INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A UN JUICIO DE DESAHUCIO. LO TIENE EL ARRENDATARIO QUE DEMUESTRA ESA CALIDAD CON UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR AL ACTO RECLAMADO, AUNQUE SU CONCESIÓN SÓLO DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SE LE RESPETE EL DERECHO DE POSESIÓN DEL INMUEBLE ARRENDADO.
AMPARO EN REVISIÓN 255/2024. 29 DE AGOSTO DE 2025. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ANDRÉS UREÑA VELARDE, SECRETARIO DE TRIBUNAL EN FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: JUAN MANUEL GARCÍA ARREGUÍN. SECRETARIO: FAUSTO ARMANDO LÓPEZ DELGADO.
Mexicali, Baja California, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, correspondiente a la sesión de veintinueve de agosto dos mil veinticinco.
VISTO para resolver el amparo en revisión 255/2024-I civil, relativo al juicio de amparo indirecto 908/2023-2A, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, **** ****** **** ********, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados y de las autoridades responsables siguientes:
2. "[...]
3. III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:
4. Ordenadora.
5. 1) Juez Cuarto de lo Civil, del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali.
6. Ejecutora.
7. 2) Actuario Adscrito al Juzgado Cuarto Civil, en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, el Lic. Néstor Miguel Caldera Campos.
8. Las autoridades señaladas como responsables tienen su domicilio en el lugar donde ejercen sus funciones, sin que sea necesario que el quejoso precise estos, pues el mismo no es un requisito del artículo 108 de la Ley de Amparo, lo que también se apoya en el criterio del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que corresponde a la Octava Época y fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, octubre de 1991, página 164, el que establece:
9. "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR EL DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES." (Transcribe).
10. IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS:
11. A la autoridad ordenadora Juez Cuarto de lo Civil, del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, se le reclaman los 3 actos siguientes:
12. A. La tramitación del juicio ******** radicado en el Juzgado Cuarto Civil en Mexicali, Baja California, en el cual se dilucida un problema jurídico relativo a derechos personales (no reales) respecto de un bien inmueble sobre el que el quejoso tiene la titularidad de los derechos posesorios.
13. B. La falta de llamamiento al juicio ******** radicado en el Juzgado Cuarto Civil en Mexicali, Baja California, no obstante que en él ventilan cuestiones relativas a un bien inmueble sobre el que el quejoso tiene la titularidad de los derechos posesorios.
14. C. La orden de lanzamiento, del local Comercial *, Módulo *** del Condominio del Centro Comercial ***** ********** en Mexicali, Baja California, decretada en el acuerdo de fecha 12 de junio de 2023, emitido por la Juez Cuarto Civil, con residencia en Mexicali, en el que no soy ni debo ser parte.
15. A la autoridad ejecutora Actuario Adscrito al Juzgado Cuarto Civil, en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, el Lic. Néstor Miguel Caldera Campos, se le reclama el acto siguiente:
16. D. La ejecución de los actos (tres) referidos con las mayúsculas A, B y C, en los párrafos anteriores.
17. Ello, en función de que los actos reclamados violan en mi perjuicio lo establecido en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, al causar perjuicio el que se desarrolle un juicio en el que el quejoso no soy ni debo ser parte; sin embargo, perturba la posesión que legalmente ostento.
18. [...]"
20. SEGUNDO. Por razón de turno, el escrito de demanda fue remitido al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y por auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, la registró y admitió bajo el número 908/2023-2A, requirió a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de quince días rindieran su informe justificado y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.
21. TERCERO. Seguido el juicio de amparo en todas sus etapas procesales, el doce de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional y el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, se dictó la sentencia respectiva, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:
22. "[...]
20. RESUELVE:
21. PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **** ****** **** ********, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos y fundados en el cuarto considerando de esta sentencia.
22. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando.
20. [...]"
21. CUARTO. Inconforme con la resolución anterior, el quejoso **** ****** **** ********, interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno le correspondió conocer a este Primer Tribunal Colegiado, el cual fue admitido mediante auto de catorce de junio de dos mil veinticuatro y registrado bajo el número 255/2024-I.
22. QUINTO. Tramitado que fue el recurso, encontrándose en estado de resolver el presente asunto, el tres de julio de dos mil veinticuatro, con apoyo en el artículo 92 de la Ley de Amparo, se turnaron los autos a la ponencia de la Magistrada Karla Gisel Martínez Martínez para proyecto de resolución.
