Corpus
Modo: Corpus Pro

EMBARGO SOBRE INMUEBLES PRACTICADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE CONSIDERARSE UN DERECHO DE NATURALEZA PERSONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 289/2016. · Registro digital (IUS): 27433
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-11-10
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN, EN APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCU
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, Pág. 343.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 289/2016. SUSCITADA ENTRE EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN, EN APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 14 DE JUNIO DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de un Tribunal Auxiliar en apoyo a un Tribunal Colegiado de Circuito,(9) y los emitidos por diversos Tribunales Colegiados de otros Circuitos, en un tema derivado de juicios mercantiles que corresponde a la especialidad de la Primera Sala.

Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso fue realizada por el Magistrado integrante del Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Morelia, Michoacán, órgano que sostuvo uno de los criterios que aquí contienden.

TERCERO.-Criterios contendientes. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. El siete de julio de dos mil dieciséis, el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, dictó resolución en el expediente auxiliar 367/2016, correspondiente al amparo en revisión 146/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito (tribunal auxiliado), con sede en Pachuca, Hidalgo, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de la falta de emplazamiento, y de todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil **********, del índice del Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, incluyendo el requerimiento de pago y el acta de embargo, así como la inscripción del mismo y su prórroga.

2. Del asunto conoció el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, el cual dictó sentencia el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, en la que sobreseyó en el juicio con base en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI (a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo vigente,(10) al considerar que la quejosa no tenía carácter de tercero extraña a juicio, pues no demostró que la sociedad conyugal contraída con el demandado en el juicio de origen estuviera inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y además de que la quejosa fue oída en el juicio natural a través de su esposo.(11)

3. En contra de tal resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, el que se turnó al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito (expediente 146/2016). Luego, dicho asunto fue remitido para su resolución al Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región (expediente interno 367/2016), el que dictó sentencia el siete de julio de dos mil dieciséis, en la que, por mayoría de votos, confirmó la sentencia recurrida. En su ejecutoria, el tribunal resolutor sostuvo las siguientes consideraciones:

• Es infundado lo alegado en el sentido de que el Juez de Distrito se equivoca al determinar que es necesario que las capitulaciones matrimoniales estén inscritas en el Registro Público de la Propiedad para que la quejosa tenga legitimación jurídica para defender la parte alícuota del inmueble que fue embargado al demandado en el juicio de origen.

• Lo cierto es que para que el régimen de sociedad conyugal surta efectos ante terceros, se deben especificar los bienes que vayan a formar parte de dicha sociedad y, además, realizar la inscripción respectiva ante el Registro Público de la Propiedad. Sólo así es posible que se reconozcan los derechos adquiridos con motivo de las acciones que integran el capital social de una sociedad y puedan ser oponibles contra terceros, ya que dicha inscripción da publicidad al acto jurídico ante terceros.

• No resulta válido argumentar que la inscripción de la sociedad conyugal no es necesaria y, que por ende, la demanda debe dirigirse en contra de ambos cónyuges, ya que debe existir una declaración expresa de los cónyuges al celebrar las capitulaciones matrimoniales respecto de los bienes que forman la sociedad conyugal y darle publicidad a dicho acto jurídico, lo cual es una cuestión de orden público e interés social que procura seguridad jurídica. De no hacerse dicha inscripción, los derechos no surten efectos ante terceros, sino sólo entre las partes.

• La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él y puede comprender no sólo los bienes que sean de los cónyuges al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes, de modo que aunque se haya adoptado el régimen de sociedad conyugal no todos los bienes que adquieran los cónyuges forman parte de ésta, sino que dichos bienes deben ser especificados. Luego, si lo que se pretende es que dicho régimen surta efectos contra terceros, es necesaria su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

• Por tanto, la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que está registrado a nombre de sólo uno de los cónyuges provoca que el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real sobre ese mismo bien.

• Así pues, si en un procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil el postor o adjudicatario que ha cubierto el precio de la venta judicial adquiere un derecho de propiedad sobre el inmueble rematado, lo que implica que adquiere un auténtico derecho real sobre ese bien, por lo que es inconcuso que la falta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de sólo uno de los cónyuges provoca que el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción no pueda oponerse al derecho real adquirido mediante el procedimiento de remate y adjudicación del juicio ejecutivo.

• En el caso particular, la quejosa es esposa del demandado en el juicio ejecutivo en el que se llevó a cabo el embargo del bien inmueble que sólo está inscrito en el Registro Público de la Propiedad en favor de su esposo, sin que estén inscritas las capitulaciones matrimoniales que hagan constar que el bien forma parte de la sociedad conyugal. Por tanto, el derecho de copropiedad de la esposa (quejosa) no es oponible frente a la parte embargante en el juicio de origen.

