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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ÉSTE EL TERCERO EXTRAÑO CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA DE UN INMUEBLE, PORQUE NO CONTIENE MANDATO DE EJECUCIÓN SOBRE SUS BIENES, NI DECLARA LA NULIDAD DEL TÍTULO CON EL QUE SE OSTENTA CON DICHA CALIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 63/2021. · Registro digital (IUS): 30167
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-10-22
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo IV, Pág. 3722.

AMPARO EN REVISIÓN 63/2021. 5 DE AGOSTO DE 2021. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN. PONENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. SECRETARIO: LUCIO HUESCA BALLESTEROS.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.—Consideraciones esenciales del acto recurrido. Las consideraciones motivo de estudio se sintetizan a continuación:

"TERCERO.—Negativa de actos. No es cierto el acto reclamado al 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral en Veracruz, Veracruz, consistente en:

"‘a) La omisión o negativa de cumplir con la inscripción de la resolución presidencial de treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos setenta y cinco, en la que se dotó por ampliación al ejido **********, del Municipio de **********, Veracruz.’

"Tampoco son ciertos los actos atribuidos al 3. Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, consistentes en:

"‘a) La desatención de vigilar el cumplimiento a la resolución presidencial de treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos setenta y cinco.

"‘...

"‘c) La omisión de vigilar el debido cumplimiento de la inscripción ante esa autoridad registral de la resolución presidencial de treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos setenta y cinco.’

"Lo anterior es así, en razón de que dichas autoridades al rendir su informe justificado, negaron la existencia de las omisiones reclamadas.

"Pues, al respecto, la autoridad identificada con el número 2 refirió que en esa dependencia no existe constancia de que se haya presentado para su inscripción, la resolución presidencial de treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos setenta y cinco, en la que se dotó de tierras por ampliación al ejido **********, del Municipio de **********, Veracruz.

"Por su parte, la autoridad identificada con el número 3 únicamente negó de forma categórica la referida omisión a ella reclamada.

"Negativa de las mencionadas autoridades responsables que se constata, pues conforme a las atribuciones legales que les confieren los artículos 13 de la Ley del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Veracruz, así como 6 y 9 de su reglamento (a la autoridad número 2) y 22, fracción II, del Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional (a la autoridad número 3), se desprende que dichas autoridades, como registradores o titulares de las oficinas registrales que encabezan, no tenían la obligación de inscribir, de oficio, la resolución presidencial de que se trata, una vez que ésta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

"Ello es así, porque si bien conforme a sus atribuciones legales, tienen la obligación de inscribir ante esos registros público y nacional respectivos las resoluciones administrativas, como lo es la resolución presidencial de que se trata, también lo es que ello no significa que lo tengan que realizar de oficio, una vez publicada ésta en el medio de difusión oficial pues, en principio, corresponde a la autoridad administrativa agraria, a través del delegado agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria, la ejecución de esa resolución presidencial, entre esas obligaciones, la de dar noticia a las oficinas registrales de la existencia de la misma, para que una vez recibida la notificación respectiva, inscribirla en los registros correspondientes.

"Es decir, a quien corresponde notificar a las oficinas registrales responsables la resolución presidencial de que se trata, para su debida inscripción, es a la propia autoridad agraria, por conducto del delegado agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria correspondiente.

"Circunstancias que así se desprenden de los numerales 13, fracción V y 449, todos de la Ley Federal de Reforma Agraria vigente en la época de la resolución presidencial de que se trata (31-diciembre-1974) que disponen:

"‘Artículo 13. Son atribuciones de los delegados agrarios en materia de procedimientos, controversias, organización y desarrollo agrario:

"‘...

"‘V. Velar, bajo su estricta responsabilidad, por la exacta ejecución de las resoluciones presidenciales.’

"‘Artículo 449. Las autoridades agrarias están obligadas a comunicar al registro público correspondiente todas las resoluciones que expidan por virtud de las cuales se reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos sobre bienes rústicos.

