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Modo: Corpus Pro

FE PÚBLICA DE LOS NOTARIOS. NO CONVALIDA LAS AFIRMACIONES INCONGRUENTES O CONTRADICTORIAS EN QUE INCURRAN AL ASENTAR UNA CERTIFICACIÓN EN UN DOCUMENTO PRIVADO, A EFECTO DE DOTARLO DE FECHA CIERTA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 179/2023. · Registro digital (IUS): 32374
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-04-26
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo V, Pág.4512.

AMPARO EN REVISIÓN 179/2023. 22 DE FEBRERO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. PONENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. SECRETARIO: JUAN MANUEL TÉLLEZROA RUIZ.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.—CONSIDERACIONES ESENCIALES DEL ACTO RECURRIDO. Las consideraciones motivo de estudio se sintetizan a continuación:

"SEXTO. Estudio de fondo.

"a) Conceptos de violación.

"La parte quejosa señala que los actos reclamados vulneran los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que:

"1. La autoridad responsable omitió emplazarlo al juicio de origen pese a que tiene la calidad de propietario y posesionario del bien inmueble en disputa.

"2. El Juez responsable al ordenar y ejecutar el lanzamiento transgrede sus derechos de propiedad y posesión del inmueble, así como a una vivienda digna para su familia, adquiridos mediante justo título.

"b) Análisis del acto reclamado.

"Es fundado el segundo concepto de violación y suficiente para conceder el amparo a la parte quejosa.

"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el tercero extraño, es aquella persona que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de este o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.

"En la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio, entre los que se encuentra el tercero extraño en sentido estricto (natural), el cual se identifica como la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia.

"En ese sentido, debe precisarse que el quejoso **********, tiene el carácter de tercero extraño en sentido estricto, debido a que no es parte en el juicio ordinario civil ********** del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, ya que la relación jurídica procesal está conformada entre la actora ********** y los demandados ********** y **********.

"Además de que el promovente refiere tener los derechos de propiedad y posesión sobre el bien inmueble en cuestión y para acreditarlo, exhibió los siguientes documentos:

"1. Contrato privado compra venta de trece de agosto de dos mil quince, el cual contiene la certificación mil novecientos cincuenta y ocho, elaborado el trece de agosto de dos mil quince, por el notario público número 24 de la Undécima Demarcación Notarial de Alto Lucero, Veracruz –fojas 11 a 13–.

"2. Original de tres recibos de pago por parte del quejoso ********** al tercero interesado **********, de trece de agosto y trece de diciembre de dos mil quince y trece de abril de dos mil dieciséis, relativos al contrato de compraventa de trece de agosto de dos mil.

"En ese sentido, el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, al ordenar el lanzamiento del bien inmueble en disputa, transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero constitucionales, que establecen el derecho humano que tiene una persona a disponer libremente de su propiedad y a no ser molestado en ella.

"Se sostiene lo anterior, pues resulta indudable que el quejoso adquirió el bien previo a la presentación de la demanda por parte de ********** en contra de ********** y **********, con la cual se radicó el juicio ordinario civil **********, como se acredita con las constancias que anexa a su escrito de demanda consistentes en el contrato privado de compraventa de trece de agosto de dos mil quince, el cual contiene una certificación mil novecientos cincuenta y ocho de esa misma fecha, así como los recibos de pago –fojas 11 a 14– y el ocurso de veinticinco de enero de dos mil dieciocho relativo a la demanda interpuesta por ********** –fojas 1 a 6 del tomo de pruebas–.

"Al respecto, es oportuno destacar que si bien es sabido que para pretender la defensa de una posesión material en torno a un bien inmueble, resulta necesario no sólo demostrar fehacientemente dicha detentación, sino la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de la ley que justifique la causa generadora de esa posesión, a fin de tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la contradicción de tesis 173/2006-PS que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio.

"De manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se llevara a cabo el acto reclamado, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional.

