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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 40/2023. · Registro digital (IUS): 31778
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-09-22
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo IV, Pág.4568.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 40/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE JULIO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIA: ARELY PECHIR MAGAÑA.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de trece de julio de dos mil veintitrés.

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 40/2023, suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja penal 119/2023 y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al emitir la resolución correspondiente al recurso de queja penal 101/2023.

2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si procede o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

I. ANTECEDENTES

3. Con motivo de la presentación de dos escritos de demandas de amparo indirecto radicadas, la primera ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana(1) –asunto en el que determinó conceder la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la imposición de la prisión preventiva–, y el segundo radicado en el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México(2) –en el que se negó la suspensión provisional relativa–.

4. En contra de las anteriores determinaciones, se interpusieron los recursos de queja siguientes:

a) Recurso de queja penal 119/2023, radicada en el índice del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito –interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana–, en el que se determinó declarar fundado el recurso de queja contra la suspensión provisional concedida y se modificó la resolución recurrida así como los términos en los que se concedió la suspensión provisional, esto es, en términos del artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo.

b) Recurso de queja penal 101/2023, de la estadística del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito –interpuesto por **********, por conducto de su defensor **********–, en el cual se calificó de fundado el recurso de mérito y concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios a la parte quejosa, respecto de la medida cautelar que se le impuso consistente en la prisión preventiva oficiosa.

5. Tal es el caso que, mediante oficio número **********, presentado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito –tribunal contendiente–, ante este Pleno Regional, se realizó la denuncia de contradicción de criterios correspondiente.

II. TRÁMITE

6. Mediante acuerdo de radicación de quince de mayo de dos mil veintitrés, este Pleno Regional registró la presente contradicción de criterios con el número 40/2023, y se precisó que el posible tema jurídico a analizar era el siguiente:

"Determinar si procede o no conceder la suspensión provisional cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa".

7. Asimismo, este Pleno Regional admitió a trámite la contradicción de criterios y la registró con el número 40/2023,(3) se solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios sostenidos en las resoluciones de origen, seguían vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados; de igual manera, se requirió a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si tenía radicada alguna contradicción de criterios sobre la materia que nos ocupa, y se turnó electrónicamente el asunto a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares.

8. Mediante acuerdos de diecinueve y veintitrés, ambos de mayo de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los informes enviados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

9. Por otra parte, en auto de siete de junio de dos mil veintitrés, se acordó la recepción del informe signado por el encargado del Despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual, en esencia, informó que, se encuentran radicadas en la Primera Sala de ese Alto Tribunal, las contradicciones de criterios ********** y **********, cuyos temas a dilucidar, son los siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. DETERMINAR SI ES POSIBLE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS EN CONTRA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. PARA EFECTOS DE DEJAR EN LIBERTAD AL PROCESADO." y "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN CONTRA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. DETERMINAR SI PARA SU CONCESIÓN PUEDE ATENDERSE A LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS VS. MÉXICO Y SIN CONSECUENCIA, DESAPLICAR EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO.", los cuales se encuentran estrechamente relacionados con el planteamiento del presente asunto, de modo que al encontrarse integrada la presente contradicción de criterios, se confirmó el turno electrónico al Magistrado antes mencionado, para la elaboración del proyecto correspondiente.

III. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE

10. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

11. En el caso, antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

IV. COMPETENCIA

12. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 12, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(4)

13. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por tribunales pertenecientes a la Región Centro-Norte en asuntos del orden penal, materia y jurisdicción correspondiente a la de este Pleno Regional.

V. LEGITIMACIÓN

14. La presente denuncia de contradicción de criterios, proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(6) al haber sido formulada por uno de los órganos contendientes que motivaron la presente controversia, a saber, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito –órgano que emitió la resolución correspondiente a la queja penal 119/2023, de su índice–.

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

15. A efecto de que este Pleno Regional se encuentre en posibilidades de verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, es menester señalar que por contradicción de "criterios" debe entenderse cualquier discrepancia en el sentido adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.

