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Modo: Corpus Pro

INMUEBLE ESTABLECIDO COMO DOMICILIO CONYUGAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO DE UNO DE LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, ES INSUFICIENTE LA SOLA POSESIÓN MATERIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 353/2015. · Registro digital (IUS): 28388
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Pág. 598.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 353/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de diversos Tribunales Colegiados de otros Circuitos, en un tema derivado de juicios civiles que corresponde a la especialidad de la Primera Sala.

Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional, y 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso fue realizada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, órgano que sostuvo uno de los criterios que aquí contienden.

TERCERO.—Criterios contendientes. Para poder resolver el presente asunto, es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión **********.

I. El diecinueve de noviembre de dos mil quince, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito dictó resolución en el amparo en revisión **********, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. ********** (arrendador) promovió un juicio civil sumario (**********) en contra de ********** (arrendatario), con motivo de un contrato de arrendamiento celebrado entre ellos. Con motivo del juicio, el veintitrés de abril de dos mil catorce, se practicó la diligencia de lanzamiento sobre el inmueble arrendado.

2. En contra de dicha diligencia, ********** promovió juicio de amparo, en el cual adujo que ella y sus hijos tenían posesión del inmueble y que, además, tenía temor fundado de que se practicara embargo de sus bienes y que forman parte de los gananciales del matrimonio formado con el demandado en el juicio de origen. Del juicio conoció la Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, el que determinó sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional.

3. En contra, la quejosa, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos, interpuso recurso de revisión del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y que se resolvió en el sentido de revocar la resolución y ordenar la reanudación del procedimiento.

4. Ante ello, la Juez de Distrito siguió las etapas procesales del juicio y, en sentencia de dieciocho de agosto de dos mil quince, por una parte, sobreseyó en el juicio en relación con el acto de inminente embargo reclamado a la Juez y secretarios ejecutores adscritos al juzgado; y, por otra, concedió el amparo en contra de la desposesión del inmueble, destacando como argumentos que el vínculo matrimonial entre la quejosa y el demandado en el natural, aunado a que en el inmueble controvertido se estableció el domicilio conyugal antes de que existiera el contrato de arrendamiento base de la acción, eran datos objetivos suficientes para acreditar la causa legítimamente tutelada; al estar involucrados menores debía suplirse la deficiencia de la queja con lo que se acreditó la posesión del inmueble desde la perspectiva del interés superior del menor con base en el derecho a una vivienda digna y decorosa como parte de los alimentos que deben recibir de los progenitores, e inclusive de sus ascendientes en segundo grado (abuelos); y además, porque existió una situación de desventaja por cuestión de género, dado que el demandado en el natural desalojó a su cónyuge (quejosa) a través de la demanda que en su contra siguió su padre, lo que atentó la dignidad humana de la familia y menoscabó los derechos de su cónyuge como mujer, como una forma de violencia; que la causa por la que entró a poseer la quejosa no es el acto jurídico celebrado por su cónyuge (contrato de arrendamiento), pues desde antes de la celebración de ese contrato la recurrente ya habitaba el domicilio correspondiente, siendo la causa legal de la posesión que la quejosa constituyó su domicilio conyugal en el inmueble controvertido. Estimó aplicable la tesis "ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE INTENTA CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESIÓN QUE DERIVA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCIÓN PERSONAL BASADA EN LA DISOLUCIÓN DE ESE VÍNCULO."(4)

5. Inconforme, **********, como albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ********** (parte tercero interesada), promovió recurso de revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito (**********), el que emitió su resolución el diecinueve de noviembre de dos mil quince, donde determinó revocar la parte de la sentencia de amparo en la que se concedió la protección a ********** y sus menores hijos, conforme a las siguientes consideraciones:

• La recurrente adujo que el hecho de que los quejosos habitaran el inmueble desde que se concertara el arrendamiento entre las partes en el juicio civil, no era suficiente para tener por acreditada una afectación a su esfera jurídica, ya que lo anterior constituía una posesión derivada. Ello es fundado.

