RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE DAR VISTA AL QUEJOSO PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, CONFORME AL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE DESECHA ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 562/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 22 DE JUNIO DE 2021. UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS DE LAS SEÑORAS MINISTRAS Y DE LOS SEÑORES MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintidós de junio de dos mil veintiuno.
VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 562/2019, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********/2018 el catorce de marzo de dos mil diecinueve y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión incidental **********/2019, el trece de noviembre de dos mil diecinueve; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Denuncia. Mediante oficio recibido el diez de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunciaron la existencia de la posible contradicción suscitada entre la resolución que emitió dicho tribunal al resolver la revisión incidental **********/2019, el trece de noviembre de dos mil diecinueve, y la que emitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en el amparo en revisión **********/2018, el catorce de marzo de dos mil diecinueve.
2. SEGUNDO.—Trámite de la denuncia. Por auto de tres de enero de dos mil veinte el presidente de este Alto Tribunal registró la presente contradicción de tesis bajo el número 562/2019 y ordenó turnar los autos al Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
3. Mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veinte, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que el presente asunto se encontraba correctamente integrado con los criterios que motivaron la posible contradicción de tesis.
CONSIDERANDO:
4. PRIMERO.—Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, dictado por el Tribunal Pleno el trece de mayo de dos mil trece, toda vez que los asuntos objeto de denuncia corresponden a Tribunales Colegiados de distintas materias y circuitos.
5. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción entre los Tribunales Colegiados de Circuito proviene de parte legítima, según lo establecido en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de tales órganos.
6. TERCERO.—Criterios contendientes. Para poder resolver el presente asunto primero debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en ella.
Criterios contendientes:
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, resolvió el amparo en revisión **********/2018, el catorce de marzo de dos mil diecinueve.
Como antecedentes de dicho medio de impugnación están los siguientes:
• El recurso de revisión fue interpuesto por el autorizado de la parte tercera interesada, por propio derecho y en representación de una menor, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, en la que se concedió el amparo al quejoso.
• Una vez tramitado el recurso de revisión en el órgano colegiado citado, se listó para verse en sesión; sin embargo, "quedó en lista al advertirse de forma oficiosa la improcedencia del recurso de revisión; por lo que a la parte quejosa se le concedió el término de tres días que contempla el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que manifestase lo que a su derecho conviniera, sin que lo haya hecho..." (último párrafo del cuarto resultando de la resolución). [énfasis añadido]
Dicho tribunal resolvió desechar el recurso de revisión, para lo cual sostuvo lo siguiente:
- No resulta jurídicamente viable examinar la sentencia de primer grado en confrontación con los agravios que hizo valer el autorizado de la parte tercero interesada porque carece de legitimación para interponer recursos.
- Lo anterior, porque el autorizado carece de facultades para interponerlo en nombre de la parte tercero interesada dentro de los autos del juicio de amparo, en tanto no cuenta con las facultades que señala la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de los autos relativas se observa que el Juez de Distrito acordó su autorización únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos.
- En esas circunstancias, si la persona quien interpuso el medio de impugnación, en nombre de la parte tercero interesada, no cuenta con facultades para hacerlo ni se está en un caso de excepción (en el sentido de que en la sentencia de amparo se hubiera impuesto alguna sanción al autorizado), lo procedente es desechar el recurso.
- El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece la obligación, para el tribunal de alzada, de dar vista con la actualización de causales de improcedencia advertidas de oficio no alegadas por las partes, ni analizadas por el órgano jurisdiccional de primer grado, de donde se advierte, a contario sensu, que no existe esa obligación cuando el Pleno del Tribunal Colegiado que conozca del recurso de revisión determine desecharlo.
- No obstante, el segundo párrafo del artículo 64, de la citada ley "debe interpretarse en el sentido de otorgar la vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga en esos casos, pues tal decisión ya no podrá ser cuestionada en una instancia ulterior; por tanto, ello resulta compatible con el derecho fundamental de audiencia ... y el sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo; pues, la naturaleza de la vista no está en función de lo sencillo o accesible del recurso o medio de defensa, sino en la protección humana del derecho de acceso a la justicia." (segundo párrafo del considerando "TERCERO.—Vista" de la resolución) [énfasis añadido].
