INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO –EXTRAÑO AL JUICIO DE ORIGEN–. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE VERIFICAR OFICIOSAMENTE QUE LA CERTIFICACIÓN NOTARIAL CONTENIDA EN LA DOCUMENTAL EXHIBIDA PARA DEMOSTRARLO REÚNE LOS REQUISITOS DE FORMA CONTENIDOS EN LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE JALISCO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 23 DE ABRIL DE 2019. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS ARTURO GONZÁLEZ ZÁRATE, VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ, CARLOS HINOSTROSA ROJAS, JESICCA VILLAFUERTE ALEMÁN, RODOLFO CASTRO LEÓN Y JESÚS ANTONIO SEPÚLVEDA CASTRO. PONENTE: VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por el diverso 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado, este último, en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco.
TERCERO.—Posturas contendientes. Se trata de los siguientes criterios:
Primera postura
a) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión principal 385/2016, en sesión de veinte de enero de dos mil diecisiete, en lo conducente, determinó:
"CUARTO.—Antecedentes del asunto. De las copias certificadas de las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, se desprende lo siguiente:
"1. En escrito presentado ante la Oficialía de Partes de los (sic) Juzgado en Materia Civil en Puerto Vallarta, el diez de septiembre de dos mil catorce, **********, por propio derecho, demandó en la vía civil sumaria a **********, por las siguientes prestaciones: a) por la declaración de terminación de contrato de arrendamiento del bien inmueble ubicado en el número **********, de la calle Avenida, colonia **********, en la **********, ello por falta de rentas; b) la entrega física e inmediata del bien inmueble al promovente; c) la cantidad de **********, por concepto de falta de importe de las rentas del bien inmueble arrendado de los meses de enero de dos mil trece al mes de agosto de dos mil catorce, a razón de **********, según lo establecido en el contrato de arrendamiento; d) la cantidad de **********, por concepto de honorarios profesionales; e) los gastos y costas de la totalidad del juicio (fojas 1 a la 3 del tomo III del cuaderno de pruebas).
"2. Por auto de veintidós de septiembre siguiente, la Juez Segundo en Materia Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado, admitió a trámite la referida demanda, registrándola con el número de expediente 930/2014, ordenando el emplazamiento del demandado, el cual se realizó el uno de octubre de dos mil catorce (ídem, foja 9).
"3. Por acuerdo de tres de noviembre posterior, se tuvo por declarado en rebeldía al demandado en virtud de que no compareció a dar contestación a la demanda instaurada en su contra.
"4. El quince de agosto del año próximo pasado, se dictó la sentencia definitiva, en la que el Juez del conocimiento declaró procedente la acción de la actora y el demandado fue declarado en rebeldía; se declaró judicialmente que ha terminado el contrato entre **********, respecto del bien inmueble ubicado **********, por lo que se condenó a **********, a la desocupación y entrega del bien inmueble materia del contrato de arrendamiento; se condenó al pago de las rentas vencidas desde el mes de enero de dos mil trece, a razón de ********** mensuales, así como al pago de las rentas causadas y no cubiertas durante todo el tiempo que permanezca en posesión la parte demandada y las que se sigan venciendo hasta su total desocupación y entrega; se ordenó la desocupación y entrega de la finca señalada en líneas anteriores; se condenó al pago de **********, por concepto de pena a que se obligó la parte demandada; y al pago de los gastos y costas en favor de la parte actora (ibídem, fojas 30 a 33).
"QUINTO.—Estudio de los agravios: Dichos planteamientos de inconformidad son inoperantes en su mayoría e infundados en el resto y algunos de ellos se analizarán de manera conjunta, debido a su estrecha relación y reiteración.
"Merece la inicial calificativa el primero de ellos, en la parte en que se aduce que el Juez de Distrito, supuestamente, vulneró, en perjuicio de la parte recurrente, los derechos fundamentales previstos por los artículos 1o., 5o., 14 y 16 de la Constitución Federal, 17 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia número P./J. 2/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cinco, del Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:
"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.—Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.’
