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DOCUMENTO DE FECHA CIERTA. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ACTA NOTARIAL SI LE FALTA LA FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN ABROGADA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 292/2012. · Registro digital (IUS): 24232
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Pág. 1210.

AMPARO EN REVISIÓN 292/2012. 5 DE DICIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LUIS ARMANDO CORTÉS ESCALANTE. SECRETARIO: JOSÉ EMILIO MONTALVO OSORIO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. No forman parte de la presente revisión los puntos resolutivos segundo y tercero que rigen los considerandos séptimo y octavo de la sentencia recurrida, referentes a la captura de sentencias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y a la publicación de datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como también el sobreseimiento decretado en el considerando cuarto del fallo impugnado, toda vez que la parte recurrente no expresa agravio alguno al respecto; consecuentemente, deberán permanecer intocados y, por ende, firmes de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia número 251, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 427, de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, con registro IUS 395574, que es del tenor literal siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO. Comprende sólo los puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando el fallo del Juez de Distrito firme en la parte que no fue impugnado."

QUINTO. Establecido lo anterior, y una vez analizadas las constancias del sumario, este Tribunal Colegiado determina de oficio, que en el presente caso, en la materia de la revisión, procede confirmar, aunque por motivos diversos, la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, invocada por la Juez a quo, lo cual permite reafirmar el sobreseimiento decretado, conclusión a la que se llega con base en las consideraciones siguientes.

En primer lugar, importa destacar que la quejosa, aquí recurrente, como tercera extraña al juicio ordinario civil de divorcio 537/2012, promovido por ********** en contra de ********** reclamó de la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil doce, por el que la citada Juez ordenó al demandado ********** salir del domicilio conyugal y restituir provisionalmente y, en tanto, se resuelve el aludido juicio en definitiva, la posesión del tablaje catastral ********** también identificado como ********** de la calle ********** por ********** de la colonia ********** a la promovente del juicio y sus menores hijas ********** alegando la impetrante del amparo que dicho inmueble es de su propiedad y no del demandado en el juicio natural **********.

Para acreditar la propiedad del citado bien raíz, la quejosa, por conducto de su autorizado, mediante escrito de doce de junio de dos mil doce, manifestó exhibir, con carácter de prueba, entre otras, la siguiente:

"1. Prueba documental pública, consistente en la copia certificada de la escritura pública con número de acta quinientos treinta y ocho de fecha veinticuatro de abril del dos mil once, pasada ante la fe del abogado ********** titular de la Notaría Pública Número ********** del Estado, relativa a la donación a título gratuito otorgada por el señor ********** a favor de mi autorizante, ********** alias ********** respecto del tablaje rústico marcado con el número ********** de la localidad de ********** Municipio de ********** la cual se anexa a este escrito, y con la que se acredita que la citada amparista es la actual propietaria del aludido inmueble."

Cuyo texto, es del tenor literal siguiente:

********** (documento escaneado)

En la sentencia recurrida, la Juez a quo sobreseyó en el juicio de garantías al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, conclusión a la que arribó considerando que para la procedencia del juicio de amparo no sólo era necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino además, que dicho acto afecta algún derecho legítimamente tutelado por la ley en favor de la impetrante, esto es, que le irrogue perjuicios en su esfera jurídica, para lo cual es menester acreditar en principio, el interés jurídico y luego, la afectación que el acto reclamado produzca, lo que en la especie consideró que no se demostró, pues aunque la quejosa ofreció la prueba documental consistente en la escritura pública ********** de veinticuatro de abril de dos mil once, para acreditar su propiedad, lo cierto es que resulta insuficiente para demostrar que se encontraba en posesión del mismo.

Sin ser óbice a lo anterior, que ofreciera la información testimonial de ********** y ********** ya que éstos aunque coincidieron en el hecho de la posesión, también externaron que se dio a partir del uno de mayo de dos mil doce, esto es, con posterioridad al acto reclamado emitido el veintitrés de abril anterior, lo que ciertamente es insuficiente para establecer en forma cierta el hecho de la posesión a su favor, más cuando el propio testigo ********** señaló que la quejosa reside en el ********** y sólo cuando viene a la ciudad de ********** se establece en su casa, por lo que dicha prueba no puede tener más valor que el de un indicio, pero insuficiente para acreditar que la quejosa se encuentra en posesión del tablaje catastral ********** teniendo por ende, como resultado que al no acreditar que se encontrara en posesión antes del acto reclamado, tampoco haya afectado dicho acto su derecho de propiedad, actualizándose la causal de improcedencia invocada y, con ello, el sobreseimiento del juicio de amparo.

