CONFESIÓN EN MATERIA DE TRABAJO, A CARGO DE PERSONAS QUE PARA LA FECHA DEL DESAHOGO YA NO DESEMPEÑEN FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN PARA EL PATRÓN. EQUIVALE A UN TESTIMONIO PARA HECHOS PROPIOS, QUE DEBE SER DESAHOGADO COMO TAL. CONFESIÓN EN JUICIOS LABORALES, A CARGO DE PERSONAS QUE PARA LA FECHA DEL DESAHOGO YA NO DESEMPEÑEN FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN PARA EL PATRÓN. ES UN TESTIMONIO PARA HECHOS PROPIOS, QUE DEBE SER VALORADO COMO TAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL ANTES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, AHORA PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis identificada al rubro y;
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio número 1010 recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, denunció la posible contradicción de tesis existente entre la que sustentó al resolver el juicio de amparo directo número 367/97, el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al fallar los juicios de amparo directo números 692/95 y 693/95, y el antes Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 385/89; a tal oficio se acompañó copia fotostática certificada de la ejecutoria pronunciada por el tribunal denunciante.
SEGUNDO. Por acuerdo del veintidós de junio de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar el expediente de contradicción de tesis número 21/98, y solicitó de los presidentes de los otros dos mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, copia certificada de las ejecutorias dictadas en los relativos juicios de amparo directo.
TERCERO. Una vez recibidas las copias certificadas requeridas, por auto de Presidencia del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, se determinó que la Segunda Sala se abocara al conocimiento de la posible contradicción de tesis y se ordenó dar vista al procurador general de la República, a fin de que en el plazo de treinta días expusiera su parecer; asimismo, se ordenó turnar los autos para su estudio al señor Ministro Juan Díaz Romero.
Transcurrido el citado plazo y no habiendo expresado su parecer el procurador general de la República, fue hasta el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve cuando se entregaron los autos al Ministro ponente para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 1/1997, dictado por el Tribunal Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, pues el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde específicamente a una de las materias en que se especializa esta Sala, a precisar, la laboral.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que, al parecer, sustentan tesis contradictorias.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, y que a continuación se transcriben:
El criterio emitido por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete, el juicio de amparo directo número 367/97, promovido por Reyes Hipólito Villegas Leyva, se desprende que se sustenta en las consideraciones respectivas siguientes:
"La tercera violación procesal que se propone, se hace consistir en que la responsable incorrectamente cambió la naturaleza de la prueba confesional ofrecida por la actora a cargo de María Magdalena García Asturias y Alfredo Martínez Montoya, tesorera y síndico municipal, a prueba testimonial argumentando que los absolventes ya no laboraban en la fuente de trabajo.
"El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice:
"‘Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o de trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso:
"‘III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley.’
"Como se desprende del precepto parcialmente transcrito, la violación procesal propuesta sí tiene tal carácter por cuanto que el quejoso sostiene, que no se le recibió la confesional referida conforme a la ley al cambiarse la naturaleza de la misma por testimonial.
"Los hechos en que se hace consistir la violación procesal son ciertos, porque de la lectura de autos se aprecia que el actor entre otras pruebas ofreció la confesional para hechos propios en los términos siguientes:
"‘II. La confesional para hechos propios a cargo de Alfredo Martínez Montoya y de Ma. Magdalena García Asturias, quienes pueden ser citados en el Palacio Municipal de Teoloyucan, Edo. de Méx., sito ubicada (sic) en avenida Dolores s/n, Barrio Tlatilco, Teoloyucan, México; a efecto de que absuelvan las posiciones que se les formularán el día y hora que se fije para el desahogo de esta probanza. Se ofrece esta prueba en los términos que la anterior y la relaciono con todos los hechos de mi escrito inicial de demanda.’
"Por su parte el Tribunal de Arbitraje al acordar sobre el ofrecimiento de dicha prueba la admitió, ordenando se les notificara (sic) por conducto del actuario en el domicilio de la demandada y señaló las once horas del día doce de febrero del año en curso para su desahogo.
"El actuario al tratar de notificar a dichas personas en el domicilio de la demandada Alfredo Martínez Montoya y María Magdalena García Asturias, compareció Marcos Rodríguez Ortiz, quien le manifestó ser el síndico procurador del Ayuntamiento demandado y que dichas personas ya no laboraban para el Ayuntamiento demandado.