"Ese mismo agravio deviene igualmente inoperante, en la parte en que la recurrente argumenta que el Juez Federal no observó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues, según refiere, violó en su perjuicio sus derechos fundamentales de debido proceso y de no discriminación de género; sin embargo, no explica ni razona cuáles de las disposiciones legales que integran dicho ordenamiento legal, en concreto, tenían aplicación en la especie y en qué medida le favorecían, a más de que la inobservancia normativa que arguye la hace depender de la alegada violación a sus derechos fundamentales, lo cual ya fue previamente desestimado.
"Desde otra perspectiva, el referido planteamiento de inconformidad es infundado, ya que la alegada vulneración de los derechos fundamentales de debido proceso y de no discriminación de género de que se duele la agraviada, también la hace derivar de la supuesta deficiente valoración probatoria que atribuye al emisor de la sentencia recurrida, lo cual, sin embargo, resulta inexacto, debido a las razones que más adelante se explicarán, lo que se dice sin perjuicio de que tanto durante la sustanciación del juicio de amparo como en el dictado del referido fallo se aprecia que la aludida quejosa recibió el mismo trato procesal que el resto de las partes, así como también se observa que en todo momento se respetó su derecho de audiencia, admitiéndose y desahogándose las pruebas que propuso, y que no resultaron contrarias a derecho.
"Los restantes argumentos que integran ese primer agravio, al igual que el tercero y el cuarto, resultan también infundados, porque, opuesto a lo que en ellos se plantea y como correctamente se determinó en la sentencia sujeta a revisión, aun apreciadas en su conjunto las diversas documentales que exhibió la quejosa (copia certificada de la factura del vehículo, de cuyo embargo se duele, copia simple de la tarjeta de circulación del mismo automotor, copia certificada de su acta de matrimonio, así como copias certificadas del juicio de desahucio de origen), resultaban insuficientes para acreditar su interés jurídico para reclamar el embargo de dicho bien, ya que, ciertamente, como lo sostuvo el Juez de Distrito, el primer documento reseñado carece de fecha cierta, debido a que la certificación asentada por el fedatario, incumple con lo exigido por el artículo 89, fracción III, incisos a) y b), de la Ley del Notariado para el Estado,(1) pues, en efecto, se omitió asentar el nombre de quien solicitó la certificación, así como su plena identificación, así como tampoco consta la mención de si las fojas que integran el testimonio se encuentran impresas en uno o en ambos lados.
"Adicionalmente, cabe destacar que la factura, objeto de la deficiente certificación, ni siquiera se encuentra expedida en favor de la quejosa, sino, al parecer, del demandado natural y no obstante que en su reverso se asienta un supuesto endoso que éste hizo en favor de la citada agraviada, dicha transmisión de dominio no se encuentra autorizada por la autoridad administrativa correspondiente, al carecer del sello u holograma respectivo que hubiera sancionado de legal el acto.
"De ahí que por más que la quejosa exhibiera copia simple de la tarjeta de circulación (expedida a nombre del aludido demandado natural), así como demostrara haber contraído matrimonio con dicha persona y la posterior disolución de ese vínculo, al igual que la existencia de una sentencia firme de divorcio, en la que se ordenó la liquidación de la sociedad conyugal; todo ello resulta insuficiente para tener por acreditado su interés jurídico, en relación con dicho automotor, en la medida en que no probó que el mismo perteneciera a dicha sociedad y que al momento de su disolución le fuera transmitida su propiedad.
"Por otra parte, el segundo agravio, deviene inoperante, en la parte en que la recurrente manifiesta que la sentencia que recurre, es incongruente; ya que, para así asegurarlo, se basa en una simple presunción, la que hace consistir en que, al parecer, el Juez de Distrito, supuestamente, no leyó el expediente natural.
"De cualquier manera, debe decirse que las constancias de dicho sumario, sí fueron tomadas en cuenta para la emisión de la resolución impugnada, según así puede advertirse a partir de su página doce (folio 354, vuelta del cuaderno de amparo).
