INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS PARA IMPUGNAR EL EMBARGO DE UN BIEN PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO ÉSTA NO SE HUBIERE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 313/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 10 DE MAYO DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ARTURO GUERRERO ZAZUETA.
III. Competencia
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(6) 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;(7) así como en el punto segundo, fracción VII, parte final, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013. Esto es así en atención a que se trata de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, que versa sobre una materia (civil) que cae dentro del ámbito de especialidad de esta Sala, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno, por no revestir un interés excepcional que lo amerite.
IV. Legitimación
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, la presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por una de las partes en el juicio de amparo del que derivó el recurso de revisión que motivó esta contradicción.
V. Criterios contendientes
Antes de describir los criterios que han dado origen a la presente contradicción de tesis, es pertinente destacar que no es necesaria la existencia de una tesis aislada o jurisprudencial para la denuncia de una contradicción de tesis, pues basta para ello que los criterios contendientes estén plasmados en una ejecutoria.(8) No obstante, cuando sí existe una tesis, para la resolución de una contradicción de tesis no se requiere tener a la vista la ejecutoria de la que derivó, siempre y cuando su texto resulte claro.(9) Por consiguiente, sólo será necesario atender a la ejecutoria cuando la tesis redactada: (i) contenga elementos jurídicos no abordados en la ejecutoria que le dio origen;(10) o, (ii) sea confusa o esté incompleta.(11)
Pese a lo anterior, tomando en consideración el sentido de la presente contradicción de tesis, será necesario precisar tanto el marco fáctico de los asuntos de los que derivaron los criterios contendientes, como los preceptos legales aplicados en cada caso y los razonamientos dados por los órganos colegiados para sustentar su determinación, pues esos elementos son fundamentales para acotar la construcción del criterio de esta Sala.
1) Criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito
a) Antecedentes fácticos
********** y ********** contrajeron matrimonio el 14 de diciembre de 1974, bajo el régimen de sociedad conyugal. La sociedad conyugal no fue inscrita en el Registro de Sociedades Civiles.
El 11 de abril de 2002, ********** adquirió el bien inmueble ubicado en calle **********, lote **********, manzana **********, zona **********, ejido **********, Veracruz, Veracruz, el cual posteriormente fue embargado y rematado a consecuencia de la condena que se le impuso en el juicio ordinario civil **********/2010. Ante ello, y específicamente en contra de la orden de desocupación del bien, ********** promovió juicio de amparo indirecto, en el que adujo que el bien objeto de la controversia formaba parte de la sociedad conyugal y, por ende, la sentencia reclamada le causaba agravio.
b) Preceptos legales aplicados
Al analizar el tema sobre el que versa la presente contradicción, el Tribunal Colegiado hizo referencia a los siguientes preceptos del Código Civil de Veracruz de Ignacio de la Llave:
"Artículo 171. La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.
"A falta de capitulaciones, en el caso de presunción legal de la sociedad conyugal a que se refiere la parte final del artículo 166, ésta se regirá por los preceptos relativos de la sociedad o la copropiedad, en cuanto le sean aplicables, y en tanto los cónyuges no otorgan capitulaciones que fijen en definitiva y a su arbitrio el régimen de sociedad o el de separación de bienes."
"Artículo 2627. El contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles para que produzca efectos contra tercero."
c) Consideraciones jurídicas
El órgano colegiado sostuvo que en el juicio de amparo, la afectación al interés jurídico debe corroborarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. Por consiguiente, consideró que la acreditación de: (i) la existencia del vínculo matrimonial bajo el régimen de sociedad conyugal; (ii) el carácter de tercero extraño en un juicio; y, (iii) la presunción de que se tuvo la posesión del inmueble controvertido, no resultan medios de convicción suficientes para corroborar la afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa.
En ese sentido, concluyó que la prueba idónea para acreditar que un bien pertenece a la sociedad conyugal -y que el derecho respectivo resulta oponible frente a terceros- es la inscripción del mismo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a nombre precisamente de la sociedad. Ello, toda vez que considerar lo contrario implicaría hacer un pronunciamiento en torno al derecho real de los cónyuges sobre el reconocido a favor del tercero perjudicado, cuyo derecho nació del juicio en que se embargó, remató y adjudicó el inmueble.