16. Sirve de apoyo para esta determinación, la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(7) y la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(8)

17. Así, de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.

18. Para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

19. Entonces, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes–, es posible afirmar que para que una contradicción sea procedente, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que los Tribunales Colegiados contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un segmento de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y en consecuencia, que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior, dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(9)

20. En otras palabras, para la existencia de una contradicción de criterios se requiere que los órganos jurisdiccionales contendientes: I. Hayan realizado ejercicios interpretativos; II. Sobre el mismo problema jurídico y en virtud de ellos hayan llegado a soluciones contrarias; y III. Tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.

21. A partir de lo anterior, se busca detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto, por lo que, para ello es necesario hacer una especificación sucinta sobre las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron las respectivas posturas contendientes.

22. Al respecto, este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, considera que sí existe una contradicción de criterios, ya que se ven satisfechos los requisitos para su existencia.

23. Respecto al primer requisito, se advierte que los órganos contendientes se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración, recurriendo a su arbitrio judicial, circunstancia en la que, a través de un ejercicio interpretativo, se buscó llegar a una solución determinada.

24. Así, la presente contradicción de criterios tiene su origen en demandas de amparo indirecto, ambas promovidas en contra del auto de vinculación a proceso en el que se les impuso a imputados diversos, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

25. Derivado de lo anterior, las partes recurrentes –en un caso el propio quejoso y en el otro supuesto, el agente del Ministerio Público– interpusieron recursos de queja; los cuales fueron del conocimiento de Tribunales Colegiados de Circuito, quienes resolvieron, en esencia, lo siguiente:

a) El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja penal 119/2023,(10) determinó modificar la resolución recurrida y conceder la suspensión provisional respecto de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, para el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo.

Lo anterior dijo, ya que no es posible conceder la suspensión provisional en los términos solicitados es decir, con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se dejaría de observar el artículo 19 constitucional, así como el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen los casos y los ilícitos que ameritan la imposición de esa medida cautelar y, por ende, no debió concederse la suspensión en los términos precisados por la Jueza de Amparo.

Para sustentar lo anterior, dicho tribunal contendiente contempló la tesis de rubros: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.";(11) así como la tesis aislada: "SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DIRECTRICES PARA ESTABLECER Y CONCRETAR LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES.";(12) criterios jurisprudenciales (sic) que estimó, no pueden desatenderse en términos de los artículos 107 de la Constitución Federal y 217 de la Ley de Amparo.

De igual modo, refirió que la a quo para conceder la medida cautelar, no estaba en condiciones de pronunciarse en los términos en los que lo hizo, en virtud de que al ser el acto reclamado una medida cautelar que impone privación de la libertad emitida por autoridad competente, –por cuanto hace a lo relativo a la suspensión del acto reclamado–, lo procedente era considerar lo previsto por la ley de la materia, específicamente lo que disponen los artículos 163 y 166, fracción I, los cuales determinan la forma en que se otorgará la suspensión en los asuntos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal y se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa a los que hace mención el artículo 19 constitucional.

En sustento a lo anterior, citó la acción de inconstitucionalidad **********, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en ésta se estudió la constitucionalidad del artículo 128, párrafo tercero, de la ley de la materia; asimismo, citó la tesis aislada de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 163 Y 166 DE LA LEY DE LA MATERIA SI EL ACTO RECLAMADO ES LA RATIFICACIÓN Y/O NO MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, Y NO NEGARLA CON FUNDAMENTO EN EL DIVERSO 128, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA PROPIA LEY, AL SER INAPLICABLE."(13)

De igual manera, precisó que fue incorrecto que se concediera la suspensión provisional, con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que tratándose de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, el artículo 166, fracción I, de la referida ley dispone la forma en que habrá de concederse la providencia precautoria a fin de que ésta no sea con efectos restitutorios.