"Es también inoperante el segundo argumento que se contiene en el agravio sometido a estudio, dado que la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promovió la quejosa, impedía, técnicamente, abordar el análisis de la legalidad del emplazamiento y desalojo reclamados, cuya nulidad aduce.
"Por compartirse las consideraciones que la orientan, se cita la jurisprudencia número 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se encuentra consultable en la página 708, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, registro digital: 394984, cuyo contenido literal es el siguiente:
"‘SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.—Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.’
"Adolece también de inoperancia el diverso planteamiento de inconformidad, contenido en el mismo agravio que se analiza, consistente en que, a decir de la recurrente, el Juez de Distrito, debió solicitar informe al Juzgado Quinto en Materia de Amparo Penal, las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 577/2016; ya que si la finalidad que persiguió con dicha documental, fue la consistente en acreditar su interés jurídico para promover su amparo, la demostración de ese extremo le incumbía en exclusiva, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la ley reglamentaria de la materia, por tratarse del presupuesto necesario para que el Juez de Distrito, pudiera abordar el estudio de legalidad que propuso, lo que descarta que el órgano de amparo debiera recabar directamente esa probanza.
"Resulta aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, que se encuentra consultable en la página 15, del Tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 187777, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:
"‘INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA.—La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.’
"El quinto agravio, es a su vez infundado, porque, opuesto a lo que ahí se argumenta, del minucioso análisis de las documentales que fueron aportadas al juicio de amparo, no se deduce la existencia de las constancias relativas a algún expediente número 1078/2014, al parecer, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil (no se precisa el Partido Judicial al cual pertenece dicho órgano jurisdiccional), mismas con cuyo contenido, a decir de la recurrente, supuestamente, se acreditaría su interés jurídico, en relación con el inmueble, de cuyo desposeimiento se duele.
"Las constancias que obran agregadas en autos, son las relativas al juicio civil ordinario 1047/2014, promovido por la ahora recurrente contra **********, en contra de quien ejerció la acción de usucapión, respecto del mismo inmueble, de cuyo desposeimiento aquí se duele (las cuales se contienen en el tomo III del cuaderno de pruebas); sin embargo, dicha documental tampoco acredita su interés jurídico en relación con el destacado bien raíz, ya que no consta en esa documental que se le reconociera como titular del mismo, máxime que el supuesto contrato verbal de donación base de la acción, así como de la de amparo no se ha acreditado ni en el juicio ordinario, menos en este amparo.
"En otro orden de ideas, debe decirse que el sexto agravio es también infundado, porque, opuesto a lo que ahí se argumenta y como correctamente se determinó en la sentencia recurrida, las documentales exhibidas por la quejosa, consistentes en los recibos oficiales de pago de los servicios de suministro de agua y energía eléctrica, resultaban ineficaces para acreditar su interés jurídico en relación con el mismo inmueble; ya que se encuentran expedidos en favor de diversa persona (**********) y aunque en ellos se asienta el domicilio correspondiente al referido bien raíz, ello, sin embargo, obedece a que ese dato fue directamente proporcionado por el aludido usuario de tales servicios.
"Así, ni concatenando tales documentales con las constancias certificadas del juicio de desahucio de origen y con el acta de matrimonio de la quejosa, podría acreditarse su interés jurídico, como acertadamente se consideró en el fallo combatido; ya que de su contenido conjunto no emerge la existencia del acto jurídico que la autorizara para poseer el inmueble afecto, en concepto de propietaria; tampoco aportó prueba testimonial a fin de demostrar el hecho mismo de la detentación aducida.
"Por ende, si el derecho de propiedad que adujo no se justificó, porque las pruebas valoradas por el Juez de Distrito, no refieren a un acto jurídico susceptible de transmitirle el derecho aludido, como lo sería a manera de ejemplo, la compraventa, donación, cesión de derechos, permuta; entonces, no es posible tener por acreditado su interés jurídico, porque cuando en el juicio de amparo se reclama el desposeimiento de un inmueble, que se afirma se ostenta a título de propietario, es requisito indispensable aportar un título basado en alguna figura jurídica de la legislación secundaria en la que se pueda sustentar dicha posesión, tal como se revela de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.—En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.’
