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VISTA AL QUEJOSO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DARSE CUANDO EN UN AMPARO DIRECTO SE ADVIERTA QUE HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIRTUD DE LO DETERMINADO EN UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 53/2016 (10a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 308/2023. · Registro digital (IUS): 32210
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-01
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo IV, Pág.3989.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 308/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 17 DE ENERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el entonces Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos y el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.

El problema jurídico a resolver consiste en determinar si es necesario otorgar a la parte quejosa la vista prevista en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando en un amparo directo se advierta que han cesado los efectos del acto reclamado por virtud de lo determinado en un diverso juicio de amparo.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Por oficio 5535/2023, de siete de septiembre de dos mil veintitrés, remitido vía MINTERSCJN a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por éste y el entonces Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos.

2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios. Además, ordenó formar y registrar el expediente con el número 308/2023. Finalmente, turnó el expediente al Ministro Javier Laynez Potisek para su estudio.

3. Integración. Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintitrés se tuvo debidamente integrado el presente asunto y se ordenó remitir la contradicción de criterios a la ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

4. Avocamiento. Mediante acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del presente asunto.

I. COMPETENCIA

5. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal;(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo(2) y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con los puntos Primero, Segundo, fracción V y Tercero del Acuerdo Plenario 1/2023,(4) toda vez que el caso se ubica en los supuestos en los que el Tribunal Pleno ha delegado el conocimiento de asuntos de su competencia originaria a favor de las Salas de este Alto Tribunal.

6. Además, los tribunales contendientes pertenecen a distintas regiones, pues de conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(5) el territorio de la República se divide en dos regiones: I) Región Centro-Norte y II) Región Centro-Sur. La primera comprende los circuitos Primero, respecto de las materias penal y administrativa; Segundo; Cuarto; Quinto; Octavo; Noveno; Décimo Segundo; Décimo Quinto; Décimo Sexto; Décimo Séptimo; Décimo Noveno; Vigésimo Segundo; Vigésimo Tercero; Vigésimo Cuarto; Vigésimo Quinto; Vigésimo Sexto; Vigésimo Octavo; y Trigésimo. La segunda comprende los circuitos Primero, respecto de las materias civil y de trabajo; Tercero; Sexto; Séptimo; Décimo; Décimo Primero; Décimo Tercero; Décimo Cuarto; Décimo Octavo; Vigésimo; Vigésimo Primero; Vigésimo Séptimo; Vigésimo Noveno; Trigésimo Primero; y Trigésimo Segundo.

7. En el presente caso, el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito pertenece a la Región Centro-Norte, mientras que el entonces Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, emitió sus resoluciones en apoyo del Décimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, por lo que se estima que éste pertenece a la Región Centro-Sur, en términos de lo dispuesto por el artículo 10 del Acuerdo General 67/2022,(6) así como del criterio jurídico contenido en la jurisprudencia P./J. 12/2022 (11a.), de rubro: "JURISPRUDENCIA ESTABLECIDA POR LOS PLENOS DE CIRCUITO. ES OBLIGATORIA PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DEL CIRCUITO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DE LOS CENTROS AUXILIARES QUE LOS APOYEN EN EL DICTADO DE RESOLUCIONES."(7)

II. LEGITIMACIÓN

8. La denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(8) ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, el cual forma parte de uno de los tribunales contendientes.

III. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

9. La mecánica para determinar la existencia de una contradicción de criterios tiene que analizarse desde la necesidad de unificar razonamientos jurídicos, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los jueces y justiciables.

10. Así, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ha determinado que para que exista una contradicción de criterios basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.

11. Si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de razonamientos jurídicos y el problema radica en los procesos de interpretación y no en los resultados adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes,(9) entonces, como lo ha sostenido el Tribunal Pleno, es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:(10)

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;

b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y

c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

12. Por otro lado, no es obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho.(11)

13. Tampoco constituye obstáculo para emitir la presente resolución el hecho de que alguno de los criterios emitidos provenga de un Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar, ya que éste puede generar un criterio vinculante susceptible de generar precedente y, por ello, entrar en colisión con el de otro tribunal sobre el mismo tema.(12)

14. En atención a lo anterior, a continuación, se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.

III.1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo

15. Esta Segunda Sala considera que se cumple con el primer requisito para determinar la existencia de la presente contradicción de criterios, pues los tribunales colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial para resolver las cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su conocimiento como se advierte a continuación:

A. Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 131/2023.