23. SEXTO. Mediante oficio SEADS/2544/2025, signado por el Secretario Técnico AA de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la adscripción a este órgano jurisdiccional del Secretario en Funciones de Magistrado Andrés Ureña Velarde.
24. SÉPTIMO. A partir del dieciséis de agosto de dos mil veinticinco, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la nueva integración de este Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, está conformada por los Magistrados Karla Gisel Martínez Martínez y Juan Manuel García Arreguín, así como por el Secretario en Funciones de Magistrado Andrés Ureña Velarde.
19. OCTAVO. En proveído de veintidós de agosto de dos mil veinticinco se ordenó el returno del presente asunto a la ponencia del Secretario en Funciones de Magistrado Andrés Ureña Velarde, en términos del artículo 28, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
20. NOVENO. En sesión de esta misma fecha veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, el proyecto de resolución propuesto por el Secretario en Funciones de Magistrado Andrés Ureña Velarde no alcanzó mayoría para su aprobación, por lo que se nombró al Magistrado Juan Manuel García Arreguín, para la formulación del engrose de la mayoría; y,
CONSIDERANDO:
25. PRIMERO. Este Tribunal Colegiado tiene competencia legal para conocer y resolver el presente recurso de revisión, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada en audiencia constitucional por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, cuya sede se encuentra en la jurisdicción de este órgano colegiado, en un juicio en materia civil.
26. La competencia se fundamenta en lo dispuesto en los preceptos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Federal; 81, fracción I, inciso e), 83 y 84, de la Ley de Amparo vigente; 35, fracción II y 210, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los artículos 1o. fracción XV, 2o. fracción XV, numerales 1o. y 3o., fracción XV, primer párrafo y tercero transitorio, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del propio año, y que entró en vigor el día de su aprobación.
27. Así, como en el Acuerdo General 29/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión de dos de junio de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de dos mil dieciséis, por el que en el artículo 2, se reitera la jurisdicción territorial de este Tribunal en relación con los asuntos a que se refiere el artículo 37, fracciones I, incisos a) y b); II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación derogada, y se limita en lo concerniente a los supuestos del artículo 37, fracciones I, incisos c) y d); II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley Orgánica en cita, al distrito judicial conformado por el Municipio de Mexicali del Estado de Baja California y por el Municipio de San Luis Río Colorado, del Estado de Sonora.
28. SEGUNDO. La sentencia recurrida se notificó personalmente a la parte recurrente el nueve de mayo de dos mil veinticuatro surtiendo sus efectos el día siguiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 fracción II, de la Ley de Amparo.
20. Por tanto, el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la propia ley para la interposición del presente recurso, transcurrió del trece al veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro.
21. Por lo que, si el recurso se interpuso electrónicamente el nueve de mayo de dos mil veinticuatro, se presentó en tiempo, no obstante que se hizo valer antes de que iniciara el término para tal efecto.
22. Al respecto, resulta aplicable por analogía, en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 41/2015 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 569 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son:
23. "RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO. Conforme al artículo 104, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación podrá interponerse por cualquiera de las partes, por escrito, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Ahora bien, dicho numeral sólo refiere que el aludido medio de defensa no puede hacerse valer después de tres días, por tanto, no impide que el escrito correspondiente se presente antes de iniciado ese término. De ahí que si dicho recurso se interpone antes de que inicie el plazo para hacerlo, su presentación no es extemporánea."
24. TERCERO. La determinación recurrida se apoya en las siguientes consideraciones:
25. "[...]
26. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, se precisa que los actos reclamados en esta vía son los siguientes:
27. La falta de llamamiento al juicio ******** del índice del Juzgado Cuarto Civil, con residencia en Mexicali, Baja California, y su tramitación.
28. La orden de lanzamiento del local comercial *, módulo ***, del condominio del Centro Comercial ***** **********, con sede en Mexicali, Baja California, decretada en el juicio ******** del índice del Juzgado Cuarto Civil, con residencia en Mexicali, Baja California y su ejecución.
29. TERCERO. Certeza de los actos. Las autoridades responsables siguientes:
30. Juez Cuarto de lo Civil del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Mexicali.
31. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Mexicali.