• Estableció que, acorde con la legislación civil de Jalisco y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ascendientes en segundo grado (abuelos) tienen obligación de otorgar alimentos a los menores, pero sólo si los padres se encontraran imposibilitados física o legalmente para cumplir con su compromiso de proporcionarlos; y en el caso no ocurrían tales condiciones, porque ambos padres de los niños percibían ingresos.

• Expuso que no se justificó la desventaja por cuestión de género contemplada por el Juez de Distrito, dado que no había elementos en el juicio para afirmar que el demandado en el juicio natural fue quien lanzó a la quejosa por simulación del juicio natural.

• Agregó entonces, que para que la posesión sea objeto de tutela constitucional debe sustentarse en alguna figura jurídica traslativa de dominio (compraventa, donación y permuta), o que no lo transfieran (arrendamiento, comodato, etcétera); ello no ocurrió. La quejosa no demostró contar con título propio sustentado en algunas de las figuras previstas por la ley que le generara el derecho a poseer, puesto que en su demanda de amparo sólo se limitó a mencionar que su esposo y ella lo designaron y habitaron como domicilio conyugal, y que el propietario, su suegro, les manifestó que el inmueble era de ellos y podían habitarlo.(5)

• Así, la posesión derivada del matrimonio celebrado entre ella y el hijo del propietario del bien no era suficiente para promover juicio de amparo, pues requería de un título que sustentara el derecho a poseer. Por ello, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues no siendo parte del juicio civil de primera instancia, la quejosa no estaba legitimada para promover el juicio de amparo.(6)

• De conformidad con la tesis P./J. 1/2002 , sólo la posesión jurídica y no material, es la que se tutela por el derecho fundamental de audiencia garantizado por el artículo 14 constitucional, es decir, la sustentada en un título que genera el derecho a poseer, lo que sólo faculta a la persona a usar, disfrutar y disponer de la cosa, de forma originaria o derivada, lo que no ocurre con sólo probar que se casó bajo el régimen de sociedad legal.

• Refirió que no comparte el criterio sustentado en la tesis I.3o.C.797 C,(7) pues de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 1/2002, para que la posesión de un inmueble sea objeto de protección en el juicio de amparo, cuando el quejoso se ostente tercero extraño al juicio de origen, debe demostrar contar con un título sustentado en alguna forma jurídica, sin que pueda ser tal, el que dos personas, al contraer matrimonio, señalen como domicilio conyugal el inmueble materia de controversia, pues tal acto jurídico no otorga a los consortes el derecho de poseer el bien.

• Así, el matrimonio que celebren dos personas no es causa jurídica que les permita poseer el inmueble que señalaron como domicilio conyugal, ni aun cuando la posesión que se defiende fuera anterior a la relación contractual que generó la tramitación del juicio originario; porque un acto de esa naturaleza, no presupone una autorización para poder ejercer ese poder de hecho, es decir, si la quejosa, como tercero extraña al juicio natural, dice que su posesión fue debido a que contrajo nupcias con el reo, debe justificar la causa legal que le permitió poseer el bien a su esposo; lo contrario, implicaría sostener que la celebración del vínculo matrimonial por sí, es suficiente para que los contrayentes posean el inmueble que señalaron como domicilio conyugal ante la autoridad registral, aun cuando éste no pertenezca a ninguno de los consortes.

• Denunció la contradicción de su criterio con el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los recursos de revisión ********** y **********.

Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los recursos de revisión ********** y **********.

I. El once de mayo de dos mil nueve, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó resolución en el recurso de revisión **********, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. ********** promovió controversia de arrendamiento (**********) en contra de **********. Con motivo del juicio, se practicó diligencia de lanzamiento sobre el inmueble arrendado.

2. En contra, ********** promovió juicio de amparo, en el cual adujo que ella y sus hijos serían despojados del uso, disfrute y posesión del inmueble sin haber sido oída y vencida en juicio. Del juicio conoció la Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el que determinó sobreseer el juicio.

3. Inconforme con lo resuelto, la quejosa interpuso recurso de revisión. Del recurso conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (**********), el que lo declaró fundado, en virtud de las siguientes consideraciones:

• El derecho de posesión de la quejosa no deriva del contrato de arrendamiento base de la acción civil, suscrito entre ********** y **********. De la demanda de amparo se advierte que el interés jurídico de la quejosa consiste en la posesión del inmueble controvertido, el cual fue el domicilio conyugal entre ella y su aún cónyuge, quienes están separados desde noviembre de 2007. Además, adujo que dicho bien inmueble es propiedad de su cónyuge, sin ser lógico que él suscribiera un contrato de arrendamiento con su padre, por lo que se planteó un juicio simulado para lanzarla del domicilio conyugal, ya que el contrato base de la controversia inmobiliaria se celebró el 1 de enero de 2008.

• Los agravios son fundados. La quejosa, desde la demanda de amparo ofreció como prueba la documental, las copias del juicio de divorcio necesario promovido por **********, en contra de **********, en cuya demanda el actor señaló que su cónyuge vivía en el domicilio conyugal controvertido. Dicha prueba se admitió en el juicio de amparo, pero en la sentencia recurrida no se hizo referencia, por lo que debía subsanarse esa omisión.

• Ante dicha prueba, el interés jurídico de la quejosa se acreditó, pues demostró que obtuvo la posesión del bien objeto de la controversia de arrendamiento, al ser el domicilio conyugal fijado con el demandado –actor en el juicio de divorcio– con fecha anterior al contrato de arrendamiento.

• La causa por la cual la quejosa obtuvo la posesión del inmueble no es el acto jurídico aparentemente celebrado por su cónyuge. Así, el lanzamiento sí afecta su interés jurídico, pues acredita que su posesión deriva de causa diversa al contrato de arrendamiento sin actualizarse la causal de improcedencia señalada en la sentencia de amparo.

• Aun cuando es esposa del demandado en el juicio de arrendamiento, lo cierto es que en ese juicio el contrato de arrendamiento que exhibió el actor es de fecha uno de enero de dos mil ocho; mientras que de la lectura a la demanda de divorcio se aprecia que ********** reconoció como domicilio conyugal el precisado, lo que se corrobora con lo asentado en el acta de nacimiento de uno de los hijos que tuvieron en común. Por eso, la quejosa no poseía el bien en virtud del contrato de arrendamiento y, por tanto, no se le podía privar de la posesión como consecuencia de un juicio que se sustenta en un contrato posterior a su posesión en el que ella no es parte.

• Para efectos del juicio de amparo, la quejosa debe acreditar el hecho o acto jurídico del que se deriva la posesión cuyo desposeimiento constituye el acto reclamado, lo que sí se satisface, porque acreditó poseer el inmueble desde antes de celebrarse el contrato de arrendamiento, de modo que su posesión deriva de una causa legal distinta a dicha celebración y que es el domicilio conyugal. Con ello, debe respetarse el derecho de posesión.

• Al demostrarse la violación de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, concedió el amparo a fin de no afectar los derechos posesorios de la quejosa.

II. El veinte de agosto de dos mil nueve, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó resolución en el recurso de revisión **********, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. Jesús Alonso Soto, promovió controversia de arrendamiento inmobiliario (**********) en contra de **********.

2. En contra de todas y cada una de las resoluciones emitidas en el juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario, ********** promovió juicio de amparo. Del juicio conoció el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el que determinó sobreseer el juicio.

3. Inconforme con lo resuelto, la quejosa interpuso recurso de revisión. Del recurso conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (**********), el que lo declaró fundado, en virtud de las siguientes consideraciones:

• El vínculo matrimonial con el demandado debe tenerse como causa legal para poseer, porque es una relación personal que solamente se destruye entre los cónyuges mediante el divorcio, por tanto, no puede ser privada de esa posesión mediante un juicio contra el cónyuge que tiene por materia un contrato de arrendamiento posterior al inicio de la posesión por virtud del vínculo conyugal, puesto que no media una relación de causahabiencia.

• La causa generadora de la posesión consiste en que fue el domicilio conyugal entre ella y su aún cónyuge ********** (demandado en el juicio natural), y que están separados desde el dos de julio de mil novecientos noventa y tres.(8)

• Como hechos probados el Tribunal Colegiado destacó que en el juicio de arrendamiento inmobiliario **********, Jesús Alonso Soto demandó de **********, la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado entre ellos, el primero de enero de dos mil cinco, respecto del inmueble controvertido; que el 16 de julio de 2008, ********** promovió juicio de divorcio en contra de **********.(9) En la demanda el actor señaló como domicilio conyugal el inmueble objeto de la controversia de arrendamiento, en el que se ordenó el desalojo del bien materia de la litis.

• La quejosa justificó la posesión del inmueble por virtud del vínculo matrimonial que tenía con el demandado, el que resultó anterior al contrato de arrendamiento base del juicio natural. Ante ello y ante otras pruebas (contrato de línea telefónica, la cédula de notificación en el juicio de divorcio, los recibos de luz, entre otros), se concluye que la quejosa demostró que habitaba el inmueble materia del contrato de arrendamiento que celebró su cónyuge con su hermano y que posee el bien inmueble por virtud de que constituyó el domicilio conyugal que estableció con el demandado en la controversia de arrendamiento, al menos a partir del 4 de noviembre de 1981, fecha del acta de matrimonio en la que se le fijó como domicilio conyugal.

• La causa por la cual la quejosa tiene la posesión del bien no es el contrato de arrendamiento celebrado por su cónyuge y, por ende, el lanzamiento que deriva de la controversia de arrendamiento sí afecta su interés jurídico, pues la quejosa lo habita con anterioridad a la celebración del contrato de arrendamiento de fecha 1 de enero de 2005.

• Al no derivar la posesión de la quejosa del contrato de arrendamiento, ésta no puede ser privada de tal derecho como consecuencia de un juicio que se sustenta en un contrato posterior a su posesión, lo que implica que demostró que su posesión deriva de que fue el domicilio conyugal, lo que es una causa legal distinta a la celebración del contrato de arrendamiento y suficiente para concluir que posee por diversa causa. Ante ello, el hecho de ser domicilio conyugal es una causa legal para poseer que se debe respetar.

• Al demostrarse la violación de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, concedió el amparo, a fin de no afectar los derechos posesorios de la quejosa.

De las anteriores consideraciones derivó la tesis de rubro y texto siguientes:

"TERCERO EXTRAÑO. INTERÉS JURÍDICO. EL VÍNCULO DEL MATRIMONIO CON EL DEMANDADO DEBE TENERSE COMO CAUSA GENERADORA LEGAL PARA DEFENDER LA POSESIÓN DEL DOMICILIO CONYUGAL, CUANDO ÉSTA ES ANTERIOR A LA RELACIÓN CONTRACTUAL PERSONAL MATERIA DEL JUICIO NATURAL.—El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de la posesión que ostenta un tercero extraño al juicio de donde provienen los actos reclamados, puede ser materia de protección constitucional siempre que derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho de posesión. Ésta debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Quien ejercita la acción de amparo, debe ser titular de un derecho de posesión que se ve amenazado por el acto de autoridad. Entonces, es necesario para justificar esa afectación o perjuicio que se demuestre que la posesión del inmueble que defiende no deriva del vínculo contractual materia del juicio natural sino de una diversa causa. Ahora bien, cuando se demuestra el conflicto entre cónyuges para resolver lo relativo al divorcio, es un dato revelador de que tienen intereses opuestos. En ese contexto, no es legal estimar que la cónyuge del demandado en un juicio de arrendamiento inmobiliario es causahabiente de éste, o sea una simple ocupante del inmueble que defiende, si demuestra que su posesión sobre el inmueble es anterior a la fecha del vínculo contractual que es materia del juicio natural en que es demandado su cónyuge. Por tanto, su interés jurídico se acredita cuando demuestra que: a) detenta la posesión por ser el domicilio conyugal; y b) la propiedad o posesión del inmueble de uno o de ambos cónyuges es anterior a la relación contractual personal materia del juicio. Entonces, al no ser parte de esa relación contractual en la que sólo es parte su cónyuge, se le deberá respetar su garantía de audiencia a efecto de que no sea desposeída con motivo de un juicio iniciado con posterioridad a la fecha en que detenta la posesión del inmueble que defiende con base en el matrimonio por ser el domicilio conyugal. Lo anterior es así, porque el matrimonio es una relación personal que solamente se destruye entre los cónyuges mediante el divorcio, y si es el origen de la posesión de la cónyuge, debe concluirse que no puede ser privada de esa posesión mediante un juicio contra el cónyuge que tiene por materia un contrato de arrendamiento posterior al inicio de la posesión por virtud del vínculo conyugal. En la inteligencia que la protección de esa posesión tiene efectos exclusivos en el juicio de garantías, y no implica que no pueda ser privada de ella mediante juicio en la vía y acción idónea en que sea oída y vencida."(10)

