VISTA AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. EN SU DESAHOGO ES POSIBLE PLANTEAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO EN EL QUE SE SUSTENTA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO POR EL ÓRGANO REVISOR.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 210/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JEANNETTE VELÁZQUEZ DE LA PAZ.
ÍNDICE
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
El problema jurídico a resolver por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si en el desahogo de la vista, prevista en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la parte quejosa puede plantear la inconstitucionalidad del precepto en que se sustenta la causa de improcedencia advertida de oficio por el órgano revisor.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el cinco de julio de dos mil veintidós, **********, en su carácter de autorizado de la parte quejosa y recurrente en el amparo en revisión 228/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 228/2021 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 165/2016.
2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la presente contradicción. La registró con el número 210/2022 y determinó que la competencia para conocer de la misma correspondía a este Tribunal Pleno, por razón de que deriva de materia común.
3. En el mismo acuerdo, la presidencia solicitó el envío de las versiones digitalizadas del original en su caso, así como de las copias certificadas de las ejecutorias relativas y pidió a los Tribunales Colegiados que informaran si continuaban vigentes los criterios respectivos o, en su caso, si existían causas para tenerlos por superados o abandonados. Finalmente, designó como ponente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y ordenó que se remitieran los autos a la Primera Sala para el trámite correspondiente.
4. Por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispuso el avocamiento del asunto, tuvo por integrado debidamente el asunto y ordenó que se remitieran los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
5. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece. Esto en atención a que en términos del artículo tercero transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como el diverso tercero transitorio del decreto publicado en dicho medio oficial el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Federal, relativos al Poder Judicial de la Federación, toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales prevista en el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el trámite del presente asunto se rige por las disposiciones constitucionales y legales aplicables, vigentes hasta el once de marzo de dos mil veintiuno y siete de junio de dos mil veintiuno.
6. Ello es así, en virtud de que los Tribunales Colegiados desarrollaron un ejercicio interpretativo en materias diferentes, por un lado, el Tribunal Colegiado del Primer Circuito está especializado en asuntos de naturaleza penal, mientras que el contendiente, del Segundo Circuito, ejercía su competencia en materia civil; aunado a que el punto de contradicción determinaría un pronunciamiento en materia común.
7. Sirven como apoyo las tesis de rubro: "COMPETENCIA EN CONTRADICCIÓN DE TESIS EN MATERIA COMÚN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS."(1) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI SE SUSCITA EN AMPAROS EN MATERIAS DIFRRENTES, CORRESPONDE CONOCER DE ELLA AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA."(2)
II. LEGITIMACIÓN
8. La denuncia de la posible contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues fue realizada por **********, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por los quejosos, dentro del juicio de amparo indirecto 729/2021.(3)
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. A continuación, con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción denunciada, y en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes:
A. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 228/2021
10. Carpetas de investigación ********** y **********. **********, **********, ********** y ********** fueron denunciados por su probable responsabilidad en la comisión de fraude procesal.
11. El doce de agosto de dos mil veintiuno, el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, negó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público en contra de **********, por el delito de fraude procesal, dentro de la carpeta judicial **********, no notificó dicha resolución y negó la participación de **********, ********** y ********** y sus asesores jurídicos en la audiencia de ese día.
12. Amparo Indirecto 729/2021. Por escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, **********, ********** y **********, por conducto de su apoderado legal, **********, presentaron demanda de amparo indirecto en contra de los siguientes actos: a) la resolución que dictó el Juez de Control de forma oral en la audiencia celebrada en la carpeta judicial **********, el doce de agosto de dos mil veintiuno; b) el hecho de que el Juez de Control haya negado la participación del quejoso, al igual que de sus asesores jurídicos, a la audiencia del doce de agosto, en la que negó la orden de aprehensión en contra de **********, así como no haberle notificado dicha resolución; c) la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 143, párrafo segundo y 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser violatorios de los derechos humanos contenidos en la Constitución General y de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintiuno lo admitió a trámite y reconoció como tercera interesada a **********.
13. Sentencia de amparo. En audiencia constitucional de doce de noviembre de dos mil veintiuno el Juez resolvió sobreseer en el juicio de amparo al considerar que la demanda se presentó de manera extemporánea.
14. Recurso de revisión 228/2021. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y fue admitido mediante auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno.
15. Posteriormente, se ordenó dar vista a la recurrente del proyecto de resolución del asunto, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera y una vez que la recurrente desahogó la vista realizó sus manifestaciones, se procedió a listar el asunto.