"Y vista la razón del actuario por el tribunal, en la fecha señalada para el desahogo de la confesional en estudio, en el sentido de que los confesantes para hechos propios ya no laboraban al servicio de la demandada, cambió la naturaleza de la prueba confesional a testimonial, requiriendo al Ayuntamiento demandado para que señalara al tribunal el último domicilio particular que tuvieran registrado en su expediente personal, para su notificación.
"No es necesaria la preparación de la violación procesal en términos del artículo 161 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso, porque no pueden revocar sus propias resoluciones.
"La violación procesal es infundada.
"En efecto, la confesión es el reconocimiento tácito o expreso, que hace una de las partes, de los hechos que le son propios o que tiene obligación de conocer, relativos a las cuestiones controvertidas en el juicio y que le perjudican.
"Esto es, la confesión es un acto procesal personalísimo, por lo que sólo puede ofrecerlo quien tiene la capacidad para actuar en juicio de manera personal; por ello para que pueda tener eficacia probatoria se requiere la voluntad del oferente, la capacidad del confesante y el objeto de la confesión o elemento material.
"De tal manera que tratándose de personas morales la confesión se desahogará por conducto de su representante legal, y como excepción a la regla anterior el artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo establece que las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios, y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos.
"De donde se puede advertir que el ofrecimiento de una prueba confesional para hechos propios a cargo de las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, sólo opera cuando la persona física a quien se le imputan los hechos propios, se encuentra en el desempeño de sus funciones y no así cuando ésta haya dejado de pertenecer a la demandada.
"Lo anterior es así, porque la confesión se realiza sobre cuestiones controvertidas en el juicio, que le pueden parar perjuicio a la parte absolvente, lo cual sólo puede acontecer, cuando éste es el representante legal, propietario, o quien realice funciones de dirección y administración de la empresa o establecimiento demandado y no así por personas que no tienen ya ningún vínculo con la demandada, caso en el cual, para recabar su versión respecto de actos propios, por quienes realizaban actos de dirección o administración cuando existía vinculación con la demandada, no puede ser a través de la confesional que se da por una mera ficción legal, porque el absolvente no es la parte demandada, sino que será mediante la prueba testimonial, como se logre obtener su testimonio de los hechos propios que se le imputan, por tratarse de una persona extraña a juicio, al no prestar sus servicios ya para la demandada y porque sus manifestaciones ningún perjuicio le podrán deparar, por no ser la parte patronal o tener la calidad de representante legal.
"Máxime, que los testigos son personas físicas extrañas al juicio, que declaran acerca de los hechos o cosas controvertidos y que aseveran haber conocido por medio de los sentidos.
"De lo señalado se desprende que fue correcto que la responsable haya cambiado la confesional en estudio a testimonial, pues cuando el ofrecimiento de una prueba confesional para hechos propios por parte de un funcionario de una empresa, se hace en razón de que por las funciones que ejerce, determinados hechos le deban ser conocidos; es factible que cuando éste deje de pertenecer a la empresa, se cambie la naturaleza de la prueba confesional a testimonial, pues con tal separación es evidente que su actuar deja de obligar al patrón que representaba, por lo tanto si al desahogarse la prueba el absolvente carece de la representación del patrón, su declaración sólo puede considerarse como un testimonio, debiendo no solamente concretarse a contestar si es cierto o no es cierto lo preguntado, sino que por ser una persona ajena a las partes contendientes, deberá ampliar sus respuestas que sobre los hechos se le formulen en las posiciones, así como expresar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cuanto al conocimiento de los hechos que le consten y en su caso las partes podrán formular las tachas, de estimarlo procedente. Al respecto resulta aplicable el criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, tesis IV.3o.28 L que obra a fojas cuatrocientos cuarenta y uno, que dice:
"‘PRUEBA CONFESIONAL, CAMBIO DE NATURALEZA DE LA. POR LA DE UNA TESTIMONIAL. Las Juntas laborales están facultadas para cambiar la naturaleza de una prueba confesional a testimonial, cuando de autos se advierta que la persona que fue citada para absolver posiciones en prueba confesional, se haya separado del cargo que desempeñaba en la empresa demandada, pues con tal separación es evidente que su actuar deja de obligar al patrón que representaba, por lo tanto si al desahogar la prueba, el absolvente carecía de la representación del patrón, su declaración sólo puede considerarse como un testimonio y de esta manera debe valorarse, por ende, quien comparece bajo estas circunstancias no debe solamente concretarse a contestar «sí es cierto» o «no es cierto», sino que por ser una persona (testigo) ajena a las partes contendientes debe ampliar sus respuestas que sobre los hechos se le formulen en las posiciones, así como expresar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cuanto al conocimiento de los hechos que le constan.’. Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito."
El Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver en la sesión del treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco, los juicios de amparo directo relacionados números 692/95 y 693/95, promovidos, el primero, por Fernando Salinas Herrera, y el segundo por Violeta Díaz Cabrera y otros, emitió en las ejecutorias correspondientes, coincidentemente, las siguientes consideraciones:
"Por otro lado la valoración que hace la Junta laboral de la confesión de Marco Antonio Pérez Gallego, está apegada a la legalidad, pues de acuerdo a la facultad conferida a las Juntas de Conciliación para cambiar la naturaleza de una prueba confesional a una testimonial y tomando en cuenta que de autos se comprobó que el compareciente se separó del cargo que desempeñaba en la empresa demandada, es evidente que su actuar deja de obligar al patrón que representaba, por lo tanto, si al desahogarse la prueba el absolvente no tiene ya la representación del patrón, su declaración sólo puede considerarse como testimonio, y de esta manera debe valorarse, por ende, como bien lo determina la Junta, el compareciente no debió solamente de resolver ‘sí es cierto’, como se advierte de su desahogo sino que por ser una persona (testigo) ajena a las partes contendientes debió ampliar sus respuestas que sobre los hechos le fueron formuladas en las posiciones, así como expresar la razón de su dicho aduciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cuanto al conocimiento de los hechos que le constan, por lo tanto si no lo hace es evidente que su atestado carece de todo valor, pues en ningún momento ilustra a la Junta sobre los hechos acontecidos ..."
Al respecto, el citado Tribunal Colegiado redactó la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de 1996, página 441, que dice:
"PRUEBA CONFESIONAL, CAMBIO DE NATURALEZA DE LA. POR LA DE UNA TESTIMONIAL. Las Juntas laborales están facultadas para cambiar la naturaleza de una prueba confesional a testimonial, cuando de autos se advierta que la persona que fue citada para absolver posiciones en prueba confesional, se haya separado del cargo que desempeñaba en la empresa demandada, pues con tal separación es evidente que su actuar deja de obligar al patrón que representaba, por lo tanto si al desahogar la prueba, el absolvente carecía de la representación del patrón, su declaración sólo puede considerarse como un testimonio y de esta manera debe valorarse, por ende, quien comparece bajo estas circunstancias no debe solamente concretarse a contestar ‘sí es cierto’ o ‘no es cierto’, sino que por ser una persona (testigo) ajena a las partes contendientes debe ampliar sus respuestas que sobre los hechos se le formulen en las posiciones, así como expresar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cuanto al conocimiento de los hechos que le constan."
Por otra parte, el antes Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 385/89, promovido por Crescencio Gómez Reyes y otros, consideró sobre el particular, lo siguiente:
"CUARTO. En el segundo concepto de violación los quejosos proponen una violación al procedimiento consistente en que de la confesional ofrecida de su parte y a cargo de Armando Hernández, indebidamente se cambió la naturaleza de la prueba a testimonial y se decretó posteriormente su deserción.
"El artículo 159, fracción III de la Ley de Amparo, dice: ‘Art. 159. En los juicios seguidos ante los tribunales civiles, administrativos o de trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso ...
"‘III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley.’
"Como se desprende del precepto parcialmente transcrito, la violación procesal propuesta es reclamable en amparo directo.
"La violación al procedimiento es cierta pues consta que la Junta por acuerdo de dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y nueve respecto de la confesional ofrecida por los quejosos y a cargo de Armando Hernández, cambió su naturaleza a testimonial, decretando por acuerdo de tres de marzo del mismo año su deserción.
"Por tratarse de un asunto en materia laboral no se hace necesaria la reparación a que alude el artículo 162 de la Ley de Amparo.
"La violación propuesta es ilegal.
"En efecto, por escrito de fecha tres de agosto de mil novecientos ochenta y ocho Crescencio y Juan Gómez Reyes demandaron de Gabriel Sandoval Galván el pago de diversas prestaciones por haber sido despedidos injustificadamente de su trabajo, ofreciendo entre otras pruebas, la confesional a cargo de Armando Hernández, respecto de la cual la Junta por acuerdo de primero de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, dijo: ‘Se recibirá la confesional para hechos propios a cargo del señor Armando Hernández, persona que deberá ser citada por el actuario de esta Junta en el domicilio de la demandada, a quien se le apercibe que para el caso de no comparecer en la fecha y hora que ha quedado señalada se le tendrá por confeso fíctamente de las disposiciones que sean articuladas previa calificación de legales y procedentes.’.
"Con fecha siete de febrero de mil novecientos ochenta y nueve el actuario de la Junta responsable se constituyó en el domicilio de la empresa a efecto de citar a Armando Hernández, persona que debía comparecer a absolver posiciones, levantando la razón correspondiente y en donde en lo conducente, expuso: ‘Impidiendo todo acceso al lugar o documentación al suscrito para allegarse medios de cercioramiento y convicción para poder cumplimentar el acuerdo de referencia, lo que hago del conocimiento de esta H. Junta.’; por lo que la Junta entre otras cosas, proveyó: ‘En virtud de que el actuario de esta Junta no notificó al confesante para hechos propios nuevamente se señalan las trece horas del día dieciséis de febrero del año en curso, para que tenga verificativo una audiencia de desahogo de pruebas en el presente conflicto, fecha en la cual se recibirá la confesional para hechos propios a cargo del Sr. Armando Hernández, persona que deberá ser citada por el actuario de esta Junta en el domicilio de la demandada el cual obra señalado en autos y proceda a notificarle el presente acuerdo debiéndose cerciorar por todos los medios legales a su alcance si la persona antes mencionada trabaja para la negociación demandada a quien se le apercibe que para el caso de no comparecer se le tendrá por confeso fíctamente de las posiciones que le sean articuladas previa calificación de legales.’.
"Habiéndose constituido nuevamente el actuario en el domicilio de la demandada, levantó el acta respectiva, en donde en lo conducente, dijo: ‘Acto seguido comparece la persona que bajo protesta de decir verdad dijo llamarse Daniel Sandoval Salinas y ser trabajador del lugar en que se actúa desde aproximadamente un año, agregando que los que laboran en ese lugar son todos familiares y que por lo tanto dice no conocer al señor Armando Hernández, por lo anteriormente señalado y por no haber elementos plenos de convicción y cercioramiento lo hago del conocimiento de esta H. Junta a efecto de que acuerde lo conducente conforme a derecho.’.
"Con la razón anterior se dio cuenta a la Junta durante el desarrollo de la audiencia del dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, tomando la palabra las partes, por lo que la actora entre otras cosas, expuso: ‘por economía procesal se permite ratificar el domicilio particular señalado anteriormente del C. Armando Hernández para efectos de su citación o notificación’, ante lo cual la Junta acordó: ‘y toda vez que el actor por conducto de su apoderado legal proporciona el domicilio donde deberá ser notificada dicha persona razón por la cual cambia la naturaleza de la prueba de confesional para hechos propios a testimonial; por lo que nuevamente se señalan las trece horas del día veintiuno de febrero del año en curso, fecha se dice para que tenga verificativo una audiencia de desahogo de pruebas, fecha en la cual se recibirá la testimonial ofrecida por la parte actora a cargo del señor Armando Hernández, persona que deberá ser citada por el actuario de esta Junta en su domicilio particular.’.
"El artículo 793 de la Ley Federal del Trabajo, dice: ‘Artículo 793. Cuando la persona a quien se señale para absolver posiciones sobre hechos propios, ya no labore para la empresa o establecimiento, previa comprobación del hecho, el oferente de la prueba será requerido para que proporcione el domicilio donde deba ser citada. En caso de que el oferente ignore el domicilio, lo hará del conocimiento de la Junta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, y la Junta podrá solicitar a la empresa que proporcione el último domicilio que tenga registrado de dicha persona. Si la persona citada no concurre el día y hora señalados, la Junta lo hará presentar por la policía.’.