16. Ese asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:

a) Una persona moral demandó la nulidad de una resolución negativa ficta.

b) Seguida la secuela procesal, la Sala del conocimiento dictó sentencia el uno de junio de dos mil veintiuno en la que determinó que sí se configuró la resolución negativa ficta impugnada.

c) Inconforme, la persona moral promovió juicio de amparo directo, el cual fue concedido para el efecto de que la responsable dejara sin efectos la resolución reclamada, repusiera el procedimiento y, en su oportunidad, emitiera la sentencia que en derecho procediera sin mejorar la fundamentación y motivación del acto impugnado.

d) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Sala responsable dictó otra sentencia el ocho de febrero de dos mil veintitrés en la cual dejó insubsistente la resolución emitida el uno de junio de dos mil veintidós, reconoció la validez de la resolución ficta impugnada y determinó que no resultaba procedente condenar a la autoridad demandada a pagar una indemnización.

e) En proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés, el Presidente del Tribunal Colegiado determinó tener por no cumplida la sentencia de amparo, esto al advertir que existía exceso en su cumplimiento. Por este motivo ordenó a la Sala responsable que dictara una nueva resolución, en la que cumpliera cabalmente con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo.

f) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, la Sala responsable dictó una nueva sentencia el quince de marzo de dos mil veintitrés.

g) Previo a la emisión de dicha resolución, la persona moral promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia emitida el ocho de febrero de dos mil veintitrés.

h) En ese asunto, el Tribunal Colegiado dio vista al impetrante con relación a la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 64, segundo párrafo, del mismo ordenamiento.

i) Seguido el trámite correspondiente, el Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio.

17. En la parte que interesa, el Tribunal Colegiado consideró lo siguiente:

a) Si el juicio de amparo fue promovido en contra de la sentencia de ocho de febrero de dos mil veintitrés, el mismo resulta improcedente, pues cesaron los efectos de dicho acto reclamado, en tanto que fue sustituido por la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil veintitrés.

b) Al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la ley en cita, procede decretar el sobreseimiento.

c) Como en el caso se estimó actualizada la causa de improcedencia de oficio por el Tribunal Colegiado, de conformidad con el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debe darse vista al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga.

d) Lo anterior, porque debe garantizarse a la parte quejosa el derecho de audiencia y acceso a la justicia, por lo que es preferible hacer de su conocimiento las consideraciones que sustentan la causa de improcedencia, para que en caso de que lo estime pertinente, exprese lo que a su derecho convenga.

B. Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, al resolver los amparos directos 624/2015, 559/2015, 615/2015, 395/2015 y 820/2015.

B1. Amparo directo 624/2015

18. Ese asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:

a) Una persona física demandó de la Procuraduría Federal del Consumidor diversas prestaciones laborales.

b) Seguida la secuela procesal, la Junta del conocimiento dictó el laudo correspondiente en el que determinó que la actora acreditó parcialmente sus acciones, mientras que la demandada justificó parcialmente sus excepciones y defensas.

c) Inconformes, la actora y la demandada promovieron, respectivamente, juicios de amparo directo. El Tribunal Colegiado del conocimiento determinó, por un lado, conceder el amparo solicitado por la parte demandada y, por el otro, sobreseer el juicio de amparo promovido por la parte actora.

d) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Junta del conocimiento responsable dictó nuevo laudo.

e) Inconforme, la Procuraduría Federal del Consumidor promovió juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado del conocimiento concedió el amparo solicitado.

f) En cumplimiento a esa resolución, la Junta responsable emitió un nuevo laudo.

g) Inconformes, la actora y la demandada promovieron, respectivamente, juicios de amparo directo. El Tribunal Colegiado del conocimiento determinó, por un lado, conceder el amparo solicitado por la parte demandada y, por el otro, sobreseer el juicio de amparo promovido por la parte actora.

h) En cumplimiento, la Junta responsable dictó un nuevo laudo el seis de febrero de dos mil quince.

i) En contra de dicha resolución, la parte actora promovió juicio de amparo directo.

j) Seguido el procedimiento se dictó sentencia en la que el Tribunal Colegiado determinó sobreseer en el juicio.