• Dicha inscripción era necesaria para que la quejosa pudiera hacer valer sus derechos reales frente a los derechos reales (sic) obtenidos por el aquí tercero interesado en su calidad de parte actora y embargante en el juicio de origen. Ello, en virtud de que la sociedad conyugal no comprende necesariamente la totalidad de los bienes adquiridos por los cónyuges durante ese régimen, sino que corresponde a éstos determinar qué bienes constituyen dicha sociedad, lo que debe quedar plasmado en las capitulaciones matrimoniales, las cuales para surtir efectos deben estar inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

• Por encima de los derechos reales adquiridos por la recurrente con motivo de la sociedad conyugal se encuentran las disposiciones de orden público e interés social que imponen la obligación de inscribir en el Registro Público de la Propiedad los títulos por lo que se adquieren, transmiten o extinguen el dominio, la posesión o los demás derechos reales, con la sanción de que de no hacerlo, no surtirán efectos ante terceros.

• De este modo, los derechos que la quejosa aduce que le asisten sobre el bien inmueble embargado en el juicio de origen no son oponibles a terceros de buena fe, como son los embargantes (sic) en el juicio mercantil de origen, toda vez que no se hicieron públicas las capitulaciones matrimoniales derivadas de la sociedad conyugal. Por ende, el actor en el juicio de origen no estaba obligado a llamar a la quejosa al juicio ejecutivo mercantil.

• Es infundado que no era aplicable al caso la tesis de jurisprudencia: "SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN UN PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.". Porque sólo fue invocado por el Juez de Distrito como criterio orientador.

• Los agravios también son inoperante (sic) porque la recurrente omite combatir los argumentos del Juez de amparo sobre la improcedencia del juicio, derivados de que al haber contraído matrimonio la quejosa bajo el régimen de sociedad conyugal, y su esposo compareció al natural como demandado, la quejosa no era tercero extraña, sino que fue oída por conducto del demandado.

• Lo procedente es confirmar en sus términos el fallo recurrido, en el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo.

II. El cuatro de diciembre de dos mil ocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito dictó resolución en el amparo en revisión 369/2008, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil **********, del índice del Juez Primero de los (sic) Civil de la ciudad de Puebla, instaurado en contra de **********, incluyendo las diligencias de embargo y auto que declaró fincado el remate de un bien inmueble y ordena la escrituración del mismo y desocupación y entrega.(12)

2. Del asunto conoció la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, la cual dictó sentencia el veintiocho de agosto de dos mil ocho, en la que sobreseyó en el amparo respecto a la falta de llamamiento a juicio y lo actuado dentro de éste, al considerar actualizada la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada,(13) toda vez que la parte demandada en el juicio de origen fue **********, que es una persona distinta a la quejosa, de modo que si la quejosa no forma parte de la relación procesal no había afectación alguna a su esfera jurídica por no haber sido llamada a juicio ni tener intervención en el proceso. Por otro lado, concedió el amparo respecto al embargo practicado sobre el bien inmueble en el juicio de origen, al estimar que le afectaba en su derecho de propiedad respecto al cincuenta por ciento que le correspondía a la quejosa sobre tal inmueble, debiendo quedar subsistente el embargo por el otro cincuenta por ciento propiedad del demandado; por lo que debían realizarse las gestiones necesarias para dejar insubsistente la adjudicación del cincuenta por ciento del embargo trabado sobre el inmueble afecto.

3. En contra de tal resolución, el tercero perjudicado (actor en el juicio de origen) interpuso recurso de revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (369/2008). Dicho órgano dictó sentencia el cuatro de diciembre de dos mil ocho, en la que confirmó la sentencia impugnada, para lo cual sostuvo las siguientes consideraciones:

• Contrario a lo alegado por el recurrente, la Juez no se apoyó únicamente en el certificado de libertad de gravámenes expedido por el registrador público de la Propiedad y del Comercio para considerar a la quejosa, como tercero extraña al procedimiento natural, copropietaria del inmueble embargado en tal juicio, sino que además de dicho certificado, se basó en la copia del acta de matrimonio de la quejosa; para concluir que la quejosa contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, con el demandado en el natural, a quien se le embargó el bien con posterioridad a la celebración del matrimonio; pues los bienes adquiridos durante tal matrimonio pertenecen a ambos cónyuges.