16. En el proyecto se advirtieron las siguientes causales de improcedencia:
17. Respecto de la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la negativa de permitir el acceso a la audiencia de doce de agosto de dos mil veintiuno al representante legal de las víctimas, el colegiado consideró que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el día doce de agosto de dos mil veintiuno, en el que acudió a la audiencia y no se le permitió acceso a la sala correspondiente, y por no encontrarse en alguno de los casos de excepción a que se refieren las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del trece de agosto al dos de septiembre de dos mil veintiuno. La demanda al haber sido presentada hasta el seis de septiembre fue extemporánea. Así, si se actualizaba la causal de improcedencia respecto del acto de aplicación de la norma, la consecuencia lógica es hacer extensivo el sobreseimiento a la norma impugnada.
18. En cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 459, fracción I, del código adjetivo, el colegiado advirtió que se daba la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del mismo artículo 64, pues al tratarse de una norma heteroaplicativa, requiere de un acto de aplicación para que el juicio de amparo sea procedente y, al no haberlo, el juicio era inviable. Consideró que no existe semejante cosa como la aplicación tácita, tal como lo argumentó la quejosa.
19. Por último, en cuanto a la omisión de notificar de manera personal la resolución de doce de agosto, el colegiado consideró que se actualizaba la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ya que al interpretar el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que si con la concesión del amparo resulta imposible obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho en cuestión y a cumplir con lo que el mismo exija, o bien si la referida concesión no puede tener efectos prácticos en la esfera jurídica del gobernado, entonces el juicio de amparo se torna improcedente, al no poder conseguir su fin.
20. Toda vez que la quejosa en su demanda señaló como acto reclamado la resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno y tuvo la oportunidad de imponerse del contenido de ésta, tuvo la oportunidad de defenderse a través de la promoción del juicio de amparo, entonces no se le dejó en estado de indefensión y por lo tanto es ocioso hacer procedente el juicio de amparo para analizar si la falta de notificación se encuentra justificada o no, pues no conseguiría ningún fin práctico.
21. Sentencia del recurso de revisión. En cuanto a los argumentos del desahogo de la vista que prevé el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo concluyó, en síntesis, lo siguiente:
22. En cuanto al sobreseimiento respecto del artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la quejosa sostuvo que era evidente que existió una aplicación tácita del citado numeral, aun cuando no se hubiere citado expresamente.
23. El colegiado estimó que dicho argumento era infundado en la medida de que para que una norma se considere aplicada de forma implícita o tácita, debe haber un acto de autoridad que actualice sus supuestos normativos. Sin embargo, la quejosa no señaló el acto de aplicación del acto en comento, sino que lo hace desprender de situaciones hipotéticas derivadas de su interpretación personal de la misma, por lo que no existe base objetiva para estimar aplicado el artículo 459 del código adjetivo.
24. Así mismo, dentro de su escrito de desahogo de la vista, la quejosa señaló la inconstitucionalidad de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.
25. No obstante, el tribunal consideró que a pesar de que la vista a que se refiere el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo haya sido creada como una salvaguarda del derecho humano de audiencia, en el particular no es posible analizar la constitucionalidad de un artículo que no ha sido aplicado en algún acto de autoridad, pues si bien se le comunicó a la quejosa la posibilidad de que se actualizara la causal de improcedencia de mérito, esa vista no constituye una decisión definitiva, ya que no contiene pronunciamiento en torno a la causal de improcedencia advertida, cuya cuestión corresponde resolver al Pleno del órgano jurisdiccional en sentencia definitiva.
26. Aunado a lo anterior, recalcó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, determinó que, a través de los recursos previstos en la Ley de Amparo, es posible cuestionar y analizar a instancia de parte y de manera excepcional la regularidad constitucional de las disposiciones de ese ordenamiento siempre que se actualicen las siguientes condiciones:
a) La emisión de autos o resoluciones concretas de los órganos que conozcan del juicio de amparo;
b) Se impugnen preceptos de la Ley de Amparo cuya aplicación se actualice efectivamente dentro de los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen de ese juicio y que trascienden al sentido de la decisión adoptada; y,
c) La existencia de un recurso procede en contra el acto de aplicación de los preceptos de esa ley tildados de inconstitucionales, en el cual pueda analizarse tanto la legalidad de su acto de aplicación como la regularidad constitucional de esas normas, en su caso.
27. En dicho asunto se reconoció la posibilidad de que, mediante los recursos de revisión, queja, y reclamación, los justiciables impugnen no sólo la legalidad de los autos, resoluciones y sentencias dictadas en los juicios de amparo, sino también que cuestionen la constitucionalidad de los preceptos de la Ley de Amparo aplicados mediante el acto o resolución recurridos.
28. Con base en lo anterior, el órgano colegido concluyó que no era posible analizar la inconstitucionalidad del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues no existió un acto de aplicación.
B. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja civil 165/2016
29. Primero es necesario hacer un recuento de los antecedentes que dieron lugar al criterio en contienda.
30. Demanda de amparo. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, **********, representada por ********** promovió demanda de amparo contra el Juez Titular del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado México, por el auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis en los trámites del expediente número ********** en el cual concluyó que no es procedente el análisis y estudio del escrito en el que solicitó la declaración de la prescripción de ejecución de sentencia, del cual tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México.
31. Mediante auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez de Distrito previno a la quejosa para que precisara el acto que le reclama a la autoridad responsable. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de esa anualidad la quejosa desahogó la prevención mencionada.
32. El veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez desechó de plano la demanda de amparo, con base en la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo por considerar que no se cumplió con el principio de definitividad, ya que contra el auto reclamado interpuso recurso de apelación el cual fue desechado, por lo que contra ese proveído debió agotar el recurso de queja, y al no haberlo hecho, dejó de cumplir con el principio citado.
33. Recurso de queja civil 165/2016. Inconforme, mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil dieciséis, la quejosa interpuso recurso de queja –el cual tocó conocer al Segundo Tribunal en Materia Civil del Segundo Circuito– en el que sostuvo que el Juez hizo una interpretación equivocada del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo al considerar que el acto reclamado era el auto mediante el cual se negó la admisión del recurso de apelación, pues en la demanda y en la prevención hecha por el mismo, precisó que el acto reclamado es el auto de diecisiete de agosto de ese mismo año en el cual se desechó el incidente de prescripción, que el hecho de que el auto en el que se negó la admisión de la apelación sea recurrible en queja no afecta la procedencia del juicio de amparo, pues ese recurso no es el idóneo para revocar o modificar el acto realmente reclamado.
34. Sin embargo, el órgano colegiado advirtió la materialización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, pues la quejosa no agotó el recurso de revocación establecido en el artículo 1362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y consecuentemente no cumplió con el principio de definitividad.
35. Mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a la recurrente con el proyecto de resolución del asunto, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera.
36. Mediante escrito presentado el primero de diciembre de dos mil dieciséis, el recurrente desahogó la vista concedida, en la cual expuso que la causa de improcedencia advertida de oficio por el tribunal no era manifiesta ni indudable. Así mismo, consideró que existían elementos suficientes para que el Tribunal Colegiado solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción, porque en su opinión debía definirse si mediante escrito que desahoga la vista puede plantearse la constitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo que, si bien no se ha aplicado, se aplicará si no se desvirtúa.
37. Señaló que se trataba de un asunto de importancia y trascendencia porque los precedentes del Alto Tribunal exigen que para que se pueda plantear la constitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo es necesario que éste se haya aplicado y que exista contra el acto de aplicación un recurso previsto en la Ley de Amparo, pero de éstos no se advierte la intención de limitar la impugnación de la constitucionalidad de los preceptos de la ley de la materia a los casos en que ésta ya se hubiera aplicado, pero que el criterio debe ampliarse al desahogo de la vista prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues aun cuando no se ha verificado un acto de aplicación en sentido estricto, sí existe intención de aplicar los artículos en los cuales se sustenta dicha causa de improcedencia, además de que no existe un recurso para combatir su posterior aplicación. Estimar que en la vista no se puede plantear la constitucionalidad de los preceptos que sustentan la causa de improcedencia que se advierte actualizada de oficio, implica reconocer que existen preceptos inimpugnables. 38. Transcurrido el plazo establecido en el auto mencionado, el colegiado procedió a listar el asunto por segunda ocasión.
39. En sesión de doce de enero de dos mil diecisiete, el tribunal concluyó que no era necesario solicitar la facultad de atracción porque compartía la postura de la quejosa en el sentido de que en el desahogo de la vista a que refiere el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, puede plantearse la inconstitucionalidad de los preceptos que sustentan la causa de improcedencia advertida de oficio por el órgano revisor y, consecuentemente, darles contestación.
40. Esto debido a que del citado artículo 64 se advierte que el propósito del desahogo de dicha vista es otorgar al quejoso la oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia detectada por el órgano jurisdiccional con apoyo en factores de hecho y de derecho para controvertir. El precepto no restringe el tipo de argumentos que pueden exponerse en el desahogo de la vista, por el contrario, es amplio al señalar que el quejoso puede manifestar lo que a su derecho convenga respecto a la causa de improcedencia, por lo cual estimó que no existe ningún impedimento para que el recurrente plantee la constitucionalidad del artículo de la Ley de Amparo en que ésta se sustente y consecuentemente, el órgano revisor debe dar respuesta a esos razonamientos, a fin de que pueda resolverse si asiste la razón al inconforme, lo que en todo caso conducirá a tener por no actualizada la causa de improcedencia.
41. El colegiado destacó que la jurisprudencia de la Segunda Sala de esta Corte 2a./J. 39/2014 (10a.),(4) en el que esta estableció que debe existir acto de aplicación y recurso contra la resolución que lo contenga no es aplicable, pues el criterio tiene como base una resolución dictada por el Juez de Distrito, y en el caso de estudio, se trata de la vista que se da al quejoso con una causa de improcedencia advertida de oficio por el tribunal revisor, por lo que no pueden exigirse los requisitos previstos en dicho criterio para dar respuesta a los argumentos de constitucionalidad planteados en dicha vía procesal.
42. Dicha resolución dio origen a la jurisprudencia XXVII.30. J/9 (10a.), de rubro y texto siguientes:
"VISTA AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. EN SU DESAHOGO PUEDE PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO EN QUE SE SUSTENTA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO POR EL ÓRGANO REVISOR.
"El segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo establece que cuando un órgano jurisdiccional advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes, ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe dar vista al quejoso para que, en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. La interpretación exegética de dicha porción normativa permite considerar que el quejoso, en el desahogo de mérito, puede alegar lo que a su derecho convenga, pues no restringe el tipo de argumentos que aquél puede exponer; por tanto, en aplicación del apotegma jurídico conforme al cual, si la ley no distingue el juzgador no puede hacerlo, debe estimarse que no existe impedimento para que el quejoso plantee la inconstitucionalidad del precepto en que se sustenta dicha improcedencia, y el órgano revisor debe dar respuesta a esos argumentos en atención a los principios de exhaustividad y congruencia ya que, de resultar fundados, conducirá a tenerla por no actualizada, sin necesidad de que exista formalmente una resolución en la cual se haya aplicado dicha norma, pues ésta se materializará si no se desvirtúa la causa de improcedencia, además de que no existe un recurso para combatir posteriormente su aplicación, de modo que el único momento procesal con que cuenta el quejoso para plantear la inconstitucionalidad del precepto de la Ley de Amparo que pretende hacerse efectivo, es el desahogo de la vista citada."
43. Mediante escrito de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito informó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que el criterio sigue vigente y no se ha dictado sentencia que se haya apartado de la interpretación que se hizo en ese asunto.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
44. Para dilucidar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, sostuvieron tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que configura la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes.
45. Lo anterior, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
46. Así, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos. Por ello, para comprobar que una contradicción de criterios es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto de éste.
47. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de criterios será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales. Si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de criterios sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a. Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún tipo de punto toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Que lo anterior pueda dar lugar a una formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
48. Al respecto es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)
49. Adicionalmente, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis, o establecer si existe la contradicción planteada y en su caso, cuál criterio debe prevalecer. Es aplicable la tesis del Tribunal Pleno P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESAERIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(6)
50. Expuesto lo anterior, este Tribunal Pleno considera que en el caso concreto se cumplieron a cabalidad las referidas condiciones para la existencia de la contradicción.
51. Primer requisito: Ejercicio del arbitrio judicial. Del análisis de los criterios contendientes se desprende que los Tribunales Colegiados involucrados en el presente asunto realizaron un ejercicio interpretativo para resolver los casos sujetos a su jurisdicción y, así mismo, emitieron las respectivas sentencias en las que se plasmaron los argumentos que consideraron pertinentes para sostener su decisión.
52. Segundo requisito: Existencia de un punto de toque. Ambos órganos colegiados resolvieron casos en los que se pronunciaron en relación con el mismo punto de estudio: la posibilidad de que en el desahogo de la vista al quejoso –prevista en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo– se pueda plantear la inconstitucionalidad del precepto en que se sustenta la causa de improcedencia advertida de oficio por el órgano revisor, sin que exista, como tal, un acto de aplicación de la norma impugnada.
53. Es así porque el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sostuvo que de conformidad con lo resuelto por este Tribunal Pleno en el recurso de re
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32115-67972b41/vista-al-quejoso-en-terminos-del-articulo-64 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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