"Se cita por sus consideraciones, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, de rubro y texto siguiente:

"‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional.’

"De esta manera, la figura de fecha cierta consiste en dotar de seguridad a los acreedores de determinada relación jurídica para garantizar que los documentos privados que se presenten en oposición de sus pretensiones, no fueron realizados con posterioridad al inicio del juicio correspondiente y se fecharon en una fecha anterior, evitando así la posibilidad de que se realice un fraude en contra de los acreedores.

"Sin embargo, debe tomarse en cuenta que los notarios tienen fe pública en las cuestiones que se refieren al ejercicio de sus funciones y precisamente entre sus funciones se encuentra la de certificar la firma de los actos jurídicos, por lo que, los documentos públicos notariales hacen prueba plena de que se realizaron los hechos de los que dio fe el notario, es decir, son suficientes para acreditar que las firmas que obran en el contrato que se certifica son las de los contratantes, por lo que se acredita que al menos en esa fecha ya se había realizado la compraventa.

"Entonces, el riesgo de que exista un fraude en contra de los acreedores no existe en el caso de los documentos privados que se certifican ante notario, pues prueban plenamente que, por lo menos en la fecha de la certificación ya existía el acuerdo de voluntades entre los contratantes que acudieron a ratificar sus firmas y, por tanto, que la propiedad de los bienes se había transferido.

"Aunado a lo anterior, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz establece que los documentos públicos hacen prueba plena y que esos documentos son los autorizados por funcionarios o depositarios de fe pública (como lo son los notarios) dentro de los límites de su competencia.

"Luego, dichos documentos sirven para acreditar ante los Jueces de amparo que la transmisión de la propiedad del bien se dio antes de que se realizara el embargo, gravamen o afectación que motiva el amparo, es decir, funcionan para acreditar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, el interés jurídico para solicitar la protección constitucional.

"Por tanto, si para que se pruebe el interés jurídico en el amparo es necesario que el documento privado que se exhibe para ello sea de fecha cierta y la ratificación ante notario de un documento privado hace que a partir de esa fecha se tenga como cierta la confección del documento, sin que sea necesario que la compraventa se realice ante un notario o se redacte por él, se concluye que ese tipo de documentos sí puede acreditar el interés jurídico en el amparo.

"Lo anterior se refuerza con lo dicho por la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 14/2004-PS, cuyo tema consistía en determinar si era necesario que un documento privado ratificado ante notario fuera protocolizado para que se pudiera tener como de fecha cierta, en la que se determinó que bastaba con la ratificación ante el notario para ese efecto, tal y como a continuación se transcribe:

"‘... Asimismo, el presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce, así, a garantizar la certeza de la fecha, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado.

"‘Igualmente, proporciona total certidumbre sobre la fecha en que un documento privado fue suscrito cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los contratantes que intervino en dicho negocio, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso.

"‘Las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, por lo que no deben exigirse mayores formalidades en la fe pública de un funcionario en el ejercicio de sus funciones, porque cuando interviene está investido de esa fe para hacer constar que existió el documento que le fue presentado.

"‘En razón de lo expuesto, el documento privado adquiere certeza de su contenido a partir del día en que fue presentado ante el notario, en virtud de que este está investido de fe pública y facultades para autenticar, así como para dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos que se le presenten, por lo cual su intervención conduce, a otorgar certidumbre de la fecha de su ratificación, por ser quien certificó la autenticidad de las firmas de los interesados, así como que en su presencia reconocieron el contenido de tales documentos, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no a las formalidades del mismo, pues no es dable pensar que ese instrumento se haya elaborado en fecha posterior a la que en él aparece; de ahí que el solo hecho de que se presente un documento privado ante la presencia de un notario público y que éste certifique las firmas que en el instrumento se plasmaron, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo...’

"c) Decisión.