32. Al rendir sus informes justificados, manifestaron la certeza de los actos reclamados.
33. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
34. INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. [...]"
35. Lo que se corrobora con las constancias remitidas por las referidas autoridades responsables en apoyo a sus informes justificados, constantes de un tomo de prueba, relativas al expediente ********, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Mexicali; documentales, que al ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, adquiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, conforme su numeral 2o.
36. En lo conducente es aplicable, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:
37. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. [...]"
38. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio se adviertan e impidan abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente.
39. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada.
40. Ahora bien, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:
41. (Se transcribe)
42. (...)
43. A su vez, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone:
44. (Se transcribe)
45. (...)
46. Del precepto constitucional transcrito se advierte que se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo, incorporando –en lo que interesa– el concepto de interés legítimo para promover dicha acción, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Ley Suprema y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
47. Cabe precisar, que por interés legítimo se entiende aquel interés –individual o colectivo–, de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, esto es, la situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra, resultando intrascendente, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo.
48. Más brevemente, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de la quejosa derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra.
49. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), Registro digital: 2012364, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro treinta y tres, agosto de dos mil dieciséis, tomo II, décima época, página seiscientos noventa, que establece:
50. "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. [...]"
51. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el interés legítimo es concebido por la doctrina como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad (derecho subjetivo), tienen un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado, es decir, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad.
52. Además –añadió la Segunda Sala– el interés legítimo es aquel que tienen algunas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato.
53. Asimismo, que el interés legítimo existe cuando pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, pero no es necesario que quede asegurado de antemano ni forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse.
54. De las consideraciones apuntadas, se obtiene que se debe distinguir entre el interés simple de aquel diverso que se requiere acreditar para la procedencia del juicio de amparo (interés jurídico) en tratándose de actos emitidos por tribunales judiciales, siendo el primero aquel interés general que tiene todo miembro de la comunidad en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ese cumplimiento implique un beneficio personal, esto es, el simple interés ciudadano por la legalidad, lo cual no lo faculta para accionar el juicio de amparo, sino únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes lo permiten, en tanto que no requiere de una condición precisa o calificación subjetiva y el segundo, aquél que corresponde a las personas que por la situación objetiva y particular –de hecho o de derecho– tienen interés en que el poder público ajuste su actuación a la ley, no sólo por interés como ciudadano en la legalidad, sino porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto, esto es, una afectación directa en sus derechos fundamentales con el acto autoritario reclamado.
55. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico.
56. Se invoca la jurisprudencia número 2a. XVIII/2013, Registro digital: 2003067, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVIII, marzo de dos mil trece, tomo dos, Décima Época, visible en la página mil setecientos treinta y seis, que establece:
57. "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. [...]"
58. Por su parte, los artículos 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo establecen que tendrá el carácter de quejoso quien aduzca ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo el quejoso deberá aducir ser titular del derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, de lo que se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. 59. En esa tesitura, para demostrar la afectación a la esfera jurídica, cuando se reclaman actos de autoridades judiciales, como es el caso, conforme al artículo 107, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Federal, se requiere que de la demanda de amparo, informes justificados y pruebas aportadas en el juicio se acredite plenamente el interés jurídico (ser titular del derecho subjetivo alegado) y no inferirse éste a base de presunciones; por tanto, corresponde a la parte quejosa demostrar la afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio.
60. Lo anterior, con apoyo en lo que estipula la jurisprudencia, aplicada por principio de identidad, que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos veinticinco, del tomo XXVII, Registro digital: 170500, enero de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:
61. "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. [...]"
62. En el caso, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite la titularidad del derecho a la posesión del inmueble que defiende en este juicio con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias; esto es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la posesión susceptible de protección en el juicio constitucional es aquella que se sustenta en un precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión.
63. Esto es, dicho en otros términos la posesión que se protege mediante el juicio de amparo es la que se funda precisamente en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer.
64. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2002, Registro digital: 187733, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de dos mil dos, página cinco, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro y contenido son:
65. "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. [...]"
66. Lo anterior es así, en virtud de que la legislación civil establece que la posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, el cual necesariamente debe tener una causa u origen que por su naturaleza jurídica faculte al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, si se trata de una posesión originaria o en concepto de dueño; o en su caso, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho únicamente a usar y disfrutar el bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo.
67. En este orden de ideas, resulta inconcuso que el quejoso necesariamente debe expresar en su demanda de amparo la causa u origen de ese poder de hecho y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al juez los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía estipulada en el artículo 14 constitucional.