Que también por otro lado, estando involucrados en la especie derechos de menores, el acuerdo de restitución de la posesión tiene por finalidad preservar el interés superior de los mismos, en términos de los artículos 199, fracción VI, incisos a) y b), del Código Civil del Estado, 3 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán.

En sus motivos de inconformidad, la recurrente aduce sustancialmente que fue indebido que la a quo considerara que no acreditó su interés jurídico para promover el amparo, pues en su opinión, sólo basta acreditar ser el titular del derecho y que el acto pretenda su menoscabo y no necesariamente estar ejerciéndolo de modo directo, requisitos que en la especie quedaron cubiertos, ya que al efecto exhibió la copia certificada de la escritura pública ********** de veinticuatro de abril de dos mil once, celebrada ante el notario público número ********** de esta entidad, sin que fuera indispensable que demostrara estar poseyendo el tablaje catastral ********** de modo continuo e ininterrumpido, pues su derecho no consiste en estar haciendo uso de algo que le pertenece, sino de usarlo y disfrutarlo en cualquier momento y subsiste mientras sea la propietaria del bien, por lo que quedó suficientemente demostrado su interés jurídico.

Que de ese modo es también inexacto por parte del a quo desligar el estudio de la posesión de la propiedad, porque la primera se encuentra implícita en la segunda, de tal manera que aunque el acto reclamado no modifica ni altera la propiedad, sí la menoscaba al impedirle su libre uso y disfrute al pretender privarla de la posesión cuando no ha sido oída ni vencida en juicio.

Que en esa virtud es claro que el acto reclamado le irroga un claro perjuicio, pues siendo la única y legítima propietaria del tablaje catastral ********** no puede ser ocupado contra su voluntad, sin que tuviera que demostrar que lo estuviera usando o poseyendo desde antes de dictarse el acto reclamado, pues conforme a su derecho de propiedad tiene la facultad de usarlo y disfrutarlo libremente en cualquier tiempo, máxime que no existe mandato que funde y motive en su contra la causa legal del procedimiento.

Pues bien, con independencia de los motivos de inconformidad externados por la aquí recurrente, en el presente caso procede confirmar el sobreseimiento decretado por la Juez a quo, aunque por diversos motivos a los contemplados, ya que la promovente del amparo no demostró fehacientemente su interés jurídico, en términos de lo ordenado por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, que textualmente establece:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso."

Esto es así, porque a juicio de este tribunal revisor, en la especie se actualiza la causal de improcedencia que invocó el a quo, aunque por diferente matiz, al ser generada por factores y motivos diversos, y que es susceptible de ser analizada de oficio en términos de la jurisprudencia P./J. 122/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 28, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro IUS 192902, que dispone:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."

Se arriba a la anterior conclusión, en virtud de que el elemento probatorio que exhibió la quejosa, ahora recurrente, para acreditar su interés jurídico, dada su calidad de persona extraña a juicio, si bien se sustenta en una documental relativa a la escritura pública de donación del bien inmueble en cuestión, contenida en el acta notarial ********** de once de abril de dos mil once, efectuada a su favor por ********** no menos cierto resulta que ese documento no es propio ni adecuado para acreditar su interés jurídico, como se verá a continuación.

En efecto, conforme a la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, en vigor, acta notarial o escritura pública es el instrumento original autorizado por el fedatario público bajo su fe pública, en el que se relaciona un acto o hecho jurídico, a solicitud de parte interesada (artículo 3, fracción I); protocolo, el conjunto de tomos ordenados numérica y cronológicamente, donde el notario público, observando los requisitos establecidos en la propia ley, asienta las actas notariales y escrituras públicas que se otorguen ante su fe (artículo 3, fracción XI) y testimonio, es la transcripción íntegra en un solo documento formando un legajo de una acta notarial o escritura pública y de los documentos anexos que obra en la apéndice dicha acta (artículo 3, fracción XIV).

Por su parte, el artículo 49, fracción I, de la propia ley, refiere que los fedatarios, en los actos y hechos jurídicos en los que intervengan en el ejercicio de sus funciones deberán cerciorarse de la identidad y capacidad de los comparecientes y cuando no los conozcan personalmente deberán asegurarse de su identidad por cualquier documento que a su juicio sea fehaciente, debiendo hacer constar ese hecho en el acta relativa y agregar al apéndice del acta el original o copia certificada del documento exhibido por el interesado para acreditar su identidad.