Es así, que el tribunal contendiente referido determinó que se pasó por alto que en una adecuada técnica de amparo, al concederse una suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional no puede dejar de considerar la subsistencia de la materia del juicio de amparo, pues de lo contrario se imposibilitaría la oportunidad de retrotraer los efectos de la suspensión, en caso de una resolución que niegue la protección constitucional demandada; además, tratándose de materia penal se establecen normas específicas, como lo es la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa.

En apoyo a lo anterior, expuso las tesis de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO (‘EN MATERIA PENAL’), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL."(14) así como "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA."(15)

b) Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja penal 101/2023,(16) determinó conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios a la parte quejosa, respecto de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ello, conforme a la figura de tutela provisional anticipada y al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, pues esta porción normativa señala que no son objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por autoridad judicial; sin embargo, refirió que esa disposición no es absoluta, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad **********, estableció que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el amparo y que pueden existir excepciones a ese lineamiento general.

De igual manera, adujo que era procedente otorgar la suspensión con efectos restitutorios en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, en el que señala que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, lo que implica restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues a partir de los efectos previstos en el artículo 163, fracción I y segundo párrafo del artículo 166, ambos de la Ley de Amparo, es posible realizar tal alcance en la suspensión del acto reclamado.

Asimismo destacó, que la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo encuentra contexto en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que se encuentra en los artículos 17 constitucional, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sustento a ello citó la ejecutoria de la contradicción de tesis **********, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se sostuvo que entre los instrumentos jurídicos con que se garantiza la efectividad del recurso, se encuentran las medidas cautelares como la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, la cual tiene como finalidad conservar la materia de dicho medio de control constitucional y evitar la consumación de daños irreparables o reparables a los derechos de la parte quejosa. Motivos anteriores por los que señaló, que de nada servía a los derechos del quejoso el hecho de que con motivo de la suspensión y con la aplicación de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, sólo quedara a disposición del órgano de amparo por lo que hace a su libertad, ya que su objetivo no sólo es proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los que el país sea parte, si no que tiene posibilidad de evitar que el retraso en la impartición de justicia, tenga un impacto negativo a quien, desde un inicio, le asiste la razón, según el principio general relativo a que la necesidad del proceso, para obtener la razón, no debe convertirse en un daño para quien la tiene.

También, aludió que en la contradicción de tesis **********, se estableció que ni la Ley de Amparo ni en su regulación general de la suspensión ni en la parte específica de la suspensión en materia penal, hace alguna excepción a si la suspensión puede tener efectos restitutorios, pues aunque sólo se limita a establecer los efectos que debe tener la suspensión respecto a algunos actos, en ningún momento establece que la suspensión en materia penal no pueda tener efectos restitutorios, los cuales son susceptibles de decretarse a partir de la ponderación de la apariencia del buen derecho.

Igualmente, precisó que sí existe la apariencia del buen derecho para la parte quejosa, en virtud de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México –sentencia de siete de noviembre de dos mil veintidós–; y García Rodríguez y otro contra México –sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintitrés–.

Asuntos en los que dijo, que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no afecte el derecho a la presunción de inocencia debe: I) Existir presupuestos materiales que estén relacionados con la existencia de un hecho ilícito y vinculación del imputado; II) Que las medidas cumplan con los elementos del test de proporcionalidad; y, III) La resolución que impongan debe contener motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas; elementos que consideró no se tenían por colmados.(17)

Igualmente, adujo que la prisión preventiva sólo debe imponerse cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber, que el imputado no impedirá el desarrollo del procedimiento y no se eludirá de la acción de la justicia, sin que la gravedad del delito imputado sea justificación suficiente.

Advirtió que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente, es violatoria al artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En sustento a lo anterior, citó la jurisprudencia de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN."(18)

Asimismo, señaló que el hecho mismo de que se haya impuesto la prisión preventiva por ser oficiosa, impide que ésta haya sido producto del test de proporcionalidad que sólo el juzgador puede efectuar y que en caso de ser en el mismo sentido, dicha medida cautelar debe estar justificada, es decir, que trate de una medida legítima e idónea para cumplir el fin que se persigue, así como necesaria y estrictamente proporcional; por lo que en uso del buen derecho consideró que su imposición oficiosa, era violatoria del derecho fundamental a la libertad.

