COMPENSACIONES. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN TIENEN FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN ESA MATERIA (REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 109/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
Vistos, para resolver los autos de la contradicción de tesis identificada al rubro y;
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante oficio número 1827/98, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, la coordinadora general de Compilación y Sistematización de Tesis de este Alto Tribunal, hizo del conocimiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, al resolver las revisiones fiscales números 1/97, 2/97, 14/97 y 15/97, promovidas por la Administración Local de Recaudación de Mérida y otra, y el amparo directo número 625/95, promovido por Mini Leo, Sociedad Anónima de Capital Variable; y la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León de fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en los autos de la revisión fiscal número 20/97.
SEGUNDO.-Remitido que fue el oficio a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los tribunales citados al rubro, ordenó registrar el expediente con el número 109/98 y ordenó solicitar a los presidentes de los órganos colegiados contendientes copia certificada de las ejecutorias precisadas en el resultando que antecede, en virtud de no encontrarse éstas en autos.
TERCERO.-Por diverso proveído de fecha cinco de noviembre del citado año, el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa recepción de las constancias requeridas, ordenó turnar los autos al señor Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. Asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República, para que por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal adscrito, manifestara lo que a su interés conviniera.
El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción se abstuvo de formular pedimento.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 29, fracción II, y 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del acuerdo plenario número 1/1997, del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, dado que se plantea entre los criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados en materia administrativa.
SEGUNDO.-El criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver las revisiones fiscales números 1/97, 2/97, 14/97 y 15/97, así como el amparo directo número 625/95, es el siguiente:
Se transcribe únicamente la parte considerativa de la revisión fiscal número 2/97, en virtud de que el contenido de las resoluciones indicadas es esencialmente el mismo:
"QUINTO.-Es esencialmente fundado y suficiente el único agravio hecho valer por la autoridad inconforme, por ser evidente que en el extremo que cuestiona, jurídicamente no es correcta la decisión que asumió la Sala Fiscal al emitirla, tal como se pasa a demostrar a continuación.-En efecto, entre los conceptos de nulidad que propuso la parte actora en su escrito de demanda, alegó la falta de competencia de la autoridad emisora de los oficios combatidos, bajo los siguientes argumentos.-a) Que ello era así en razón de que en el artículo 111, apartado A, fracciones XV y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, no incluía a la Administración Local de Recaudación en Mérida para emitir tales oficios y que por tanto, ello era facultad exclusiva de las Administraciones Fiscales Federales; y b) Que el numeral, apartado, fracciones y reglamento aludidos, no facultaba a la autoridad demandada, aquí inconforme, a rechazar las compensaciones efectuadas por los contribuyentes, citando a manera de apoyo un criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, publicado bajo el rubro: ‘ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN, CARECEN DE COMPETENCIA PARA DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DE LAS COMPENSACIONES REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYENTES.’.-La Sala resolutora, al afrontar dichos argumentos, consideró infundado el primero de ellos, toda vez que la referida actora inadvirtió que al emitir la autoridad demandada los oficios impugnados no solamente citó el Diario Oficial de la Federación de fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, sino también los diversos de fechas cuatro de junio del mismo año y veinticinco de enero y veinte de agosto de mil novecientos noventa y tres, por los cuales fue reformado el reglamento en cita y surgieron las Administraciones Locales de Recaudación. Sin embargo, en lo tocante al segundo argumento expresado por el actor en el juicio de nulidad, la Sala en cita lo declaró fundado bajo la consideración de que en términos de lo dispuesto por el artículo 111, apartado A, fracciones XV y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Administraciones Locales de Recaudación, no tienen facultades expresas para rechazar las compensaciones realizadas por los causantes, ni tampoco tienen atribución para determinar la procedencia o improcedencia de dichas compensaciones, conclusión que dio lugar a que se declarara la nulidad lisa y llana de los oficios impugnados, citándose a manera de respaldo, el criterio que invocara la parte actora en su ocurso de nulidad.