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Modo: Corpus Pro

FORMULARIO MÚLTIPLE DE PAGO FMP-1. NO DESVIRTÚA, POR SÍ SOLO, EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO CON EL QUE SE OSTENTA EL QUEJOSO EN EL JUICIO DE AMPARO, POR LO QUE NO ES IDÓNEO PARA DESECHAR LA DEMANDA. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 440/2012. · Registro digital (IUS): 24276
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Pág. 1213.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 440/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

No pasa inadvertido para esta Segunda Sala que el cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del año en cita, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) de donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización y no así de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de un mismo circuito.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos que son competencia de los Tribunales Colegiados contendientes.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(3)

TERCERO. Los antecedentes de los asuntos que dieron origen a las ejecutorias contendientes y las consideraciones formuladas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito son las siguientes:

Amparo en revisión (improcedencia) **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

- El veintitrés de marzo de dos mil doce, **********, en su carácter de apoderado de la persona moral denominada **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del citatorio de veintidós de marzo de dos mil doce, dirigido al representante legal de la quejosa, para que esperara al verificador y/o ejecutor del Servicio de Administración Tributaria a una hora determinada, con la finalidad de diligenciar un mandamiento de ejecución de un crédito fiscal.

- En la demanda de amparo, la parte quejosa adujo desconocer el origen del crédito fiscal que se pretendía hacer efectivo, a través del procedimiento administrativo de ejecución.

- La quejosa acompañó a su demanda copia del citatorio que le fue dejado en su domicilio, así como un formulario múltiple de pago correspondiente al crédito que se pretendía cobrar.

- Mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil doce, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León desechó la demanda de amparo, al estimar que se actualizó de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que se reclamó un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo de ejecución (citatorio para llevar a cabo el mandamiento de ejecución), no obstante que el juicio de amparo sólo es procedente contra la resolución con que culmina dicho procedimiento, pudiéndose reclamar, en ese momento, todas las violaciones cometidas dentro del mismo.

- Inconforme con esa resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito quien, en sesión de treinta de agosto de dos mil doce, determinó:

"SEXTO. Estudio de los agravios. Son infundados e inoperantes los agravios planteados por el particular. Se dice lo anterior, pues en los mismos la parte quejosa sostiene (esencialmente) que el desechamiento de plano de la demanda es incorrecto, pues no se está en presencia de una causa de improcedencia notoria y manifiesta que justifique el rechazo a la impartición de justicia; lo anterior, sin dar oportunidad a que se rindan los informes con justificación, que permitirían una apreciación más plena del acto impugnado y su naturaleza, pues precisamente del análisis de la demanda, y atendiendo a la causa de pedir, se deriva lo contrario. Contrario a lo que sostiene la parte agraviada, resulta correcta la determinación del Juez de Distrito pues, efectivamente, el acto reclamado constituye una etapa procesal dentro del procedimiento administrativo de ejecución, el cual únicamente puede ser reclamado en vía de amparo, hasta que se dicte la resolución definitiva y, hasta entonces, podrá reclamarse tanto ésta como aquellas violaciones que se hubieran cometido durante el procedimiento. Lo anterior fue resuelto así por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 17/98, misma que resulta de observancia obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. A continuación, se expondrán los argumentos para demostrar lo infundado de los agravios. Antes de entrar en materia, es conveniente traer a colación el contenido del artículo 145 de la Ley de Amparo, el cual señala que, una vez recibida la demanda, el Juez de Distrito deberá examinarla, y sólo en el caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia podrá desecharla de plano, incluso, sin suspender el acto reclamado. A través de tal disposición, el legislador reconoce que existen casos en los que bastará la sola apreciación de la demanda, en su integridad, para que advierta alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 73 de la ley de la materia, misma que podrá invocarse para desechar el escrito de amparo, con la única salvedad de que la misma (la improcedencia) se presente de manera manifiesta e indudable, es decir, que por ser evidente o incontrovertible haga inútil llamar a juicio a las autoridades responsables o dar oportunidad al quejoso de aportar pruebas, por estimarse que ninguna probanza o argumento pueda revertir la demostración de la improcedencia de la demanda. Estos razonamientos se encuentran plasmados en la jurisprudencia LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’ (transcribe). En el caso concreto, se considera certero que la causal de improcedencia invocada en el auto impugnado, fundada en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la II del 114, a contrario imperio, ambos de la Ley de Amparo, resulta notoria y manifiesta, lo cual, como se adelantó, justifica el desechamiento de plano de la demanda, pues aunque en dicho escrito inicial se señala de manera destacada que el acto reclamado consiste en un citatorio para la supuesta realización de un ‘mandamiento de ejecución’, dicho acto constituye, como tal, el inicio del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, se ve violada la regla de procedencia prevista en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, en la cual se señala que en los actos reclamados que provengan de un procedimiento seguido en forma de juicio por una autoridad no jurisdiccional, éste (el amparo) sólo podrá promoverse contra la última resolución que ponga fin al juicio. Así, de una apreciación del escrito inicial de demanda se tiene que en el apartado de los actos reclamados, la gobernada subraya el hecho de que acude a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del citatorio de veintidós de marzo de dos mil doce, notificado en su domicilio fiscal, en el cual requieren la presencia del representante legal de la empresa, a fin de hacer el cobro del crédito fiscal número **********, por la cantidad de $**********, y que, al no poderse llevar a cabo el mismo, se dejó cita de espera para el día hábil siguiente, a fin de proceder al mandamiento de ejecución en su contra. En consecuencia, si de la apreciación de la demanda se deriva, por la confesión expresa de la promovente (medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), que el propósito de instaurar el juicio es obtener el amparo contra el mandamiento de ejecución, que se concreta en el requerimiento de pago y posible embargo, acto con el cual se da inicio al procedimiento administrativo de ejecución, en términos de los artículos 137, 145 y 152 del Código Fiscal de la Federación. En vista de lo anterior, se corrobora de forma notoria y manifiesta que el acto reclamado va en contravención con la regla de procedencia prevista en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, en el sentido de que ante la impugnación de un acto de autoridad distinta de la jurisdiccional, seguido en forma de juicio, el amparo sólo procederá cuando se impugne la última resolución recaída al mismo, lo que, en el caso, no se colma, pues conforme a lo dicho, se pretende impugnar el acto inicial. Esta conclusión se sustenta en la jurisprudencia 17/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ‘EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (se transcribe). De lo resuelto por nuestro Máximo Tribunal de Justicia se tiene que la regla de procedencia prevista en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo es totalmente aplicable al procedimiento administrativo de ejecución, al equipararse éste a los procedimientos jurisdiccionales para la ejecución de sentencias, cuyo desarrollo presupone la existencia de una obligación determinada y firme. Procedimientos que se consideran de orden público; de ahí que no pueda concederse que puedan interrumpirse mediante la interposición del amparo contra su inicio o prosecución y sólo pueda impugnarse a través de la última resolución que en el mismo llegue a dictarse. No se opone a lo anterior el argumento de la quejosa en el sentido de que resulta innecesario agotar el recurso o medios de impugnación ordinarios contra el acto que pretende reclamar, pues, en sus palabras, no se aseguraría una defensa eficaz ante el acto que combate; ello, toda vez que la causa de improcedencia, por la cual fue desechada la demanda de amparo, no está relacionada con el principio de definitividad (como lo pretende ver la quejosa), sino con la imposibilidad de atacar actos intermedios en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, de la ley de la materia, pues con dicha restricción se pretende evitar la propagación de juicios que obstaculicen o paralicen la prosecución y culminación de los procedimientos instruidos por las autoridades administrativas, sea para la determinación de una cuestión concreta o para la ejecución de una obligación firme y determinada, que en ambos casos son de orden público. Por la misma razón, tampoco son argumentos eficaces contra la causa de improcedencia invocada los relacionados a las reformas constitucionales de octubre de dos mil once, respecto de la exigencia de no agotar recursos o medios de defensa ordinarios, ni sobre la interpretación que a la luz de dichas modificaciones deba efectuarse sobre la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Asimismo, deben ser contestadas como inoperantes las manifestaciones de la recurrente, en el sentido de que se encuentra ante un desconocimiento total del crédito fiscal que pretende ejecutarse, lo que la coloca como un tercero extraño al procedimiento. La inoperancia se da porque tal argumento es inconsistente con lo planteado en la demanda de amparo y las pruebas ofrecidas, esto es, que, por una parte, la gobernada aduce desconocer el origen y existencia del crédito fiscal número ********** y; sin embargo, entre el acervo probatorio que presentó junto con su escrito inicial, acompañó el formulario múltiple de pago ********** de fecha nueve de marzo de dos mil doce, correspondiente al pago del número de crédito ********** por la cantidad de $**********. Documental que obra agregada en la foja 11 de los autos del juicio de amparo indirecto **********, y que es valorada en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a partir de la cual se puede apreciar que, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, ésta sí tenía conocimiento del crédito fiscal **********, por la cantidad de $**********, con anterioridad a la fecha en que se suscitó el acto reclamado por la vía de amparo. Así las cosas, ante lo infundado e inoperante de los agravios esgrimidos, lo procedente es confirmar el auto de veintisiete de marzo de dos mil doce, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo intentada ante la comprobación de una causal notoria y manifiesta de improcedencia. ..."

Amparo en revisión (improcedencia) **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

- El siete de mayo de dos mil doce, **********, en su carácter de apoderado de la persona moral denominada **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del citatorio de cuatro de mayo de dos mil doce, dirigido al representante legal de la quejosa, para que esperara al verificador y/o ejecutor del Servicio de Administración Tributaria a una hora determinada, con la finalidad de diligenciar un mandamiento de ejecución de un crédito fiscal.

- En la demanda de amparo, la parte quejosa adujo desconocer el origen del crédito fiscal que se pretendía hacer efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución.

- La quejosa acompañó a su demanda copia del citatorio que le fue dejado en su domicilio, así como un formulario múltiple de pago correspondiente al crédito que se pretendía cobrar.

- Mediante proveído de ocho de mayo de dos mil doce, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León desechó la demanda de amparo, al estimar que se actualizó de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que se reclamó un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo de ejecución (citatorio para llevar a cabo el mandamiento de ejecución), no obstante que el juicio de amparo sólo es procedente contra la resolución con que culmina dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en ese momento todas las violaciones cometidas dentro del mismo.

- Inconforme con esa resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito quien, en sesión de treinta de agosto de dos mil doce, determinó:

"CUARTO. Estudio de los agravios. Es inoperante, por un lado, una parte de los argumentos formulados por la disconforme y, por el otro, sustancialmente fundada y suficiente para revocar el proveído impugnado, una diversa porción de su único motivo de disenso planteado, atendiendo a la causa de pedir propuesta. En primer término, debe decirse que devienen inoperantes los argumentos en los que se sostiene que el Juez de Distrito violó lo dispuesto en los ordinales 14, 16 y 17 constitucionales, en razón de que los juzgadores federales no violan garantías individuales. Para justificar la calificativa anterior, se parte de la premisa fundamental de que existen criterios jurisprudenciales emitidos por el Pleno del Alto Tribunal, así como por la Segunda Sala de aquél, en los que se ha sustentado que, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo, y que, por lo tanto, si la quejosa interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. Dichas consideraciones se encuentran inmersas en las jurisprudencias P./J. 2/97 y 2a./J. 12/96, emitidas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, de rubros: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ y ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’. Por otro lado, cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 69/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.’, será suficiente que en alguna parte del recurso de revisión se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones de la resolución impugnada le provocan, así como los motivos que generan esa afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos. Así, del estudio integral del escrito de agravios se advierte que el único motivo de inconformidad hecho valer por la quejosa gira en torno a que el desechamiento de la demanda resulta ilegal, toda vez que compareció al juicio de amparo como tercero extraño al procedimiento administrativo de ejecución, esto, con fundamento en lo dispuesto en los ordinales 107 constitucional y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no se encontraba obligada a agotar el principio de definitividad, previo a la promoción del juicio constitucional. Pues bien, se estima sustancialmente fundada dicha porción del agravio expuesto por la quejosa, analizada atendiendo a la causa de pedir, toda vez que, tal como lo sostiene, el Juez de Distrito no analizó debidamente y con exhaustividad lo manifestado en su libelo constitucional, dado que, antes de desecharlo de plano, debió valorar que la quejosa comparecía con la calidad de tercero extraño al procedimiento administrativo, razón por la cual no era dable sostener en esa etapa procesal la actualización de una causal de improcedencia de manera indudable y manifiesta. Para justificar lo anterior, se estima necesario analizar el marco normativo aplicable, así como los antecedentes del asunto, para efecto de determinar si resulta ilegal o no el desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo prevé que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, así como que en esos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. El ordinal antes mencionado tiene como objetivo primordial determinar la procedencia del amparo indirecto, sólo contra una resolución definitiva, entendiéndose como tal aquella que sea la última, es decir, la que, precisamente, ponga fin al asunto. Esto tiene su razón de ser en que con ello se impide la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos de procedimiento, los cuales sí podrán ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión, ya que, al constituir el juicio de amparo un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo se encuentran previstos en el diverso artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. El principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo pues, como ya se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. No obstante lo antes explicado, existen excepciones que hacen que el juicio de amparo indirecto sí resulte procedente contra una resolución dentro del procedimiento administrativo, aun cuando no sea la definitiva, entre ellas, la relativa a cuando el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia, tal como se desprende del texto constitucional del artículo 107, fracción III, inciso c). Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’. Ahora bien, teniendo como premisa lo anterior, cabe recordar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, para desechar de plano una demanda de garantías debe existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, debiendo entenderse por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por ‘indudable’, que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, es decir, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Por tanto, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es el que está plenamente demostrado, advirtiéndose en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones; de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de garantías y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Avala lo anterior, la tesis 2a. LXXI/2002, de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’. Ahora bien, en el particular, ********** promovió juicio de amparo contra actos del administrador local de Recaudación de Guadalupe, Nuevo León y otras autoridades, de quienes reclamó el citatorio de cuatro de mayo del año en curso, realizado por el verificador, notificador y ejecutor del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual se pretendía practicar el mandamiento de ejecución de un crédito fiscal a su cargo, así como sus consecuencias legales. Como antecedentes del acto reclamado, manifestó, bajo protesta de decir verdad, que a través del citatorio de espera combatido en el juicio constitucional se le pretendía diligenciar un requerimiento de pago con relación a un crédito fiscal que era totalmente ajeno a su conocimiento, reiterando en diversas ocasiones que desconocía el origen, causa y motivo del mismo, además de que, en caso de que no hiciera el pago, se procedería al embargo de sus bienes, existiendo temor fundado de que se consumara ilícitamente tal actuación, razón por la que también reclamaba sus consecuencias legales. En sus motivos de disenso, insistió en su desconocimiento, y argumentó que, en términos de lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Amparo, las responsables debían informar de manera clara y precisa del hecho y documentos de origen de tal crédito fiscal, para efecto de que estuviera en posibilidad material y legal de defender su causa. Precisadas las premisas que anteceden, se estima que asiste sustancialmente razón jurídica a la quejosa, en cuanto sostiene que el Juez no analizó exhaustivamente su escrito de demanda, toda vez que, contrario a lo que sostuvo, la causal de improcedencia invocada para desechar de plano la acción constitucional no se actualizaba en el particular y, por ende, no existía motivo manifiesto e indudable que tornara improcedente el juicio de amparo. Es así, dado que una de las excepciones al principio de definitividad surge cuando se reclaman actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan, por lo que es indudable que, en el caso, no se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Así las cosas, es claro que la quejosa no necesitaba esperar a que se emitiera resolución definitiva en el procedimiento administrativo de ejecución que nos ocupa para acudir al juicio de garantías. Máxime que de las constancias glosadas a los autos del juicio de origen se advierte que únicamente obran como pruebas sujetas a valoración, el citatorio de espera de cuatro de mayo de dos mil doce, un formulario múltiple de pago por la cantidad de $ **********, relativo al crédito **********, una escritura pública en la que se reconoce la personalidad del apoderado de la quejosa y la boleta de inscripción de esta última en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León. Constancias que resultan insuficientes para desechar de plano el libelo constitucional formulado en la etapa admisoria de la demanda e, incluso, para llegar a sostener que la promovente no tiene tal calidad de tercero extraño. Amén de que, al existir la menor duda, debe llevar al juzgador a estimar que no se trata de una causa evidente y notoria de improcedencia del juicio de amparo, por lo tanto, no puede admitirse que se deseche una demanda con base en un argumento que pudiera ser legal, pero una vez allegados elementos más convincentes, y en una sentencia constitucional donde se haga una fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, realizando un examen exhaustivo de la naturaleza con que se ostenta la quejosa, así como de los conceptos de violación planteados, pudiera sostenerse lo contrario. Consecuentemente, ante lo sustancialmente fundado de los argumentos expuestos por la disconforme y de previo análisis, atendiendo a la causa de pedir, lo procedente es que el Juez de Distrito del conocimiento revoque el auto recurrido y dicte uno nuevo en el que provea sobre la admisión de la demanda de amparo, conforme a derecho corresponda, de no existir ninguna otra causa de improcedencia o alguna irregularidad en el escrito de demanda que deba ser subsanada. ..."

