EN QUE EL TRABAJADOR PRESTA O PRESTÓ SUS SERVICIOS.", porque es contradictorio que la demandada le reconozca los padecimientos, indemnizaciones y prestaciones extralegales, pues el actor nunca agotó lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a fin de que la demandada tuviera conocimiento de los padecimientos y el actor fuese canalizado al servicio médico de su adscripción, a fin de revisarle y lograr su recuperación y otorgarle incapacidades, indemnizaciones y derechos derivados del propio accidente o riesgo de trabajo, de lo que se desprende que si el actor en su caudal probatorio no ofreció prueba alguna que acreditara que solicitó ser valorado por los médicos de la demandada, es lógico, objetivo y congruente que nunca tuvo del conocimiento de los supuestos padecimientos del actor.

• Tercero. La Junta responsable si bien enumeró y trascribió las pruebas ofrecidas por la demandada, no expresó el valor que les otorgó a algunas de éstas, sin tomar en cuenta que forman parte de la litis planteada, por lo que tenían que ser valorarlas de manera objetiva; aunado a que la Junta responsable fue omisa en solicitar que se practicaran las diligencias que juzgara conveniente para el debido esclarecimiento de los hechos expuestos en el juicio.

• Cuarto. El perito no cumplió con los requisitos del artículo 899-E de la Ley Federal del Trabajo, por lo que resulta incongruente el porcentaje establecido en el dictamen y que sirvió para que la autoridad impusiera la condena, además no tomó en cuenta que es un trabajador eventual no de planta, y en la audiencia donde presentaron sus dictámenes no adjuntaron todos los documentos que avalaran los mismos.

• Quinto. La Junta responsable si bien valoró el dictamen pericial técnico ofrecido por la parte actora y tercero en discordia, no lo realizó de una manera científica y congruente, ya que de forma indebida le dio valor probatorio a éstos, expresando que merecen credibilidad y favorecen los interés del actor, sin realizar un estudio congruente y exhaustivo de los mismos, ya que tampoco valoró de manera adecuada la pericial ofrecida por la demandada, de la cual se desprende que realizó estudios suficientes de las actividades y medio ambiente laboral donde se desempeñó el actor.

La Junta responsable omitió valorar los artículos 782, 825, 883 y 899-E de la Ley Federal del Trabajo, en relación con la pericial técnica ofrecida por la demandada, porque en audiencia de veintidós de enero de dos mil dieciséis, decretó la deserción de la prueba en términos del artículo 780 de la ley laboral, existiendo falta de fundamentación y motivación, ya que dicho artículo no es idóneo para apercibir a las demandadas en una pericial técnica en materia de trabajo, de lo que se desprenden incongruencias en su resolución que deben ser subsanados, vulnerando el principio de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley.

• Sexto. La responsable condenó de forma ilegal a la demandada a reconocer tres enfermedades al actor, sin que se encuentren debidamente acreditadas por los peritos, independientemente, que las enfermedades producidas por factores mecánicos y variaciones de los elementos naturales del medio ambiente de trabajo y/o enfermedades endógenas; no son acorde a las actividades que realizaba el actor, como quedó acreditado en autos, máxime si los dictámenes periciales rendidos por el perito del actor y tercero en discordia, no se encuentran debidamente fundados y motivados en términos del artículo 899-E de la Ley Federal del Trabajo; por lo que, resulta incongruente la valuación del porcentaje a las mismas.

• Séptimo. La Junta violó en su perjuicio el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo al condenarlo a cubrir la indemnización por incapacidad permanente total del 90% (noventa por ciento), en términos del artículo 66 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, porque de las periciales médicas quedó demostrado que el trabajador era portador de enfermedades de las cuales reclamó su profesionalidad, sin acreditar su etiología profesional.