"En esa tesitura, si los actos reclamados afectan el derecho de propiedad que el impetrante de amparo ejerce sobre el inmueble que nos ocupa, es evidente que existe una violación de garantías, por lo que procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente:

"1. Deje insubsistente la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve emitida en el juicio ordinario civil **********, donde condenó a los demandados ********** y ********** a la desocupación y entrega física y material a la actora de la fracción de terreno número **********, con frente a la calle **********, colonia **********, actualmente ubicada en la calle **********, número **********, colonia **********, en esta ciudad, únicamente por cuanto hace al bien inmueble marcado con el número **********, así como todas las consecuencias legales que le corresponden, como la diligencia de desocupación y entrega del inmueble ubicado en calle **********, número **********, colonia **********, en esta ciudad; restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos subjetivos públicos que se conculcaron.

"2. Se restablezca al quejoso en la posesión del inmueble ubicado en calle **********, número **********, colonia **********, en esta ciudad.

"En el entendido de que el quejoso es tercero extraño en estricto sentido, razón por la cual los efectos del amparo no implican que sea incorporado al procedimiento de ejecución, ni tampoco que deba declararse la nulidad de todo lo actuado en dicho procedimiento, sino que su finalidad es reintegrarlo en sus derechos afectados por los actos de autoridad derivados del mismo. Lo anterior, pues sólo de esa manera se harán posibles los efectos del artículo 77 de la Ley de Amparo, que es retrotraer las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

"Al caso tiene aplicación, en lo conducente, la tesis I.12o.C.24 K (10a.), aprobada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2659 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Tomo IV, enero de 2019, materia común, relativa a la Décima Época, que es del tenor siguiente:

"‘TERCERO EXTRAÑO TÍPICO O AUTÉNTICO Y POR EQUIPARACIÓN. LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO SON DISTINTOS, DEPENDIENDO DE SU CALIDAD. Existen dos tipos de tercero extraño: típico o auténtico y por equiparación. El primero es aquella persona física o jurídica colectiva, que no siendo parte material (actor o demandado) del juicio natural de donde deriva el acto reclamado, se ve afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad que emana de aquel procedimiento. Por su parte, el segundo es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En el caso, los efectos de la concesión son distintos, dependiendo del supuesto en el que se ubique el quejoso que se ostenta con esa calidad. Cuando se trata del tercero extraño en sentido estricto, como su posición es distinta a la de los sujetos de la controversia de origen, los efectos del amparo no son que se le llame a ese juicio natural, pues no es parte, sino que la finalidad es reintegrarlo en sus derechos afectados, que son los bienes en litigio, pero sin que ello implique que en el sumario de origen deba declararse la nulidad de todo lo actuado para que se le llame a juicio. Por tanto, al no ser partícipe de esa relación procesal no puede verse favorecido ni perjudicado por los actos que se lleven a cabo en la contienda. De ese modo, la concesión no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural en el que se es tercero extraño, en mérito a que al acudir al juicio de amparo indirecto, su única intención es extraer de aquella controversia sus derechos, es decir, no le interesa una declaratoria de nulidad total porque es ajeno a la relación jurídica en él ventilada; por el contrario, cuando se trata de la persona extraña por equiparación, como su posición es la de parte formal de la relación procesal, pero no fue llamada a juicio, o lo fue en forma defectuosa, lo cual impidió acudir en defensa de sus derechos, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación.’

"Asimismo, es aplicable por analogía la tesis VII.2o.C.36 K (10a.), criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 2244 del Tomo III, Libro 32, julio de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro: 2012041, de rubro y texto siguientes:

"‘TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DEPENDEN DEL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE EL QUEJOSO CON ESE CARÁCTER. En la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio que se ha considerado conveniente clasificar con el fin de establecer, del modo más preciso posible, cuáles habrán de ser los efectos de la protección constitucional en cada una de esas hipótesis. Así, se tiene: I. Al tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en esta hipótesis, al ser ajeno a la litis ventilada en el juicio, el concepto de persona extraña es menester ubicarlo como opuesto al de parte procesal. De resultar en el amparo que efectivamente el quejoso es extraño a la controversia, conforme al principio establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación el efecto natural de la salvaguarda constitucional solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que, involucrados en el litigio al que es ajeno, le fueron afectados; esto es, se le restituirá, por ejemplo, en el disfrute de su derecho de propiedad sobre un bien que ha sido embargado en un juicio en que no es parte; al no ser partícipe de esa relación procesal, es claro que no puede verse favorecido ni perjudicado por los actos que se lleven a cabo en la contienda. De ese modo, la concesión del amparo no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que se es extraño, en mérito a que al acudir al juicio de garantías la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos; no le interesa una declaratoria de nulidad total del juicio porque, se reitera, es ajeno a la relación jurídica en él ventilada. II. El tercero extraño por equiparación que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: a) El tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente virtud a un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente que será extraño a todo lo actuado en el pleito. En este supuesto el efecto de una sentencia protectora se traducirá simplemente en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores; en materia civil, a partir de ese momento de restitución, la continuación y conclusión de la contienda quedarán sujetas al principio de derecho rogado que la rige, por lo que será la instancia de las partes la que defina la conclusión de la controversia. Virtud a lo anterior, el efecto de la sentencia de amparo no puede abarcar la orden de que se convoque adecuadamente al tercero extraño en su calidad de demandado como parte que es en aquel proceso, a fin de entablarse así la relación procesal pertinente, sino sólo ordenar la nulidad en los términos apuntados; b) El tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: por un lado, aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia, lo cual le otorga el carácter de un litisconsorte pasivo necesario no llamado a juicio que de suyo evidencia la necesidad de haberla integrado a la relación jurídica para ponerla en aptitud de defender sus derechos. En esta hipótesis, el amparo que llegara a concederse por quedar corroborado el carácter de tercero en comento, habrá de tener como alcance no ordenar la reposición del procedimiento a fin de que dicha persona que no fue señalada en la demanda natural, sea emplazada junto con los demás litisconsortes; sino que, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 1a./J. 79/2001 «...los alcances de la protección deberán ser para que se revoque la sentencia reclamada y se dejen a salvo los derechos de las partes...», en mérito a que «...admitir otra postura, esto es, que se reponga el procedimiento, sería tanto como darle poderes al Juez para que supla la demanda del actor, señalando a demandados que no fueron mencionados en la demanda, y es al actor a quien corresponde redactar otra demanda en la que cite a todos los demandados, no al Juez hacerlo de oficio.». Por otro lado, dentro de este apartado de tercero extraño equiparado por litisconsorcio se presenta aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio; caso en que al igual que el tercero extraño equiparado simple al que se hizo referencia, por virtud del principio de derecho rogado rector de la materia civil, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declaratoria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inválidas todas las actuaciones posteriores, con la particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protector sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, tal como lo sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 9/96, de rubro: «SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.». Así, los diferentes supuestos de persona extraña a juicio que se presentan en el amparo permiten afirmar que el efecto del fallo protector no puede ser el mismo en todos ellos; los alcances que deban asignarse a la protección constitucional dependerán de la ubicación del caso en específico dentro de la categorización enunciada.’ "De igual forma, se cita la tesis I.3o.C.208 C (10a.), con número de registro: 2009814, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo III, agosto de 2015, página 2620, de rubro y texto:

"‘TERCERO EXTRAÑO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO ACREDITA LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE EN LITIGIO CON JUSTO TÍTULO. El tercero extraño que promueve juicio de amparo indirecto sobre un bien en litigio del que manifiesta tener derecho de propiedad, debe demostrar que tiene interés jurídico para ello a través de algún título traslativo de dominio, como la compra, venta o donación, por lo que no basta la mera detentación de hecho sin causa o título jurídico alguno. Acreditado dicho interés y en virtud de que su posición es distinta a la de los sujetos de la controversia, los efectos del amparo no son que se le llame a juicio natural, al no ser parte, sino reintegrarlo en sus derechos afectados, que son los bienes en litigio, es decir, que su propiedad o posesión prevalezca a salvo, sin que de modo alguno deba declararse la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural para que sea integrado a la controversia.’

