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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN AGRARIA. EL TRIBUNAL AGRARIO CARECE DE FACULTADES PARA CALIFICAR SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA EN EL AUTO INICIAL. NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL. LOS ASPIRANTES A AVECINDADOS QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DEL RÉGIMEN TUTELAR DEL AMPARO AGRARIO, CUANDO LA MATERIA DE LA RECLAMACIÓN CONSTITUCIONAL VERSE SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE ESE CARÁCTER. NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL. LOS AVECINDADOS QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DEL RÉGIMEN TUTELAR DEL AMPARO AGRARIO. EJIDOS. LOS AVECINDADOS EN ÉL, SON SUJETOS RECONOCIDOS DE DERECHO AGRARIO Y DE LA CLASE CAMPESINA, AL LADO DE LOS EJIDATARIOS Y COMUNEROS, DE ACUERDO CON LA LEY AGRARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/99. · Registro digital (IUS): 5706
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, , Pág. 70.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis identificada al rubro y;

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio número 004/99 recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de enero de mil novecientos noventa y nueve, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, Sergio Iván Priego Medina, denunció la posible contradicción de tesis existente entre la sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión número 269/98, y la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito al fallar el amparo en revisión 271/98.

Al mencionado oficio, el denunciante acompañó copia fotostática certificada de las ejecutorias dictadas en los relativos amparos en revisión.

SEGUNDO. Por acuerdo del diez de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar el expediente de contradicción de tesis número 2/99, determinó que esta Sala se abocara al conocimiento de la posible contradicción de tesis y ordenó dar vista al procurador general de la República, a fin de que en el plazo de treinta días expusiera su parecer; asimismo, ordenó turnar los autos para su estudio al señor Ministro Juan Díaz Romero.

Consta en autos la certificación de la secretaria de Acuerdos de esta Sala, en el sentido de que se giraron los oficios respectivos a los Tribunales Colegiados de Circuito que emitieron las ejecutorias de las que deriva la denuncia de contradicción, en los que se les hizo saber el contenido del auto descrito en el párrafo que antecede.

Transcurrido el citado plazo y no habiendo expresado su parecer el procurador general de la República, se entregaron los autos al Ministro ponente para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 1/1997, dictado por el Tribunal Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, pues el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde específicamente a una de las materias en que se especializa esta Sala, a precisar, la administrativa.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló una de las partes en los respectivos juicios de amparo, como es el Tribunal Unitario Agrario señalado como autoridad responsable.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, y que a continuación se transcriben.

El criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el juicio de amparo en revisión número 269/98, promovido por Santos Inocentes Poot Hoil, se desprende que se sustenta en las consideraciones respectivas siguientes:

"CUARTO. En la sentencia recurrida el Juez Federal negó el amparo al quejoso porque consideró, que si por resolución presidencial de fecha catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno, fueron privados los ejidatarios de Xmakaba, Municipio de Tixcacalcupul, Yucatán, de sus derechos agrarios y sucesorios, el quejoso no puede tener la calidad de avecindado de un núcleo ejidal ya desaparecido; además, en su caso, con apoyo en la tesis que invocó el a quo, sería la asamblea general de ejidatarios quien primeramente debe resolver sobre el reconocimiento de avecindados y solamente ante su negativa se deberá acudir ante los tribunales agrarios a demandar dicho reconocimiento; y por último, porque la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que cumple con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional.

"Contra la sentencia recurrida, el inconforme alega en su primer agravio en síntesis, que no se suplió la deficiencia de la queja de un aspirante a ejidatario, no obstante que el tribunal agrario desechó las diligencias de jurisdicción voluntaria que promovió para acreditar su calidad de avecindado del ejido Xmakaba; que dicha sentencia viola los artículos 14, 16, 17 y 27 constitucionales, toda vez que el a quo consideró que no existe el ejido, lo que es totalmente contrario a derecho a pesar de que el catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno, por resolución presidencial los veintitrés ejidatarios de Xmakaba, hubieran sido privados de sus derechos agrarios así como sus respectivos sucesores, porque hace como treinta años que el quejoso y su familia se asentaron en el ejido y han construido su vivienda y realizado cultivos sin oposición alguna, en razón de que en este ejido no existen ejidatarios y tampoco existen órganos de representación y vigilancia; que la privación de los derechos de los ejidatarios no trajo la desaparición del ejido, razón por la que solicitó el reconocimiento de avecindado para posteriormente ser considerado como ejidatario y satisfacer lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Agraria, por lo que de lo anterior, se infiere que el Juez Federal dejó de observar el derecho que le asiste como aspirante a ejidatario; que además, no se tomó en cuenta que el ejido no tiene ejidatarios y por lo tanto, no puede ser convocada la asamblea de ejidatarios y por ello el que debe conocer obligadamente de la cuestión es el Tribunal Unitario Agrario, quien no está facultado para desechar la demanda, de conformidad con la tesis que se invoca y transcribe.

