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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO INDIRECTO. FORMA DE ACREDITAR LA CALIDAD DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, EN EL CASO DE CONTRATOS PRIVADOS DE COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES, CUYAS FIRMAS FUERON RATIFICADAS ANTE NOTARIO PÚBLICO (ARTÍCULOS 57, FRACCIÓN XII, 75 Y 86 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 311/2023. · Registro digital (IUS): 33385
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-07-04
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.488.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 311/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 14 DE MAYO DE 2025. MAYORÍA DE TRES VOTOS DEL MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ Y LAS MINISTRAS ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y LORETTA ORTIZ AHLF. DISIDENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: GREGORIO DELFINO CASTILLO PORRAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 311/2023, suscitada entre el extinto Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito.

El problema jurídico que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, es o no necesario que los notarios públicos asienten la forma en que se identificaron los comparecientes al momento de ratificar las firmas, aun cuando la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo(1) no lo prevé expresamente como un requisito a dicho acto jurídico.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito —con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo—, denunciaron ante el Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur —con residencia en Guadalajara, Jalisco—, la posible contradicción entre los criterios sustentados por el citado órgano y el extinto Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el Amparo en Revisión 71/2022 y la Contradicción de Tesis 12/2016, respectivamente.(2)

2. Trámite de la denuncia ante el Pleno Regional. Por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, la Magistrada Presidenta del Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur admitió a trámite la contradicción de criterios denunciada y la registro con el número de expediente 47/2023.

3. Seguidos los trámites procesales correspondientes, el Pleno Regional en comento dictó resolución el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés y, por mayoría de dos votos:

(i) Se declaró incompetente para conocer de la contradicción de criterios denunciada; y

(ii) Estimó que el asunto es competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; por ende, ordenó remitir los autos para que resolviera lo conducente.

4. Lo anterior, en aplicación del Artículo Segundo Transitorio(3) del Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de abril de dos mil veintitrés, por el que se modifica el rubro y se adiciona un punto cuarto y, en consecuencia, se recorre la numeración; y se modifican los puntos segundo, tercero, quinto (antes cuarto), noveno (antes octavo), décimo (antes noveno), décimo primero (antes décimo), décimo segundo (antes décimo primero), décimo tercero (antes décimo segundo), décimo cuarto (antes décimo tercero), y décimo quinto (antes décimo cuarto), del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.

5. Trámite de la denuncia ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno Regional remitió —vía electrónica— los autos de la contradicción de criterios 47/2023, de su índice,(4) a este Alto Tribunal. Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la contradicción de criterios, la registró con el número de expediente 311/2023 y la turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

6. Por acuerdo de once de octubre de dos mil veintitrés, la Presidencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó remitirlo al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. Asimismo, tuvo al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito informando que está vigente el criterio sustentado en la contradicción de tesis 12/2016.(5)

I. COMPETENCIA

7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente(6) para conocer de la presente contradicción de criterios. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno(7) —de conformidad con el Artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro—; en relación con la fracción V del Punto Segundo y el Punto Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés.

8. Asimismo, de conformidad con el Artículo Segundo Transitorio del Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de abril de dos mil veintitrés,(8) por virtud del cual se reconoce facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las contradicciones de criterios que pudieran suscitarse entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de diverso Circuito.

9. Lo anterior, pues si bien la denuncia de contradicción de criterios aconteció con anterioridad a la entrada en vigor del Instrumento Normativo en comento, lo cierto es que éste fue emitido con la finalidad de dotar de certeza a los justiciables respecto a la distribución de atribuciones entre los órganos del Poder Judicial de la Federación.

10. De ahí que, esta Primera Sala se estima competente para conocer del asunto, toda vez que se trata de una posible contradicción de criterios entre los sustentados por un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito, pertenecientes a distintos Circuitos y cuyo tema de fondo se relaciona con la materia civil, competencia de esta Primera Sala,(9) sin que se advierta necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

II. LEGITIMACIÓN

11. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y; 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 71/2022.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

12. Con la finalidad de establecer si existe la contradicción de criterios denunciada, resulta conveniente conocer el origen y consideraciones de los criterios contendientes.

13. Criterio del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 12/2016, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado y el Quinto Tribunal Colegiado, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito.

(i) Posturas contendientes

a. Postura del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 362/2015.

