CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO DIRECTO. SUPUESTO EN QUE ES INNECESARIO DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA ACTUALIZACIÓN DE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA.
AMPARO DIRECTO 274/2015. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EZEQUIEL NERI OSORIO. SECRETARIO: EDUARDO CASTILLO ROBLES.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Resulta innecesario estudiar tanto los fundamentos y consideraciones de la sentencia reclamada, como los conceptos de violación que en su contra se vierten, en razón de que este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual al ser una cuestión de orden público, debe examinarse preferentemente y de oficio.
El artículo y fracción citados disponen lo siguiente:
"61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."
En efecto, este órgano colegiado, en sesión celebrada en esta fecha, pronunció ejecutoria en el juicio de amparo directo número ********** (con el que guarda relación este amparo), promovido por **********, por sí y en representación de su hijo menor, contra la sentencia pronunciada el veintisiete de febrero de dos mil quince por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca número **********, la cual constituye el acto reclamado en este juicio de amparo; ejecutoria en la que se concedió el amparo solicitado para el efecto siguiente:
"...Con base en todo lo expuesto, este órgano colegiado en suplencia de la queja en favor del menor, involucrado en la contienda de origen, concluye que debe concederse a éste el amparo y la protección solicitados para los siguientes efectos:
"a) La autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada; y,
"b) En su lugar emita otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria: 1. Determine que la guarda y custodia del menor debe quedar a cargo de su madre; 2. En lo atinente al derecho de convivencia, respete el derecho del menor a mantener contacto con su padre y, para ello, fije los términos y las condiciones en que deberá ejercerse sin que pueda dejarlo al arbitrio de las partes; y, 3. En su caso, resuelva lo atinente al derecho alimentario del menor quejoso en relación con su padre no custodio."
En esas condiciones, al ordenarse en el amparo directo reclamado, que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia combatida y, siguiendo los lineamientos de ese fallo, considere que la guarda y custodia del menor debe corresponder a la madre de éste, reconozca el derecho del menor a convivir con su padre y, para ello, fije los términos y condiciones en que deberá ejercerse este derecho y, en su caso, resuelva lo atinente al derecho alimentario del menor quejoso respecto de su padre no custodio, el acto reclamado cesó en sus efectos.
Lo anterior, ya que con la concesión del amparo en el juicio con éste relacionado, desatendieron de forma inmediata, total e incondicionalmente, lo considerado y resuelto por la Sala responsable en el acto que de ella aquí se reclama, actualizándose así, en forma fehaciente, la causa de improcedencia invocada.
Orienta lo antes expuesto, por las razones que las informan y de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, las jurisprudencias y tesis cuyos datos de localización, rubro y texto se indican:
"Novena Época
"Registro digital: 170865
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVI, diciembre de 2007
"Materia: Laboral
"Tesis: 2a./J. 225/2007
"Página: 151
"AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONOCER DE UN JUICIO DE GARANTÍAS RELACIONADO, DEJÓ INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO.-Si un Tribunal Colegiado de Circuito conoce simultáneamente de dos juicios de amparo en materia laboral, en los que se combate el mismo acto reclamado, pero en uno de ellos determina conceder la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento, es inconcuso que cuando resuelva el otro amparo relacionado debe sobreseer en el juicio en términos del artículo 74, fracción III, en concordancia con el numeral 73, fracción XVI, ambos de la Ley de Amparo, pues en tal evento el laudo ya no produce efectos ni causa agravio alguno al quejoso, y de esta suerte, es innecesario que se ocupe del estudio de los conceptos de violación sea cual fuere su naturaleza, esto es, sin que trascienda si están referidos al fondo de la cuestión debatida o en ellos se aduzcan violaciones procesales."
"Novena Época
"Registro digital: 193758
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IX, junio de 1999
"Materia: Común
"Tesis: 2a./J. 59/99
"Página: 38
"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.-De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."
"Séptima Época
"Registro digital: 239386
"Instancia: Tercera Sala
"Tesis: Aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volúmenes: 217-228, Cuarta Parte
"Materia: Común
"Página: 13
"ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL.-Si en un amparo relacionado se concede la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar pronuncie una nueva, el diverso amparo que la contraparte promueva contra aquélla, resulta improcedente, pues es evidente que los efectos de dicho acto reclamado han cesado y se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la misma ley."
Máxime, si se tiene en cuenta que los conceptos de violación hechos valer por el hoy quejoso giran en torno a aspectos relacionados con las condiciones en que el menor habría de ejercer el derecho de convivencia con su madre, quien en la sentencia reclamada había resultado no custodio de su hijo y la carga alimentaria que, por ello, le correspondía.