68. Ahora, si el promovente del amparo, **** ****** **** ********, se ostentó como tercero extraño en estricto sentido al juicio de origen, en el cual, se ordenó a la parte demandada, dar cumplimiento al acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, dictada por la autoridad responsable, consistente en desocupar y entregar a la parte actora del juicio de origen, el local comercial *, módulo ***, del condominio del Centro Comercial ***** **********, con sede en Mexicali, Baja California, respecto del cual, el quejoso manifestó tener la posesión en virtud del contrato de arrendamiento celebrado el uno de octubre de dos mil veintiuno, *** *********** *********** ******** ******* ** ******* ********, por conducto de los accionistas ******** **** ******, ******* **** *******, *** ******** **** *******, ***** ******* **** ******* y **** ******* **** *****, en su carácter de arrendadores y el aquí quejoso como arrendatario, respecto del inmueble señalado en líneas precedentes; entonces, es indispensable que acredite la afectación del derecho que invoca con motivo de los actos reclamados.
69. Esto es, el peticionario de amparo debe demostrar fehacientemente, ser titular del derecho que afirma le fue infringido con los actos reclamados, porque como ya se indicó, la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que el derecho de posesión que se considera lesionado derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trata, en el caso, entendiéndose por título, la causa generadora de la posesión que ostenta; de modo que tiene la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer que es titular del derecho que invoca.
70. En efecto, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento en el que se ordenó el lanzamiento de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así, se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones.
71. En este punto, es necesario tener en cuenta que el quejoso manifiesta ser tercero extraño a la controversia natural, porque no ha tenido intervención dentro del procedimiento y que, por tanto, se le pretende lanzar o desposeer del bien inmueble ubicado en local comercial *, módulo ***, del condominio del Centro Comercial ***** **********, con sede en Mexicali, Baja California, sin respetar el contrato de arrendamiento celebrado entre *********** *********** ******** ******* ** ******* ******** y el aquí quejoso; por ello, es importante precisar que para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños, esto es, en estricto sentido y por equiparación.
72. El tercero extraño a juicio en estricto sentido o auténtico, es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer totalmente las actuaciones relativas.
73. Por otra parte, el tercero extraño a juicio por equiparación, es la persona que promueve juicio de amparo por no haber sido emplazada al juicio en el que debió ser parte, o por haber sido citada al mismo en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio.
74. En consecuencia, dicho tercero es el sujeto que, formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado y por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo.
75. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia VI. 2o. J/87, registro digital: 177771; Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, Julio de 2005, página 1305, de rubro y texto siguiente:
76. "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. [...]"
77. Con base en las constancias que obran en autos, el aquí quejoso tiene el carácter de tercero extraño, en estricto sentido, toda vez que no forma parte del juicio natural, ya que como se desprende del informe con justificación rendido por las autoridades responsables y su anexo, se advierte que *** ***** **** ******* demandó por la vía sumaria de desahucio a *********** *********** ******** ******* ** ******* ********, por el incumplimiento del contrato celebrado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, entre ******** **** ****** (arrendador) y como arrendataria la empresa *********** *********** ******** ******* ** ******* ******** (por conducto del Presidente del Consejo de Administración).
78. Entonces, dilucidado el carácter del quejoso **** ****** **** ********, como tercero extraño en estricto sentido al juicio natural, para obtener la protección constitucional que pretende, se encuentra obligado a demostrar dos extremos:
79. • Contar con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer y,
80. • Tener la posesión del inmueble involucrado en la litis del juicio natural.
81. Respecto del primer elemento, debe precisarse que para la eficacia de los documentos privados en los que se hacen constar actos jurídicos y surtan efectos contra terceros, requieren ser de fecha cierta y anterior al inicio del juicio de origen, lo que ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33791-17c0669a/interes-juridico-para-promover-amparo-indirecto-como-tercero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRA (1a./J. 62/2019 (10a.))
- INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CARECE DE ÉL EL PETICIONARIO QUE COMO TERCERO EXTRAÑO CONFIESA SER SIMPLE OCUPANTE DEL INMUEBLE Y NO TIENE UN TÍTULO QUE GENERE EL DERECHO A POSEER. (I.11o.C.144 C )
- POSESIÓN. EL EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL QUE TIENE POR MATERIA EL DERECHO DE PROPIEDAD, NO ES MOTIVO PARA SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR UN TERCERO EXTRAÑO. (I.3o.C.20 C (10a.))
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