"‘El Registro Público de la Propiedad de que se trate deberá hacer las anotaciones marginales preventivas o definitivas respecto de los bienes sobre los que existan solicitudes agrarias, conforme a las notificaciones que reciba de las autoridades del ramo. Estas anotaciones se harán en los libros que registran la traslación de dominio de los inmuebles y de los derechos reales.’

"Lo que además guarda correspondencia con lo ordenado en la propia resolución presidencial de que se trata, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos setenta y cinco, que en su resolutivo quinto dispuso: ‘publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz e inscríbase en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad correspondiente la presente resolución que concede ampliación definitiva de ejido a los vecinos solicitantes del poblado denominado ********** (antes **********), Municipio de **********, de la citada entidad federativa, para los efectos de ley; notifíquese y ejecútese.’

"De allí que se tengan por inexistentes las omisiones reclamadas a dichas autoridades responsables, máxime que la parte quejosa no desvirtuó la negativa de las mismas con algún medio de prueba idóneo que así lo demostrase, ni tampoco, como se vio, existe obligación legal de aquéllas de actuar como lo refieren los solicitantes del amparo.

"En otro orden, tampoco es cierto el acto reclamado al 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral en Veracruz, Veracruz, consistente en:

"‘e) Las inscripciones subsecuentes que se hubieren generado a partir de la inscripción ********** del tomo ********** de la sección ********** de once de mayo de dos mil seis.’

"Pues al rendir su informe justificado, dicha autoridad negó categóricamente la existencia de cualquier anotación o registro posterior a la inscripción **********, relativa a la transmisión del inmueble que ampara la misma, sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa con medio de convicción alguno que así lo demuestre.

"De igual forma, no es cierto el acto reclamado atribuido al 3. Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, consistente en:

"‘b) La permisión de invasión de esferas competenciales por materia del Juez Sexto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, que con la sentencia de veintidós de marzo de dos mil cinco, dictada en el juicio ordinario civil ********** de su índice, invadió el régimen agrario con una sentencia civil.’

"Lo que se estima, pues al rendir su informe justificado, dicha autoridad responsable negó categóricamente el destacado acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa con medio de prueba alguno que así lo demuestre.

"Es decir, la parte quejosa no probó la existencia de alguna inscripción ante el Registro Agrario Nacional de la que se desprenda que esa autoridad permitió o consintió que con la sentencia dictada en el juicio ordinario civil **********, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, se invadiera el régimen agrario sobre los derechos que se reconocieron a los quejosos en la resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos setenta y cinco, relativa a la dotación de tierras por ampliación al ejido **********, del Municipio de **********, Veracruz.

"De allí que se tenga por inexistente la aludida omisión reclamada.

"En consecuencia, ante la inexistencia de dichos actos y la falta de pruebas de la parte quejosa que desvirtuara la negativa de las indicadas autoridades responsables, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo por cuanto hace a los actos reclamados precisados con antelación, atribuidos a las mismas.

"CUARTO.—Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados atribuidos al 1. Juez Sexto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, consistentes en:

"‘a) La sentencia de veintidós de marzo de dos mil cinco, dictada en el juicio ordinario civil **********, de su índice; b) La falta de emplazamiento de los quejosos; y, c) Todo lo actuado en el aludido juicio.’

"De la misma forma, son ciertos los actos reclamados atribuidos al 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral en Veracruz, Veracruz, consistentes en:

"‘b) La desaparición en los protocolos de esa autoridad de los antecedentes registrales de la inscripción **********, de diecisiete de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, en la sección **********, que fue afectada por la dotación a favor del ejido **********, del Municipio de **********, Veracruz, mediante decreto presidencial de treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos setenta y cinco.

"‘c) El acta administrativa **********, de diez de febrero de dos mil seis, con la que se pretendió desconocer los antecedentes registrales de la dotación por ampliación que benefició al ejido **********, del Municipio de **********, Veracruz, mediante decreto presidencial de treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos setenta y cinco, que fue ordenado su registro por esa autoridad para afectar la inscripción **********, de diecisiete de febrero de mil novecientos cincuenta y uno.