Sin embargo, precisamente, en razón de lo considerado y resuelto en el juicio de amparo relacionado con éste, por este tribunal, por las razones allí expuestas, tal determinación quedó insubsistente.
En esas condiciones, al actualizarse la hipótesis a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede sobreseer en el juicio, acorde con la fracción V del artículo 63 del ordenamiento en cita.
Ahora bien, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado de Circuito lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, no obstante ello, el caso concreto se considera una excepción a dicha norma por las razones que a continuación se expondrán.
A efecto de precisar lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito proseguirá con el análisis de la finalidad del artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; la aplicabilidad de esa norma en relación con el juicio de amparo directo; y, la inaplicabilidad de ese precepto como excepción en juicios de amparo directo, como aquí ocurrió.
I. Contenido y finalidad del artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.
Por principio de cuentas, ha de precisarse el contenido del artículo de referencia, mismo que es del tenor siguiente:
"Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.
"Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga."
El artículo antes transcrito incorporó una hipótesis no contemplada en la ley reglamentaria anterior, esto es, dar oportunidad al impetrante del amparo para señalar cuestiones relativas a la no actualización de la causa de improcedencia advertida de oficio por el órgano jurisdiccional de amparo, en congruencia con el principio de contradicción contenido en el artículo 14 constitucional y con la finalidad perseguida por la reforma constitucional relativa a derechos humanos.
Así, al dar oportunidad a las partes para realizar las manifestaciones correspondientes para el caso en que el órgano jurisdiccional de amparo advierta una causal de improcedencia del juicio, los juzgadores deben verificar y precisar, en su caso, por qué las manifestaciones vertidas se ajustan o no a derecho, a fin de no dejar en estado de indefensión a dichas partes.
Lo anterior debe entenderse de esa manera, porque el principio de contradicción, contenido en la norma jurídica analizada, pretende cumplir con el derecho a un proceso equitativo y razonable; de esa manera, los actos procesales se deben desarrollar con respecto a los principios procesales fundamentales de contradicción y el de igualdad de las partes.
El principio de contradicción o del contradictorio es consustancial al proceso, pues le viene impuesto por la naturaleza de la materia sobre la que versa: el litigio o conflicto de intereses de trascendencia jurídica. Por ser el proceso un medio de solución de litigios en donde normalmente hay dos partes, el principio de contradicción impone al juzgador el deber de resolver sobre las promociones formuladas por éstas, oyendo previamente las razones de la contraparte o, al menos, dándole la oportunidad para que las exprese.
De conformidad con ese principio, el juzgador no puede resolver de plano dichas promociones, sino debe otorgar previamente a la contraparte la oportunidad para que manifieste su actitud frente a aquéllas y los motivos en que funde dicha actitud. Las leyes procesales pueden establecer salvedades a este principio cuando se trate de actos de mero trámite, pero dichas salvedades no deben dejar en estado de indefensión a la contraparte pues, de lo contrario, se infringiría tal principio.
En virtud del principio de contradicción, el proceso tiene la estructura de un método de discusión, de debate de afirmaciones de hecho, de acciones y excepciones, y de argumentaciones jurídicas generalmente contrapuestas, o al menos divergentes, que expresan las partes ante el juzgador. De ahí que se afirme que el carácter dialéctico del proceso jurisdiccional consiste, precisamente, en que éste es un método de confrontación de tesis, es decir, un método de disputa sujeto a reglas legales.
Por la estructura del proceso también es dialéctica toda vez que es un medio para solucionar litigios, el cual surge, precisamente, de la contradicción u oposición entre la acción de la parte actora o acusada (con función de una tesis) y la excepción de la parte demandada o acusada (antítesis); contradicción que va a ser resuelta por la sentencia que dicte el juzgador (síntesis).
En los Estados democráticos contemporáneos, todo tipo de proceso debe estar sujeto al principio de contradicción y debe tener, por tanto, una estructura dialéctica. Sólo en etapas de regresión histórica -como ocurrió durante la Inquisición- o en los Estados totalitarios o autoritarios, no han regido o no rigen este principio y esta estructura.
II. Aplicabilidad del artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en juicios de amparo directo.
La aplicabilidad del artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para con los juicios de amparo directo se advierte justificada tomando en consideración que si el juicio de amparo es un procedimiento, éste no puede sustraerse a los principios constitucionales que rigen a todos ellos.
De esa manera, resulta dable establecer que dicha hipótesis es aplicable a todos los juicios de amparo pues si éstos son medios de control constitucional de los actos de autoridad, sus procesos deben garantizar los principios constitucionales de cualquier juicio, entre ellos el de contradicción.