"En la inteligencia de que la protección constitucional que se concede es extensiva a los actos de ejecución.

"Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 102, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, materia común, página 66, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta.’."

TERCERO.—INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE LOS AGRAVIOS. No se transcriben, por no constituir un requisito formal que deban contener los fallos dictados en los juicios de amparo, ni existir precepto legal alguno que establezca esa obligación. Se cita en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."

1. CUARTO.—ESTUDIO DE LOS MOTIVOS DE AGRAVIO. Los motivos de agravio, en síntesis, consisten en lo siguiente:

a. El contrato privado de compraventa y su certificación realizada por notario público no tienen las características para ser considerado de fecha cierta y, por tanto, suficiente para tener por demostrado el interés jurídico.

Ello, porque el notario público asentó que las partes se identificaban con sus credenciales expedidas por el Instituto Nacional Electoral, no obstante, a esa fecha las mismas no eran expedida porque aún se encontraban vigentes las expedidas por el Instituto Federal Electoral.

Lo que se refuerza con el hecho que dentro del juicio ordinario civil **********, al comparecer a las audiencias, se identificó con una credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, con vigencia hasta el 2024.

De igual manera, no es congruente que si el contrato privado de compraventa fue celebrado en esta ciudad, el trece de agosto de dos mil quince, no resulta congruente que en esa misma fecha se trasladaran al Municipio de Alto Lucero, Veracruz, a efecto de realizar la certificación.

b. No se observó que el contrato privado de compraventa no tiene relación alguna con la litis planteada en el juicio de origen; aunado a que los vendedores no demostraron tener título de propiedad y que el antecedente contenido en el contrato de compraventa no se vincula de ninguna manera con el documento base de la acción.

2. Antes de dar respuesta al agravio expuesto, conviene precisar ciertos antecedentes.

3. En enero de dos mil dieciocho, la ahora tercera interesada **********, demandó a ********** y ********** la acción reivindicatoria y otras prestaciones.

4. Los demandados dieron contestación a la demanda instaurada en su contra.

5. Hacia el veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable señaló que había sido procedente la acción intentada y, por tanto, condenó a la parte demandada a la desocupación y entrega física y material de la fracción del inmueble controvertido.

6. El treinta y uno de enero de dos mil veinte, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en el cual el tribunal de alzada determinó modificar la sentencia únicamente en el punto resolutivo segundo.

7. Seguida la secuela procesal, mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno se abrió la correspondiente sección de ejecución.

8. Hacia el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se ordenó requerir personalmente a los demandados para que en el término de cinco días desocuparan e hicieran entrega física y material del inmueble.

9. Con posterioridad, hacia el ocho de febrero de dos mil veintidós, se formuló nuevo requerimiento a los demandados, por lo que se turnaron las actuaciones a la central de actuarios para llevar a cabo la diligencia encomendada.

10. El ocho de marzo de dos mil veintidós se recibió el acta de defunción de la codemandada **********.

11. El uno de agosto de dos mil veintidós la fiscal adscrita a los Juzgados Segundo y Décimo Sexto de Primera Instancia, Octavo y Décimo Segundo de Primera Instancia Especializados en Materia Familiar y Décimo Segundo de Primera Instancia Mixto en Modalidad Digital Juzgado Mixto de Primera Instancia Micro Regional en Naolinco, Veracruz, aceptó el cargo de manera temporal de representante legal de la finada **********.

12. En veintidós de agosto de dos mil veintidós al no dar cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta y uno de enero del mismo año, se hizo efectivo el apercibimiento, y de nueva cuenta se requirió a **********.

13. En ve

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32374-b6458654/fe-publica-de-los-notarios-no-convalida-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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