Por lo anterior, se determinó conceder la suspensión con efectos restitutorios, para que el Juez de Control fijara una audiencia de revisión de medida cautelar, dictara una distinta, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada.

26. De lo hasta aquí expuesto se advierte que, ambos Tribunales Colegiados, al desarrollar su arbitrio judicial, examinaron un mismo problema jurídico, no obstante, arribaron a conclusiones contrarias, por lo que sí se encuentran satisfechos los requisitos para que exista la contradicción entre los criterios denunciados.

27. Esto es, los órganos colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo centrado en determinar si procede o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. De ahí que se estime cumplimentado el primer requisito señalado.

28. Ahora bien, por cuanto hace al segundo requisito, atinente a la existencia de un razonamiento en el que se adopte un criterio diferenciado sobre un mismo tema jurídico, es decir, un punto de toque, también se surte dicho supuesto.

29. Lo anterior se afirma ya que, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito estableció que ante esa circunstancia, conforme a los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimiento Penales, no era posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, por lo que ordenó conceder la suspensión provisional, para el efecto de que la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, en términos del numeral 166, fracción I, de la Ley de Amparo.

30. Contrariamente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró que toda vez que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide negar la suspensión con efectos restitutorios, por lo considerado en la acción de inconstitucionalidad ********** del Pleno del Más Alto Tribunal en el País, al no ser una disposición absoluta; además de estimar que debía atenderse a lo ordenado en las recientes (sic) dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra del Estado Mexicano, en donde en esencia se estableció que la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 de la Carta Magna es contraria a la Convención.

31. De ahí que, respecto a los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes, se advierta la existencia de un punto de toque.

32. En las relatadas circunstancias, se advierte el cumplimento del tercer requisito, consistente en el surgimiento de un cuestionamiento o interrogante acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

33. Por ende, este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México deberá resolver el siguiente planteamiento:

¿Es procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto se hace consistir en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa?

VII. DECISIÓN

34. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en atención a las siguientes consideraciones.

35. Una vez establecido el tema a dilucidar en la presente contradicción de criterios y con la finalidad de que este órgano colegiado se encuentre en aptas condiciones de dar contestación a la interrogante de mérito, se desarrollarán las siguientes temáticas: A) Precisiones sobre el derecho a la libertad personal en el marco nacional e internacional; B) La prisión preventiva como restricción constitucional al derecho a la libertad personal; C) El principio pro persona en el sistema jurídico mexicano como garantía, protección y promoción de los derechos humanos; D) Jerarquía normativa. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano; E) Obligatoriedad y efecto vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; F) Viabilidad de la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios; G) Tutela judicial anticipada; y H) Suspensión provisional en contra de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

A. Precisiones sobre el derecho a la libertad personal en el marco nacional e internacional.

36. Inicialmente es necesario resaltar algunos aspectos generales sobre el derecho a la libertad personal, prerrogativa fundamental que es entendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquel derecho humano de protección evolutiva que se reconoce formalmente tanto a nivel interno como internacional y que admite diferentes manifestaciones, entre ellas, la libertad personal que en su ámbito más básico, es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria.(19)

37. En el ordenamiento constitucional mexicano, el derecho a la libertad personal, tal como ha sido descrito, es reconocido a partir de múltiples normatividades y artículos, destacando por su importancia los numerales 1o.,(20) 14(21) y 16(22) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,(23) 4(24) y 9(25) de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7(26) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9(27) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; I(28) y XXV(29) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

38. Numerales anteriores de los que se aprecia que el derecho a la libertad personal se encuentra reconocido como de "primer rango" y el cual hasta hace unos años podía limitarse oficiosamente, bajo supuestos específicos y de manera excepcional.(30)

39. Sobre ese aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión **********,(31) determinó que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31778-2412e21f/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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