Asimismo, los diversos artículos 94 y 96, de esa misma ley, disponen, respectivamente, que los notarios públicos podrán extender en su protocolo actas notariales o escrituras públicas relativas en un acto jurídico, convenio o contrato que les sea presentado en original firmado por las partes; así como que la protocolización se llevará a efecto consignando en el acta un resumen general del negocio y otro especial de cado uno de los documentos que se protocolicen, o reproduciendo fotográficamente en las hojas del protocolo del documento respectivo, o bien transcribiendo íntegramente el documento o los documentos de cuya protocolización se trate, según hubiere sido ordenado por la autoridad o lo pidieren los interesados y se expresará el número de hojas que contengan cada uno de los documentos protocolizados.

A su vez, el diverso numeral 109 de este mismo ordenamiento, establece textualmente:

"Artículo 109. Los notarios públicos pueden autorizar copias o testimonios impresos debidamente cotejados, de las actas notariales y escrituras públicas que obren en su protocolo."

Pues bien, en el caso justiciable, como antes se ha señalado, la quejosa, hoy recurrente, argumenta acreditar su derecho de propiedad sobre el inmueble de que se trata, con la "... copia certificada de la escritura pública con número de acta quinientos treinta y ocho de fecha veinticuatro de abril del dos mil once, pasada ante la fe del abogado ********** titular de la Notaría Pública número ********** del Estado, relativa a la donación a título gratuito otorgada por el señor ********** a favor de mi autorizante, ********** alias ********** respecto del tablaje rústico marcado con el número ********** de la localidad de ********** Municipio de ********** la cual se anexa a este escrito, y con la que se acredita que la citada amparista es la actual propietaria del aludido inmueble."

Sin embargo, de la valoración de dicho documento, se advierte, en principio, y de manera oficiosa, que existen motivos concretos, para cuestionar su naturaleza de documento público y, con ello, la veracidad y certeza del acto ahí contenido, por las siguientes razones.

El documento en cuestión, refiere tratarse de un acta notarial que conlleva la transmisión de dominio de un bien raíz por medio del acto jurídico de la donación, que conforme a la Ley del Notariado en vigor a la fecha de su otorgamiento, se regula por los artículos 49, 94 a 109 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, publicada el treinta y uno de agosto de dos mil diez y en vigor a partir del veintiocho de febrero de dos mil once, con relación al cumplimiento de las formalidades y requisitos inherentes al momento en que se llevó a cabo el acto, en el caso, el contrato de donación a título gratuito relativo a la traslación de dominio del bien inmueble de que se trata.

En efecto, los artículos 49, 94 y 109 de la Ley del Notariado de Yucatán, en vigor, expresamente disponen que:

"Artículo 49. Los fedatarios públicos, en los actos y hechos jurídicos en los que intervengan en el ejercicio de sus funciones, deberán actuar de la siguiente manera: I. Cerciorarse de la identidad y capacidad de los comparecientes. Cuando el fedatario público no conozca personalmente a algún compareciente deberá asegurarse de su identidad por cualesquiera documento que, a su juicio sea fehaciente para comprobar dicha identidad, y hará constar en el acta tal circunstancia, asimismo agregará al apéndice del acta el original o copia certificada de lo exhibido por el interesado para acreditar dicha identidad. En el caso de que el fedatario público no conociese personalmente a alguno o algunos de los comparecientes y estos carezcan de documento alguno en términos del párrafo que antecede, podrá asegurarse de la identidad de ellos por la declaración de dos testigos que a su juicio sean dignos de crédito y deberá hacer mención de esta circunstancia en el acta respectiva; II. Cuando una persona represente a otra en un acto, contrato o convenio, el fedatario público le exigirá la comprobación de su personalidad y de las facultades de que se halla investida, aun cuando los una el nexo de patria potestad o de tutela y se agregará el documento original al apéndice, a no ser que el interesado pidiere la devolución del original, en cuyo caso se agregará al apéndice una copia certificada. Si no se tratare de documento especial para el acto, o aún siéndolo, la copia certificada podrá contener sólo la parte conducente; III. Asegurarse de la voluntad y capacidad de los comparecientes para la celebración del acto o convenio de que se trate; IV. Instruir a los comparecientes del sentido y efectos legales del acto o convenio en que intervengan, dándoles a conocer especialmente el alcance y efectos jurídicos de las renuncias de preceptos legales que hubiesen otorgado; V. Leer el acta notarial o escritura pública respectiva a las partes y a todos los que hubiesen intervenido en su otorgamiento, pudiendo todos ellos, repetir la lectura por sí mismos o por medio de otra persona; Si alguno de los comparecientes fuere sordo, deberá leer por sí mismo la escritura, pero si no pudiere o no supiere hacerlo, designará a una persona que la lea por él. Si el compareciente fuere invidente, designará a una persona que la lea por él. Para que el fedatario público haga constar que los comparecientes tienen capacidad legal, bastará con que no observe en ellos manifestaciones de incapacidad natural y que no tenga noticias de que están sujetos a un procedimiento de interdicción en términos de la ley; VI. Cuando alguno de los comparecientes ignore el idioma español, deberá concurrir con un traductor de su confianza, cuyo nombre y generales se mencionarán en el acta notarial o escritura pública, siendo admisible que todos los que ignoren dicho idioma nombren de común acuerdo a un sólo traductor. Lo dispuesto en esta fracción podrá dejar de aplicarse, si el fedatario público conoce el idioma de los comparecientes; VII. Los fedatarios públicos autorizarán las actas notariales y escrituras públicas con la fecha del último documento que deba agregarse al apéndice, y VIII. Además de los deberes que esta ley impone, los fedatarios públicos deberán cumplir en cuanto al examen de documentos, autorización de escrituras y expedición de testimonios o copias, con las obligaciones que establezcan las demás leyes vigentes; Cuando por error del fedatario público hubiere que rectificar algún acta notarial la rectificación se hará a costa del mismo. Para efectos de lo anterior, el fedatario público deberá cumplir con las formalidades legales correspondientes a la corrección de que se trate."

"Artículo 94. Los notarios públicos podrán extender en su protocolo actas notariales o escrituras públicas relativas a algún acto jurídico, convenio o contrato, que les sea presentado en original, firmado por las partes."

"Artículo 109. Los notarios públicos pueden autorizar copias o testimonios impresos debidamente cotejados, de las actas notariales y escrituras públicas que obren en su protocolo".

A su vez, el diverso artículo 58, de esa propia ley, referente a los medios por los cuales el notario público debe autorizar los actos o documentos en los que otorgue su fe pública, textualmente prevé que:

"Artículo 58. La firma autógrafa o electrónica acreditada en términos de la ley de la materia, y el sello son los medios por los cuales el notario público autorizará los documentos o actos en los que otorgue fe pública, atendiendo lo que respecto a documentos digitales y firma electrónica prevengan las leyes."

Pues bien, por cuanto al contrato de donación a título gratuito de que en la especie se trata, se advierte que corresponde al acta notarial ********** de veinticuatro de abril de dos mil once, que se celebró ante el notario público número ********** abogado ********** entre ********** como donante y su madre la quejosa ********** como donataria, respecto del tablaje rústico ********** del poblado de ********** Municipio de ********** identificado también como lote número ********** de la calle ********** entre ********** y ********** de la colonia ********** de esta ciudad de ********** conforme las cláusulas contenidas en el mismo y en cuyo calce asentó el notario lo siguiente:

"... Yo el notario, hago constar: Que cumplí con lo dispuesto en el artículo cuarenta y nueve fracciones primera, tercera, cuarta y quinta de la Ley del Notariado en vigor; que leí la presente acta a los comparecientes en alta voz, explicándoles su alcance y efectos legales y con su tenor manifestaron quedar enterados y conformes, la ratifican y firman conmigo para debida constancia. Doy fe. ********** Firmado. ********** Firmado. Sello de autorizar que dice: abogado **********.-Notaría Pública Núm. ********** Estado de Yucatán al centro.-Estados Unidos Mexicanos.-Escudo Nacional.-Doy Fe."

Luego, si al calce del acta relativa no aparece que el notario hiciera constar que firmó, como asentó líneas antes, lo cual es indicativo de que no lo hizo, según aparece de esa constancia, entonces es claro que en ella -el acta notarial- no cumplió con ese requisito que en la especie se estima esencial ya que de acuerdo a lo preceptuado por el invocado artículo 58 de la propia ley, la firma autógrafa o electrónica acreditada y el sello son los medios por los cuales el notario público autorizará los documentos o actos en los que otorgue fe pública, de modo que al no constar en el mismo la firma de dicho fedatario, es inconcuso que se carece de elementos suficientes para establecer con certeza que ante su potestad los contratantes pactaron la donación del inmueble de que se trata y, por ende, que su realización fue en la fecha del acta, es decir, el veinticuatro de abril de dos mil once, pues de dicha constancia no aparece la fecha en que se expidió.