19. En la parte que interesa, el Tribunal Colegiado consideró lo siguiente:

a) Resulta innecesario el análisis de las consideraciones expuestas por la Junta responsable al emitir el acto reclamado, así como de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, toda vez que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.

b) Esto debido a que se reclama el laudo emitido el seis de febrero de dos mil quince; sin embargo, mediante resolución de diecisiete de agosto de dos mil quince, el Pleno del órgano jurisdiccional que se auxilia, declaró que no se encontraba cumplida la ejecutoria de amparo, por lo que ordenó a la autoridad del conocimiento dejar sin efecto el laudo emitido el seis de febrero de dos mil quince y formular otro.

c) A fin de cumplir con esa resolución, el cuatro de septiembre de dos mil quince, la Junta del conocimiento dictó un nuevo laudo y el Tribunal Colegiado auxiliado declaró cumplida la ejecutoria de amparo.

d) Por ende, el laudo reclamado quedó sin efectos y ello actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.

e) Cabe precisar que en este caso no se estima que se actualice la hipótesis prevista en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que la cesación de efectos del acto reclamado, deriva de un hecho que no está condicionado o sujeto a cualquier aspecto jurídico que pudiera variar el estado actual del referido acto, por lo que a nada útil conduciría dar vista al quejoso de la causal de improcedencia referida, en la medida que no podría alterar el hecho generador de la improcedencia del juicio constitucional, consistente en el pronunciamiento de un laudo ulterior al reclamado.

B2. Amparo directo 559/2015

20. Ese asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:

a) Una persona física demandó de la entonces Delegación Magdalena Contreras y del Gobierno del entonces Distrito Federal diversas prestaciones laborales.

b) Seguida la secuela procesal, la Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje del entonces Distrito Federal dictó el laudo correspondiente en el que determinó que la actora acreditó parcialmente sus acciones, la Delegación Magdalena Contreras justificó parcialmente sus excepciones y defensas y el Gobierno del Distrito Federal acreditó sus excepciones y defensas.

c) Inconformes, la actora y la Delegación Magdalena Contreras promovieron, respectivamente, juicios de amparo directo.

d) El Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió en la misma sesión los juicios de amparo anteriormente referidos. Dicho órgano jurisdiccional determinó, por un lado, conceder el amparo solicitado por la parte actora y, por el otro, sobreseer el juicio de amparo promovido por la parte demandada.

21. En la parte que interesa, el Tribunal Colegiado consideró lo siguiente:

a) No se hará pronunciamiento alguno respecto de los conceptos de violación ni de las consideraciones que sustentaron el fallo reclamado, en virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esto al haber cesado los efectos del acto reclamado, por haber resuelto en esta misma fecha otro diverso juicio de amparo que se encuentra relacionado y en el cual se concedió el amparo para efecto de que la responsable dejara insubsistente el acto reclamado y emitiera otro.

b) No obsta para llegar a esa determinación el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con la posible actualización de una causa de improcedencia, debido a que ésta no se advirtió de oficio durante la sustanciación del juicio de amparo directo en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, sino al dictarse la ejecutoria con la que está relacionado el presente asunto.

22. En similar sentido se pronunció el referido Tribunal Colegiado al resolver los amparos directos 615/2015, 395/2015 y 820/2015. De dichos asuntos derivó el siguiente criterio:

"VISTA AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. AL HABER CESADO EN SUS EFECTOS EL ACTO RECLAMADO POR QUEDAR INSUBSISTENTE EN CUMPLIMIENTO A UNA DIVERSA EJECUTORIA DE AMPARO, NO ES NECESARIA. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, derivada de un hecho cierto probado en autos, consistente en que el mismo quedó insubsistente con motivo del cumplimiento de una diversa ejecutoria firme de amparo, en que se ordenó a la autoridad responsable dejarlo sin efectos y emitir otro, procede sobreseer en el juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V; sin que en este caso, sea necesario dar la vista a que se refiere el párrafo segundo del artículo 64 de la referida ley, ya que su actualización no está condicionada ni sujeta a algún aspecto que pudiera hacer variar esa situación jurídica, pues el hecho generador de la improcedencia del juicio constitucional es inmutable y afecta a todo el acto reclamado y sus consecuencias; por tanto, no se actualiza la aplicación del citado precepto legal; ello, ya que no existe posibilidad de que se supere el obstáculo relativo a la indicada causal de improcedencia."(13)