"Es infundado lo que antecede, ya que en las diligencias de jurisdicción voluntaria que promovió el quejoso, no se precisó que las hiciera como aspirante a ejidatario, sino que por haber ocupado un terreno del ejido de Xmakaba, por más de treinta años, solicitaba se le reconociera su calidad de avecindado a ese ejido, lo que resultó improcedente porque al no existir razón por la que no se está en el caso de suplir la deficiencia de la queja como se dispone en la Ley de Amparo en beneficio de los ejidatarios; que tampoco tiene razón el recurrente cuando sostiene que se violaron en su perjuicio los artículos constitucionales que señala, porque es bien sabido que el Juez Federal como órgano de control constitucional, no está en posibilidad de transgredir tales artículos, sino a lo sumo, los de la Ley de Amparo que son los que rigen su proceder. Asimismo, debe destacarse contrariamente a lo sostenido por el recurrente, que si no existen ejidatarios en el lugar, ni autoridades ejidales en el mencionado ejido, no puede sostenerse que el ejido continúa vigente y menos que existan avecindados a dicho ejido, como pretende serlo el quejoso, y si el a quo precisó para negar el amparo que sería la asamblea de ejidatarios la que debía resolver el reconocimiento de avecindado, eso lo indicó para el caso de que existiera el ejido. En consecuencia, si el Tribunal Unitario Agrario responsable desechó la demanda del ahora recurrente, procedió correctamente, ya que no se está en el caso de la tesis que invoca el inconforme, o sea, de alguna irregularidad de la demanda agraria sino de una cuestión diversa, por tratarse de un poblador asentado en tierras de un ejido inexistente que pretende ser reconocido como avecindado de ese ejido.

"En su segundo agravio el recurrente insiste, en que no porque los ejidatarios fueron privados de sus derechos ejidales, el ejido ya no existe, y por ello no puede tener la calidad de avecindado, por lo que el Tribunal Unitario Agrario, debe conocer de su demanda, ya que en términos de la tesis que invoca dicho tribunal carece de facultades para desechar la demanda, quien sólo puede prevenir al promovente que subsana irregularidades de la misma.

"Es infundado el agravio que se hace valer, pues como se ha considerado, si los ejidatarios que conformaban el ejido fueron privados de sus derechos y no existe resolución presidencial posterior que determine la existencia de ese ejido, tiene que concluirse que la resolución del tribunal responsable y la del Juez Federal son correctas, por haberle negado el amparo a una persona que por haberse asentado en tierras de un ejido, pretende se declare avecindado de aquel que ya no existe, no siendo aplicable al caso la tesis invocada pues el promovente de las diligencias de jurisdicción voluntaria no es ejidatario ni aspirante a ello, sino que se trata de una persona que detenta una tierra que perteneció a un ejido ya desaparecido.

"En el tercer motivo de inconformidad se sostiene que lo declarado por la autoridad responsable le causa agravio, pues pese a que el quejoso demostró su acción no prosperó conforme a lo establecido en la Ley Agraria, por lo que no debe concedérsele valor al informe del Tribunal Unitario Agrario.

"Es infundado lo anterior, pues no existe motivo legal para negarle valor al informe de la autoridad responsable, máxime que no es verdad que el quejoso hubiera demostrado ante ella, la procedencia de su acción si él admitió en el hecho tercero de su demanda, que era una persona que se había asentado en tierras de un ejido que había desaparecido.