Con motivo de la resolución de referencia, el Tribunal Colegiado emitió la tesis VII.2o.C.55 K (10a.),(1) que a continuación se reproduce:
"RECURSO DE REVISIÓN. CUANDO EL PLENO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO LO DESECHE, DEBE DARSE VISTA AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ATENTO AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo y párrafo citados establecen la obligación para el tribunal de alzada, en dar vista con la actualización de causales de improcedencia advertidas de oficio no alegadas por las partes, ni analizadas por el órgano jurisdiccional de primer grado; es decir, no establece esa obligación cuando el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso de revisión determine desecharlo; sin embargo, el artículo y párrafo citados deben interpretarse en el sentido de dar vista al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga en este supuesto, pues esta decisión ya no podrá ser cuestionada en una instancia ulterior; por tanto, ello resulta compatible con el derecho fundamental de audiencia reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, pues la naturaleza de la vista no está en función de lo sencillo o accesible del recurso o medio de defensa, sino en la protección humana del derecho de acceso a la justicia." [énfasis añadido]
II. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió la revisión incidental **********/2019, el trece de noviembre de dos mil diecinueve.
Como antecedentes de dicho medio de impugnación están los siguientes:
• El recurso se interpuso por una autoridad responsable contra una resolución interlocutoria pronunciada por un Juez federal, mediante la cual se concedió a la quejosa la suspensión definitiva de los actos materialmente administrativos reclamados.
Dicho tribunal resolvió desechar el recurso de revisión. En síntesis, sostuvo lo siguiente:
- Del examen de las constancias remitidas por el Juez Federal, concretamente del escrito de agravios, se advierte que carece de firma, por lo que debe desecharse, en virtud de que la signatura es un requisito esencial de validez que entraña autenticidad a toda promoción o acto, lo que constituye la base para tener por cierto que existe una manifestación de voluntad; sin que, por otra parte, se advierta la criptografía que como firma electrónica se conoce y es aceptada en los tribunales de la Federación.
- Lo anterior se confirma con la tesis 2a. XXII/2018 (10a.)(2) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte, de título y subtítulo: "REVISIÓN EN AMPARO. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DE QUIEN INTERPONE UN RECURSO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO."
- Por otro lado, no pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.)(3) de la propia Sala de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA.", puesto que a pesar de que no existe manuscrito del oficial de partes, en el sentido de que recibió sin firma el escrito relativo, la intención de ese criterio es que no se deje en estado de indefensión a quien insta en el juicio de amparo, si por error de aquel servidor público probablemente selló el acuse respectivo y lo regresó a la parte interesada.
- Sin embargo, la hipótesis contenida en dicha tesis no se actualiza y, por tanto, no puede presumirse que el escrito de agravios contenga firma; ello, porque el ocurso fue depositado vía postal, esto es, no hubo una participación activa y directa del oficial de partes que generara la presunción de que recibió firmada alguna de las fotocopias del escrito; y, porque, además, de su recepción se desprende que fue recibido en original y copia, siendo que esta última tampoco está firmada.
- En el caso no es dable otorgar a la autoridad recurrente el plazo establecido por el numeral 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, puesto que no se actualiza causal de improcedencia alguna no observada previamente, por la cual deba darse vista con ella a la parte inconforme, ello en razón de que en la especie lo que se advierte es la falta de exteriorización de la voluntad en la promoción de la instancia, la cual está prevista por el artículo 3o. de la propia ley citada, en la inteligencia de que cualquier escrito debe estar firmado por la parte interesada, ya sea en forma manuscrita o electrónicamente.
- En ese sentido, no se comparte la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en la que se refiere que en cualquier caso de desechamiento deberá darse vista.
7. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes.
8. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.
9. De diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:
Criterios de existencia.
A. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4) y la tesis P. XLVII/2009, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(5)
B. Es necesario que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
C. Asimismo, que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;
D. Además, que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible;
E. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(6)
F. Es aceptable apreciar en la contradicción de tesis argumentos que sin constituir el argumento central de la decisión de un tribunal, revelen de manera suficiente el criterio jurídico de un órgano jurisdiccional respecto de un problema jurídico concreto. En este sentido, la tesis P. XLIX/2006, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS ‘A MAYOR ABUNDAMIENTO’ SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA."(7)
10. Hechas estas precisiones y considerando el contenido sustancial de las ejecutorias referidas en el apartado anterior, se observa que en el caso existe la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados al emitir resolución en segunda instancia, concretamente, al conocer del recurso de revisión.
11. Esto a pesar de algunas diferencias, tales como que, si bien ambos órganos jurisdiccionales conocieron de un recurso de revisión, resulta que: (1) el recurrente fue en el primer caso el autorizado de la parte tercero interesada y, en otro, una autoridad responsable; (2) en un caso se interpuso contra la sentencia dictada en un juicio de amparo y, en otro, contra la resolución interlocutoria, mediante la cual se concedió la suspensión definitiva, contra los actos reclamados en un juicio de amparo; y, (3) los motivos para desechar los medios de impugnación son distintos, pues en el primer caso estribó en que el autorizado carecía de legitimación para promoverlo, pues de las constancias de autos se advertía que sólo se le autorizó para oír y recibir notificaciones; y, en el segundo caso, consistió en que no existía manifestación de la voluntad ante la falta de firma.
12. Ciertamente, se estima que es irrelevante, para la existencia de la contradicción de tesis, que en el caso del tribunal denunciante el motivo de desechamiento del recurso de revisión haya consistido en la falta de exteriorización de la voluntad en la promoción de la instancia, prevista por el artículo 3o. de la Ley de Amparo, bajo la consideración de que cualquier escrito debe estar firmado por la parte interesada, ya sea en forma manuscrita o electrónicamente; mientras que para el diverso Tribunal Colegiado la causa del desechamiento del recurso de revisión fuera que el recurrente no estaba autorizado para ello, en tanto que carecía de facultades para promoverlo en nombre de la parte tercero interesada dentro de los autos del juicio de amparo, por no contar con las facultades que señala la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que el Juez de Distrito acordó su autorización únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.
13. Lo anterior, porque ambos Tribunales Colegiados determinaron desechar el recurso de revisión sin que se actualizara causal de improcedencia alguna no observada previamente e interpretaron el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, llegando a posiciones contrarias.
14. En ese escenario, los tribunales contendientes examinaron un mismo problema jurídico en torno a si cuando el Pleno del Tribunal Colegiado que conozca de un recurso de revisión determine desecharlo procede, previamente, dar vista al recurrente con el motivo del posible desechamiento, en términos de la disposición antes citada.
15. En suma, mientras para el órgano denunciante, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, no es dable otorgar al recurrente [en el asunto que conoció, específicamente a la autoridad responsable] el plazo establecido por el numeral 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuando no se actualiza causal de improcedencia alguna no observada previamente, por la cual deba darse vista con ella a la parte inconforme; para el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en cualquier caso de desechamiento deberá darse vista al recurrente [en el asunto que conoció, específicamente al tercero interesado].
16. Finalmente, cabe precisar que no pasa inadvertido que en el caso del que conoció el denunciante (Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito), el recurso de revisión fue interpuesto por una autoridad responsable y, al efecto, estableció que no procedía dar vista a dicha recurrente con el posible motivo del desechamiento del recurso de revisión.
17. Mientras que en el del diverso órgano (Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito), el recurso de revisión fue interpuesto por el autorizado de la parte tercero interesada, y, al efecto, estableció que sí procedía dar vista.