"Además, la celebración de su matrimonio con el demandado, no le otorga, por sí mismo, un derecho para reclamar en la vía constitucional la posesión sobre la finca en litigio, porque como con acierto lo determinó el Juez de Distrito, debió justificar que forma parte de una comunidad de bienes derivada de su unión civil, porque solo de esa forma es posible concluir que la titularidad del bien en litigio reside en ambos cónyuges, evento que no fue probado.
"Por tanto, su simple calidad de cónyuge del demandado natural, no justifica su interés jurídico, porque en ese supuesto, sería en su caso simple ocupante del bien, en virtud del vínculo de parentesco civil que la une con aquél, pero no por derecho propio, de lo que se tiene, que ni siquiera es una poseedora de la finca en términos del artículo 843 del Código Civil del Estado, que es categórico en señalar, que la tenencia sobre un inmueble, en virtud de la relación de dependencia con el propietario o con otro poseedor, no la hace poseedor, en tanto el citado precepto establece lo siguiente:
"‘Artículo 843. Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder un bien en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario, o de otro poseedor del mismo y que la retiene en provecho de éste, en cumplimiento de las órdenes e instrucciones que de él ha recibido, no se le considerará poseedor.’
"Por ende, es irrelevante que la diligencia de lanzamiento reclamada, fuera directamente entendida con la quejosa, como reiteradamente lo argumenta; ya que de ello no se sigue que tuviera la posesión legal del inmueble controvertido, por las razones precedentemente expresadas, máxime que en realidad defiende un derecho de propiedad que no se probó que exista.
"Por su parte, el séptimo agravio resulta inoperante, debido a que la recurrente, no explica ni razona, cual sería el acto jurídico que podría deducirse del contenido de la averiguación previa 4268/2014 (de cuya supuesta deficiente valoración se queja), que justificara la posesión que dice ejercer a título de propietaria sobre el inmueble afecto, pues sólo se limita a decir que se soslayó ponderar las declaraciones de diversos testigos (sin especificar sus nombres y la razón por la cual representarían utilidad para el fin destacado), así como la fe ministerial practicada sobre el inmueble.
"Finalmente, el octavo agravio deviene infundado, porque, por los motivos previamente expresados, es inexacto que el emisor de la sentencia sujeta a revisión, haya hecho sólo un análisis parcial de las pruebas existentes en autos.
"Debido a lo anterior, carece de sustento lo aducido por la inconforme, en el sentido de que, en su concepto, se agravió su derecho al debido proceso, el principio pro persona y, en general, los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos; ya que, para así aducirlo, parte de la inexacta premisa, consistente en el supuesto deficiente análisis probatorio que atribuye al Juez de Distrito, lo cual, se reitera, es falso.
"En las apuntadas condiciones, no demostrada la ilegalidad de la sentencia recurrida, lo procedente será confirmarla."
b) Posteriormente, el indicado Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión principal 111/2018, en sesión de doce de julio último, reiteró el criterio sostenido en el precedente que se acaba de transcribir, y en lo conducente, sostuvo:
"CUARTO.—Antecedentes del asunto.
"De las copias certificadas de las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, se desprende lo siguiente:
"1. **********, por derecho propio, demandó en la vía civil sumaria de **********, en su calidad de arrendatario y de **********, como fiadora, entre otras cosas, por la terminación de un contrato de arrendamiento, la desocupación y entrega física y material del inmueble materia de la litis, el pago de las rentas vencidas y no pagadas, así como intereses moratorios (fojas 2 a 6, del tomo I de cuaderno auxiliar).
"2. Por auto de trece de julio de dos mil once, el Juez Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado, la admitió a trámite, registrándola con el número de expediente 704/2011; asimismo, ordenó requerir de pago al inquilino y, en su caso, embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar lo reclamado y emplazarlos para comparecer dentro del término de cinco días a realizar el pago liso y llano de las cantidades reclamadas, y oponer las excepciones y defensas que estimaran pertinentes (ibídem, folio 7).