El Tribunal Colegiado conoció de un recurso de revisión interpuesto contra la resolución que otorgó el amparo a una persona física que se ostentó con el carácter de tercero extraño a juicio, con motivo del embargo de tres inmuebles de su propiedad. Impugnación en la cual, el recurrente afirmó —entre otras cuestiones— que: (i) el juicio de amparo era improcedente, toda vez que las copias fotostáticas certificadas de un título de propiedad no son susceptibles de protección frente a terceros, hasta en tanto no se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y; (ii) el título exhibido por el quejoso no es de fecha cierta porque no cumple con los requisitos previstos en los artículos 57, fracción XIII y 76 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo, ya que las copias fotostáticas eran ilegibles y en tanto que el acto traslativo de dominio debió constar en escritura pública.

A tal efecto, el Colegiado contendiente sostuvo —en lo que aquí interesa— que la ratificación de firmas a través de la cual adquirió fecha cierta el acto traslativo de dominio —a favor del quejoso que se ostenta como tercero extraño al juicio de origen— no está sujeta a los requisitos que rigen las escrituras públicas. Ello, bajo las consideraciones siguientes:

1) De conformidad con la jurisprudencia 44/2005,(10) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el contrato privado de compraventa es de fecha cierta cuando —entre otros supuestos— es presentado ante notario público y éste certifica las firmas plasmadas en él.

2) Al seguir el criterio de la misma Primera Sala, el embargo constituye un derecho personal, por lo que deviene ilegal cuando se traba sobre un inmueble que no es del dominio del deudor, aun cuando no esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad a favor del nuevo dueño.

3) Ahora bien, contrario al dicho del recurrente, la ratificación de firmas a través de la cual adquiere fecha cierta el acto traslativo de dominio —en favor del quejoso—, no está sujeta a los requisitos previstos en el artículo 57, fracción XIII, de la Ley del Notariado local. Tal numeral únicamente rige para las escrituras públicas, no así para la ratificación en comento.

4) Lo anterior, máxime que la ratificación de firmas obrante en el caso tampoco encuadra en el supuesto previsto en el artículo 76 de la Ley del Notariado local, para tener que constar en escritura pública.

5) Además, en atención a la tesis de rubro INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA),(11) se advierte que, si bien la ratificación de firmas ante notario público no incluye la verificación de la legalidad del contenido del acto jurídico, sí es eficaz para dotar de fecha cierta al documento.

6) Asimismo, contrario al dicho del recurrente y siguiendo la doctrina de la Primera Sala, aun cuando el acto traslativo de dominio de un bien inmueble no obre en escritura pública, ni se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad, sí es eficaz para acreditar que el inmueble salió del patrimonio del demandado con anterioridad a que se practicara su aseguramiento.

b. Postura del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 135/2016-III.

El órgano colegiado concluyó que, aun cuando la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo no contempla los requisitos que debe cubrir una ratificación de firmas, el notario está obligado a hacer constar que conoce a los comparecientes, o bien, la forma en que éstos se identificaron ante él, a fin de que pueda considerarse válidamente que el documento adquirió fecha cierta, con motivo de su ratificación ante el notario.

Asimismo, estimó que el quejoso no fue parte del procedimiento de origen, ni tenía reconocido algún derecho vinculado con la acción ejercida. Razón por la que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el artículo 5°, fracción I (aplicado a contrario sensu), de la Ley de Amparo. Ello, bajo las consideraciones siguientes:

i. Conforme a la Ley de Amparo, no basta que se tramite el juicio de garantías, sino que resulta necesario acreditar la existencia de una afectación a la esfera jurídica del quejoso, con las actuaciones que integran el procedimiento —distintas del embargo y sus consecuencias legales—.

ii. Ello, aun cuando el quejoso se ostenta como propietario de los bienes embargados en el juicio natural, pues únicamente le sería útil para combatir el secuestro de bienes y sus consecuencias legales, más no el resto de las actuaciones practicadas, en tanto es un tercero ajeno a la controversia.(12)

iii. Lo anterior se robustece con el hecho de que el quejoso impugnó todo el procedimiento porque —a su dicho— se le impidió ser oído y vencido en juicio.

iv. Por otro lado, asiste razón al recurrente respecto a que el quejoso no acreditó fehacientemente su interés jurídico para instar el juicio de amparo. Esto, porque para que la prueba documental de carácter privado adquiera fecha cierta, se requiere que: (i) se inscriba en el Registro Público de la Propiedad; (ii) se entregue a un funcionario público por razón de su oficio; o bien, (iii) fallezca alguno de los firmantes.

v. Hipótesis que no se actualizaron en el caso particular, sino que el quejoso se limitó a exhibir una copia certificada del contrato de compraventa de los bienes inmuebles embargados.