Lo anterior quedó plasmado por el Tribunal Colegiado en la tesis aislada, de rubro y texto siguientes:
"INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, TRAE COMO CONSECUENCIA LA FALTA DE AQUÉL, RESPECTO DEL CÓNYUGE EXTRAÑO AL JUICIO EN DONDE SE ADJUDICÓ EL INMUEBLE A UN ADQUIRENTE DE BUENA FE. No basta que el cónyuge quejoso acredite el carácter de tercero extraño al juicio de donde dimanan los actos reclamados, así como la existencia del vínculo matrimonial, bajo el régimen de sociedad conyugal, y que indiciariamente tenía la propiedad sobre el inmueble del que pretende ser lanzado, para tener por demostrado el interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto; toda vez que su afectación debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones; en ese sentido, debe probarse que el inmueble se encontraba inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a nombre de la sociedad conyugal, a fin de que fuese oponible a terceros; aceptar lo contrario, implicaría que el tribunal federal estuviese haciendo un pronunciamiento en torno a la titularidad de dicho bien, sobre el expedido a favor de un tercero, quien adquirió un derecho real de propiedad sobre el mismo inmueble, con motivo de un remate y posterior escrituración, a fin de establecer que el quejoso también es propietario, siendo que de ello corresponde decidir a los órganos jurisdiccionales del orden común, en un juicio contradictorio en que se dilucide a quién corresponde la propiedad; consecuentemente, al faltar la inscripción del inmueble a favor de la sociedad conyugal, el cónyuge tercero extraño carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo."(12)
2) Criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito
a) Antecedentes fácticos
El 30 de enero de 2010 ********** y ********** contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. Meses después (abril de 2010), se decretó en el juicio ejecutivo mercantil **********/2009 (en el que ********** figuraba como parte demandada), el embargo de un inmueble que ********** adujo formaba parte de la sociedad conyugal. Consecuentemente, este último, en calidad de cónyuge tercero extraño a juicio, presentó demanda de amparo indirecto.
Es pertinente destacar que el predio embargado se encontraba inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la entidad a nombre de ********** desde el 15 de enero de 1988, es decir, 22 años antes de la celebración del matrimonio.
b) Preceptos legales aplicados
El órgano colegiado sustentó su determinación, entre otros, en los siguientes artículos del Código Civil del Estado de Durango:
"Artículo 179. La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formularla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes."
"Artículo 180. Las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la sociedad conyugal, constarán en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida."
"Artículo 182 Bis. En la sociedad conyugal salvo pacto en contrario que conste en las capitulaciones matrimoniales son propios de cada uno de los cónyuges:
"I. Los bienes y derechos que le pertenezcan al tiempo de celebrarse el matrimonio, y los que posea antes de éste, aunque no fuera dueño de ellos, si los adquiere por prescripción durante el matrimonio;
"II. Los bienes que adquiera después de contraído el matrimonio, por herencia, legado, donación o don de la fortuna;
"III. Los bienes adquiridos por cualquier título propio que sea anterior al matrimonio, aunque la adjudicación se haya hecho después de la celebración de éste; siempre que todas las erogaciones que se generen para hacerlo efectivo, corran a cargo del dueño de éste;
"IV. Los bienes que se adquieran con el producto de la venta o permuta de bienes propios;
"V. Objetos de uso personal;
"VI. Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio, salvo cuando éstos integren o pertenezcan a un establecimiento o explotación de carácter común. No perderán el carácter de privativos por el hecho de haber sido adquiridos con fondos comunes, pero en este caso el otro cónyuge que los conserve, deberá pagar a otro en la proporción que corresponda; y
"VII. Los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de contraer matrimonio, tendrán el carácter de privativo cuando la totalidad o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero propio del mismo cónyuge. Se exceptúan la vivienda, enseres y menaje familiares."
"Artículo 2880. Se inscribirán en el registro:
"I. Los títulos por los cuales se adquiere, tramite (sic), modifica, grava o extingue el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles; ..."
"Artículo 2881. Los documentos que conforme a esta ley deben registrarse y no se registren, sólo producirán efectos entre quiénes los otorguen, pero no podrán producir perjuicios a tercero, el cual si podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables."
c) Consideraciones jurídicas
El Tribunal Colegiado sostuvo en la parte medular del amparo en revisión **********/2015, lo siguiente:
"Por ello, si de los certificados de libertad de gravamen se advierte que el inmueble de mérito fue adquirido únicamente por la cónyuge demandada en el juicio natural, a través de un contrato de compraventa inscrito en el Registro Público de la Propiedad sólo a su nombre antes de la celebración del matrimonio, es inconcuso que sólo respecto de ésta se perfeccionó la traslación de dominio y, por tal razón, el bien no pertenece a la sociedad conyugal frente a terceros, de acuerdo con lo previsto en los artículos 179, 180, 182 Bis, 2880, fracción I y 2881 del Código Civil de Durango, los cuales establecen lo siguiente:
"...
