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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL RELATIVA A LA CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO DESAPARECE DE FORMA TOTAL E INCONDICIONAL Y NO SÓLO ES UN CESE TRANSITORIO EN SUS EFECTOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 115/2023. · Registro digital (IUS): 33350
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-06-27
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo IV, Volumen 2, Pág.1277.

AMPARO DIRECTO 115/2023. 9 DE AGOSTO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MAGISTRADO FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIA: MARIANELLY COYOL SÁNCHEZ.

En la Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil veintitrés.

VISTO para resolver el juicio de amparo directo civil 115/2023 promovido por **********, contra el acto del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, consistente en la sentencia de quince de diciembre de dos mil veintidós, relativa al juicio oral mercantil **********, promovido por **********, en contra de la ahora quejosa; acto que estimó violatorio de los artículos 1°, 14, 16, 17, 25, 28, 41, 49 y 73 constitucionales.

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común para Juzgados y Salas número seis del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, **********, por propio derecho, demandó en la vía oral mercantil de **********, las prestaciones siguientes:

a) La declaración judicial consistente en que la parte demandada incumplió con sus obligaciones asumidas en el contrato múltiple de servicios bancarios y financieros -contrato de apertura de cuenta de cheques, tarjeta de débito, celebrado entre las partes actora y demandada-. - - b) La declaración judicial consistente en que ha operado la rescisión del contrato múltiple de servicios bancarios y financieros -contrato de apertura de cuenta de cheques, tarjeta de débito-, celebrado entre las partes, por causas imputables a la institución bancaria demandada, al haber incumplido sus obligaciones asumidas como depositaria. - - - c) La declaración judicial de nulidad absoluta de los cargos no reconocidos de 28, 29 y 30 de abril, 3, 4, 5, 7 y 10 de mayo, todos de 2021, por los montos que se precisan en las constancias de la queja electrónica presentada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y que suman la cantidad de $1'100,560,94 (un millón cien mil quinientos sesenta pesos 94/100 M.N.), derivados de la cuenta de cheques número **********, aperturada ante la institución bancaria demandada, en virtud de que no realicé ni autoricé ni consentí esos cargos supuestamente efectuados con mi tarjeta de débito. - - - d) Como consecuencia, la devolución y/o reembolso de la cantidad de $1'100,560,94 (un millón cien mil quinientos sesenta pesos 94/100 M.N.), lo cual deberá efectuar la demandada a través de billete de depósito y/o cheque certificado. - - - e) El pago de los intereses calculados sobre la tasa relativas al 6% (seis por ciento) anual; los cuales se deberán de computar a partir de las fechas en las que se realizaron los cargos no reconocidos, de la cuenta de cheques número **********, de la entidad **********, más los que se sigan generando hasta que se dé cumplimiento a la totalidad de las prestaciones reclamadas. - - - f) El pago de una indemnización por concepto de daños punitivos como consecuencia de la conducta dolosa, negligente o con temeraria despreocupación desplegada por la demandada en perjuicio de la accionante, sirviendo como base, pero no límite para su cuantificación, la afectación generada por permitir la disposición sin la autorización del titular, de los cargos no reconocidos y que fueron materia de la queja presentada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. - - - Esta prestación encuentra sustento en el derecho de daños, consistente en imponer una sanción ejemplarizante al sujeto activo de un hecho ilícito, con la finalidad de inhibir o disuadir que conductas similares se presenten; lo cual, además de generar una satisfacción a la víctima, impone una medida ejemplar a los miembros de la sociedad, en este caso, a las entidades bancarias, quienes derivado de la asimetría existente respecto de sus clientes, incurren en prácticas que los colocan en estado de indefensión, a través de un "proceso negligente, unilateral y sumario". - - - g) El pago de los daños ocasionados, consistentes en los honorarios profesionales que me obligué a que cubrir en favor del licenciado **********, a razón de un honorario de garantía de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.); y el 10% (diez por ciento) del monto materia del reclamo; lo cual se acreditará con el comprobante de transferencia electrónica que se exhibirá en el momento procesal oportuno. - - h) El pago de los gastos y costas generados con motivo de la tramitación del presente procedimiento hasta su total conclusión mediante sentencia firme que cause ejecutoria.

Conoció del asunto el Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, quien formó el expediente **********, admitió la demanda y ordenó emplazar a la parte demandada.

En escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, el banco demandado contestó la demanda y opuso excepciones.