Sin pasar desapercibido que la estructura de la Ley de Amparo en vigor ubica al sobreseimiento en el título primero, el cual fue denominado como reglas generales, entonces, si esa figura jurídica se ubicó en ese título, no habría razón para justificar una distinción entre los juicios promovidos en vía directa e indirecta, cuando la legislación así no lo dispuso.
III. Inaplicabilidad de ese precepto como excepción en juicios de amparo.
La legislación señala que la causa de improcedencia advertida oficiosamente por el órgano jurisdiccional de amparo debe ser analizada por un órgano jurisdiccional "inferior", por ello, se concluye que dicho imperativo no vincula a los Jueces de Distrito ni a los Tribunales Unitarios de Circuito, dado que esas autoridades son las competentes para conocer del juicio de amparo indirecto en primera instancia y los actos que juzgan no provienen exclusivamente de órganos jurisdiccionales "inferiores", pues también conocen de actos de autoridades administrativas emitidos de manera unilateral, no dentro de un procedimiento jurisdiccional; por tanto, no hay forma de que esa obligación se actualice en un juicio de amparo seguido ante un Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito.
En esa tesitura, la interpretación gramatical del artículo 64 de la Ley de Amparo revela que la obligación de dar vista a la parte quejosa, únicamente vincula a los órganos jurisdiccionales de amparo que conocen del recurso de revisión (Suprema Corte de Justicia de la Nación -Pleno o Salas- y Tribunales Colegiados de Circuito) y opera en la sustanciación de ese medio de impugnación, dado que constituye la segunda instancia del juicio de amparo indirecto y, necesariamente, el acto impugnado proviene de un órgano jurisdiccional inferior a saber: Jueces de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito.
Además, de aplicar la norma en el juicio de amparo indirecto en primera instancia, generaría desequilibrio procesal, mientras que si es aplicada por los órganos jurisdiccionales competentes para conocer del recurso de revisión, en ese medio de impugnación, no generaría desequilibrio procesal, en virtud de que aun cuando den vista a la parte quejosa con una causa de improcedencia que adviertan oficiosamente, no alegada por las partes en el juicio de amparo indirecto ni analizada por el Juez de Distrito, no podría corregirse ninguna deficiencia para lograr enmendar la procedencia del juicio.
Ahora bien, a través de la vista que otorgue la autoridad que conozca del juicio de amparo en primera instancia, se permitiría que la parte quejosa subsane la omisión en que había incurrido mediante la ampliación de demanda, corrigiendo, con ello, la procedencia del juicio.
En ese supuesto, si la ampliación de la petición de amparo resulta procedente, se rompería con el equilibrio procesal que rige en el juicio, pues el Juez de Distrito contribuiría a que la parte quejosa proponga los conceptos de violación que había omitido formular, generando así una ventaja procesal indebida, con la justificada molestia de las demás partes.
Lo expuesto revela que en la segunda instancia del juicio de amparo indirecto, no se provocaría un desequilibrio procesal entre las partes en caso de dar vista a la parte quejosa con una causa de improcedencia no alegada en el juicio ni analizada por el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito, ya que no habría forma de realizar alguna acción para enmendar la procedencia del juicio. La interpretación que se ha sostenido también cobra sentido si se toma en cuenta que, en caso de que el órgano revisor de amparo detecte una causa de improcedencia no analizada por el Juez de Distrito ni alegada por las partes y sobresee en el juicio, produciría indefensión a la parte quejosa si previamente no le dio vista, dado que no existe ningún recurso contra lo resuelto en un recurso de revisión, por lo que al menos, se le debió permitir que alegara lo que a su derecho conviniera en relación con la causal detectada.
En cambio, si en la primera instancia del juicio de amparo indirecto se sobresee en el juicio con base en una causa de improcedencia advertida oficiosamente, sin dar vista a la parte quejosa, no constituye una violación irreparable en su esfera de derechos pues, en caso de considerar que no se actualizaba la causal por la que sobreseyó el Juez, está en posibilidad de interponer recurso de revisión y exponer los argumentos correspondientes, los cuales, de ser fundados, provocarían que el órgano revisor levante el sobreseimiento decretado y examine el fondo del asunto. Por ello, es que resulta lógico pensar que el legislador introdujo la vista que se ha analizado con la finalidad de que, en el recurso de revisión, la parte quejosa pueda cuando menos alegar lo que a su interés convenga cuando el órgano jurisdiccional de amparo, en la segunda instancia del juicio de control constitucional, advierta la actualización de una causa de improcedencia oficiosamente, no alegada por las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior.