"En el cuarto agravio, se argumenta que la autoridad responsable no le otorgó relevancia jurídica a las pruebas que ofreció, con el fin de determinar que el ejido Xmakaba, sí existe legalmente; que se violaron en su perjuicio los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, por no respetar los principios que rigen los juicios agrarios violándose además, el artículo 13 de la Ley Agraria, ya que a pesar de haber residido por más de un año en las tierras del núcleo de población ejidal, no puede ser reconocido por la asamblea en la que participen todos los ejidatarios por carecer de ellos el ejido, razón por la que se promovió ante el Tribunal Unitario Agrario, dejándolo en estado de indefensión al negársele el amparo de jurisprudencia que invoca.

"Es infundado lo alegado, ya que no existe prueba alguna en autos que demuestre la existencia del ejido en cuestión y lo demás en que se dice que fueron violados los artículos 14, 16 y 27 constitucionales por la autoridad responsable, no guarda relación con lo considerado por el a quo, por lo que tiene que desestimarse por inoperante, sin que pueda admitirse como válido el razonamiento de que por no existir ejidatarios no pudo plantearse la cuestión a la asamblea, porque si no existen ejidatarios, eso quiere decir que el ejido ha desaparecido como lo estimó el Juez Federal y esa fue una de las razones por las que negó el amparo al quejoso, acorde con la tesis de jurisprudencia invocada en el sentido de que de la cuestión debatida debe conocer un Juez de Distrito y no un Tribunal Colegiado.

"Finalmente, el inconforme invoca varias tesis que transcribe, en las que sostiene que deben suplirse los agravios en el amparo social agrario, pero que no resultan aplicables al caso, porque el ahora recurrente como se ha señalado es un detentador de una porción de tierra que perteneció a un ejido ya desaparecido y que por ello no se hace acreedor a ese principio de suplencia establecido en la Ley de Amparo para los ejidatarios o hasta para los aspirantes a ello.

"En estas condiciones, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida.

"Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 86 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

"PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán.

"SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Santos Inocentes Poot Hoil, contra el acto de la autoridad que se precisa en el resultando primero de esta ejecutoria."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver en la sesión del trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el juicio de amparo en revisión 271/98, promovido por Félix Tun Puc, en la ejecutoria correspondiente expuso las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Son esencialmente fundados los agravios expresados por Felipe (sic) Tun Puc, aunque para hacer tal pronunciamiento sea necesario suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo que establece el artículo 76 bis, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que el recurrente pertenece a la clase campesina.

"En efecto, en la sentencia recurrida, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, negó el amparo al hoy recurrente, contra el auto dictado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, de fecha uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en el que se desechó la demanda de jurisdicción voluntaria que promovió para acreditar su calidad de avecindado del ejido de Xmakaba, Municipio de Tixcacalcupul, considerando el Juez Federal que el disconforme no puede tener la calidad de avecindado de un núcleo ejidal ya desaparecido, ya que por resolución presidencial del catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno, fueron privados los ejidatarios de sus derechos agrarios y sucesorios, esto por encontrarse abandonadas las unidades de dotación y la parcela escolar, estimando además que es la asamblea general de ejidatarios quien primeramente debe resolver sobre el reconocimiento de avecindados, y únicamente en caso de su negativa, se debe acudir ante los tribunales agrarios a demandar tal reconocimiento; citando el Juez Federal en apoyo de su resolución la tesis número II.1o.P.A.19 A, visible en la página 348, Tomo III, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe de: ‘AVECINDADOS, LA CALIDAD DE LOS. DEBE SER RECONOCIDA PRIMERAMENTE ANTE LA ASAMBLEA EJIDAL.’.

"Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima que los agravios que hace valer el recurrente son sustancialmente fundados, sin embargo, en ese menester debe reiterarse, que es necesario suplir la deficiencia de dichos agravios, de conformidad a lo siguiente.

"El artículo 13 de la Ley Agraria en vigor, contiene esta disposición: ‘Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere.’. A su vez, el artículo 165 del mismo ordenamiento legal establece: ‘Los tribunales agrarios, además, conocerán en la vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no litigiosos que les sean planteados, que requieran la intervención judicial, y proveerán lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes.’. Por otra parte, el numeral 181 del invocado ordenamiento legal expresa que: ‘Presentada la demanda o realizada la comparecencia, el tribunal del conocimiento la examinará y, si hubiera irregularidades en la misma o se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos previstos legalmente, prevendrá al promovente para que los subsane dentro del término de ocho días.’.