"‘d) La inscripción ********** del tomo ********** de la sección **********, de once de mayo de dos mil seis, que afectó a la inscripción número **********, de diecisiete de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, reconociendo derechos de las tierras de los quejosos a favor de los terceros interesados.’

"Asimismo, es cierto el acto reclamado atribuido al 4. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31, en Xalapa, Veracruz, consistente en:

"‘a) La omisión de vigilar el debido cumplimiento de la inscripción de la sentencia de dieciséis de abril de dos mil siete, dictada en el juicio agrario ********** de su índice, en donde se reconoció judicialmente a los quejosos como avecindados titulares de la posesión de dos unidades topográficas que se conforman dada una de las superficies de ********** hectáreas del predio ********** y ********** hectáreas del predio ********** ubicados, respectivamente, en los Municipios de ********** y **********, ambos de Veracruz, cuya propiedad correspondió a los beneficiarios de la dotación por ampliación del ejido **********, antes **********, que tuvo su origen en el Municipio de **********, Veracruz.’

"Lo anterior es así, en razón de que dichas autoridades al rendir su informe justificado, reconocieron la existencia de los referidos actos reclamados.

"Lo que se corrobora, en razón de que la autoridad identificada con el número 1 remitió copia certificada del juicio ordinario civil ********** de su índice, donde consta que los quejosos no fueron llamados a ese controvertido, en donde ya fue dictada la sentencia definitiva.

"Asimismo, la autoridad identificada con el número 2 remitió copia certificada del acta administrativa ********** y de la inscripción ********** del tomo ********** de la sección **********, de once de mayo de dos mil seis, aquí reclamadas.

"Por su parte, la autoridad identificada con el número 4 envió copia certificada de la sentencia dictada en el juicio agrario ********** de su índice.

"Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2o.

"QUINTO.—Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional.

"Motivo de improcedencia invocado por los terceros interesados.

Los terceros interesados sostienen que, por lo menos, los quejosos 1) **********, 2) **********, 6) ********** y 21) **********, tenían pleno conocimiento de la existencia del juicio ordinario civil ********** del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, desde el año dos mil trece en que fueron denunciados en la investigación ministerial ********** (fojas 190-191) por lo que su demanda de amparo resulta extemporánea.

"En la especie, resulta infundado el planteamiento de los terceros interesados respecto de que la demanda de amparo con que se informó el presente juicio fue presentada de manera extemporánea, en la medida en que si bien los actos reclamados provienen de un juicio del orden civil, se desprende que los quejosos comparecen en esta instancia constitucional y se ostentan, unos como posesionarios y, otros como avecindados, en defensa de sus derechos agrarios respecto de dos unidades topográficas identificadas por las superficies ********** hectáreas del predio ********** y ********** hectáreas del predio ********** ubicados, respectivamente, en los Municipios de ********** y **********, ambos del Estado de Veracruz.

"De allí que el plazo para promover la demanda de amparo en el presente asunto sea de siete años, contados a partir de que, indudablemente, la autoridad responsable notifique al gobernado el acto reclamado o tenga conocimiento del mismo, en términos del numeral 17, fracción III, de la Ley de Amparo pues, en el caso, los quejosos comparecen al juicio constitucional contra actos de autoridad que pueden tener por efecto privarlos total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios que dicen les asiste.

"Por tanto, si los quejosos sostienen en su demanda de amparo que tuvieron conocimiento del juicio civil de que se trata, a partir del seis de abril de dos mil diecisiete, en que se enteraron que existían diversos documentos que reconocían a favor de diversas personas la propiedad de las tierras que aquí defienden; luego, es claro que se encontraban dentro del plazo de siete años para presentar su demanda de amparo.

"Pero además, en el supuesto que mencionan los terceros interesados de que algunos quejosos tenían conocimiento de la existencia del juicio civil en comento, desde el año dos mil trece, en que fueron denunciados penalmente; a pesar de ello, los mismos se encontrarían dentro del plazo de siete años que la Ley de Amparo les otorga para defender en la vía constitucional sus derechos agrarios.

"De allí, que se desestime el motivo de improcedencia invocado por los terceros interesados.

"Primer motivo de improcedencia advertido de oficio.

"En la especie, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en tanto que los actos reclamados no afectan la esfera jurídica de los siguientes quejosos:

"1) **********

"2) **********

"3) **********

"4) **********

"5) **********

"6) **********

"7) **********

"8) **********

"9) **********

"10) **********

"11) **********

"12) **********

"13) **********

"14) **********

"15) **********

"16) **********

"17) **********

"18) **********

"...

"22) **********

"...

"26) **********

"Marco normativo.

"El numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone:

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.’

"Ahora bien, antes de definir los tópicos de qué debe entenderse por interés jurídico y por interés legítimo, se precisa que en esta sentencia únicamente se abordará lo relativo al interés jurídico de la parte quejosa y no al interés legítimo, también aludido en la causa de improcedencia que se invoca.

"Lo que es así pues, cuando el acto reclamado proviene de un tribunal judicial, la parte quejosa debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, como se dispone en los artículos 107 constitucional y 5o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo.

"El interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad (derecho subjetivo) tienen interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada.

"Es decir, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad, de tal suerte que para su existencia resulta intrascendente que el promovente sea o no, titular del respectivo derecho subjetivo.

"No obstante, la excepción a esa regla la constituyen los asuntos en los que se reclamen actos jurisdiccionales, pues aquí, como se dijo, los artículos 107 constitucional y 5o., fracción I, de la ley de la materia, exigen que el solicitante de amparo acredite ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, cuando disponen:

"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"‘I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"‘Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.’

"‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"‘I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"‘...

"‘Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.’

"En esas condiciones, cuando la parte quejosa reclame un acto de autoridad jurisdiccional, se está en la hipótesis en que debe demostrar su interés jurídico, es decir, la afectación a un derecho subjetivo del que es titular.

"Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. XVIII/2013 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee:

"‘INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto ‘interés legítimo individual o colectivo’, ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su ‘especial situación frente al orden jurídico’, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella.’

"Así pues, en lo relativo al interés jurídico, el mismo está reservado para quien resiente un perjuicio directo con motivo de un acto de autoridad o la aplicación de una ley, por tanto, presupone la existencia de un derecho legítimo que, cuando resulta vulnerado, su titular tiene la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional que corresponda, demandando la cesación de tal quebranto.

"Esta situación supone dos elementos: la facultad de exigencia y la obligación jurídica de cumplir con la misma.

"Con base en esos requisitos, una persona carece de interés jurídico cuando la norma no le confiere o no reconoce la potestad de exigir al gobernante que se abstenga de perturbar el derecho tutelado, por lo que en dicho supuesto no se actualiza la posibilidad real y legal de obligar a éste a respetar el derecho que se sostiene lesionado.

"Por estas razones, también es conveniente precisar que el perjuicio, para efectos del juicio de amparo, en virtud de la correlación existente entre éste y el definido interés jurídico, se entiende como la existencia de un derecho tutelado de manera legítima en favor del gobernado que, al ser transgredido o trastocado por alguna autoridad, de forma inmediata otorga a su titular la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales que corresponda a fin de exigir que los entes agresores, vía la resolución que en derecho proceda, respeten tal derecho, ya sea a través de conminarlas a que dejen de hacer o hagan algo o bien omitan su conducta violatoria de derechos.

"Asimismo, el perjuicio debe recaer en la persona que ocurre al juicio constitucional, esto es, concretarse en ésta y no ser abstracto o genérico.

"De la misma manera, dicho perjuicio debe ser de realización pasada, presente o inminente, es decir, haberse producido, estarse efectuando cuando se acude al juicio constitucional o que no haya lugar a dudas sobre su acontecimiento, pues los actos sólo probables no engendran perjuicio.