El criterio anterior ya fue sustentado por este tribunal y formó la tesis XIV.C.A.48 C (9a.), publicada en la página 3759, Libro III, Tomo 5, Tomo 5, diciembre de 2011, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro IUS 160569, cuyos rubro y texto a la letra establecen:

"DOCUMENTO DE FECHA CIERTA. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ACTA NOTARIAL SI LE FALTA LA FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN).-El artículo 95 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán establece que en toda acta notarial se observarán, entre otros requisitos, el nombre y apellido del notario, el número de la notaría, el lugar y la fecha en que se extienda el acta que firmarán las partes o las personas que éstas designen, también los testigos y los intérpretes si los hubiere y las personas que, en su caso, hubiesen leído el acta por alguna de las partes y, por último, el notario, quien además de su firma pondrá su sello -ambos requisitos son necesarios-. Por su parte, el diverso numeral 97 prevé que después de cumplir los requisitos previos, el notario, bajo cuya fe haya pasado el acto o contrato, extenderá al margen de las escrituras razón de su autorización, con mención de la fecha y el lugar de ésta. Consecuentemente, si en la certificación relativa al acta notarial, el fedatario hace constar que se trata de una copia fiel y exacta del original que obra en su protocolo, sin señalar que puso su firma y sello, siendo ambos requisitos necesarios, como lo dispone el referido artículo 95, entonces no tiene el carácter de documento de fecha cierta al no cumplir con esos requisitos esenciales."

Por consiguiente, para considerar que los efectos de la fecha cierta del documento surgen a partir del día en que comparecen los contratantes ante el fedatario público a otorgar el acto, y no en una posterior, es indispensable que en el acta respectiva el notario haga constar que las partes se presentaron personalmente en la fecha que se indica, se identificaron, se les informó de los alcances y efectos jurídicos del acto, firmaron para constancia, como también lo hizo el notario con su firma y sello, esto es, que el acta cumplió con lo dispuesto por los mencionados artículos 49, 58 y 94 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, lo que no sucedió en el presente caso, por lo que no existe certidumbre de que la donación de que se trata haya sido efectivamente pasada ante la fe del notario público en la fecha de veinticuatro de abril de dos mil once, como se aduce y, en consecuencia, que sea de fecha cierta, pues como se ha precisado, no consta en su texto, que dicha acta haya sido firmada por el fedatario público, ni que hubiese asentado la fecha en que expidió dicha constancia, lo que genera duda fundada de ese hecho.

De esta manera, si conforme a lo antes expuesto, respecto del tablaje rústico ********** del poblado de ********** Municipio de ********** identificado también como lote número ********** de la calle ********** entre ********** y ********** de la colonia ********** de esta ciudad de Mérida, no hay constancia fidedigna de que se haya transferido mediante donación el veinticuatro de abril de dos mil once; es claro que, la quejosa ********** no acreditó su interés jurídico, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que conduce a confirmar la sentencia de sobreseimiento recurrida, aunque por diverso motivo, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la misma ley.

A mayor abundamiento de lo antes expuesto, de esa propia documental se advierte que carece de la naturaleza de una certificación como en la especie fue ofrecida, debido a que si bien de acuerdo al artículo 109 de la propia ley los notarios públicos pueden autorizar copias o testimonios impresos debidamente cotejados, de las actas notariales y escrituras públicas que obren en su protocolo no lo es menos que en el caso concreto no se cumple cabalmente esta disposición, ya que al calce del mismo no aparece leyenda alguna en la que el fedatario público certifique el cotejo de esa misma documental con el original de donde proviene, ni la fecha en que expidió la constancia de que se trata.

Sobre el particular se cita en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 33/2010, con registro IUS 164080, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 314, Tomo XXXII, agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, y que a la letra dispone:

"DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él."

Asimismo, resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 21/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 259, Tomo XXXI, abril de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro IUS 164792, que establece:

"DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.-Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24232-d559ab82/documento-de-fecha-cierta-no-tiene-ese-caracter · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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