• La jurisprudencia invocada por la Juez de Distrito, de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INTERPUESTO CONTRA EL EMBARGO TRABADO SOBRE UN BIEN PERTENECIENTE A AQUÉLLA, NO ES NECESARIO DEMOSTRAR QUE SE ADQUIRIÓ CON RECURSOS DEL CAUDAL COMÚN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).",(14) establece que, conforme a los artículos 355 y 358 del Código Civil del Estado de Puebla, salvo las excepciones previstas en ley, se presumen como pertenecientes a la sociedad conyugal los bienes adquiridos por los consortes a título individual, por lo que para acreditar el interés jurídico en el amparo interpuesto contra el embargo trabado sobre uno de esos bienes en un juicio seguido contra uno de los cónyuges, basta que el otro pruebe la existencia del vínculo matrimonial y de la sociedad conyugal al trabarse el embargo, sin que sea necesario demostrar que la adquisición fue a costa del caudal común.

• En el caso, la quejosa justificó que está casada con el demandado del juicio de origen y que ese contrato civil se celebró con anterioridad a la fecha del embargo.

• Por tanto, también es infundado el agravio en el que se alega que el inmueble está registrado a nombre de ********** y que de ninguna forma se advierte la copropiedad de la quejosa, ya que como se dijo, la quejosa acreditó estar casada bajo el régimen de sociedad conyugal con dicho demandado.

• Las inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos de derechos, de modo que la falta de inscripción registral de los inmuebles de la sociedad conyugal sólo produce como consecuencia que el derecho no pueda ser oponible ante terceros.

• De acuerdo al artículo 2990 del Código Civil para el Estado de Puebla, no puede considerarse como tercero a aquel que es titular de un derecho personal, como lo es el embargante en el juicio ejecutivo mercantil.

• Así pues, la falta de inscripción registral de los bienes que constituyen la sociedad conyugal, no impide que el cónyuge no demandado en un juicio ejecutivo mercantil tenga interés en el juicio de amparo que promueva para defender la parte alícuota que le corresponde del bien embargado, toda vez que el derecho real de que es titular le confiere esa legitimación frente al derecho personal o de crédito que corresponde al embargante.(15)

• Si bien es verdad que, conforme a los artículos 349 y 350 del Código Civil de la entidad, quien esté casado bajo el régimen de sociedad conyugal debe manifestar al Juez al contestar la demanda la información relativa a su matrimonio (fecha, nombre de cónyuge y domicilio), y que en el supuesto de que no cumpla tal obligación o cuando el juicio se siga en rebeldía, la sentencia surtirá efectos a favor o en contra del cónyuge no demandado, pero de los daños y perjuicios que esa sentencia le cause responderá el cónyuge demandado; también lo es que dichas disposiciones no son aplicables al Código de Comercio, pues el ordenamiento sustantivo supletorio en materia mercantil lo es el Código Civil Federal, no el local; y ni el Código de Comercio, ni el Código Civil Federal contemplan una disposición similar, por lo que tratándose de los juicios mercantiles, el cónyuge demandado no debe cumplir con esa obligación; lo que además apoyó en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2001, de rubro: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. INAPLICABILIDAD SUPLETORIA DE LOS ARTÍCULOS 349 Y 350 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA AL CÓDIGO DE COMERCIO."

• Con motivo de lo anterior, el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia recurrida.

• De las referidas consideraciones derivó la siguiente tesis de rubro y texto:

"INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE EL CÓNYUGE DE LA DEMANDADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SI ACREDITA, ANTES DE TRABARSE EL EMBARGO, LA EXISTENCIA DEL MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO LOS BIENES QUE LA CONFORMAN NO ESTÉN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-Conforme a los artículos 355 y 358 del Código Civil para el Estado de Puebla, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley, se presumen como pertenecientes a la sociedad conyugal los bienes adquiridos por los consortes a título individual; de manera que para acreditar el interés jurídico en el amparo interpuesto contra el embargo trabado sobre alguno de estos bienes, en un juicio ejecutivo mercantil seguido contra uno de los cónyuges, basta que el otro demuestre la existencia del vínculo matrimonial y que éste se celebró bajo dicho régimen legal antes de trabarse el embargo. Asimismo, las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio sólo tienen efectos declarativos, mas no constitutivos de derechos; por ello, la falta de inscripción registral de los bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad conyugal sólo produce la consecuencia de que el derecho respectivo no sea oponible a terceros, carácter que conforme al diverso 2990 de la codificación en cita, tiene la persona que adquiere a título particular y por acto entre vivos, la propiedad o derechos reales de quienes aparezcan en las inscripciones del registro como titulares de aquélla o de estos derechos; concepto en el que no se incluye el titular de un derecho personal, como el embargante en un juicio ejecutivo mercantil. Por tanto, la falta de inscripción registral de los bienes que conforman la sociedad conyugal, no se traduce en la carencia de interés jurídico del cónyuge no demandado en un juicio ejecutivo mercantil, para promover el juicio de amparo en defensa de la parte alícuota que le corresponde del bien embargado, ya que el derecho real de que es titular le confiere esa legitimación frente al derecho personal o de crédito del embargante."(16)

