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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO LO ACREDITA LA ACEPTACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO ÉSTE SE HACE CONSISTIR EN EL LANZAMIENTO DECRETADO EN LA CAUSA DE ORIGEN RESPECTO DE LA CUAL EL QUEJOSO ES TERCERO EXTRAÑO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 268/2019. · Registro digital (IUS): 29254
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2020-01-24
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, Pág. 2346.

AMPARO EN REVISIÓN 268/2019. 31 DE OCTUBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EMMA HERLINDA VILLAGÓMEZ ORDÓÑEZ. SECRETARIO: HUMBERTO SCHETTINO REYNA.

CONSIDERANDO:

TERCERO.—Son infundados en parte e inoperantes en lo demás los agravios aducidos.

En primer lugar, cabe indicar que el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción a que se remite la recurrente –y que estima vulnerado con motivo del sobreseimiento decretado–, es atinente a lograr el trámite de una instancia legal, su correcto desarrollo y la emisión de una resolución que le ponga fin, cuya plena aplicación se encuentra supeditada a que no surjan impedimentos jurídicos o técnicos que converjan en la imposibilidad de que la autoridad jurisdiccional se pronuncie en cuanto al fondo del conflicto planteado; como podría suceder de actualizarse una causal de improcedencia (como la advertida por el Juez Federal), que impida analizar la litis constitucional en los términos propuestos y el dictado de una sentencia de fondo de acuerdo con las pretensiones de la parte quejosa; lo cual, además, no implica una violación a dicha prerrogativa de acceso a la justicia.

Por aplicación, en lo conducente, se cita la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 1a./J. 90/2017 (10a.), página doscientos trece, Libro 48, Tomo I, noviembre de dos mil diecisiete, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico: 2015595 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas», de título y subtítulo: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: ‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’, deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquel. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios."

Asimismo, por su apoyo se invoca la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 1a. CCCLXXI/2015 (10a.), visible en la página novecientos ochenta y uno, Libro 24, Tomo I, noviembre de dos mil quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico: 2010501 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas», de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido."

Bajo ese contexto, es inexacto que se hubiera violado en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental de acceso a la justicia por no haberse considerado acreditado su interés jurídico, si ello implicó que se actualizara la causal de improcedencia advertida por el Juez de Distrito, que impidió analizar el fondo de la litis planteada en el juicio constitucional.

La recurrente sostiene que, en la especie, se acreditó su interés jurídico con motivo del informe justificado rendido por las autoridades responsables (Juez del conocimiento y diligenciario non de su adscripción), pues en ellos aceptaron la existencia de los actos reclamados, con lo cual se llegó a la certeza de la existencia de la orden con la finalidad de lanzar a sus ocupantes, máxime que se demostró que la promovente del amparo es tercero extraña al juicio de origen y que, por consiguiente, de ejecutarse tales actos, se afectaría su derecho de propiedad y posesión que ejerce sobre el inmueble materia del procedimiento judicial natural.

A lo que debe decirse, que la existencia del acto reclamado, por así haberlo aceptado la autoridad responsable al rendir su informe justificado, por sí es insuficiente para tener por acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, en virtud de que la carga de la prueba de tal extremo siempre recaerá en ésta, con independencia de ser o no tercero extraña al juicio de origen quien, además, se encuentra obligada a demostrarlo de manera fehaciente por no poder inferirse a base de presunciones.

Por su aplicación, en lo conducente, se cita la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable con el número I.1o.A. J/3, en la página novecientos veintitrés, Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro electrónico: 229368, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.—Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso."

En ese contexto, al margen de la existencia de la orden de lanzamiento o desalojo del inmueble materia del juicio de origen, lo realmente importante es que la quejosa tuvo a su cargo acreditar la afectación en la propiedad o posesión de ese bien objeto de la controversia –que dice es objeto–, a través de título suficiente de fecha cierta que demostrara el dominio que le asiste sobre esos derechos.

Esto, de conformidad con la tesis aislada de este Tribunal Colegiado, visible con el número VI.2o.C.692 C, en la página mil quinientos ochenta y tres, Tomo XXX, octubre de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico: 166133, que dice: "—El hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado acepte la existencia del acto reclamado, cuando éste se hace consistir en el lanzamiento decretado en la causa de origen, respecto de la cual el quejoso es tercero extraño, no implica que la acción constitucional ejercida sea procedente, ya que tal reconocimiento no demuestra su interés jurídico para promover el juicio de amparo, pues aun con esa aceptación no se acredita que dicho inconforme efectivamente esté en posesión del inmueble objeto de la referida desocupación."

La recurrente asevera que, en la especie, acreditó su interés jurídico con el contrato de donación otorgado en su favor por su hermano que radica en Estados Unidos de Norteamérica, y quien con el producto de su trabajo adquirió el bien cuya titularidad le transfirió (motivo de afectación del reclamado); por lo que el Juez de Distrito, al negarle eficacia jurídica efectuó un análisis y valoración que es propio de la autoridad judicial del conocimiento pero no del Juez constitucional puesto que "el derecho de propiedad y en su caso de posesión, así como la calidad de ésta, deberá probarse frente a la autoridad responsable y no frente a terceros, ya que la consideración de los derechos que pueda haber en favor de éstos o del quejoso es, en todo caso, materia del juicio de origen y no una situación sobre la cual deba pronunciarse el Juez de amparo".

Carece de razón la recurrente, pues una cosa es que un documento que ampare la titularidad de la propiedad y posesión de un inmueble pueda ser materia de una controversia legal y valoración ante un Juez del orden común, y otra es la necesidad de acreditar en el juicio de amparo los derechos de un bien que se estima afectado con motivo de un acto de autoridad, para efectos exclusivos de demostrar el interés jurídico en el juicio constitucional pues, independientemente de que el título que ampare el dominio de algún inmueble sea sujeto de litigio ante un órgano jurisdiccional, lo cierto es que en la instancia de amparo el contrato o acto jurídico que sustente esa prerrogativa que, además, debe ser de fecha cierta, se analiza y valora, única y exclusivamente con la finalidad de establecer la prueba del derecho que dice asistirle a la parte quejosa sobre el bien afecto del acto reclamado y, por consiguiente, para que en última instancia pueda ser objeto de protección en el juicio de amparo biinstancial, sin que tal estudio trascienda sobre la eficacia o no del título para diversa causa.

En su apoyo se invoca la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número P./J. 1/2002, visible en la página cinco, Tomo XV, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro electrónico: 187733, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.—En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común."

Por su aplicación, en lo conducente, se cita también la jurisprudencia de este propio órgano colegiado, consultable con el número VI.2o.C. J/308, visible en la página mil setecientos ochenta y siete, Tomo XXIX, abril de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro electrónico: 167466, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO.—Si quien se queja en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, y exhibe un contrato privado de compraventa, con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico pues, para que ello ocurra, resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo que acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio pues, en caso contrario, tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de que se duele el quejoso, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos."

Bajo ese contexto, fue que en la sentencia recurrida el Juez Federal luego de precisar los actos reclamados, consistentes en la orden de desocupación y entrega de la posesión del inmueble materia del juicio reivindicatorio de origen, y de establecer la certeza de los mismos, precisó que de acuerdo a los antecedentes que se desprenden de las constancias de autos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, constitucional, 61, fracción XXII, en relación con el diverso 5 de la ley de la materia, pues de su texto se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no acredita que el acto reclamado afecta su interés jurídico o legítimo, consistente en el derecho que asiste a un particular para reclamar en esa instancia algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se vea afectado por el acto de autoridad en perjuicio de su titular; que así, para acreditar la afectación de la posesión o propiedad en el juicio de derechos fundamentales cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio natural, se requiere: 1. Su condición de tercero extraño al procedimiento judicial del que derivan los actos combatidos; 2. Su calidad de poseedor o propietario del inmueble materia de los mismos; y, 3. La afectación de esos derechos mediante tales actos.

Con base en ello, el Juez Federal procedió al análisis de las pruebas ofrecidas por la quejosa para acreditar la propiedad o posesión que dice tener sobre el inmueble afecto al acto reclamado y, por ende, su interés jurídico, dejando establecido que con ellos no se justificó el segundo de los elementos mencionados, porque la copia certificada del contrato privado de donación de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, celebrado entre ********** en calidad de donante y **********, por sí y en representación de la quejosa, entonces menor de edad (con el carácter de donatarios), no resulta idóneo para tal efecto ante la falta de identidad de los inmuebles, materia del juicio de origen, y el que aseguró poseer: "...Ello es así, dado que la quejosa refirió que tiene la posesión del inmueble ubicado en **********, del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, para lo cual ofreció, como se dijo, la copia certificada del contrato privado de donación de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, celebrado entre ********** (en su carácter de donante) y **********, por sí y en representación de la quejosa, quien entonces era menor de edad (en su carácter de donatarios); sin embargo, dicho documento al ser un contrato privado de donación respecto del cual se solicitó su certificación el tres de abril de dos mil diecinueve, adquirió fecha cierta hasta ese momento y no desde su elaboración (treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cinco), como lo pretende la solicitante de amparo.—En efecto, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, en principio debe existir un documento en el cual conste el acto traslativo de posesión de la propiedad y luego dicho documento debe contar con fecha cierta, entendiéndose por ésta cuando sucede lo siguiente: a) El documento privado se inscribe ante el Registro Público de la Propiedad. b) Desde la fecha en la que se presenta ante un fedatario público que certifique las firmas plasmadas. c) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. ...", y en su apoyo citó las jurisprudencias «con números de registro digital: 223114, 207227 y 169963», de rubros: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.", "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985)." y "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE SER POSEEDOR EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO."

Respecto de la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, el Juez de Distrito consideró que la misma se desechó en proveído de veintinueve de abril de dos mil nueve, pero que aun cuando dicho medio de convicción se hubiere desahogado en los términos propuestos, de cualquier modo resultaba insuficiente para acreditar la posesión que dijo tener, pues aun cuando pudiera ser idónea para acreditar la posesión de un inmueble no es suficiente para acreditar el justo título del que deriva el derecho de una persona para poseerlo, pues en realidad cuando más pudiere demostrar la simple detentación, mas no el acto jurídico que le dio origen. Citó como sustento a lo anterior las tesis «con números de registro digital: 225186, 190119 y 168144», tituladas: "POSESIÓN PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.", "POSESIÓN, NO ESTÁ PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE LA." y "DOCUMENTOS, FECHA CIERTA DE LOS. NO SE DEMUESTRA CON LA PRUEBA TESTIMONIAL."

Culminó señalando en la sentencia recurrida, que la falta de interés jurídico recae en que la propia quejosa precisó que la superficie que refirió el actor del juicio de origen en su demanda, difiere en gran porción respecto de la que aduce aquélla ser poseedora, por lo que no existe identidad plena de la superficie de la que se reclamaba su reivindicación en el juicio natural, y de la que posee la promovente del amparo; y para así sostenerlo se consideró: "...Ello es así, dado que en el citado juicio de origen se condenó a la parte demandada a entregar a la parte actora, aquí quejosa, el inmueble materia de la reivindicación, siendo éste el conocido como una fracción de terreno que se encuentra ubicado en el paraje denominado **********, Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, cuyas medidas y colindancias son: al norte, diecinueve metros con veinte centímetros y colinda con propiedad o posesión de **********; al sur, diecinueve metros con veinte centímetros y colinda con propiedad de **********; al oriente, en catorce metros con cuarenta y tres centímetros y colinda con propiedad de ********** y al poniente, quince metros con cuarenta y ocho centímetros y colinda con **********.—Mientras que la quejosa refirió poseer el inmueble ubicado en el **********, Junta Auxiliar del mismo nombre, del Municipio de San Andrés Cholula, del Estado de Puebla, cuyas medidas y colindancias son: al norte, ciento diecisiete metros con sesenta centímetros y colinda con propiedad o posesión de **********; al sur, ciento diez metros con cuarenta y un centímetros y colinda con propiedad de **********; al noreste, en dieciséis metros con cuarenta y cuatro centímetros y colinda con carretera ********** y al sureste, quince metros con noventa y cinco centímetros y colinda con parcela de la cual se segrega dicha porción de terreno, propiedad del donante **********.—En razón de lo anterior, resulta válido concluir que no existe identidad entre el inmueble materia del juicio de origen y el que adujo la parte quejosa está en su posesión, por lo que le correspondía a ella ofrecer en este juicio de amparo el medio de prueba idóneo a fin de acreditar ello.—Para el caso, la prueba idónea para acreditar identidad de predios, es la pericial en materia de agrimensura, la cual tiene por objeto identificar éste y realizar una comparación con cada uno de los diversos materia del decreto expropiatorio, para concluir si existe relación entre éstos, y así determinar si el inmueble que defiende la solicitante de amparo, es afectado con la orden de lanzamiento y entrega de posesión emitida en el juicio reivindicatorio de origen. ...", y en su apoyo se citó la tesis «con número de registro digital: 190377» de epígrafe: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES."

Conforme a ello sostuvo el Juez de Distrito que –dicho de otra forma– para el caso en el que el quejoso comparezca al amparo aduciendo la afectación de un bien inmueble de su propiedad, es menester que además de acreditar la titularidad del bien que asegura afectado por el acto de autoridad, mediante título respectivo que avale su dominio, también debe demostrar identidad del inmueble que reclamó con la que fue materia del acto reclamado, y este extremo no fue probado en la especie; e invocó como sustento las tesis «con números de registro digital: 209637, 203637 y 203341», de rubros: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DESMUESTRE ÉL.", "PROPIEDAD Y POSESIÓN DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACIÓN CUANDO SE RECLAME PRIVACIÓN DE LA." y "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN."

Dichas consideraciones, además, no fueron rebatidas frontalmente en vía de agravios, puesto que la recurrente sólo se circunscribe a afirmar de forma general que se trata del mismo inmueble citado por el actor en el juicio de origen, con el reclamado en este juicio de amparo, ya que se encuentra en el mismo lugar, sólo con diferente superficie, pero como quiera que sea se trata del mismo predio "pues, inclusive, en las actas de requerimiento y notificación del desalojo, a la que han encontrado, en dicho bien inmueble es a la suscrita y no a mi madre en mención".

Así las cosas, dado que lo anterior sólo son afirmaciones generales e imprecisas que para nada atacan y mucho menos desvirtúan las anteriores consideraciones con base en las cuales el Juez de Distrito desestimó las pruebas ofrecidas por la quejosa para acreditar el interés jurídico, ante la falta de identidad de los predios materia del juicio y el que se reclama en el juicio de amparo, trae como consecuencia que se mantengan firmes para continuar rigiendo el fallo que se revisa.

Al caso tienen aplicación las jurisprudencias sustentadas por este órgano colegiado, previo a su especialización en materia civil, publicadas con los números 599 y 601, respectivamente, a páginas trescientos noventa y ocho, y trescientos noventa y nueve, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, con números de registro electrónico: 394555 y 394557 que, respectivamente, dicen: "AGRAVIOS INSUFICIENTES.—Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios." y "AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN.—No puede considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado."

En esa virtud, son inatendibles las tesis «con números de registro digital: 2016155 y 2016402», invocadas por el recurrente en apoyo de sus afirmaciones, tituladas: "CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA CELEBRADO ENTRE EL QUEJOSO Y EL TERCERO INTERESADO. TIENE EFICACIA PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, PORQUE LA FECHA CIERTA DEL DOCUMENTO SURTE EFECTOS ENTRE LAS PARTES, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SU FALSEDAD, PUES ESE SÓLO BENEFICIA O PERJUDICA A LOS QUE LO SUSCRIBEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)." y "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE ORDENARSE SI EL JUEZ DE DISTRITO OMITE RECABAR TODAS LAS CONSTANCIAS RELACIONADAS CON EL ACTO RECLAMADO, INCLUSO, AQUELLAS CON LAS QUE SEA FACTIBLE VERIFICAR LA AFECTACIÓN A LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR TRASCENDER ELLO AL RESULTADO DEL FALLO."

Lo anterior es así pues, además de que la recurrente no refiere los motivos por los cuales considera son aplicables, por otra parte aluden a constancias que obran en el juicio de origen –que no es el caso–, por lo que, finalmente, se estima que nada tiene que ver con la hipótesis en estudio.

Las anteriores consideraciones conducen a confirmar la sentencia sujeta a revisión, en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29254-4a9a3e2f/interes-juridico-en-el-amparo-no-lo-acredita · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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