"De lo antes transcrito, se advierte que no fue correcta la determinación del Tribunal Unitario Agrario responsable al desechar la demanda planteada por el inconforme en la vía de jurisdicción voluntaria, ya que de conformidad con el ordinal 181 de la Ley Agraria antes transcrito, dicho tribunal únicamente está autorizado a prevenir al promovente en el caso de advertir irregularidades en la demanda para que la (sic) otorgue tal facultad, por ser esa cuestión propia de la sentencia definitiva que se dicte en tal procedimiento, en donde se resolverá lo que legalmente corresponda acerca de la procedencia o improcedencia de la acción deducida. Al caso es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, tesis que comparte este tribunal, visible en la página 274, del Tomo XIV-Octubre, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, bajo el rubro y texto que sigue: ‘AGRARIO. EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CARECE DE FACULTADES PARA DESECHAR LA DEMANDA. De conformidad con la nueva legislación agraria que entró en vigor el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, el tribunal agrario no está facultado para desechar una demanda, pues ninguna norma jurídica le concede tal atribución, sino que, por el contrario, en los artículos 163 al 190 de la citada ley se consignan disposiciones sobre las formalidades, actuaciones y el trámite que debe realizar cuando se está en presencia de una demanda, de suerte que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 181 del mismo ordenamiento legal, el Tribunal Unitario sólo está autorizado para prevenir al promovente a fin de que subsane las irregularidades que hubiere advertido al examinar la demanda, quedando como cuestión propia de la sentencia definitiva que llegue a emitirse, lo conducente acerca de la procedencia de la acción deducida.’. De igual manera, es afín y congruente a este criterio, la diversa tesis consultable en la página 711, del Tomo III, mayo de 1996, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: ‘TRIBUNALES AGRARIOS. NO ESTÁN FACULTADOS PARA DESECHAR UNA DEMANDA ANTE ÉSTOS INTERPUESTA, SINO SÓLO A EXAMINARLA PARA QUE, EN SU CASO, INDIQUEN COMO PREVENCIÓN LAS IRREGULARIDADES U OMISIONES DE LA MISMA. De lo establecido por el artículo 181 de la Ley Agraria, se desprende que los tribunales agrarios, tienen la obligación de examinar la demanda propuesta para indicar las irregularidades u omisiones en la misma, y en su caso, prevenir al promovente para que las subsane; luego, resulta infundado el auto dictado por el tribunal agrario responsable, en que desechó la demanda agraria, toda vez que la ley de la materia no contiene disposición alguna que autorice a dichos tribunales a analizar la demanda para determinar si la acción ejercida por los actores es procedente o no; menos para que en caso de ser así la desechen ordenando su archivo como asunto concluido, pues de hacerlo prejuzgan sobre la procedencia de la acción.’.

"Y es que, no es jurídico, por ser de explorado derecho, que el desechamiento de una demanda o promoción, se funde y encuentre sustento en razones de carácter sustantivo, ya que eso es privativo de la resolución de fondo que culmina el procedimiento.

"En mérito de lo anterior, obvio es que el tribunal responsable al dictar tal resolución, vulneró en perjuicio del inconforme las normas procesales aplicables y por ende, las garantías individuales que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal de la República, razón por la cual, procede revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo de la Justicia Federal al revisionista, para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con residencia en la ciudad de Mérida, admita la demanda que en diligencias de jurisdicción voluntaria promovió el inconforme para acreditar su calidad de avecindado del ejido de Xmakaba, Municipio de Tixcacalcupul, Yucatán y en su oportunidad resuelva lo procedente conforme a derecho.

"Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 86 y 91, de la Ley de Amparo se resuelve:

"PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.

"SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del considerando cuarto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Félix Tun Puc, respecto de los actos que reclamó del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con residencia en la ciudad de Mérida, Yucatán, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."

QUINTO. En principio, es pertinente tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.