-Ahora bien, vistas y examinadas las constancias del sumario, se advierte que la decisión de la Sala Fiscal, no es jurídicamente adecuada, en atención a lo siguiente: La fracción XV, del artículo 111, del reglamento antes invocado, en concreto dice que compete a las Administraciones Locales de Recaudación, ejercer las facultades siguientes: ‘... Verificar aritméticamente el saldo a favor a compensar; cobrar las cantidades compensadas indebidamente y, en su caso, imponer las multas correspondientes.’.-Del texto transcrito, se desprende que en dicha norma se facultó y, por ende, se otorgó competencia a las Administraciones Locales de Recaudación para verificar aritméticamente el saldo a favor a compensar; es decir, se le concedió la atribución de revisar matemáticamente el saldo que favorezca a los contribuyentes en la hipótesis de palabra ‘verificar’ significa probar que es verdadero algo que se dudaba, lo que quiere decir que desde un punto de vista aritmético, verificar entraña el acto mediante el cual la autoridad administrativa revisa desde una perspectiva matemática, las operaciones realizadas por el causante en el caso de presentar compensaciones cuyos saldos le favorezcan, esto, con el único fin de constar si la compensación se ajusta o no a la verdad, lo que resulta lógico deducir, habida cuenta que las compensaciones por lo general son actos unilaterales que provienen de los propios causantes y, por eso, la administración pública tiene la potestad de revisar y examinar las compensaciones que presente.-Luego entonces, si dichas administraciones de recaudación pueden verificar aritméticamente tales operaciones, es inconcuso que también tienen facultad para admitirlas o rechazarlas, esto es, para decidir si las compensaciones se apegan o no a la realidad, con base en el análisis aritmético que realicen.-Ilógico sería no entenderlo así, pues como se acaba de señalar, si la autoridad demandada en el juicio de nulidad tiene facultad para verificar, evidentemente también la tiene para admitir o rechazar, según sea el resultado de su análisis, las compensaciones solicitadas por los contribuyentes; máxime que en ese entorno, la propia norma hipotética determina categóricamente que dichas autoridades administrativas se encuentran facultadas ‘para cobrar las cantidades compensadas indebidamente’, lo que viene a corroborar que se trata de facultades implícitas contenidas en la norma, de ahí que resulten fundadas las argumentaciones que esgrime la recurrente en ese tema. ... En tal virtud, debe decirse que la Sala Fiscal interpreta indebidamente el precepto legal de que se trata, ya que por las razones antes expuestas es dable sostener que respecto se invoca; sin embargo, por razones de técnica jurídica, no es factible revocar el fallo que se revisa, en consideración a las razones que inmediatamente se exponen.-En la parte final de la sentencia recurrida, se dice que el resultar fundado el concepto de anulación que dio del estudio de los demás conceptos, ello evidentemente en observancia y apego al principio de economía procesal, y como en esta alzada los Magistrados que resuelven no consideran apegado a derecho el pronunciamiento de anulación del acto administrativo, se estima necesario devolver los presentes autos a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, con el propósito de que se ocupe de los conceptos de nulidad omitidos y, en consecuencia, reasumiendo su libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando fungen como órganos revisores en materia fiscal, no están facultados para abocarse directamente al análisis de los argumentos no estudiados por el órgano de jurisdicción natural, o sea, en ese supuesto no es aplicable el artículo 91, fracción I de la Ley de Amparo. Por tanto, lo que procede en este caso es declarar insubsistente la sentencia recurrida y, por consiguiente, se ordena la devolución de los presentes autos a la Sala de su origen, a fin de que analicen los conceptos de nulidad omitidos y se falle el asunto conforme a derecho ...".