La autoridad no valoró que si el actor es de confianza, tuvo la obligación y deber de dar aviso, agotando lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de Trabajo, que es el fundamento en que se basó la Junta para condenar a la demandada, a fin de solicitar la valoración de los padecimientos hasta su recuperación o indemnización, ya que la jubilación no es posible otorgarla, pues dicho precepto establece una serie de requisitos previo a la jubilación del actor.

• Octavo. La Junta responsable es incongruente, ya que condena a la demandada con enfermedades que el actor nunca mencionó en su escrito de demanda; además éste no acreditó sus extremos, porque la autoridad por un lado pretende aplicar en sus resoluciones un contrato colectivo que no le es aplicable, pues el aplicable es el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, ya que la autoridad no toma en cuenta que se trata de un trabajador de confianza; asimismo, la cláusula 9 del contrato colectivo de trabajo y el artículo 1o., del anexo 15, para aplicación de la cláusula 9 del contrato colectivo de trabajo, es para los trabajadores sindicalizados de planta, condición que no guarda el actor.

• Noveno. La responsable no es congruente, ya que condena a la demandada a jubilar al actor sin que éste hubiera acreditado sus extremos, máxime si su condena es en relación a una cláusula contractual que si bien es cierto es aplicada en la industria petrolera, también es cierto que es sólo para el personal de planta de régimen sindicalizado.

• Décimo. La Junta responsable dejó de observar que el actor es trabajador de régimen de confianza y le es aplicable el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y el acuerdo CMC/035/13, que establece en el numeral primero que deben haber laborado un mínimo de quince años en instalaciones marinas, el cual la autoridad no valoró que el actor no lo acreditó ya que es de confianza, y nada más ha laborado en plataformas marinas.

• Décimo primero. La responsable condena al pago de la diferencia de salario de la jornada 20 y la jornada 19, con base en la cláusula 190 del contrato colectivo de trabajo, sin acreditar los extremos contenidos en la cláusula.

• Décimo segundo. La responsable condena al pago noventa y ocho horas extras mensuales a partir del diecinueve de septiembre de dos mil, sobre la base del salario ordinario con sus aumentos y mejoras, hasta la fecha que se cumplimente este laudo, tomando como sustento el salario que el operario se encuentre percibiendo, pero si bien es cierto el trabajador labora en una plataforma marina, también es verdad que según su contrato individual de trabajo que tenía signado con la empresa, a la fecha de su demanda establece el tiempo que está obligado a laborar, pues si bien no puede salir del lugar donde labora, eso es de acuerdo a la misma naturaleza donde trabaja, pero no quiere decir que se encuentren laborando continuamente, aspectos que dejó de valorar la autoridad.

La autoridad no requirió al actor para que en términos del artículo 899-C de la ley laboral, para que le proporcionara sus salarios (recibos de pago) o clave donde se encuentran todos los recibos que le son pagados de acuerdo a los contratos que ha desempeñado, en donde se desprendan cada uno de los conceptos que se le liquidan, ya que la demandada en sus recibos de pago siempre le ha liquidado con el concepto de doblete, y del cual se desprende, le pagan no solo catorce días, si no veintiocho días laborales, así mismo en las pruebas ofrecidas por la parte actora, no se desprende que acreditara que se le ha dejado de pagar, para que se le condene.

La autoridad pasa por alto el artículo 516 de la ley de la materia, en el sentido de que el actor presentó su demanda según sello fechador de la Junta el veinte de marzo de dos mil quince, por lo que, cualquier prestación con anterioridad a un año a la fecha de la presentación de la demanda estaría prescrita, además de que se trata de un trabajador de confianza activo.

• Décimo tercero. Es ilegal la condena de labores peligrosas insalubres, porque el actor no acredita sus extremos; no le es aplicable un contrato colectivo de trabajo, ya que es personal de confianza, y la responsable hace su apreciación de la forma en que se le debe pagar porque en el escrito de demanda no se desprende que éste haya solicitado dicha prestación.