"Como se desprende de lo expuesto, lo alegado por el quejoso es correcto puesto que en primer lugar la Junta sin fundamento legal alguno cambia la naturaleza de la prueba confesional a cargo de Armando Hernández para darle el carácter de testimonial, basándose para ello en el solo hecho de que la oferente ratificó el domicilio que ya había proporcionado del absolvente lo que de ninguna manera da lugar para que se cambie la naturaleza de la prueba, en virtud de que el artículo 793 de la Ley Federal del Trabajo antes transcrito permite que al oferente se le requiera en caso dado para que proporcione el domicilio de la persona que deba absolver posiciones, sin apercibir de forma alguna para el caso de que se dé o proporcione el domicilio de motu proprio; de donde la Junta indebidamente en el acuerdo del dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y nueve y en los subsecuentes tuvo como prueba del quejoso una testimonial y no la confesional que fue la que se ofreció; y en segundo lugar, porque desde el acuerdo emitido por la responsable con fecha primero de febrero, en que admitió la prueba y ordenó se citara al absolvente en el domicilio de la empresa, claramente dijo que el actuario comisionado debía cerciorarse por todos los medios legales de si el absolvente trabajaba o no para la demandada, ya que en este sentido se había tratado de excepcionar. Y es el caso que tanto en la primera como en la segunda razón que se transcriben parcialmente, se asienta que no se tuvieron para poder cumplimentar la orden dada por la Junta, los elementos de convicción necesarios, y no sólo eso, sino que en la primera de las razones asentadas, el actuario dijo que se le impidió todo acceso al lugar o documentación para allegarse medios de convicción y cercioramiento para que pudiera cumplimentar la orden que se le dio, todo lo cual es contrario no sólo a lo ordenado por la Junta respecto de la confesional sino al espíritu del artículo 793 de la Ley Federal del Trabajo que claramente prevé: ‘previa comprobación del hecho’, esto es, en el caso, previa comprobación plena de que el citado a absolver posiciones no labora para la empresa; de donde la Junta en lugar de haber dictado el acuerdo del dieciséis de febrero en que cambia la naturaleza de la prueba y en atención precisamente a las razones asentadas por el actuario en el sentido no sólo de que se le impidió sino que no se le allegaron los medios de convicción plenos, debió dictar acuerdo ordenando al funcionario encargado que se constituyera nuevamente en el domicilio de la empresa a efecto de requerirla, incluso con medios de apremio para que ésta le permitiera no sólo el acceso a las instalaciones sino a la documentación que la Ley Federal del Trabajo le obliga a llevar en su artículo 804, que dice: ‘Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan: I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable; II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios; III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo; IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley; y V. Los demás que señalen las leyes. Los documentos señalados por la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III y IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.’, que le permitiera el cercioramiento pleno de que la persona a quien iba a notificar no trabajaba ahí, ya que la responsable como atinadamente se alega a los quejosos (sic) le está dando un valor preponderante al solo dicho de la empresa de que el señor Armando Hernández no es su trabajador."
Sobre el particular, el citado Tribunal Colegiado de Circuito redactó la tesis visible en el Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, al terminar el año de mil novecientos ochenta y nueve, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 535, que dice:
"PRUEBA CONFESIONAL EN MATERIA LABORAL. El hecho de que el absolvente ya no labore en la empresa, no faculta a la Junta para cambiar su naturaleza a prueba testimonial."
QUINTO. El análisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con el criterio sentado por la Cuarta Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 22/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, octubre de 1992, página 22, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En la especie, los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre un mismo tema, a precisar: la naturaleza jurídica de la prueba ofrecida como confesión por el trabajador, a cargo de persona que para cuando habría de desahogarse la probanza, ya no laboraba para la empresa demandada.
Advirtiéndose que los citados órganos colegiados partieron de la existencia y examen de los mismos elementos, que fueron esencialmente, los siguientes:
1. Un juicio laboral.
2. El ofrecimiento por el trabajador de la prueba de confesión a cargo de persona que ejercía funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento demandado, cuyos hechos que dieron origen al conflicto le son propios y se le atribuyeron en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones le son conocidos.
3. Que para la fecha del desahogo de la prueba, el absolvente ya no trabaja para la empresa o establecimiento demandado.
Ahora bien, a pesar de que los aludidos órganos jurisdiccionales examinaron los mismos elementos respecto del mismo tópico jurídico, arribaron a conclusiones divergentes, pues mientras el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, convinieron en que en tales circunstancias las Juntas laborales están facultadas para cambiar la naturaleza de la prueba de confesión a testimonio; el antes Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, sostuvo que, en ese caso, el artículo 793 de la Ley Federal del Trabajo prevé que se requiera al oferente para que proporcione el domicilio y no que se cambie la naturaleza de la probanza de confesión a testimonio.
En esos términos, se encuentra expresamente configurada la contradicción de tesis denunciada, siendo pertinente destacar que también se identifica como punto coetáneo y tácito de contradicción, lo relativo a la valoración del resultado de la probanza de mérito.
SEXTO. La contradicción ha de resolverse declarando que sobre el tema a debate debe prevalecer el criterio que sienta esta Sala al tenor de las siguientes consideraciones:
Como punto de partida y para normar el criterio que debe prevalecer, es preciso destacar las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que regulan el ofrecimiento y desahogo de la prueba de confesión en el procedimiento laboral pues, además, de tales disposiciones se hicieron derivar los criterios divergentes, siendo las siguientes:
"Artículo 786. Cada parte podrá solici
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5664-b4a73090/confesion-en-materia-de-trabajo-a-cargo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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