vi. Aunado a ello, del análisis de la certificación en comento se advierte que ésta no reúne las exigencias ordenadas en el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles —de aplicación supletoria a la Ley de Amparo—. Esto, porque tal certificación deviene imprecisa respecto a la cantidad de hojas que integran el documento privado y si constan por uno o ambos lados de la hoja.

vii. De igual manera, la ratificación de firmas no reúne los requisitos necesarios para otorgar fecha cierta al contrato de compraventa ofertado por el quejoso, ya que el fedatario público no efectuó la identificación legal de los comparecientes.

viii. Esto, pues aun cuando la legislación michoacana no prevé expresamente los requisitos que debe cubrir la ratificación de firmas, la identificación de los comparecientes —con documentos oficiales— permite verificar que no existe suplantación de personas que derive en un daño patrimonial, o bien, que se altere la fecha del documento.

ix. Luego entonces, la identificación aludida se traduce en un elemento mínimo indispensable que permite considerar fundada y objetivamente que existen bases suficientes para que el acto jurídico surta efectos como tal. Máxime que, por el valor monetario a que ascendían los inmuebles embargados, existía riesgo de avalar un acto jurídico en el que existiera suplantación de los contratantes.

x. Estimar lo contrario conllevaría a la depreciación de la labor del fedatario público, pues no existiría plena certeza de los actos que ante él se celebran.

(ii) Criterio establecido por el extinto Pleno de Circuito

a. El Pleno de Circuito estimó existente la contradicción de tesis denunciada, respecto a la exigibilidad o inexigibilidad del dato relativo a la identificación de quienes comparecieron a ratificar la celebración de un contrato privado de compraventa —en términos de la Ley del Notariado local—, ante un notario público del Estado de Michoacán. Documento que fue exhibido por el promovente del amparo, en su carácter de tercero extraño en un juicio ejecutivo mercantil, reclamando la privación de bienes que dijo son de su propiedad.

b. Dicho lo anterior, concluyó que debe otorgarse pleno valor probatorio a la certificación de ratificación de firmas de un contrato privado de compraventa, aun cuando no exista constancia de la manera en que se identificaron los comparecientes ante el fedatario público, pues la aludida certificación es suficiente para probar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como tercero extraño al juicio natural.

c. Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones:

1) Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, quien promueve el juicio de amparo debe acreditar ser titular del derecho afectado, sin que pueda considerarse que los daños o perjuicios no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados.

2) Ya que el interés jurídico —en materia de amparo— tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado por el quejoso que se ostenta como tercero extraño a juicio, debe acreditarse la titularidad del derecho que se estima vulnerado.

3) De ahí que el quejoso que se ostenta como propietario de un bien y pretende defender ese derecho, debe demostrar fehacientemente el dominio sobre la cosa, sin que ello signifique que en el juicio de amparo se decida sobre la titularidad del derecho real de propiedad.

4) Asimismo, es necesario que el documento con el cual se pretende demostrar la titularidad del dominio del bien inmueble en cuestión sea apto para defender la propiedad alegada. Circunstancia que se logra cuando el documento reúne determinados requisitos que permiten demostrar que se trata de un acto jurídico traslativo de dominio y que es de fecha cierta.

5) En este orden de ideas, el Colegiado recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los contratos privados de fecha incierta no son eficaces para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo,(13) garantizando así la seguridad jurídica de los acreedores (que creían haber demandado a la persona correcta, o bien, haber embargado bienes que eran de su deudor).

6) Considerar lo contrario permitiría que cualquier persona se ostentase como tercero extraño a juicio o bien, pudiere interponer juicio de amparo para dejar sin efectos el embargo ordenado en el juicio de origen.

7) Lo anterior, sin que sea óbice el hecho de que no es necesario que el acto traslativo de propiedad revista una forma determinada para que surta sus efectos(14) —con excepción de aquellos que la ley exija que deben constar en escritura pública—, pues no se trata de un problema sustantivo, sino meramente probatorio.

8) En este orden de ideas, se advirtió que la fecha cierta en documentos privados es útil para acreditar el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo, toda vez que con ella se consigue acreditar la existencia del derecho de propiedad y que tal derecho existió con anterioridad al acto reclamado.