Bajo esa óptica, se puede concluir que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no vincula a los órganos jurisdiccionales que conocen en primera instancia del juicio de amparo indirecto, por tanto, no sería obligatorio que esas autoridades den vista a la quejosa respecto de alguna causa de improcedencia advertida de oficio, aun cuando no la haya alegado ninguna de las partes.
Por otro lado, partiendo de la teleología del artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando esa finalidad se ha visto colmada en un proceso constitucional por haberse cumplido el principio de contradicción, es decir, cuando se ha tenido posibilidad de alegar y exponer durante el proceso, este Tribunal Colegiado de Circuito concluye que no habría razón jurídica para dar la vista respectiva al impetrante del amparo cuando el juicio que haya promovido se deba sobreseer por cesar los efectos del acto reclamado, dada la concesión de la protección constitucional en un juicio relacionado al mismo acto reclamado.
En efecto, resultaría innecesario dar vista al quejoso cuando la causal de improcedencia se haya generado o surgido de la resolución de diverso juicio de amparo relacionado con el mismo acto reclamado, porque en el proceso constitucional promovido por su contraparte, dicho sujeto no estaba inaudito pues tenía a su alcance el amparo adhesivo a fin de que prevaleciera el acto reclamado en sus términos, el que incluso promovió.
De esa manera, si está colmada la finalidad constitucional de la norma en análisis, es decir, la oportunidad de defensa en el proceso, resultaría innecesario dar vista al impetrante para ese efecto.
Máxime, porque ello no se advierte de oficio durante el procedimiento, sino al dictarse una sentencia en un juicio de amparo directo relacionado con el mismo acto reclamado; de ahí que la causal de improcedencia resultaría inminente e indudable.
Cobran aplicación a lo anterior, las tesis sustentadas por este órgano colegiado, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:
"Décima Época
"Registro digital: 2005483
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis: Aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Publicación: viernes 7 de febrero de 2014 a las 11:16 horas
"Materia: Común
"Tesis: VII.2o.C.12 K (10a.)
"CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CASO DE EXCEPCIÓN EN LA APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA EN AMPARO DIRECTO. Si se parte de la teleología del citado artículo, cuando la garantía de audiencia se ha visto colmada en un proceso constitucional por haberse cumplido con el principio de contradicción, es decir, cuando se ha tenido posibilidad de alegar y exponer durante el proceso, no habrá razón jurídica para dar la vista respectiva al quejoso cuando el juicio que haya promovido deba sobreseerse por cesar los efectos del acto reclamado, dada la concesión de la protección constitucional en un juicio relacionado al mismo acto reclamado. En efecto, resulta innecesario dar vista al quejoso cuando la causal de improcedencia se haya generado o surgido de la resolución de diverso juicio de amparo relacionado con el mismo acto reclamado, porque en el proceso constitucional promovido por su contraparte, dicho sujeto no estaba inaudito, pues tenía a su alcance el amparo adhesivo a fin de que prevaleciera el acto reclamado en sus términos. De esa manera, si está colmada la finalidad constitucional de la norma en análisis, es decir, la oportunidad de defensa en el proceso, resultará innecesario dar vista al impetrante para ese efecto. Máxime, porque ello no se advierte de oficio durante el procedimiento, sino al dictarse una sentencia en un juicio de amparo directo relacionado con el mismo acto reclamado; de ahí que la causal de improcedencia resultaría inminente e indudable."
"Décima Época
"Registro digital: 2005484
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis: Aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Publicación: viernes 7 de febrero de 2014 a las 11:16 horas
"Materia: Común
"Tesis: VII.2o.C.13 K (10a.)
"CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. FINALIDAD DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN CONGRUENCIA CON EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. El citado artículo y párrafo incorporaron una hipótesis no contemplada en la ley reglamentaria anterior, esto es, dar oportunidad al quejoso para señalar cuestiones relativas a la no actualización de la causa de improcedencia advertida de oficio por el órgano jurisdiccional de amparo, en congruencia con el principio de contradicción contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad perseguida por la reforma constitucional relativa a derechos humanos. Así, al dar oportunidad a las partes para realizar las manifestaciones correspondientes para el caso en que el órgano jurisdiccional de amparo advierta una causal de improcedencia del juicio, los juzgadores deben verificar y precisar, en su caso, por qué las manifestaciones vertidas se ajustan o no a derecho, a fin de no dejar en estado de indefensión a aquéllas. Lo anterior debe entenderse así porque el principio de contradicción, contenido en la norma jurídica analizada, pretende cumplir con el derecho a un proceso equitativo y razonable; de esa manera, los actos procesales se deben desarrollar con respeto a los principios procesales fundamentales de contradicción y el de igualdad de las partes. El principio de contradicción o del contradictorio es consustancial al proceso, pues le viene impuesto por la naturaleza de la materia sobre la que versa: el litigio o conflicto de intereses de trascendencia jurídica. Por ser el proceso un medio de solución de litigios en donde normalmente hay dos partes, el principio de contradicción impone al juzgador el deber de resolver sobre las promociones formuladas por éstas oyendo, previamente, las razones de la contraparte o, al menos, dándole la oportunidad para que las exprese. De conformidad con ese principio, el juzgador no puede resolver de plano dichas promociones, sino que debe otorgar previamente a la contraparte la oportunidad para que manifieste su actitud frente a aquéllas y los motivos en que la funde. Las leyes procesales pueden establecer salvedades a este principio cuando se trate de actos de mero trámite; pero dichas salvedades no deben dejar en estado de indefensión a la contraparte pues, de lo contrario, éste se infringiría. En virtud del referido principio, el proceso tiene la estructura de un método de discusión, de debate de afirmaciones de hecho, de acciones y excepciones, y de argumentaciones jurídicas generalmente contrapuestas, o al menos divergentes, que expresan las partes ante el juzgador; de ahí que se afirme que el carácter dialéctico del proceso jurisdiccional consiste, precisamente, en que éste es un método de confrontación de tesis, es decir, un método de disputa sujeto a reglas legales. Por la estructura del proceso, también es dialéctico, toda vez que es un medio para solucionar litigios, el cual surge precisamente de la contradicción u oposición entre la acción de la parte actora o acusada (con función de una tesis) y la excepción de la demandada o acusada (antítesis); contradicción que va a ser resuelta por la sentencia que dicte el juzgador (síntesis). En los Estados democráticos contemporáneos, todo tipo de proceso debe estar sujeto al principio de contradicción y debe tener, por tanto, una estructura dialéctica, sólo en etapas de regresión histórica -como ocurrió durante la inquisición- o en los Estados totalitarios o autoritarios, no han regido o no rigen este principio y esta estructura."
Similar criterio se sustentó en los juicios de amparo directo **********, **********, ********** y **********, del índice de este tribunal, resueltos en sesión de doce de septiembre, diecisiete de octubre de dos mil trece, veintisiete de febrero de dos mil catorce y veinticinco de septiembre de dos mil catorce.
SEXTO.-Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2o. de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre autorizada para ello, previa razón actuarial.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 190 de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se:
RESUELVE:
ÚNICO.-Se sobresee en el juicio de amparo **********, promovido por **********, por sí y en representación de su hijo menor, contra la sentencia pronunciada el veintisiete de febrero de dos mil quince por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca número **********.
Notifíquese como corresponde; anótese en el libro de gobierno, con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos correspondientes al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este asunto.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Ezequiel Neri Osorio, Isidro Pedro Alcántara Valdés y José Manuel de Alba de Alba, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en el artículo 20 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, en relación con el diverso 79, fracción I, del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.
Nota: Las tesis VII.2o.C.12 K (10a.) y VII.2o.C.13 K (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, páginas 2289 y 2291, respectivamente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25921-b1d063c7/cesacion-de-efectos-del-acto-reclamado-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL RELATIVA A LA CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO DESAPARECE DE FORMA TOTAL E INCONDICIONAL Y NO SÓLO ES UN CESE (AMPARO DIRECTO)
- IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO DIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL LAUDO RECLAMADO. NO PROCEDE DAR VISTA AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERI (AMPARO DIRECTO)
- CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO DIRECTO. SUPUESTO EN QUE ES INNECESARIO DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA ACTUALIZACIÓN DE DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL S (AMPARO DIRECTO)
- VISTA AL QUEJOSO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DARSE CUANDO EN UN AMPARO DIRECTO SE ADVIERTA QUE HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO REC (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO DIRECTO. SUPUESTO EN QUE ES INNECESARIO DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA ACTUALIZACIÓN DE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL SE (VII.2o.C. J/8 (10a.))
- IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO DIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL LAUDO RECLAMADO. NO PROCEDE DAR VISTA AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERI (I.16o.T. J/3 (10a.))
- IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO DIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL LAUDO RECLAMADO. NO PROCEDE DAR VISTA AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERI (I.16o.T.3 L (10a.))
- VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. NO ES OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL OTORGARLA AL QUEJOSO SI SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDEN (I.2o.C.1 K (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis