Corpus
Modo: Corpus Pro

EMBARGO PRACTICADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI SU RECLAMO ACTUALIZA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE NO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA NI ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 53/2024. · Registro digital (IUS): 32813
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-15
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO, EL TERCER Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.342.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 53/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO, EL TERCER Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL TERCER CIRCUITO. 12 DE JUNIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIA: MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ CARRILLO.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión celebrada el día doce de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de criterios 53/2024, relativa a los sustentados por el Segundo, Tercer y Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, todos del Tercer Circuito.

RESULTANDOS:

PRIMERO. Denuncia de la posible contradicción de criterios. Mediante oficio recibido el doce de febrero de dos mil veinticuatro, en este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre ese órgano jurisdiccional [recurso de queja 316/2022]; el Segundo Tribunal Colegiado en la propia materia y circuito [recurso de queja 440/2022]; y, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito [recurso de queja 378/2022].

SEGUNDO. Radicación y turno de la denuncia. Por auto de veinte de febrero de dos mil veinticuatro, la Presidencia de este Pleno Regional ordenó formar y registrar el expediente con el número 53/2024; admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de criterios; turnó los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado; y, solicitó a los contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

Asimismo, en el propio auto se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara sobre la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el planteado en el presente asunto, a saber:

“DETERMINAR SI AL SEÑALAR COMO ACTO RECLAMADO EL REQUERIMIENTO DE PAGO DE MULTA Y LA DILIGENCIA DE EMBARGO, EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, EL ACUERDO INICIAL ES O NO EL MOMENTO OPORTUNO PARA CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZA COMO MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE PARA DESECHAR LA DEMANDA, LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO A), AMBOS DE LA LEY DE AMPARO.”

TERCERO. Vigencia de los criterios. Mediante acuerdos de veintitrés y veintisiete de febrero, ambos de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibidos los informes de los tribunales contendientes, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios en materia de la denuncia de contradicción se encuentran vigentes.

CUARTO. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio con el que el titular de la aludida Dirección General hizo del conocimiento el diverso informe del Secretario General de Acuerdos del Alto Tribunal, en el sentido de que durante los últimos seis meses, no se radicó en ese Máximo Tribunal contradicción de criterios vinculada con el tema consultado.

QUINTO. Confirmación de turno. Integrado el expediente, en proveído de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

SEXTO. Lista y aplazamiento. El asunto se listó para verse en sesión de veintinueve de mayo de dos mil dos mil veinticuatro, fecha en la que se determinó aplazarlo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1, fracción II, punto 2, y el artículo 2, estos del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés]; en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados especializados en materia administrativa, pertenecientes al Tercer Circuito, de ahí que se comprenden en las materias y territorio asignados a este Pleno.

Así se desprende del texto del invocado Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal [reformado mediante Acuerdo General 1/2024, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro]; que en lo conducente establece:

“Artículo 8. Circuitos que comprende la Región Centro-Sur. La Región Centro-Sur comprende los Circuitos Primero, respecto de las materias civil y de trabajo; Tercero; Sexto; Séptimo; Décimo; Décimo Primero; Décimo Tercero; Décimo Cuarto; Décimo Octavo; Vigésimo; Vigésimo Primero; Vigésimo Séptimo; Vigésimo Noveno; Trigésimo Primero; y Trigésimo Segundo.

REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 38/2023, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 27/12/2023.

Artículo 9. Número y especialización de los Plenos Regionales. En cada Región habrá dos Plenos Regionales semiespecializados: uno en materias penal y de trabajo, y uno en materias administrativa y civil.

...

Artículo 14. Competencia en contradicciones de criterios. Conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución; 42, fracciones I y II de la Ley Orgánica; 226 y 227 de la Ley de Amparo y demás normas aplicables, los Plenos Regionales tienen competencia para:

REFORMADA POR ACUERDO GENERAL 1/2024, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 29/02/2024.

I. Resolver las contradicciones de criterios que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito que pertenezcan a la misma región.

Tratándose de contradicciones de criterios en materia común, sustentadas entre órganos jurisdiccionales de distinta especialización, corresponderá conocer de la contradicción al Pleno Regional que ejerza jurisdicción por territorio y por materia sobre el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió el primero de los criterios en contienda; ...”

Por lo que, como se anticipó, este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, tiene competencia para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios.

SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitima, al haberse formulado por los Magistrados que integran el Tribunal Colegiado que resolvió el recurso de queja 316/2022, que contiene uno de los posibles criterios contendientes en el presente asunto.

TERCERO. Criterios denunciados. A continuación se precisan, en lo relevante, los antecedentes y ejecutorias de los asuntos denunciados como probables contendientes.

A. Queja 440/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Antecedentes

• La Secretaría de Salud del Estado de Jalisco promovió demanda de amparo, en contra de las autoridades y por los actos siguientes:

“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- En los términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de la Ley de la Materia, tienen el carácter de autoridades responsables en el presente juicio de amparo:

a).- DIRECTOR DE NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN FISCAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO quien tiene domicilio...

b).- EJECUTOR FISCAL DE LA MISMA DEPENDENCIA...