9) Luego entonces, los documentos privados adquieren fecha cierta en tres supuestos: (i) cuando se inscribe en el Registro Público de la Propiedad, (ii) cuando se presenta ante un funcionario público en razón de su oficio, o bien, (iii) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes.(15)

10) Así, al seguir la doctrina establecida por la Primera Sala:

(i) Los documentos privados adquieren certeza de su contenido a partir del día en que fue presentado ante notario;

(ii) Las certificaciones de ratificación de firmas son suficientes para acreditar que las firmas que obran en el contrato que se certifica, son las de los contratantes;

(iii) La sola intervención del notario público para certificar un documento privado lo convierte en una documental pública con pleno valor probatorio respecto de su contenido, hasta en tanto no se declare judicialmente su falsedad;

(iv) En la certificación de ratificación de firmas no puede exigirse lo que expresamente y de forma clara no prevé la ley.(16)

11) De ahí que la aludida certificación de ratificación de firmas es suficiente para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como tercero extraño al juicio natural y reclama la privación de su derecho de propiedad, siempre que se demuestre que el contenido del acto ratificado es eficaz para transmitir el dominio y que corresponde al bien afectado en el juicio, hasta en tanto no se declare judicialmente su falsedad.

12) Bajo las consideraciones expuestas, toda vez que la Ley del Notariado local no mandata al notario que asiente la forma en que se identificaron los comparecientes al momento de ratificar las firmas del acto jurídico en cuestión, el análisis de la certificación de ratificación de firmas debe centrarse en el contrato privado de compraventa, concediéndole pleno valor probatorio respecto de las personas que comparecieron ante el fedatario y de la fecha en que se levantó la certificación —conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo—. 13) En ese sentido, es claro que el juzgador de amparo no está facultado para analizar oficiosamente la falsedad de la certificación de ratificación de firmas del contrato privado exhibido en juicio para demostrar el interés jurídico del quejoso —en su calidad de tercero extraño en el juicio natural—.

14) Ello, máxime que el tercero interesado cuenta —en todo caso— con el incidente de objeción de falsedad, previsto en el artículo 122 de la Ley de Amparo vigente, para solicitar la verificación de la autenticidad del documento exhibido.

15) En razón de lo anterior, el Pleno de Circuito emitió la jurisprudencia PC.III.C. J/32 C (10a.), de rubro y texto siguientes:

INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL QUE RECLAMA LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y EXHIBE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO, AUN CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA DE LA MANERA DE CÓMO SE IDENTIFICARON LOS COMPARECIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)

Si de las jurisprudencias 1a./J. 96/2007 y 1a./J. 44/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA) y DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL, el contrato privado traslativo de dominio, cuyas firmas se ratifican ante notario, es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, por hacer prueba plena de los datos asentados en tal certificación por el fedatario -sin prejuzgar sobre las formalidades de su contenido-, mientras no se declare judicialmente su falsedad, de ahí que no puedan exigirse requisitos que expresamente y en forma clara no prevé la ley; en tanto que la Ley del Notariado del Estado de Michoacán no mandata al notario que asiente cómo se identificaron quienes comparecieron ante él a ratificar las firmas del acto jurídico en cuestión, entonces, en concordancia con tal premisa, en el análisis que debe realizarse respecto del contrato privado de compraventa, ratificado ante notario público, exhibido por el quejoso que se ostenta como tercero extraño al juicio natural, quien reclama la orden de embargo -y sus consecuencias legales-, por aducir que aquél recayó sobre bienes de su propiedad, los órganos de amparo deben otorgar pleno valor probatorio a la certificación de ratificación en cuestión, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2o., y tener por acreditado lo declarado en la certificación notarial, tanto respecto de que las personas comparecieron ante el fedatario a solicitar la ratificación de firmas, al tratarse de las partes que signaron el contrato materia de la ratificación, como en lo tocante a que en la fecha en la que se levantó la certificación el acto jurídico ya existía. Lo anterior, en atención a que la aludida certificación de ratificación de firmas es suficiente para probar el interés jurídico del quejoso que se ostenta tercero extraño al juicio natural, y reclama la privación del derecho de propiedad (cuando se demuestra que el contenido del acto ratificado es eficaz para transmitir el dominio y corresponde al bien afectado en el juicio de origen), porque ese evento atiende a la materialidad del acto jurídico y no a sus formalidades, y en virtud de que en términos de lo determinado en la jurisprudencia 1a./J. 96/2007citada, lo asentado por el notario debe tenerse por cierto, es decir, por plenamente probado, mientras no se declare judicialmente lo contrario, en atención a la fe pública de la que está investido al ejercer sus funciones, para dar certidumbre respecto de lo asentado por ellos.(17)

14. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 71/2022:

(i) Antecedentes del caso

a) Juicio ejecutivo mercantil. Una institución bancaria demandó —en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa— de una persona moral y dos personas físicas, el pago de diversas prestaciones.

b) Diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes. La Juez del conocimiento registro el asunto y ordenó que se llevara a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes propiedad de la parte demandada, así como su emplazamiento.