"Sirve de respaldo, en lo conducente, la siguiente tesis aislada:

"‘INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio.’

"Ahora bien, tratándose de actos privativos de la propiedad y de la posesión, el órgano de control de constitucionalidad, como premisa fundamental, debe establecer si con el material de prueba allegado al juicio se acreditó la titularidad de esos derechos y, en caso afirmativo, si tales derechos fueron o no vulnerados con los actos de autoridad.

"Por tanto, si no llegan a probarse los derechos en que descansa tal reclamación, o bien, habiéndose probado, no se demuestra que fueron vulnerados por los actos de autoridad impugnados, lo correcto es estimar que surge a la vida jurídica la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la ausencia de prueba fehaciente en relación con que la parte quejosa tenga ese derecho, da lugar a su falta de interés jurídico.

"Hasta aquí dicho marco normativo.

"Subsunción.

"En principio, si bien algunos de los actos reclamados provienen de un juicio del orden civil, lo cierto es que los quejosos se ostentan, unos como posesionarios y otros como avecindados, de dos unidades topográficas identificadas por las superficies ********** hectáreas del predio ********** y ********** hectáreas del predio ********** ubicados, respectivamente, en los Municipios de ********** y **********, ambos del Estado de Veracruz, en defensa de sus derechos agrarios que dicen les corresponden en relación con esos predios.

"Sostienen los quejosos que acuden al juicio constitucional, amparados en la resolución presidencial de treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos setenta y cinco, relativa a la dotación de tierras por ampliación al ejido **********, del Municipio de **********, de la que dicen fueron beneficiarios.

"Por lo anterior, se precisa que el análisis del presente asunto se realizará desde la perspectiva que los actos reclamados por los quejosos pueden tener por efectos privarlos total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios que aquí defienden.

"Partiendo de esa premisa, es pertinente traer a colación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 131/2003-SS, sostuvo que los conflictos sobre la posesión de tierras agrarias deben dilucidarse a la luz del régimen jurídico agrario e interpretando las normas respectivas conforme a las disposiciones constitucionales tendentes a regular la propiedad de dichas tierras en forma condicionada, con el objeto de no desatender los fines sociales perseguidos, aun cuando la figura de la posesión suela entenderse propia de la materia civil.

"Dicho criterio se contiene en la tesis aislada 2a. XXVI/2005, que se lee:

"‘POSESIÓN AGRARIA. LOS CONFLICTOS RELATIVOS DEBEN RESOLVERSE INTERPRETANDO EL SISTEMA JURÍDICO CONFORME AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Del mencionado precepto se advierte que la propiedad de tierras y aguas se divide en: a) pública, cuando la Nación se reserva el dominio de ciertos bienes; b) privada, cuando transmite el dominio de tierras y aguas a particulares, y c) social, que deriva de la dotación de tierra a ejidos y comunidades. Tratándose de la propiedad social, al estar identificada con el régimen jurídico de las tierras ejidales y comunales, los conflictos sobre posesión de tierras agrarias deben resolverse a la luz del régimen jurídico agrario e interpretando las normas respectivas conforme a las disposiciones constitucionales tendentes a regular la propiedad de dichas tierras en forma condicionada, con el objeto de no desatender los fines sociales perseguidos, aun cuando la figura de la posesión suela entenderse propia de la materia civil.’

"De este modo, se tiene en consideración que el fundamento constitucional de los núcleos de población ejidal se encuentra en el artículo 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En ese precepto se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunal; asimismo, se expone la protección a su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

"De igual manera, se establece que en la ley reglamentaria se protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

"Además, dispone que la asamblea general se erige como el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley reglamentaria señale.

"El comisariado ejidal es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

"Por su parte, de los artículos 21, 23, fracciones V y X, 43, 44, 73 y 74 de la Ley Agraria se colige, pa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30167-fc9ab28d/interes-juridico-en-el-juicio-de-amparo-carece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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