• Décimo cuarto. La Junta responsable indebidamente condena al Sistema de Ahorro para el Retiro, sin tomar en cuenta que el actor es trabajador de confianza y actualmente se encontraba activo, y si él está reclamando prestaciones extralegales, le tocaba acreditar la falta de incumplimiento de la demandada.

• Décimo quinto. La responsable no hizo valer el artículo 217 de la Ley de Amparo, toda vez que no obstante de la improcedencia de las acciones ejercidas por el actor en su libelo de demanda, en contra de la demandada, fue condenada.

C. Síntesis de los conceptos de violación del amparo adhesivo.

Primero. La patronal lo denominó como trabajador de confianza, pero con independencia de que sus prestaciones le eran pagadas de conformidad con el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza, nunca desempeñó funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización; por lo que, en el sentido estricto no fue trabajador de confianza, aspecto trascendental que a la responsable le faltó ahondar y precisar en el laudo.

Si fue trabajador de confianza, esa sola circunstancia no es impedimento para que en el caso concreto se le hayan hecho extensivos los beneficios y derechos estipulados en el contrato colectivo de trabajo, que sirvieron de fundamento para condenar a la parte demandada; cuenta habida que su procedencia debe analizarse a partir del contenido del artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo.

Segundo. La Junta del conocimiento no sólo omitió fijar la controversia planteada, sino que lo hizo incorrectamente al tomar en consideración u omitir hechos constitutivos de las acciones, excepciones y defensas de las partes, y cuyos razonamientos se expresaron en el laudo combatido, que finalmente trascendieron al resultado del fallo.

El tribunal laboral omitió tomar en consideración de manera específica la parte en que la demandada negó los hechos relatados, tanto en el origen de los padecimientos reclamados, como las actividades y condiciones de trabajo a las que estuvo expuesto el actor; sin embargo dejó de observar que no manifestaron las razones de hecho y de derecho en las que sustentaba su negación, es decir, no controvirtió de manera adecuada las afirmaciones del actor.

Tercero. La responsable no expresó de manera fundada y motivada las razones de hecho y derecho que la llevaron a determinar que el actor únicamente ostentaba las enfermedades a cuyo reconocimiento condenó; cuando de los diversos dictámenes médicos rendidos en juicio, al haber existido variación en los porcentajes atribuidos por cada especialista al momento de calificar principalmente el padecimiento auditivo y en columna, la Junta se encontraba obligada a exponer las razones por las cuales cada uno de los dictámenes le generaba mayor o menor convicción, pues bien pudo ponderar la posibilidad de valuar al actor con el 100% (cien por ciento) de incapacidad permanente por riesgo de trabajo.

Cuarto. La Junta del conocimiento acordó admitir entre otras, las periciales ofrecidas por las partes, en donde soslayó observar que el apoderado legal de las demandadas en el primer uso de la voz en las audiencias periciales respectivas, no presentó personalmente a sus peritos, a efecto de que éstos acataran a su vez las formalidades y solemnidades a las que estaban obligadas por ley, es decir que en el desahogo de dichas probanzas periciales se tergiversó el procedimiento establecido en el artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo; por lo que, los respectivos dictámenes de los peritos de la patronal no tuvieron que ser aceptados.

D. Síntesis de la sentencia de amparo directo.

a) Competencia para conocer de la demanda conforme al artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo. Es inoperante el primer concepto de violación por ser la competencia una cuestión de previo y especial pronunciamiento, de ahí que este órgano colegiado se encuentra impedida para analizar tal tópico, pues correspondió a la Junta analizar si era o no competente para conocer del asunto, pero como no opuso tal excepción en el controvertido natural, tal aspecto, no formó parte de la litis.

b) Violación procesal. Deserción de prueba pericial técnica. Son inoperantes los conceptos de violación porque la parte solicitante del amparo omitió precisar su trascendencia elemento indispensable.