SEGUNDO. El veinte de marzo de dos mil veintidós, el juez del conocimiento dictó sentencia definitiva, la cual se aclaró en proveído de veinticuatro de mayo siguiente. En dicho fallo se resolvió:

PRIMERO. Ha sido procedente la vía oral mercantil, en que la parte actora **********, no acreditó sus pretensiones y la parte demandada ********** justificó sus excepciones y defensas, en consecuencia: - - - SEGUNDO. Se absuelve a la institución bancaria de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el presente juicio. - - - TERCERO. No se hace especial condena en gastos y costas. - - - CUARTO. Las partes quedan debidamente notificadas de la presente resolución, para todos los efectos legales a que haya lugar.

TERCERO. El actor promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer a este tribunal en el expediente DC **********; en ejecutoria de veinte de octubre de dos mil veintidós se concedió la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes:

1. Deje insubsistente la sentencia reclamada.

2. Emita otra en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión.

3. En relación con los estados de cuenta correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil veinte, deberá hacer efectivo el apercibimiento a la demandada por no haberlos exhibido y tener ciertos los hechos que con ellos pretendía acreditar el actor.

4. No conceda valor probatorio a los logs al no cumplir los requisitos de los artículos 90 y 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque no se acreditó que el nombramiento del certificador se encuentre inscrito en el Registro Público de Comercio.

5. No conceda valor al dictamen pericial en materia de usos y prácticas de sistemas computacionales relacionados con el reporte de cargos no reconocidos con tarjeta.

6. Con plenitud de jurisdicción resuelva la controversia planteada.

En resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, se aclaró la ejecutoria en los términos ahí precisados.

CUARTO. En cumplimiento la ejecutoria de amparo y su aclaración, el juez responsable dictó una nueva sentencia el quince de diciembre de dos mil veintidós.

La sentencia fue notificada mediante Boletín Judicial de diez de enero de dos mil veintitrés; surtió efectos el once siguiente; por lo que el término de quince días para promover el amparo directo transcurrió del doce de enero al uno de febrero de dos mil veintitrés.

De ese término se descuentan los días inhábiles catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero del año en curso, por ser sábados y domingos, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

QUINTO. Esa sentencia se reclama en el presente juicio de amparo, cuya demanda se presentó oportunamente vía electrónica el treinta de enero de dos mil veintitrés; la autoridad responsable emplazó al tercero interesado y remitió el escrito con los autos y su informe justificado a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito; correspondió su conocimiento a este tribunal colegiado, donde se admitió en auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.

En el proveído indicado se hizo del conocimiento de las partes el plazo establecido en el artículo 181 de la Ley de Amparo, lo que se notificó el uno de marzo de dos mil veintitrés, surtió sus efectos el dos siguiente; por lo que el término de quince días para promover amparo adhesivo o formular alegatos transcurrió del tres al veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.

De ese término se descuentan los días inhábiles cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de marzo, por haber sido sábados y domingos, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; veinte y veintiuno del mismo mes y año, el primero en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, y el segundo de conformidad con el artículo 19 referido.

El tercero interesado formuló alegatos en escrito presentado el seis de marzo último.

En proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés se turnó este asunto al magistrado Fernando Rangel Ramírez para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

En proveído de diez de abril de dos mil veintitrés se suspendieron los efectos del auto de turno hasta en tanto se resolviera sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo directo ********** del índice de este tribunal; lo que aconteció en resolución de diecinueve de junio del año en curso, la cual se declaró firme en proveído de trece de julio siguiente.

En auto de esa misma fecha dictado en el expediente en que se actúa, se ordenó devolver a ponencia los autos para el dictado de la resolución correspondiente.

SEXTO. A partir del quince de junio de dos mil veintitrés, este Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra integrado por el magistrado Fernando Rangel Ramírez, la magistrada Ma. Luz Silva Santillán y el secretario en funciones de magistrado Marco Antonio Hernández Tirado, según oficio SEADS/1397/2023, de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la magistrada María Guadalupe Molina Covarrubias, Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 34 y 170 de la Ley de Amparo; 38, fracción I, inciso c), y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse una sentencia pronunciada en un juicio oral mercantil, por una autoridad judicial residente en este Circuito.

SEGUNDO. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado rendido por el juez responsable, quien aceptó su certeza, lo cual se corrobora con los autos que remitió en su apoyo.

TERCERO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo,(1) este tribunal colegiado oficiosamente advierte se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento.(2)

Antes de entrar a su estudio, conviene señalar que el criterio vigente de este tribunal colegiado es que, en casos como el presente, resulta innecesario otorgar la vista a que se refiere el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo,(3) porque dicho motivo de improcedencia no se advierte de oficio durante la sustanciación del juicio de amparo; sino al dictarse la presente ejecutoria, pues la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado por así haberlo ordenado este tribunal, lo cual fue notificado a las partes en este juicio, que son las mismas que intervienen en aquel juicio de amparo.