III. El diez de octubre de dos mil trece, el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (actual Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito) dictó resolución en el amparo en revisión 240/2013, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil **********, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas, y en contra del auto de cinco de abril de dos mil trece dictado por dicho Juez, por medio del cual sacó a remate el bien inmueble embargado en el juicio.

2. Seguido el trámite, el Juez de amparo dictó sentencia el dieciocho de junio de dos mil trece, en la que negó el amparo respecto a la falta de emplazamiento, al considerar que la quejosa fue oída y vencida en el juicio ejecutivo de origen por conducto de su cónyuge demandado, **********, dado que se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, por lo que hay causahabiencia entre los cónyuges. Por otro lado, sobreseyó en el juicio respecto al auto que ordenó el remate del inmueble, al estimar que no se trataba de la última resolución dictada dentro del periodo de ejecución de sentencia.

3. En contra de dicha sentencia, la quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (240/2013). El diez de octubre de dos mil trece, dicho tribunal dictó sentencia en el asunto, en la que revocó la resolución recurrida y concedió el amparo a la quejosa respecto a la falta de llamamiento al procedimiento de remate dentro del juicio de origen. En su sentencia, el tribunal sostuvo las siguientes consideraciones:

• Es fundado el agravio en el sentido de que no es necesario que la quejosa, al no ser parte en el juicio de origen, sino tercera extraña al mismo, espere a la emisión de la última resolución en el periodo de ejecución de sentencia para promover la demanda de amparo que afecta su derecho de propiedad, sino que lo puede hacer al momento que tiene conocimiento de dichos actos.

• No es óbice a lo anterior que la quejosa haya promovido una tercería excluyente de dominio, ya que ésta le fue desechada de modo que no quedó integrada a la relación procesal. Además, dicha tercería tiene como fin excluir de la ejecución un bien del que es propietario un tercero, lo que no pretende la quejosa, sino que se le respete su parte alícuota a título de gananciales sobre el inmueble que forma parte del patrimonio del demandado en el juicio principal de donde deriva el embargo, al haberse adquirido como parte de la sociedad conyugal.

• Del análisis de las constancias se advierte que los actos reclamados no fueron fijados correctamente en el amparo, por lo que deben tenerse como tales: a) el embargo trabado en el juicio de origen sobre un bien inmueble; y, b) la falta de llamamiento de la quejosa al procedimiento de remate, en su carácter de copropietaria del inmueble. Sin que la falta de emplazamiento sea acto reclamado, a pesar de haberse señalado por la quejosa como tal, ya que en el juicio ejecutivo de origen no se dilucidó un derecho real, sino el personal derivado de un título ejecutivo mercantil que trae aparejada ejecución, con motivo de lo cual se embargó un inmueble del que la quejosa aduce ser copropietaria a título de gananciales, ya que está casada con el demandado bajo el régimen de sociedad conyugal.

• De este modo, no se actualiza la figura de la causahabiencia entre el demandado y la quejosa, ya que no existió sustitución de derechos, pues la quejosa no pretende ser emplazada al juicio ejecutivo mercantil para discutir algún derecho derivado del título de crédito, sino para ser llamada al procedimiento de remate en su carácter de copropietaria del inmueble embargado.

• Conforme a la apuntada precisión de los actos reclamados, se re examinan los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo.

• Al respecto, estimó el Tribunal Colegiado que la falta de llamamiento de la quejosa al procedimiento de remate en su carácter de copropietaria transgrede sus derechos de legalidad y seguridad jurídica, pues se le priva del derecho a defender los gananciales que tiene sobre el inmueble embargado, mediante la designación de perito valuador, inconformarse con el avalúo y ejercer el derecho del tanto como copropietaria del inmueble.

• No es óbice a lo anterior que en el juicio de origen se haya ordenado llamar a la quejosa como acreedora para que tuviera intervención en la diligencia de remate, pues ello no da oportunidad de intervenir en los actos que tienden a vulnerar su derecho de propiedad sobre el inmueble, de modo que se le debe llamar a juicio a la copropietaria para que esté en aptitud de defender los gananciales que tiene sobre el inmueble embargado.