CUARTO. A continuación, procede determinar si existe la contradicción de tesis denunciada.

El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 72/2010, estableció que existe contradicción de tesis cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(4)

De las resoluciones transcritas en el considerando precedente se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, toda vez que los asuntos de los que derivan las ejecutorias respectivas comparten notas comunes, y los Tribunales Colegiados que resolvieron en definitiva los recursos de revisión emitieron criterios opuestos sobre un mismo problema jurídico.

Se afirma que los asuntos de los que derivan los criterios contendientes comparten notas comunes, porque en ambos sucedió lo siguiente:

- La parte quejosa solicitó la protección constitucional en contra de un citatorio dirigido al representante legal de la persona moral quejosa, para que esperara al verificador y/o ejecutor del Servicio de Administración Tributaria a una hora determinada, con la finalidad de diligenciar un mandamiento de ejecución de un crédito fiscal.

- En la demanda de amparo, la parte quejosa adujo desconocer el origen del crédito fiscal que se pretendía hacer efectivo, a través del procedimiento administrativo de ejecución.

- La quejosa acompañó a su demanda copia del citatorio que le fue dejado en su domicilio, así como un formulario múltiple de pago correspondiente al crédito que se le pretendía cobrar.

- El Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León desechó la demanda de amparo, al estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, al haberse reclamado u

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24276-4b847f2d/formulario-multiple-de-pago-fmp-1-no-desvirtua-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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