De modo que la verificación de la referida causa de improcedencia resulta inminente y de indudable constatación.

Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 53/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, página 1191, que dice:

JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO, COMO CONSECUENCIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN ASUNTO RELACIONADO, DEBE QUEDAR AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR. El precepto citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. No obstante, tratándose de asuntos relacionados que por regla general se ven en una misma sesión del Tribunal Colegiado de Circuito, el cumplimiento de la obligación de dar la vista al quejoso con la posible actualización de alguna causa de improcedencia, depende necesariamente del examen cuidadoso que en cada caso concreto realice el juzgador, atendiendo a la ponderación de los diversos derechos de los gobernados en relación con los principios de exhaustividad, congruencia y concentración, conforme a la lógica y a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento, a fin de que pueda determinar si existe razón suficiente para ordenar la vista.

También es aplicable la tesis I.16o.T. J/3 (10a.) del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo IV, página 1893, que dice:

IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO DIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL LAUDO RECLAMADO. NO PROCEDE DAR VISTA AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EN DIVERSO AMPARO DIRECTO, CON EL QUE SE TIENE RELACIÓN, SE DETERMINÓ LA INSUBSISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO (LAUDO), AL SER ELLO DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. No existe razón para dar al quejoso la vista que establece el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, en razón de la insubsistencia del laudo, ordenada en diverso amparo directo con el que tiene relación, en el que se determinó que la ejecutoria dictada por la responsable no se encontraba debidamente cumplida, lo que fue hecho del conocimiento de las partes. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 53/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1191, de título y subtítulo: "JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO, COMO CONSECUENCIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN ASUNTO RELACIONADO, DEBE QUEDAR AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR.", donde la Segunda Sala estableció que, no obstante dicha obligación legal, tratándose de asuntos relacionados que, por regla general, se ven en una misma sesión del Tribunal Colegiado de Circuito, el cumplimiento de la obligación de dar la vista al quejoso con la posible actualización de alguna causa de improcedencia, depende necesariamente del examen cuidadoso que en cada caso concreto realice el juzgador, atendiendo a la ponderación de los diversos derechos de los gobernados en relación con los principios de exhaustividad, congruencia y concentración, conforme a la lógica y a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento, a fin de que pueda determinar si existe razón suficiente para ordenar la vista. De ahí que, atento a la forma de actualización de la citada causal y a la ponderación aludida, se considera que no procede ordenar la vista de ley en un caso como el primeramente precisado, por identidad de razón.

Por último, se cita, por analogía, la jurisprudencia (IV Región)1o. J/6 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, la cual se comparte, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo II, cuyo texto es:

CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO DIRECTO. SUPUESTO EN QUE ES INNECESARIO DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA ACTUALIZACIÓN DE DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA. Es innecesario dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga en relación con la actualización de la causa de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuando la cesación de efectos del acto reclamado surja o se genere al resolverse un diverso juicio de amparo directo con el que está relacionado y en el que se concedió la protección de la Justicia Federal; lo anterior, porque este motivo de improcedencia no se advierte de oficio durante la sustanciación del juicio de amparo directo en términos del artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, sino al dictarse la ejecutoria en el sumario constitucional con el que está relacionado; de modo que su verificación resulta inminente y de indudable constatación.

En el caso se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, pues la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada en este juicio constitucional.

Lo que realizó en cumplimiento a la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la presidencia de este tribunal colegiado en el diverso juicio de amparo directo **********; en la que se determinó que la ejecutoria de amparo no se encontraba debidamente cumplida al no ser congruente con lo resuelto en el fallo protector y su aclaración.

Interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo(4)

La referida porción normativa dispone que la acción constitucional es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual se actualiza cuando este último en un momento histórico existía, pero con posterioridad desaparece o es dejado insubsistente y con ello desaparecen también todos sus efectos y éstos se destruyen en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo a la parte quejosa.

En la doctrina jurisprudencial y específicamente en materia de actos jurisdiccionales, también se reconoce que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste es impugnado a través de algún recurso legal, de tal forma que la resolución recaída a éste sustituye procesalmente a la recurrida y, por ello, se estima que esta última cesó en sus efectos.