III.2. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos

23. Esta Segunda Sala considera que el segundo requisito también queda cumplido en el presente caso, pues los Tribunales contendientes utilizaron su arbitrio judicial sobre el mismo problema jurídico.

24. Lo anterior así se considera, debido a que ambos Tribunales Colegiados sobreseyeron en un juicio de amparo al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, advirtiendo que el acto reclamado había cesado en sus efectos, por virtud de lo determinado en un diverso juicio de amparo. 25. Sin embargo, previo a decretar el sobreseimiento, el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito acordó dar vista al quejoso con la posible actualización de la mencionada causa de improcedencia, porque deben garantizarse a la parte quejosa los derechos de audiencia y acceso a la justicia, por lo que es preferible hacer de su conocimiento las consideraciones que sustentan la causa de improcedencia, para que en caso de que lo estime pertinente, exprese lo que a su derecho convenga. Al transcurrir el plazo otorgado para que manifestara lo que a su interés conviniera y seguido el procedimiento, se dictó sentencia en la que el Tribunal determinó sobreseer en el juicio.

26. En cambio, el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determinó que no se actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que la cesación de efectos del acto reclamado, derivaba de un hecho que no estaba condicionado o sujeto a cualquier aspecto jurídico que pudiera variar el estado actual del referido acto, por lo que a nada útil conduciría dar vista al quejoso de la causal de improcedencia referida, en la medida que no podría alterar el hecho generador de la improcedencia del juicio constitucional.

27. De lo expuesto, resulta evidente que los Tribunales contendientes sostuvieron posturas contradictorias en relación con un mismo punto jurídico, pues aun cuando los dos sobreseyeron en un juicio de amparo directo al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ambos tribunales sostuvieron posturas opuestas en torno a la necesidad de dar vista a la parte quejosa para que manifestara consideraciones en torno a la misma.

III.3. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción

28. Es posible concluir que los criterios de los Tribunales contendientes reflejan una discrepancia relacionada con interpretación del artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes, ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga.

29. En específico, si en los casos en que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo directo, se advierte que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, por virtud de lo determinado en un diverso juicio de amparo, el Tribunal Colegiado debe dar vista a la parte quejosa con la posible actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo a fin de que la parte quejosa manifieste lo que a su derecho convenga con respecto a la misma, o bien, si es innecesario dar vista, atendiendo a que no existe posibilidad de que se supere el obstáculo relativo a la indicada causal de improcedencia.

30. En virtud de lo anterior, la pregunta a responder para solucionar la presente contradicción es: ¿Es necesario otorgar a la parte quejosa la vista prevista en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando en un amparo directo se advierta que han cesado los efectos del acto reclamado por virtud de lo determinado en un diverso juicio de amparo?

IV. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER

31. Una vez comprobada la existencia de la contradicción de criterios, esta Segunda Sala procederá a establecer el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia. Sin embargo, para analizar el punto de contradicción, conviene tener en cuenta el contenido del artículo 64 de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.

"Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga."

32. El segundo párrafo del citado precepto legal ha sido estudiado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 410/2013,(14) 426/2013(15) y 325/2014.(16)

33. En dichos asuntos se señaló que, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada en junio de dos mil once, se ha ampliado el régimen de derechos previstos en la Ley de Amparo, vinculándola principalmente a la defensa de los derechos humanos.

34. Así, el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que cuando el órgano jurisdiccional de amparo advierta una causa de improcedencia, deberá dar vista al quejoso para que manifieste lo que a su interés convenga, cuya vista será ordenada cuando el órgano jurisdiccional sesione.