"Por tanto, es indudable que dado el sistema registral, el aquí quejoso no tiene derecho de propiedad alguno sobre el bien inmueble embargado y rematado en el juicio ejecutivo mercantil de origen frente a terceros, sino sólo su cónyuge y, por ende, los actos reclamados no afectaron su interés jurídico o legítimo.
"En efecto, conforme a los numerales 5o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra actos jurisdiccionales que no afecten real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos del quejoso, entendiéndose por éstos el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva.
"Ahora bien, si el régimen de la comunidad conyugal no es inscrito en el Registro Público de la Propiedad, sólo producirá efectos entre los contrayentes, pero no en perjuicio de terceros que pretendan u obtengan el reconocimiento, la declaración o la constitución de derechos reales sobre los bienes supuestamente gananciales en un juicio seguido contra su consorte.
"Por tanto el aquí quejoso, cuyos derechos gananciales permanecen ocultos, carece de interés jurídico y legítimo para reclamar el embargo, remate y adjudicación del bien inmueble que nos ocupa, pues debido a la falta de publicidad de la sociedad conyugal, no cuenta con la facultad de exigencia necesaria para que se le reconozca como titular de un derecho subjetivo defendible a través del amparo, por ello, procede revocar la sentencia que se revisa y concluir que en el caso en contra de tales actos se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el juicio.
"Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada clave VII.1o.C.14 C (10a.), que se comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, Décima Época, página 2448, cuyos rubro y texto dicen:
"‘INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, TRAE COMO CONSECUENCIA LA FALTA DE AQUÉL, RESPECTO DEL CÓNYUGE EXTRAÑO AL JUICIO EN DONDE SE ADJUDICÓ EL INMUEBLE A UN ADQUIRENTE DE BUENA FE. ...’
"Sin que resulte aplicable la jurisprudencia que invoca el tercero interesado, aquí recurrente, en su escrito recibido el veinticuatro de agosto de dos mil quince, clave 1a./J. 47/2001, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, septiembre de 2011, Novena Época, página 432, de rubro: ‘SOCIEDAD CONYUGAL. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE FORMULAR CAPITULACIONES MATRIMONIALES. EN ESE RÉGIMEN PATRIMONIAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000).’, en virtud de que ésta interpretó el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal vigente para el Distrito Federal hasta el treinta y uno de mayo de dos mil y no la legislación civil del Estado de Durango, la cual exige que cuando los esposos pacten hacerse copropietarios o transferirse la propiedad de los bienes que constituyen la sociedad conyugal, deben formularse las capitulaciones matrimoniales correspondientes para que sea válida la traslación e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. ..."
3) Criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito
a) Antecedentes fácticos
En el juicio ejecutivo mercantil **********/2003 seguido en contra de ********** el 1o. de diciembre de 2003 se decretó el embargo, remate y adjudicación del inmueble ubicado en calle **********, casa **********, colonia **********, Puebla, Puebla, el cual se encontraba inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre del demandado, desde el 13 de julio de 2000.
Ante tal circunstancia, **********, quien contrajo matrimonio con el demandado el 19 de enero de 1975, bajo el régimen de sociedad conyugal, promovió juicio de amparo indirecto, pues adujo ser propietaria del 50% del bien gravado, ya que éste pertenecía a la sociedad conyugal.
b) Preceptos legales aplicados
El Tribunal Colegiado fundó su determinación, entre otros, en los siguientes preceptos del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla:
"Artículo 355. Son bienes propios de uno de los cónyuges:
"I. Los que le pertenecían al celebrarse el matrimonio.
"II. Los que adquiera, durante la sociedad, por donación, herencia o legado constituido a su favor.
"III. Los comprendidos en la parte señalada a cada uno de los cónyuges, en la donación, herencia o legado hecho a ambos con designación de partes.
"IV. Los adquiridos por título anterior al matrimonio, si la adquisición se perfecciona durante éste.
"V. Los comprados con dinero obtenido de la venta de bienes raíces que le pertenecían, para adquirir otros también raíces, que sustituyan a los vendidos.
"VI. Los inmuebles permutados por otros bienes raíces que le eran propios.