c) Sistema de Ahorro para el Retiro. Es inoperante el concepto de violación porque la excepción que sustenta no fue planteada en el juicio natural y, por tanto, es improcedente que en el amparo directo se introduzcan esas cuestiones, porque constituyen un aspecto novedoso.

d) Condena de diferencia de salario entre jornada 19 y 20, y los aumentos y mejoras. Es infundado en parte e inoperante en otra, el concepto de violación, pues resulta desacertado lo alegado por la patronal, en tanto que, del contenido del oficio GRH-SRL-2-820/2001, de nueve de octubre de dos mil uno, se advierte que, fue la propia patronal quien aceptó la nivelación en los pagos de los trabajadores de confianza que se encuentren laborando en plataformas e instalaciones marítimas.

Ello, sin perjuicio de la naturaleza de la relación laboral, en tanto que en el propio documento se hizo extensiva la aplicación a esa clase de trabajadores las jornadas 19 y 20 estipuladas en el contrato colectivo de trabajo, porque tanto el trabajador de confianza como los trabajadores sindicalizados guardaban condiciones similares.

En cuanto a los aumentos y mejoras sobre la diferencia salarial reclamada, no se advierte en ninguna parte de sus conceptos de violación que combata tal condena, por ende correctas o no las mismas deben quedar firmes para todos los efectos legales a que haya lugar.

e) Análisis sobre la procedencia de la acción de trabajador de confianza en activo. Son fundados dado que en autos se encuentra glosada la copia del artículo 66 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, aportada por el actor, perfeccionada mediante diligencia de cotejo de veintinueve de octubre de dos mil quince, la que establece los lineamientos al cual debe sujetarse el trabajador que pretende alcanzar los beneficios de indemnización o jubilación por incapacidad parcial permanente (riesgo de trabajo), esto es, solicitar que los médicos del patrón valúen la profesionalidad o no de su padecimiento y en su caso la incapacidad; requisitos que no debe pasar inadvertido.

En virtud de que el artículo 66 del reglamento que se comenta, establece que el personal de confianza en ejercicio o con motivo del trabajo, el patrón les proporcionará servicio médico, así como la determinación de incapacidades, indemnizaciones y derechos derivados de los propios riesgos de trabajo, previa valuación del médico perito del patrón, una determinada incapacidad y antigüedad, tendrán derecho a ser indemnizados, e incluso jubilados cuando se haya agotado la posibilidad de su reubicación, de acuerdo a las propias reglas que se contemplan, siempre y cuando acudan ante la patronal para ello.

Razón por la cual, arriba a la convicción, que si el actor del contencioso natural actualmente se encuentra en activo, es requisito sine qua non que deba previamente hacer la solicitud al patrón, antes de acudir a la Junta laboral a demandar el reconocimiento de enfermedad profesional; y el actor no colmó los requisitos establecidos para la procedencia del reconocimiento de enfermedades profesionales, y por ende, la indemnización relativa y la pensión jubilatoria; dado que al ser de carácter extralegal, el actor debió no sólo probar tener derecho a obtenerlas, sino encuadrar en los requisitos exigidos para tales efectos.

Consecuentemente, la Junta responsable en el nuevo laudo que dicte en cumplimiento a la ejecutoria, deberá tomar en cuenta lo aquí considerado y, por ende, dejar a salvo los derechos del actor para que reclame de la patronal el otorgamiento de la pensión jubilatoria, así como el pago de la indemnización por incapacidad parcial permanente.

f) Condena a horas extraordinarias. Es fundado el concepto de violación, porque la Junta laboral toma en cuenta para la condena respectiva, la duración de la jornada laboral, que era de las siete a las diecinueve horas, dentro de la cual laboraba cuatro horas extraordinarias diarias continúas y permanentes, esto es, dentro de los catorce días q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28359-24b7131c/petroleos-mexicanos-y-organismos-subsidiarios-el-articulo-66 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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