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existe una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuando:(11)

1. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método;

2. Entre los ejercicios interpretativos se encuentre algún punto del razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico en general: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3. Que lo anterior pueda dar lugar a formular una pregunta genuina sobre si la forma de responder la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que también sea legalmente posible.

Esta Primera Sala estima que sí existe la contradicción de tesis, en atención a lo siguiente:

A partir de los antecedentes narrados en esta resolución, se desprende que tanto el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, como el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, realizaron un ejercicio interpretativo a fin de determinar si el acreditamiento de la posesión material del inmueble que es domicilio conyugal, justifica o no, el interés jurídico en el juicio de amparo de un cónyuge que se ostenta tercero extraño en un juicio de arrendamiento inmobiliario, en el que, a partir de un contrato de arrendamiento, posterior a la fecha de inicio de la posesión, se condenó al otro cónyuge a la entrega del inmueble y se ordenó el lanzamiento.

En este sentido, ambos tribunales examinaron casos en los que la quejosa acredita la posesión material del inmueble que es domicilio conyugal, mismo que fue objeto de litigio en un juicio de arrendamiento inmobiliario, en el que, a partir de un contrato de arrendamiento posterior a la fecha de inicio de la posesión, se condenó al otro cónyuge a la entrega del inmueble y se ordenó el lanzamiento.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito sostuvo, esencialmente, que: para que la posesión de un inmueble sea objeto de protección en el juicio de amparo, cuando el quejoso se ostente tercero extraño al juicio de origen, debe demostrar contar con un título sustentado en alguna forma jurídica, sin que pueda ser tal, el que dos personas, al contraer matrimonio, señalen como domicilio conyugal el inmueble materia de controversia, pues tal acto jurídico no otorga a los consortes el derecho de poseer el bien, ni aun cuando la posesión que se defiende sea anterior a la relación contractual que generó la tramitación del juicio originario; y si la quejosa afirmó que su posesión fue debido a que contrajo nupcias con el demandado, debía justificar la causa legal que le permitió poseer el bien a su esposo.

Por su parte, el Tribunal Colegiado del Primer Circuito, ante un escenario semejante, estableció, en lo conducente, que: El vínculo matrimonial con el demandado debe tenerse como causa legal para poseer, porque es una relación personal que solamente se destruye entre los cónyuges mediante el divorcio; y la causa generadora de la posesión consiste en que fue el domicilio conyugal entre ella y su aún cónyuge, entonces, la causa por la cual la quejosa tiene la posesión del bien no es el contrato de arrendamiento celebrado por su cónyuge y, por ende, el lanzamiento que deriva de la controversia de arrendamiento sí afecta su interés jurídico, pues la quejosa lo habita con anterioridad a la celebración del contrato de arrendamiento.