Ahora bien, la existencia de la contradicción de tesis precisa de la reunión de los siguientes supuestos:

a) Dos o más ejecutorias dictadas, respectivamente, por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, al resolver los negocios jurídicos sometidos a su consideración, en las que examinen, sobre los mismos elementos jurídicos, cuestiones jurídicas esencialmente iguales, cuyas hipótesis, con características de generalidad y abstracción, pueden actualizarse en otros asuntos.

b) Que de tal examen arriben a posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

c) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 22/92, sustentada por la Cuarta Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 58, octubre de 1992, página 22, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

También es ilustrativa de lo expuesto, la tesis LXVII/98 de esta Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, página 587, cuya sinopsis es la siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos, criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

En el caso, el examen de las ejecutorias transcritas pone de relieve que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre los mismos temas, a precisar: por una parte, la suplencia de la deficiencia de la queja en el juicio de amparo en materia agraria y, por otra, las facultades de los Tribunales Unitarios Agrarios para desechar demandas.

Se advierte que los citados órganos colegiados partieron de la existencia y examen de los mismos elementos, pues ambos conocieron de un recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en un juicio de amparo en el que se reclamó de un Tribunal Unitario Agrario el desechamiento de una demanda de reconocimiento del carácter de avecindado de un ejido, pero arribaron a conclusiones divergentes, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito sostuvo que en el juicio de amparo no procede suplir la queja deficiente en favor de aspirantes a avecindados y que los Tribunales Unitarios Agrarios tienen facultades para desechar demandas agrarias; el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito sostuvo que, en ese caso, es procedente la suplencia de la queja, en términos de lo establecido en el artículo 76 bis, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que esos aspirantes a avecindados pertenecen a la clase campesina y que los Tribunales Unitarios Agrarios carecen de facultades para desechar las demandas que se les presenten.

En esos términos se encuentra expresamente configurada la contradicción de tesis denunciada que presenta dos puntos de divergencia respecto de los que esta Sala debe decidir, respectivamente, el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.

SEXTO. La contradicción ha de resolverse declarando que sobre los temas a debate deben prevalecer los criterios que sienta esta Sala al tenor de las siguientes consideraciones:

En primer lugar, debe abordarse el tópico relativo a la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de aspirantes a avecindados de un ejido, por lo que es preciso destacar las disposiciones de la Ley Agraria en vigor que definen al avecindado y se relacionan con sus derechos y obligaciones, siendo las siguientes:

"Artículo 13. Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere."

"Artículo 15. Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:

"I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario; y

"II. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno."

"Artículo 19. Cuando no existan sucesores, el tribunal agrario proveerá lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población de que se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal."

"Artículo 30. Para la asistencia válida de un mandatario a una asamblea bastará una carta-poder debidamente suscrita ante dos testigos que sean ejidatarios o avecindados. En caso de que el ejidatario mandante no pueda firmar, imprimirá su huella digital en la carta y solicitará a un tercero que firme la misma y asiente el nombre de ambos.

"En el caso de asambleas que se reúnan para tratar los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, el ejidatario no podrá designar mandatario."

"Artículo 41. Como órgano de participación de la comunidad podrá constituirse en cada ejido una junta de pobladores, integrada por los ejidatarios y avecindados del núcleo de población, la que podrá hacer propuestas sobre cuestiones relacionadas con el poblado, sus servicios públicos y los trabajos comunitarios del asentamiento humano.

"La integración y funcionamiento de las juntas de pobladores se determinará en el reglamento que al efecto elaboren los miembros de la misma y podrá incluir las comisiones que se juzguen necesarias para gestionar los intereses de los pobladores."

"Artículo 57. Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente origen de preferencia:

"I. Posesionarios reconocidos por la asamblea;

"II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate;

"III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más; y

"IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea.

"Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal."

"Artículo 68. Los solares serán de propiedad plena de sus titulares. Todo ejidatario tendrá derecho a recibir gratuitamente un solar al constituirse, cuando ello sea posible, la zona de urbanización. La extensión del solar se determinará por la asamblea, con la participación del Municipio correspondiente, de conformidad con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos y atendiendo a las características, usos y costumbres de cada región.

"L

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5706-b9a485e5/accion-agraria-el-tribunal-agrario-carece-de-facultades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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