18. Sobre esto último, dicho segundo tribunal asentó, previo a la parte considerativa de la resolución, que el asunto que se había listado para verse en sesión de determinada fecha había quedado en lista, al advertirse de manera oficiosa la improcedencia del citado medio de impugnación, por lo que "a la parte quejosa se le concedió el término de tres días que contempla el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que manifestase lo que a su derecho conviniera, sin que lo haya hecho ..." (último párrafo del cuarto resultando) [énfasis añadido]; siendo que en el segundo párrafo del considerando "TERCERO.—Vista", de la propia resolución estableció que el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo "debe interpretarse en el sentido de otorgar la vista al recurrente [el autorizado de la parte tercero interesada] para que manifieste lo que a su derecho convenga en esos casos, pues tal decisión ya no podrá ser cuestionada en una instancia ulterior; por tanto, ello resulta compatible con el derecho fundamental de audiencia ... y el sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo; pues, la naturaleza de la vista no está en función de lo sencillo o accesible del recurso o medio de defensa, sino en la protección humana del derecho de acceso a la justicia." [énfasis añadido], de lo que se desprende que el criterio del tribunal de mérito fue en el sentido de dar vista no al quejoso sino al citado recurrente, tanto así que estimó como razón para sustentar su criterio, que su decisión ya no podría ser cuestionada en una instancia ulterior, lo que en todo caso podía afectar a la parte tercera interesada.
19. Lo anterior, a pesar de que en la tesis que emitió quedó plasmado el criterio en el sentido de que la vista era para el quejoso, pues ello no coincide con la parte considerativa de la resolución que le dio origen.
Punto de contradicción.
20. En este contexto, la materia de la contradicción de tesis consiste en determinar si de conformidad con el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo resulta obligatorio conceder al recurrente el plazo que prevé dicho precepto cuando se habrá de desechar el recurso de revisión (ante un posible motivo para ello).
Estudio de fondo.
21. QUINTO.—Criterio que debe adoptarse. Debe prevalecer como jurisprudencia el criterio sustentado por este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se expresan.
22. La disposición materia de interpretación es la siguiente:
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.
"Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." [énfasis añadido]
23. El precepto citado establece, en su segundo párrafo, que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga.
24. Resulta fundamental, para resolver la presente contradicción de tesis, tener presente lo que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en torno a dicha disposición. A continuación se da cuenta con diversos asuntos en los que se estudiaron varios aspectos a saber:
Instancia y supuestos por los que surge la obligación de dar vista.
25. El Pleno, al resolver la contradicción de tesis 426/2013, el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, examinó el tema relativo a si de conformidad con el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, es necesario que se actualicen los dos requisitos que prevé, consistentes en que la causa de improcedencia no haya sido alegada por las partes ni estudiada por el inferior para dar vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga cuando de oficio se actualice alguna causa de improcedencia.
26. Al respecto estableció que si de conformidad con el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el juzgador ad quem, advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia, debe dar vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, tratándose de segunda instancia, siendo necesario que se actualicen los dos supuestos contenidos en la propia norma, como son que la causa de improcedencia no sea alegada por las partes ni examinada por el inferior.
27. Adicionalmente sostuvo que esa disposición también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal supuesto, igualmente los Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia.
28. El Pleno de la Suprema Corte llegó a tales conclusiones luego de atender al proceso legislativo del proyecto de decreto por el que se expidió la Ley de Amparo vigente, y en la ejecutoria estableció, en forma destacada lo que sigue:
- El artículo 64 de la Ley de Amparo incorporó una hipótesis no contemplada en la ley reglamentaria anterior, esto es, dar oportunidad al quejoso para formular argumentos relativos a la no actualización de la causal de improcedencia advertida de oficio por el órgano jurisdiccional [segundo párrafo del artículo 64 vigente].
- En el proyecto de reformas de la Ley de Amparo vigente, el legislador no plasmó explícitamente la razón de incluir en el artículo 64 un segundo párrafo, ya que del dictamen de la Cámara de Senadores, discutido el trece de octubre de dos mil once, apareció por primera vez tal párrafo, sin que se aprecie razón objetiva de su surgimiento.