"3. Una vez emplazados los demandados al juicio de origen (fojas 12 y 51, del mismo cuaderno), mediante diversos proveídos de diecisiete de enero de dos mil doce y cinco de diciembre del mismo año, respectivamente, se les tuvo dando contestación a la demanda instaurada en su contra, oponiendo las excepciones y defensas, que estimaron pertinentes (ibídem, fojas 24 y 60).
"4. Seguido el juicio por sus etapas legales, el treinta de enero de dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró procedente la acción ejercida, por lo que se ordenó la terminación por rescisión del aludido contrato de arrendamiento, condenando a ********** a desocupar y entregar física y materialmente el inmueble en cuestión, a favor del actor, asimismo, se les condenó al pago de las rentas adeudadas e intereses moratorios, a exhibir los recibos de pago de los servicios del referido bien y, finalmente, al pago de gastos y costas de dicha instancia (fojas 106 a 114, del mismo cuaderno).
"5. En auto de veintiuno de febrero de la misma anualidad, causó estado dicha resolución, por lo que se requirió al demandado para que cumpliera voluntariamente con la misma, apercibiéndolo que de no hacerlo, se procedería a la ejecución forzosa (ibídem foja 118).
"6. En consecuencia, se procedió a dicha ejecución forzosa en diligencia de veinte de agosto del mismo año (ibídem, foja 138); y, posteriormente, en auto de tres de marzo de dos mil dieciséis, se aprobó el procedimiento de ejecución, dentro del cual, el bien inmueble embargado se adjudicó a favor del actor principal, al no haber comparecido ningún postor (foja 337 del mismo cuaderno).
"7. En auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó requerir a la parte demandada para que haga entrega del bien inmueble adjudicado al actor natural y, de no hacerlo, se ordenaría el lanzamiento del mismo (ibídem, foja 349).
"8. En consecuencia, el trece de septiembre siguiente, se llevó a cabo la aludida diligencia de lanzamiento del bien inmueble materia de la litis (foja 361, del aludido cuaderno).
"9. Inconforme con lo anterior, es que el hoy recurrente, **********, promovió demanda de amparo, cuyo conocimiento correspondió a la Jueza Sexto de Distrito en Materia Civil en el Estado y, posteriormente, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictó la sentencia respectiva, en la que, se sobreseyó en el juicio de amparo, al considerar se actualizaba la causa de sobreseimiento prevista por la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo (fojas 180 a 196, del juicio de amparo).
"Esta sentencia constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.
"QUINTO.—Análisis de los agravios contenidos en la revisión principal: Dichos planteamientos de inconformidad son jurídicamente infundados.
"En principio, cabe precisar que el ahora recurrente, al ostentar la calidad de tercero extraño que reclama el embargo, remate y adjudicación de un bien inmueble que aduce es de su propiedad, le resulta indispensable para justificar esa afectación o perjuicio demostrar que dicho inmueble es efectivamente de su propiedad y, que éste, es el mismo que resultó afectado como consecuencia del procedimiento natural al que dice ser extraño, pues sólo de esa manera se justificaría su interés jurídico para ser oído en defensa de sus derechos.
"Al respecto, se comparte la tesis aislada número VI.2o.C.570 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que se encuentra consultable en la página 3201, del Tomo XXVI, octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 171148, cuyo contenido literal es el siguiente:
"‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. CUANDO SE RECLAMA EL EMBARGO, REMATE, ADJUDICACIÓN O DESPOSESIÓN ORDENADOS EN UN JUICIO RESPECTO DE UN INMUEBLE ES INDISPENSABLE QUE AQUÉL DEMUESTRE QUE DICHO BIEN ES DE SU PROPIEDAD Y QUE ÉSTE ES EL QUE RESULTÓ AFECTADO.—El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por tanto, es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional que el acto o ley rec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28719-f2b2f934/interes-juridico-del-quejoso-extrano-al-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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