"VII. El precio obtenido por la venta de inmuebles propios.
"VIII. El inmueble respecto al cual era titular de la nuda propiedad al celebrarse el matrimonio y que durante éste se consolida con el usufructo.
"IX. Los créditos contraídos a su favor, antes del matrimonio, y pagaderos después de éste."
"Artículo 358. Forman el fondo de la sociedad conyugal:
"...
"V. El precio pagado con dinero de la sociedad conyugal, para adquirir inmuebles en favor de uno de los cónyuges, por virtud de un título anterior al matrimonio.
"...
"IX. Los bienes adquiridos a título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, ya se haga la adquisición para la sociedad conyugal o ya para uno sólo de los cónyuges."
c) Consideraciones jurídicas
El Tribunal Colegiado consideró que basta con que el cónyuge tercero extraño pruebe la existencia del vínculo matrimonial y que éste se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal previo a que se hubiese trabado el embargo, para que se acredite que tiene interés jurídico para solicitar la protección constitucional. Ello, toda vez que se presume que los bienes adquiridos por los consortes a título individual -sin importar que se demuestre que la adquisición fue a costa del caudal común- pertenecen a la sociedad conyugal.
Consecuentemente, el hecho de que el bien gravado no se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre de la sociedad conyugal, en nada incide para reconocerle la calidad de quejosa en el amparo, con base en las siguientes premisas: (i) que el Registro Público de la Propiedad es una institución declarativa y no constitutiva de derechos, cuya función principal es que un derecho sea oponible a terceros; y, (ii) dado que la contraparte en el juicio ejecutivo mercantil es sólo titular de un derecho personal y no así de uno real, no se le puede reconocer el carácter de "tercero" a que alude el inciso anterior.
Dichas consideraciones dieron lugar a la tesis aislada, de rubro y texto siguientes:
"INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE EL CÓNYUGE DE LA DEMANDADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SI ACREDITA, ANTES DE TRABARSE EL EMBARGO, LA EXISTENCIA DEL MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO LOS BIENES QUE LA CONFORMAN NO ESTÉN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-Conforme a los artículos 355 y 358 del Código Civil para el Estado de Puebla, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley, se presumen como pertenecientes a la sociedad conyugal los bienes adquiridos por los consortes a título individual; de manera que para acreditar el interés jurídico en el amparo interpuesto contra el embargo trabado sobre alguno de estos bienes, en un juicio ejecutivo mercantil seguido contra uno de los cónyuges, basta que el otro demuestre la existencia del vínculo matrimonial y que éste se celebró bajo dicho régimen legal antes de trabarse el embargo. Asimismo, las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio sólo tienen efectos declarativos, mas no constitutivos de derechos; por ello, la falta de inscripción registral de los bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad conyugal sólo produce la consecuencia de que el derecho respectivo no sea oponible a terceros, carácter que conforme al diverso 2990 de la codificación en cita, tiene la persona que adquiere a título particular y por acto entre vivos, la propiedad o derechos reales de quienes aparezcan en las inscripciones del registro como titulares de aquélla o de estos derechos; concepto en el que no se incluye el titular de un derecho personal, como el embargante en un juicio ejecutivo mercantil. Por tanto, la falta de inscripción registral de los bienes que conforman la sociedad conyugal, no se traduce en la carencia de interés jurídico del cónyuge no demandado en un juicio ejecutivo mercantil, para promover el juicio de amparo en defensa de la parte alícuota que le corresponde del bien embargado, ya que el derecho real de que es titular le confiere esa legitimación frente al derecho personal o de crédito del embargante."(13)
VI. Existencia de la contradicción
Respecto de la procedencia de las contradicciones de tesis, es importante señalar que la intervención de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación -y de los Plenos de Circuito- se justifica por la necesidad de unificar criterios para dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia. En este sentido, el estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en algún tramo de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas, aunque no sean necesariamente contradictorias en términos lógicos.(14)
De lo anterior se desprende que, para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se hayan visto en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de una práctica interpretativa, dando lugar a la emisión de un criterio o tesis.
2) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque o contacto, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación desarrollada gire en torno a un mismo problema jurídico, independientemente de que las cuestiones fácticas que originan los asuntos no sean exactamente iguales.
3) Que las tesis o criterios de los órganos colegiados resulten contradictorios, lo que da lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si alguna forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquiera otra que, como aquélla, sea legalmente posible.