Con motivo de la diligencia en comento, se embargó un bien inmueble propiedad de una de las personas físicas demandadas. Dicho embargo quedó registrado en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado de Michoacán.

c) Demanda de amparo indirecto. Diversa persona física —ostentándose como tercero extraño a juicio— promovió amparo indirecto contra el embargo efectuado respecto del bien inmueble, en tanto dicho inmueble era de su propiedad y él no había sido parte en el juicio.

d) Sentencia de amparo. El Juez de Distrito del conocimiento concedió el amparo, toda vez que el quejoso: (i) no formó parte el juicio de origen y; (ii) adquirió el bien inmueble embargado, mediante contrato de compraventa celebrado con la persona física demandada (en su calidad de vendedora) antes de que diera inicio el juicio mercantil, mismo que fue ratificado ante notario.

De ahí que, a criterio del Juez de Distrito: (i) el quejoso acreditó su interés con el contrato de fecha cierta celebrado con la demandada en cuyo perjuicio se trabó el embargo y; (ii) desde la fecha en que se ratificó el contrato ante el Notario Público, se constituyó como un documento de fecha cierta.(18) Máxime que el contrato base de la acción cumple con los requisitos de la compraventa.

Razones por las cuales resultó inconstitucional el embargo trabado respecto del bien inmueble propiedad del quejoso y, en consecuencia, se ordenó la cancelación del gravamen en el Registro Público de la Propiedad Raíz local.

e) Recurso de revisión. En desacuerdo, la persona moral (actora en el juicio principal) interpuso recurso de revisión.

(ii) Decisión del Tribunal Colegiado

a) El órgano colegiado calificó de improcedente el juicio de amparo,(19) ya que —a su juicio— el quejoso no acreditó fehacientemente su interés jurídico.

b) Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones:

1) Para la procedencia del juicio de amparo —cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño— es necesario acreditar la afectación de los derechos invocados, con motivo del acto reclamado.

2) El requisito en comento no se cumple en el caso sometido a consideración, pues del análisis de constancias se advierte que el fedatario no dio fe de conocer a las personas que comparecieron ante su presencia a ratificar el documento privado, ni hizo constar los medios por los cuales se cercioró de la identidad de los comparecientes.(20)

Omisiones que resultan suficientes para restar eficacia probatoria a la documental y, por ende, considerar que no se trata de un documento de fecha cierta.

c) Lo anterior, máxime que —conforme a la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo (sic)— las reglas de identificación de los comparecientes son aplicables tanto a documentos públicos notariales que deben constar dentro del protocolo notarial, como a aquellos que constan fuera de él, vr. gr. la ratificación y el reconocimiento de firmas de contratos privados.(21)

d) Dicho lo anterior, el Colegiado procedió al análisis de la certificación del contrato de compraventa, advirtiendo que el notario se limitó a señalar que los comparecientes ratificaron el contenido del contrato base de la acción y las firmas utilizadas.

e) Luego entonces, al no identificar de manera objetiva si los comparecientes a la ratificación son quienes firmaron el contrato privado, no es posible concluir que dicho documento cuenta con fecha cierta y anterior a la data en que se trabó el embargo.

f) Ello, aun cuando al inicio de la certificación se mencionaron las generales de los contratantes, pues devienen insuficientes para tener por cumplidos los requisitos previstos en los multirreferidos artículos 58 y 59 de la Ley del Notariado local.

g) Además, —en su opinión— no obran medios de prueba adicionales que permitan tener plenamente acreditada la existencia del contrato de compraventa, ni en el juicio de amparo se aportan mayores elementos encaminados a justificar la veracidad del contenido del contrato en comento —a fin de demostrar su interés jurídico para instar el juicio de amparo—.

h) Lo anterior, máxime que el hecho de que el contrato contenga la ratificación de mérito no implica que el documento sea indubitable. Esto, pues no existe certeza de que la certificación satisfizo los requisitos legales necesarios para gozar de validez jurídica.

i) En consecuencia, el Colegiado no comparte la jurisprudencia PC.III.C. J/32 C (10a.), de rubro INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL QUE RECLAMA LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y EXHIBE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO, AUN CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA DE LA MANERA DE CÓMO SE IDENTIFICARON LOS COMPARECIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN), emitida por el entonces Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito.(22)

j) Esto, porque si bien la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33385-d5082343/interes-juridico-en-amparo-indirecto-forma-de-acreditar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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