- Lo que debe tenerse en cuenta es la intención del legislador en el sentido de que la Ley de Amparo fuera acorde con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ese proyecto de la nueva Ley de Amparo(8) revistió importancia para el Estado de derecho, ya que amplió el abanico de protección constitucional que representa el juicio de amparo al ser el protector y garante de la Carta Magna –principio proteccionista que rige al juicio de garantías–.
- Tal ordenamiento se caracteriza por cobijar y resguardar, en un principio, garantías individuales, pero con la reforma de mérito amplió su campo de protección para incluir a los derechos humanos: "En términos de lo dispuesto por el artículo 103 constitucional, el juicio de amparo protege los contenidos constitucionales que desde la carta de 1857 se denominan ‘garantías individuales’, es decir, lo previsto en los primeros veintinueve artículos y en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución. Es cierto que aun y cuando las amplias y variadas garantías de los artículos 14 y 16 permiten la protección de la totalidad de los preceptos de la Constitución y la adecuación de las autoridades públicas a los pactos contenidos en los tratados internacionales, también es que desde hace tiempo existe un reclamo mundial para que los medios internos de protección de la Ley Suprema sean capaces también de proteger en forma expresa los derechos humanos establecidos en ellos.".(9)
- Protección que se ve reflejada en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
- De los artículos 107, fracción VIII, constitucional; 2o., 35, 36, 80, 93, fracciones I a III, 107, 112, 113, 114, 115, 170, 171, 174, 179 y 181 de la Ley de Amparo; 29, 48 a 50, y 51 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende, entre otras cosas, que la procedencia del juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta, es cuestión de orden público que debe estudiarse aun de oficio, sin que se autorice a los particulares o al Juez su variación, pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto las normas son obligatorias para todos los sujetos del proceso.
- La actualización de alguna causal de improcedencia implica la extinción de la posibilidad de proseguir el juicio de amparo, por tanto para examinar la legalidad del acto reclamado.
- La improcedencia del juicio de amparo significa, en términos generales, la falta de oportunidad, de fundamento y de derecho, según sea el caso, para su tramitación, prosecución y resolución de fondo del reclamo constitucional o convencional planteado.
- Es un impedimento, desde el punto de vista técnico procesal, para que el juzgador se avoque a resolver la cuestión de fondo planteada y para que la promoción de amparo alcance su objetivo, que se materializa en la restitución o reparación del respeto y disfrute pleno del derecho fundamental que se haya infringido.
- Al respecto, la Ley de Amparo prevé cuatro momentos en que las causas de improcedencia pueden ser aplicables, a saber: 1. Cuando se advierta desde la promoción de la demanda de amparo; 2. Cuando se aprecia durante la tramitación del juicio; 3. Al emitirse la sentencia definitiva; y, 4. Al tramitarse el recurso de revisión.
- En ese sentido, por tanto, la improcedencia del juicio de amparo puede actualizarse desde la presentación de la demanda hasta en segunda instancia.
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión 9/87, ha sugerido cierta equivalencia entre el debido proceso y la adecuada defensa al señalar que el "debido proceso legal": abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquello cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.
- Bajo ese parámetro, para que el quejoso o inconforme no quede en estado de indefensión, el tribunal debe permitirle la oportunidad de ser oído en defensa de sus derechos; por lo que es válido afirmar que el juzgador al advertir de oficio una causal de improcedencia del juicio no puede resolverla de plano.
- Así, el examen debe hacerse bajo el marco concerniente al proceso legislativo de la Ley de Amparo, a la interpretación de su artículo 64, párrafo segundo, a las vías que existen en materia del juicio de amparo, al principio de audiencia y a la protección más amplia del derecho de audiencia.
- El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente dispone una conjunción copulativa: "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior".
- De dicho precepto se advierte que cuando el órgano jurisdiccional de amparo advierta una causal de i
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30483-d35ca7bc/recurso-de-revision-en-amparo-indirecto-no-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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