1) Ejercicio interpretativo o de arbitrio judicial
Como se advierte del examen de los criterios contendientes, los Tribunales Colegiados realizaron un ejercicio interpretativo que no se limitó a la aplicación de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, ejercieron su arbitrio jurisdiccional para analizar si la acreditación del interés jurídico del cónyuge tercero extraño en el juicio de amparo requiere que el bien que ha sido gravado y respecto del cual aquél alega tener un derecho por haber contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, debe estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre de la sociedad conyugal; o bien, si dicho interés se corrobora con la simple acreditación de que existe un vínculo matrimonial bajo ese régimen, que resulta previo al embargo respectivo, con independencia de su inscripción.
2) Punto de toque
a) Inexistencia de punto de toque entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito y los sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito
Como se advierte de lo expuesto con anterioridad, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito no gira en torno al mismo problema jurídico resuelto por los otros dos órganos colegiados, pues a pesar de que también analiza los alcances de la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad a efecto de acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, lo cierto es que la premisa de la que parte para su estudio es completamente diferente.
En efecto, los tres Tribunales Colegiados abordan lo relativo al interés jurídico del cónyuge tercero extraño en el juicio de amparo a partir de la trascendencia de la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad; sin embargo, uno de ellos parte de un presupuesto fáctico diferente que impide un auténtico contraste de criterios.
Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito enfocó su análisis en la determinación de si un bien inmueble adquirido con anterioridad a la celebración del matrimonio puede presumirse parte del fondo de la sociedad conyugal, o bien, si para ello es requisito que se acredite que se encuentra inscrito a nombre de la sociedad en el Registro Público de la Propiedad. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito orientaron su estudio a determinar si un predio adquirido por los cónyuges con posterioridad a la celebración del matrimonio se incorpora automáticamente a la sociedad conyugal y si para la acreditación del derecho real tiene trascendencia que éste se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
En esas condiciones, es claro que la interpretación hecha por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito no resuelve una cuestión jurídica análoga a la valorada por los otros dos Tribunales Colegiados y, más bien, versa sobre una problemática diversa. Consecuentemente, no puede existir la posibilidad de que se origine una contradicción de criterios que permita a esta Primera Sala pronunciarse al respecto.
b) Existencia de un punto de toque entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito
Por otra parte, los Tribunales Colegiados Primero en Materia Civil del Séptimo Circuito y Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito sí abordaron un mismo punto de estudio, a pesar de que las secuelas procesales analizadas por cada uno resultan distintas. En concreto, ambos colegiados se pronunciaron en torno a una misma cuestión jurídica (la existencia de interés jurídico para la promoción del juicio de amparo), la cual inclusive abordaron con base en la interpretación de las mismas premisas, a saber: (i) existencia de un vínculo matrimonia (sic) sujeto al régimen de sociedad conyugal; (ii) no celebración de capitulaciones matrimoniales; (iii) adquisición de los inmuebles en litigio durante la vigencia de la sociedad conyugal; y, (iv) regulación análoga en los códigos civiles de cada entidad (Puebla y Veracruz) sobre la sociedad conyugal y la inscripción de las capitulaciones matrimoniales en el Registro Público de la Propiedad.
En estos términos, es evidente que, dado que la cuestión jurídica abordada por los órganos colegiados es la misma, podría surgir una contradicción de criterios que debe ser analizada.
3) Contradicción de criterios
Finalmente, esta Primera Sala estima que las consideraciones expresadas por los Tribunales Colegiados, respecto de los cuales se detectó un punto de toque en los términos precisados en el apartado anterior, resultan abiertamente contradictorias. Lo anterior es así, pues el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito sostiene que, para acreditar el interés jurídico de un cónyuge tercero extraño en un juicio de amparo en el que se combate el embargo de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, es necesario que éste se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre de la sociedad; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito interpretó que basta con la comprobación de la existencia del vínculo matrimonial bajo el régimen de sociedad conyugal, que resulte previo al embargo del inmueble controvertido, para que se acredite el interés jurídico del otro cónyuge en el juicio de amparo.
En ese contexto, es patente que, en el caso, los Tribunales Colegiados involucrados emitieron criterios sobre un mismo punto de derecho y arribaron a conclusiones distintas, a partir de las cuales es posible formular una pregunta genuina sobre la mejor forma de resolver dicha cuestión jurídica.
En efecto, se considera que la problemática a resolver en el presente asunto consiste en determinar si ¿es necesario que un inmueble que p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27434-fba34fb7/interes-juridico-para-promover-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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