De lo anterior se observa que los Tribunales Colegiados, en su razonamiento, abordaron un mismo problema, el cual genera una genuina cuestión jurídica, a saber: ¿Acreditar la posesión material del inmueble que es domicilio conyugal justifica, o no, el interés jurídico en el juicio de amparo de un cónyuge que se ostenta tercero extraño en un juicio de arrendamiento inmobiliario, en el que, a partir de un contrato de arrendamiento posterior a la fecha de inicio de la posesión, se condenó al otro cónyuge a la entrega del inmueble y se ordenó el lanzamiento?

QUINTO.—Criterio que debe prevalecer. Esta Primera Sala estima que debe prevalecer el criterio relativo a que: la sola acreditación de que se posee materialmente el inmueble que es domicilio conyugal, no es suficiente para justificar el interés jurídico en el juicio de amparo de un cónyuge que se ostenta tercero extraño respecto de una controversia de arrendamiento inmobiliario, en el que, a partir de un contrato locativo posterior a la fecha de inicio de la posesión, se condenó al otro cónyuge a la entrega del inmueble y se ordenó el lanzamiento; salvo que se demuestre además, un título o causa jurídica que sirvió de sustento a un derecho de posesión sobre el inmueble que es domicilio conyugal.

En efecto, esta Primera Sala, al resolver la diversa contradicción de tesis 313/2015, expuso, en relación con el interés jurídico en el amparo, lo siguiente:

"Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha ocupado en otros precedentes(12) de examinar el desarrollo que ha tenido el concepto de interés jurídico en el amparo, por lo que ahora sólo se hará una breve referencia al tema.—Dicho término tiene como antecedentes históricos, por una parte, lo dispuesto por el Constituyente de 1917, en relación con que las controversias en materia de amparo únicamente se seguirían a instancia de parte agraviada; y, por otra, el texto de la abrogada Ley de Amparo de 1936, que establecía que el juicio de garantías sólo podía promoverse por la parte a quien el acto reclamado causara un perjuicio directo, lo cual excluía aquellos casos en que el acto combatido no afectara los intereses jurídicos del o la quejosa.—Como puede apreciarse, el ordenamiento legal era ambiguo en determinar cuál era el interés necesario para comparecer al juicio de amparo, pues no definía propiamente el concepto de interés jurídico. Así, fue este Alto Tribunal el que, a partir de los elementos contenidos en el texto constitucional y en la Ley de Amparo, desarrolló el término de parte agraviada. Durante la Quinta Época se exigía para corroborar el interés del quejoso, la existencia de un nexo directo entre el acto reclamado y la situación en que éste se encontraba, es decir, que la afectación fuese real y positiva en torno a intereses jurídicos. En la Sexta Época se sostuvo que el interés jurídico se refería a que el quejoso fuese titular de los derechos, propiedades o posesiones conculcados por el acto de autoridad. A partir de la Séptima Época se señaló que, para que un interés mereciera el calificativo de jurídico, era necesario que el derecho objetivo se hiciera cargo de éste a través de una norma; en otras palabras, que existiera un derecho subjetivo a favor de la parte quejosa. En la Octava Época se reiteraron los anteriores criterios para establecer que la tutela del juicio de amparo sólo se refería a bienes jurídicos reales y objetivos, susceptibles de apreciarse de forma objetiva. Finalmente, durante la Novena Época se afirmó que el concepto de referencia no había sufrido una gran variación en su interpretación, aunque se reconoció que había cambiado el entendimiento de la situación en la cual podía hablarse de la existencia de un derecho objetivo conferido por el ordenamiento jurídico, en contraposición a un simple beneficio o ventaja fáctica o material(13).—Derivado de las reformas que han sobrevenido al juicio de amparo, particularmente la constitucional del 6 de junio de 2011, en relación con la del 10 del mismo mes y año en materia de derechos humanos, materializadas con la promulgación de la Ley de Amparo vigente, se introdujeron diversas modificaciones al esquema y alcances de este medio extraordinario de defensa, entren las que destaca la relativa al interés necesario para promover dicho medio de control de constitucionalidad. De esa manera, lo referente a quién tiene el carácter de parte quejosa quedó regulado de la siguiente manera en los artículo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28388-ca760cd1/inmueble-establecido-como-domicilio-conyugal-para-acreditar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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