• No obstante, no procede dejar sin efectos la diligencia de embargo debido a que: es una institución procesal de carácter transitorio y temporal que nace y se agota con el proceso; es una medida asegurativa que tiene por objeto garantizar la eficacia de las sentencias de condena de dar sumas de dinero; no priva al ejecutado de la titularidad del bien embargado; en la especie se practicó sobre un bien inmueble que forma parte del patrimonio del demandado; la quejosa tiene derecho a gananciales sobre el bien embargado, en virtud de la sociedad conyugal que tiene con el demandado; el inmueble está proindiviso; y no es materia del juicio de amparo el determinar el porcentaje de gananciales de la quejosa.

• En realidad, lo que procede es dejar sin efectos lo actuado en el procedimiento de remate a partir del auto que ordena sacar a remate el bien embargado, y llamar al procedimiento a la quejosa para el fin señalado, con independencia de que sea llamada en su carácter de acreedora por haberse embargado al demandado en su carácter de deudor alimentario los gananciales a que tiene derecho sobre el bien embargado.

• De las anteriores consideraciones derivó la tesis de rubro y texto siguientes:

"REMATE. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO A UN TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, EL CUAL TIENE DERECHO A UNA PARTE ALÍCUOTA A TÍTULO DE GANANCIALES SOBRE UN INMUEBLE EMBARGADO QUE FORMA PARTE DEL PATRIMONIO DEL DEMANDADO. Si se considera que en el juicio ejecutivo mercantil no se dilucida un derecho real, sino uno personal derivado de un título mercantil que trae aparejada ejecución; que el embargo constituye una institución procesal de carácter transitorio y temporal, que nace y se agota con el proceso mismo y tiene por objeto garantizar la eficacia de la sentencia de condena de dar sumas de dinero dictadas en un proceso (medida asegurativa), además, no priva al ejecutado de la titularidad del bien embargado; en tal virtud, resulta evidente que la afectación que le produce a la parte que no es llamada al procedimiento de remate y tiene derecho a una parte alícuota a título de gananciales sobre el inmueble embargado el cual forma parte del patrimonio del demandado, es el que se le transgredan sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, porque se le priva de su derecho a defender los gananciales que tiene sobre el inmueble embargado, a través de designar perito valuador, inconformarse con el avalúo presentado por alguna de las partes del juicio (actora o demandada) e, incluso, a ejercer el derecho del tanto como copropietaria del inmueble a rematar, entre otros actos. De ahí que la protección constitucional que se le conceda debe ser para el efecto de dejar sin efectos lo actuado en el procedimiento, a partir del auto que ordena sacar a remate el bien embargado, y se le llame al mencionado procedimiento en su carácter de copropietario y no para que se deje sin efectos la diligencia de embargo practicada sobre el referido inmueble, máxime, porque no es materia en el juicio de amparo determinar el porcentaje de gananciales a que tiene derecho la quejosa."(17)

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. Como cuestión preliminar al análisis de la existencia de la contradicción de tesis, es necesario precisar que, aun cuando el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito) manifestó mediante oficio de treinta de agosto de dos mil dieciséis,(18) que en atención a la especialización en materia laboral que ahora ostenta y a la nueva integración del órgano, no le era posible seguir sustentando el criterio adoptado en el recurso de revisión 240/2013, del índice del entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que fue dictado en un asunto de naturaleza civil. Dicho criterio debe tenerse como vigente para efectos de contender en el presente asunto.

Lo anterior responde a que la manifestación señalada, no puede considerarse como un abandono del criterio de ese tribunal, con base en que constituye decisión reiterada de esta Primera Sala, que sólo puede afirmarse que un Tribunal Colegiado se aparta de su propio criterio cuando plasma uno diverso en una ejecutoria, lo que no acontece en el presente caso.

Es decir, para que un criterio judicial se considere como abandonado respecto de una contienda en una contradicción de tesis, es insuficiente la simple manifestación del órgano jurisdiccional en el sentido de que ya no podría seguir sosteniendo su criterio con motivo de un cambio de competencia por materia y de una nueva integración, pues para ello sería necesario que existiera una ejecutoria en la que se hubiere pronunciado en un sentido diferente sobre la misma temática que fue abordada en la ejecutoria, cuyo criterio pretenda abandonar.(19)

Aclarado lo anterior, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.

De diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:

1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hechos idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CI

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27433-ec3fa15b/embargo-sobre-inmuebles-practicado-en-un-juicio-ejecutivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.