Esta causa de improcedencia no se actualiza si la propia autoridad responsable deja insubsistente el acto reclamado o su ejecución, pero como consecuencia de una medida cautelar, como la suspensión del acto reclamado otorgada en el propio amparo que se promueva contra el referido acto. Ello, pues cuando dicha medida cautelar deje de surtir sus efectos, nada impediría que el acto reclamado o su ejecución se reiteren.

Esto es, la citada causa de improcedencia exige la desaparición completa e incondicional del acto reclamado, y no sólo un cese transitorio en sus efectos.

Es aplicable, conforme lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, registro digital 193758, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice:

CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.

De esta forma, para que se actualice la referida causa de improcedencia:

I. No basta que la autoridad responsable deje sin efectos o revoque el acto reclamado.

II. Es necesario que por virtud de lo ordenado por la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia, se destruyan todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional.

III. Las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional que se alegue:

a) Como si se hubiera otorgado el amparo.

b) Como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular.

IV. Con motivo de la cesación de efectos del acto reclamado, éste no deje ninguna huella.

V. La razón que justifica la referida hipótesis de improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que:

a) Ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá.

b) No dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.

Caso concreto

Para sustentar que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se realiza una breve cronología de los hechos.(5)

I. Con motivo del fallo protector dictado en el amparo directo **********, y su aclaración de siete de diciembre de dos mil veintidós; la presidencia de este tribunal colegiado, en proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, requirió a la autoridad responsable su cumplimiento.

II. Por virtud de lo anterior, el juez responsable remitió copia certificada de la sentencia de quince de diciembre de dos mil veintidós.

III. Una vez que se dio vista a las partes con la sentencia dictada por el juez responsable, con la cual pretendió dar cumplimiento al fallo protector y su aclaración; en resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés no se tuvo cumplida, porque la autoridad responsable citó argumentos que fueron materia de la precisión realizada en la aclaración de la ejecutoria de amparo y ello la tornaba incongruente.

IV. En esa misma resolución se requirió a la autoridad responsable:

i. Subsanara el defecto en que incurrió.

ii. Dejara sin efectos la sentencia de quince de diciembre de dos mil veintidós.

iii. Dictara otra acorde a lo resuelto en la ejecutoria de amparo y su aclaración.

V. Con motivo de lo anterior, en auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio oral mercantil **********, el juez responsable dejó insubsistente esa sentencia.

VI. En esa misma fecha, el juez responsable dictó una nueva sentencia en cumplimiento al fallo protector y su aclaración.

VII. En proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el diverso amparo directo **********, se tuvo por cumplida, el cual quedó firme en auto de trece de julio siguiente.

Lo anterior pone en evidencia que en el caso sí se actualiza la causa de improcedencia que se examina, pues:

1. El juez responsable, en cumplimiento a lo ordenado por este tribunal colegiado, dejó insubsistente la sentencia reclamada mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio oral mercantil de origen **********.

2. Con motivo de lo anterior:

a) Se destruyeron todos los efectos de la sentencia reclamada en forma total e incondicional, pues por virtud de lo ordenado por este tribunal colegiado en el diverso juicio de amparo directo **********, el juez responsable quedó vinculado a dictar una nueva sentencia.

b) Al haber dejado insubsistente la sentencia reclamada, las cosas volvieron al estado que tenían antes de su emisión, como si ésta no hubiera invadido la esfera jurídica de la parte quejosa.

3. Razón por la cual, no hay razón alguna que justifique el examen de la constitucionalidad de la sentencia reclamada, pues:

a) Ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, máxime que el juez responsable, en cumplimiento a lo ordenado por este tribunal colegiado, ya dictó nueva sentencia en el mismo juicio de origen.

b) No dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal.

Conclusión

Al actualizarse la hipótesis de improcedencia examinada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo,(6) procede sobreseer en el presente juicio constitucional.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, en contra del acto que reclamó del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, precisado en el proemio de esta ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, con testimonio de esta resolución a la autoridad responsable y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

Así por unanimidad de votos, lo resolvió el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, integrado por el magistrado Fernando Rangel Ramírez, en su carácter de presidente, la magistrada Ma. Luz Silva Santillán y el licenciado Marco Antonio Hernández Tirado, secretario autorizado para desempeñar funciones de magistrado de Circuito mediante oficio SEADS/1397/2023 de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con la secretaria de acuerdos Michelle Morales Hernández, que da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 8º, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

2. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ...

3. ... Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. ...

4. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ...

5. Los cuales constituyen hechos notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al advertirse así en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

6. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

... V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33350-bef27001/improcedencia-del-juicio-de-amparo-se-actualiza-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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