TERCERO.-El criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al fallar la revisión fiscal número 20/97, es el siguiente:
"En la sentencia que se revisa se declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas, consistentes en los oficios 8242, 8788 y 8880, emitidos por el administrador local de Recaudación de San Pedro Garza García, Nuevo León, que declararon improcedente las compensaciones realizadas por la actora Alen del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, y le requieren de pago de diversas cantidades por concepto de impuesto al valor agregado que dejó de cubrir al aplicar dicha compensación, así como su actualización y recargos, asimismo, se impugnan dos cartas de invitación dictadas en el expediente ACE 841205-FT1, a fin de que realice el pago de compensación efectuada indebidamente; actos que fueron impugnados a través del juicio de nulidad 37/97, en el cual la Sala responsable, por sentencia de veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete, declaró la nulidad de dichas resoluciones, estimando que la autoridad que la emitió carece de competencia para ello, y al analizar el contenido del artículo 95, apartado A, fracción XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estimó que el administrador local de Liquidación de San Pedro Garza García, Nuevo León, no tiene facultades para revisar por improcedente las compensaciones y determinar créditos fiscales por esa razón, como tampoco para evitar a los contribuyentes para efectuar su pago.-Como se ve, la materia de la resolución recurrida, contrario a lo que argumentó el representante de la actora en su escrito de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, que presentó ante este tribunal, no versó sobre la aplicación de un precepto legal, sino sobre la interpretación del mismo, pues la Sala responsable sí hizo un pronunciamiento respecto al contenido del numeral de mérito, estimando que no le concede facultades al administrador local de Recaudación de San Pedro Garza García, Nuevo León, para emitir las resoluciones cuya nulidad se demandó, en tal virtud, lo expuesto hace procedente el presente recurso de revisión.-Establecido lo anterior, a continuación procede examinar los agravios que hacen valer las recurrentes, los que se estiman infundado el primero e inoperante el segundo, por las siguientes razones.-En el caso concreto, la Sala responsable consideró que las cargas de invitación impugnadas por la actora y los oficios 8242, 8788 y 8880, que declararon improcedente las compensaciones que realizó el saldo a favor derivado del impuesto sobre la renta contra el impuesto al valor agregado a su cargo y además que le requieren de pago de este último, el cual debió de cubrir al aplicar dicha compensación, así como su actualización y recargos, deben anularse, en virtud de la incompetencia que le resulta a la autoridad que las emitió, atento a lo dispuesto por el artículo 95, apartado A, fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-Ahora bien, en primer término, resulta conveniente transcribir el contenido del precepto legal aludido: ‘Artículo 95. Las Administraciones Generales de Recaudación, de Auditoría Fiscal Federal y la Jurídica de Ingresos, contarán con administradores locales que tendrán la circunscripción territorial, la sede y el nombre que al efecto se señale mediante acuerdo del secretario. Las Administraciones Locales de Recaudación, de Auditoría Fiscal, de Jurídica de Ingresos, estarán a cargo de un administrador, quien será asistido en el ejercicio de sus facultades por los subadministradores, coordinadores, supervisores, inspectores, auditores, abogados hacendarios, ayudantes de auditor, verificadores, ejecutores y notificadores y por los demás servidores públicos que señale este reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.-A. Compete a las Administraciones Locales de Recaudación, ejercer las facultades siguientes: ... XV. Verificar aritméticamente el saldo a favor a compensar, determinar y cobrar las cantidades compensadas indebidamente y, en su caso, imponer las multas correspondientes: así como efectuar la compensación de oficio de cantidades a favor de los contribuyentes.’.-La recurrente, en su primer agravio sostiene que la Sala responsable llevó a cabo una incorrecta interpretación del numeral transcrito, pues considera que dicho precepto faculta expresamente al administrador local de Recaudación de San Pedro Garza García, Nuevo León, para determinar la improcedencia de las compensaciones efectuadas y determinar créditos fiscales, que es falso que únicamente tenga facultad de verificar aritméticamente los saldos a favor, tal como lo concluyó la Sala responsable, y que resultan inaplicables los argumentos que se vertieron en la resolución que se revisa, ya que en el artículo 95 de mérito, se agregó el concepto ‘determinar’, que no se incluía en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente antes del once de septiembre de mil novecientos noventa y seis.-A criterio de este tribunal, es infundado el anterior agravio, ya que la Sala responsable acertadamente estimó que la autoridad demandada no ejerció una facultad conferida por el precepto de referencia, es decir, la de determinar y cobrar cantidades compensadas indebidamente, provenientes de la verificación aritmética del saldo a favor a compensar y que en cambio, la autoridad demandada rechazó por improcedente las compensaciones y determinó créditos fiscales, siendo que tales actos no le están encomendados.-En efecto, este órgano colegiado determina que de la interpretación del artículo 95, apartado A, fracción XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en que se apoyó la Administración Local de Recaudación de San Pedro Garza García, Nuevo León, para estimar improcedente las compensaciones que llevó a cabo la empresa actora del saldo a favor del impuesto sobre la renta contra el impuesto al valor agregado y determinaron el pago de este último, se desprende que los supuestos que establece dicho numeral, ninguno de ellos le otorga facultades para ese efecto. Ciertamente debe entenderse que ‘verificar aritméticamente el saldo a favor a compensar’ debe interpretarse como la revisión matemática en cuanto al correcto señalamiento de las cantidades a compensar por el contribuyente, ‘determinar y cobrar las cantidades compensadas indebidamente’, debe entenderse como la conducta de la autoridad de señalar o cuantificar la cantidad indebidamente compensada y exigir su pago, y finalmente imponer las multas correspondientes, debe considerarse como la facultad de sancionar al contribuyente por llevar a cabo una conducta ilegal. En esas condiciones, resulta que el concepto ‘determinación’, no debe interpretarse como lo argumentan las recurrentes, es decir, en el sentido de fincar créditos fiscales o determinar la improcedencia de las compensaciones efectuadas, sino que tal concepto se refiere a las cantidades compensadas indebidamente que sean producto o resultado de la verificación aritmética que hubiere advertido la autoridad revisora, que en el caso resulta ser la Administración Local de Recaudación de San Pedro Garza García, Nuevo León, pero el precepto que se analiza, no autoriza a la mencionada autoridad, a imponer o determinar una contribución omitida, como es el impuesto al valor agregado cuya determinación se contiene en los oficios materia del juicio de nulidad, como tampoco se incluye la facultad de estimar improcedente las compensaciones efectuadas por el contribuyente, de ahí que el agravio relativo resulta infundado, máxime si se toma en cuenta, que en nuestro régimen constitucional las autoridades únicamente tienen las facultades que la ley les otorga, de tal suerte que si el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no les confiere las facultades que ejercieron al emitir las resoluciones reclamadas en el juicio de nulidad 37/97, resulta correcta la consideración de la Sala responsable, al declarar la nulidad de las mismas, con base en el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.-Por otro lado, la circunstancia de que la Sala Regional del Noreste del Tribunal Fiscal de la Federación, haya invocado un precedente de la Sala Regional Centro del propio tribunal, que se refiere a un Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anterior al vigente, no implica que las consideraciones vertidas en la resolución que se revisa resulten incorrectas. En efecto, dicho criterio sostiene: ‘ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN. CARECEN DE COMPETENCIA PARA DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DE LAS COMPENSACIONES REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYENTES.-Del análisis minucioso del artículo 111, apartado A, fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en que se fundan las Administraciones Locales de Recaudación para rechazar compensaciones realizadas por los contribuyentes, se desprende que de los tres supuestos que se establecen, ninguno de ellos le da facultades para tal efecto. A saber, «verificar aritméticamente el saldo a compensar», debe entenderse como la revisión del cálculo matemático en cuanto al señalamiento correcto de las cantidades a compensar por el contribuyente, «cobrar cantidades indebidamente», debe entenderse como la conducta de la autoridad de exigir créditos fiscales derivados de cantidades compensadas indebidamente (no así determinar la improcedencia de dicha compensación) y, finalmente la imposición de las multas correspondientes, debe entenderse como la facultad de sancionar al contribuyente por llevar a cabo una conducta ilegal. Por tanto, en un régimen de facultades expresas como es nuestro sistema jurídico, a fin de satisfacer la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, la competencia de las autoridades administrativas debe estar determinada en un precepto o preceptos legales que la faculten expresamente a realizar, ordenar o ejecutar un acto, y no fundar sus actividades en presunciones o dogmas, que vulnerarían en perjuicio del particular la garantía constitucional aludida. En tal virtud es incuestionable que el artículo 111, del reglamento precitado, no le otorga competencia a las Administraciones Locales de Recaudación para rechazar cantidades compensadas por los contribuyentes y menos aún, cuando éstas no deriven por parte del particular, a requerimientos hechos por la autoridad administrativa, pues en la materia de compensaciones deben observarse los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.’.-Ahora bien, conforme al artículo 95, apartado A, fracción XV, del reglamento vigente, como se dijo, se desprende que está vedado a los administradores locales de Recaudación, declarar la improcedencia de las compensaciones y determinar las contribuciones omitidas al hacer dicha compensación, pues esa facultad no la confiere el dispositivo señalado. A mayor abundamiento, dichas atribuciones, conforme el apartado B, fracciones XII y XVI del invocado numeral, corresponden a otras autoridades, como son las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal.-Finalmente, el segundo agravio resulta inoperante, pues las recurrentes argumentan que la Sala responsable llevó a cabo una interpretación incorrecta del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, porque erróneamente se negó la oportunidad al contribuyente de efectuar la compensación del saldo del impuesto sobre la renta contra el impuesto al valor agregado a su cargo y que en el caso concreto, no hay derecho que exigir a la autoridad fiscal, es decir, que no se establece la obligación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para considerar procedente una compensación realizada en los términos citados.-Ahora bien, este órgano colegiado estima que la inoperancia del citado agravio deviene en razón de que la Sala responsable no se pronunció sobre la procedencia o improcedencia de las compensaciones realizadas por la contribuyente, es decir, la actora del juicio de nulidad, pues se concretó a nulificar las resoluciones impugnadas, debido a la incompetencia del funcionario que las emitió, fundándose en el artículo 238, fracción I del Código Fiscal de la Federación determinando que era innecesario el estudio de los demás agravios hechos valer por la actora, de tal suerte que si los argumentos de inconformidad que se formulan contra el fallo que se revisa, no fueron materia de la litis, jurídicamente no es posible que sean analizados por este órgano colegiado.-Consecuentemente, ante lo infundado e inoperante de los agravios formulados por las recurrentes, es procedente confirmar la sentencia recurrida."