35. La razón para incorporar la regla en cuestión fue la de ampliar la esfera de protección de derechos humanos y garantizar el desarrollo de un procedimiento judicial adecuado, es decir, darle a la parte quejosa la oportunidad de ejercer su derecho de audiencia. Sin embargo, a fin de resolver los asuntos que les son sometidos dentro de los plazos que para ese efecto fijen las leyes, esa determinación puede notificarse por medio de lista.

36. En suma, el Tribunal Pleno estableció que la vista ordenada en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, es acorde con el derecho de audiencia, porque le otorga a la parte quejosa la oportunidad de alegar en torno a la posible actualización de una causal de improcedencia, cuyo análisis no puede ser objeto de impugnación una vez determinado lo conducente. También, señaló que dicha vista es acorde con el principio de justicia pronta y expedita, porque puede notificarse válidamente por medio de lista, lo que impide un atraso injustificado en la resolución de mérito.

37. Aunado a lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 292/2015,(17) el Tribunal Pleno sostuvo que con la incorporación del artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la finalidad del legislador fue la de otorgar a la parte quejosa un medio de defensa, a través del cual se garanticen sus derechos de audiencia y de defensa, para que en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adviertan oficiosamente una causa de improcedencia, tenga la oportunidad de aportar los argumentos necesarios a fin de que cualquiera de dichos órganos de amparo decida conforme a derecho, de manera que la decisión que se adopte sea producto de un proceso de deliberación racional y no sólo de la autoridad que el Estado le confiere a la administración de justicia.

38. Por ende, la vista referida en el precepto legal citado debe darse aun cuando el órgano jurisdiccional terminal estime que la causa de improcedencia es evidente y que su actualización sólo provocará el sobreseimiento parcial, como sucede cuando se tienen como actos reclamados la resolución de primera instancia y la de segundo grado y, respecto de la primera de ellas, el Tribunal Colegiado de Circuito considere actualizada la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos por sustitución procesal.

39. En concordancia con lo anteriormente expuesto, al resolver la contradicción de tesis 25/2016,(18) esta Segunda Sala consideró que debe otorgarse la vista contemplada en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, incluso cuando la causa de improcedencia derive de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al derecho de audiencia y al principio de justicia pronta y expedita, pues así se le otorga a la parte quejosa la oportunidad de exponer las razones por las que considera que en el caso no es aplicable el criterio jurisprudencial alegado, sin que ello implique que se desconozca su obligatoriedad. Además, la posibilidad de aplicar una jurisprudencia no puede justificar la omisión de las etapas procesales legalmente establecidas.

40. Posteriormente, al resolver la contradicción de tesis 223/2021,(19) esta Segunda Sala determinó que, cuando los Tribunales Colegiados adviertan oficiosamente que se actualiza la causa de improcedencia relativa al consentimiento expreso o tácito del acto reclamado, se encuentran obligados a dar la vista a la parte quejosa, independientemente de que ésta haya celebrado convenio con su contraparte en el juicio laboral de origen, con el que se dio cumplimiento al laudo reclamado, pues sólo así se le puede dar oportunidad de exponer las razones por las que considera que le es inaplicable el supuesto de improcedencia relativo al consentimiento expreso del acto reclamado.

41. Finalmente, al resolver la contradicción de criterios 210/2022,(20) el Tribunal Pleno estimó que la figura de la vista a la parte quejosa prevista en el primero de los artículos citados resulta una garantía de sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y de audiencia.

42. En razón de esa salvaguarda, es que la parte quejosa puede plantear la inconstitucionalidad del precepto en el que se sustenta la causa de improcedencia advertida por el órgano revisor, sin la necesidad de que exista un acto formal de aplicación previo. Esto, ya que el referido artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo no prevé límite alguno a los planteamientos que se pueden realizar en el desahogo de la vista, sino que permite a la quejosa hacer valer lo que a su derecho convenga.

43. Asimismo, el tribunal colegiado al conocer del asunto y concluir que el respectivo juicio de amparo es improcedente emite una resolución definitiva e inimpugnable. Por ende, la aplicación de la causal advertida de oficio por el órgano revisor es inminente y, por lo tanto, de no permitirse su impugnación, no existirá otro momento en el que la quejosa podrá hacer valer sus derechos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32210-1a402aea/vista-al-quejoso-a-que-se-refiere-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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