CUARTO.-El análisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada.
Lo anterior es así, en virtud de que mientras el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, sustentó el criterio de que las Administraciones Locales de Recaudación tienen facultades para determinar la improcedencia de las compensaciones realizadas por los contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, apartado A del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres, vigente en el momento en que se verificaron los actos reclamados en los juicios de amparo que dieron lugar a la presente divergencia de criterios, que disponía que compete a dichas unidades administrativas verificar aritméticamente el saldo a favor a compensar, cobrar las cantidades compensadas indebidamente y, en su caso imponer las multas correspondientes, en cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, sostiene el criterio de que la competencia de dichas Administraciones Locales de Recaudación, se constriñe a la verificación aritmética de las cantidades a compensar, sin que tengan atribuciones para determinar sobre su procedencia ni para establecer la existencia de créditos fiscales, en términos de lo dispuesto en el artículo 95, apartado A del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente a partir del día doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis.
De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que existe la contradicción de tesis denunciada, dado que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los respectivos juicios y, en su caso, recursos, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando criterios jurídicos discrepantes, con motivo de diversas interpretaciones jurídicas de los mismos elementos de conocimiento.
Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la jurisprudencia número 22/92, sustentada por la Cuarta Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número cincuenta y ocho, octubre de 1992, página veintidós, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
QUINTO.-En principio, es pertinente destacar que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, se pronunció al fallar los asuntos que han sido previamente especificados, en relación al artículo 111, apartado A, fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dispositivo que ya no se encuentra en vigor por haber sido abrogado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día once de septiembre de mil novecientos noventa y seis.
Por otro lado, el Segundo Tribunal del Cuarto Circuito se pronunció en torno al artículo 95, apartado A, fracción XV del propio ordenamiento reglamentario en vigor a partir del día doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis, disposición que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del día treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, en vigor al día siguiente de su publicación, por medio del cual se creó el Servicio de Administración Tributaria, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No obstante lo anterior, esto es, que la divergencia de criterios provenga de disposiciones reglamentarias diversas y que ya no se encuentran en vigor, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede a dilucidar el criterio que debe prevalecer, en virtud de que en el reglamento vigente, que sustituyó a los que fueron materia de análisis en las resoluciones pronunciadas por los órganos colegiados contendientes, en lo esencial se repitieron las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito dio lugar a la contraposición de criterios. Dicho proceder se justifica con el propósito de fijar criterios que conserven vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica.
Para corroborar esta postura es preciso realizar un examen comparativo entre las disposiciones, ya sin vigor, en que se basaron el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito (artículo 111, apartado A, fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en vigor hasta el día once de septiembre de mil novecientos noventa y seis) y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito (artículo 95, apartado A, fracción XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en vigor hasta el día diez de junio de mil novecientos noventa y ocho); y la vigente, a saber, el artículo 41, apartado A, fracción XV del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria que contiene hipótesis normativas semejantes.
El artículo 111, apartado A, fracciones XV y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al que se refirió el órgano colegiado enunciado en primer término, en vigor del veintiséis de enero de mil novecientos noventa y tres al once de septiembre de mil novecientos noventa y seis, era del siguiente tenor:
"Artículo 111. Las Administraciones Generales de Recaudación, de Auditoría Fiscal Federal y la Jurídica de Ingresos, contarán con administraciones locales que tendrán la circunscripción territorial, la sede y el nombre que al efecto se señale mediante acuerdo del secretario. La Administración General de Aduanas tendrá aduanas ubicadas conforme a este reglamento en la circunscripción que al efecto se señale mediante acuerdo del s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5640-32ad33a6/compensaciones-las-administraciones-locales-de-recaudacion-tienen-facultades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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