IV.- ACTO RECLAMADO.- Al Director de Notificación y Ejecución Fiscal de la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, se le reclama el requerimiento de multa bajo el número de folio... remesa..., en el cual se requiere por el pago de la cantidad señalada en el requerimiento de cuenta y que consta de las siguientes cantidades:

Multa adeudada: $...

Gastos de ejecución por diligencia de embargo: $...

Total: $...

Por lo que ve al Ejecutor Fiscal de la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, se le reclama el acta circunstanciada embargo de fecha 18 de agosto de 2022, cuya constancia obra ya en autos del juicio de amparo que nos ocupa y de la que se pretendió dar vista a la Secretaría de Salud Jalisco, en la que se advierte el embargo de bienes propiedad del erario público sin especificar detalladamente bien alguno y sin embargo los declaró embargados en los que basten a [sic] cubrir el monto de la multa impuesta.”

• Correspondió conocer de la demanda a la Jueza Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien la radicó y previno a la quejosa para que realizara diversas precisiones en torno a los antecedentes de los actos reclamados.

• Derivado ello, a través de diverso escrito, la peticionaria de amparo manifestó lo siguiente:

“...BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD de la siguiente manera:

— Manifieste, bajo protesta de decir verdad, de manera clara y cronológica, los antecedentes de los actos reclamados, específicamente del juicio del cual emana la multa reclamada, para lo cual deberá indicar lo siguiente.- Manifiesto, que suponiendo sin conceder este sea el origen de la multa, ya que la autoridad responsable se limita a establecer que corresponde: al ‘... expediente número... de fecha 01 del mes de julio del año 2021...’ (Sic), pero no identifica la mesa, el nombre de las partes contendientes, en qué consistía el requerimiento a que hace referencia en el acuerdo de fecha 01/07/2021.

I.- Quiénes son partes en el procedimiento origen...- Ahora bien y toda vez que mi representada lleva diversos juicios laborales radicados en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, siendo uno de ellos bajo número de registro..., manifiesto sin conceder que, de ser dicho juicio, se pudiera decir que las partes son la C.... en contra de mi representada la SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO.

II.- La data en que inició.- Manifiesto que tuve conocimiento del juicio laboral llevado contra de mi representada, con el emplazamiento notificado a esta representación en la fecha 13 de noviembre del 2013.

III.- La etapa procesal en que se encuentra.- Como ya se expresó en puntos anteriores, y suponiendo que se tratase del juicio laboral en comento el estado procesal sería el de ejecución.

IV.- Cuál es el contenido del auto de uno de julio del dos mil veintidós.- Al respecto, se anexa copia simple del acuerdo de fecha 01 de julio del 2021, a fin de que esta autoridad tenga a bien conocimiento del mismo.

Cabe mencionar a esta autoridad de control constitucional, que el proveído del cual hace mención en la prevención en comento es el de fecha 01 de julio de 2021, no así de fecha 01 de julio de 2022, como lo menciona Usted.

V.- La fecha en que se le notificó el citado auto y el medio por el que se practicó la notificación.- Manifiesto que dicho auto, el día 18 de febrero del año 2022, fue notificado por conducto del C. Actuario Notificador adscrito al Tribunal de Arbitraje y Escalafón.

VI.- Precise si en contra del citado proveído de uno de julio del dos mil veintidós, interpuso algún medio de impugnación; de ser el caso, ante cuál autoridad, la fecha de resolución y su sentido.- Con respecto a ello manifiesto que mi representada no interpuso algún medio de impugnación.

— Exhiba cuatro copias... [El énfasis es de origen]”

• Así, en proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós, la jueza del conocimiento tuvo por desahogada la prevención formulada y, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechó la demanda al considerar —en lo básico— que la quejosa no reclamaba la resolución definitiva del procedimiento administrativo de ejecución seguido en su contra, sino la etapa inicial de éste y que, por ello, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción III, inciso a), ambos de la invocada ley, el juicio constitucional resultaba improcedente.

• Disconforme con ello, la parte quejosa interpuso recurso de queja; del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el que se registró bajo el número 440/2022 y, en sesión de uno de diciembre de dos mil veintidós, fue resuelto por unanimidad de votos, al tenor de los siguientes resolutivos:

“PRIMERO. Es infundada la queja.

SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido.”

Entre los motivos que sustentaron esa decisión se encuentran los que a continuación se insertan:

“... QUINTO. Estudio. Son infundados los agravios.

En el acuerdo recurrido, la jueza de Distrito desechó de plano la demanda de amparo al considerar [lo reseña]

En contra de lo resuelto por la a quo, el recurrente aduce, esencialmente que [lo relata]

Como se anticipó, los argumentos sintetizados son infundados, pues contrariamente a lo que aduce la parte recurrente, la causa analizada por la juez de Distrito sí se actualiza de manera notoria e indudable y no existe motivo excepcional para tenerla por no actualizada.

En principio, conviene señalar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo: [lo transcribe]

En relación con el sentido y alcance de dicho precepto legal, es ilustrativo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, que cita la parte quejosa en apoyo de sus argumentos y que fue incluso citado por el propio juez de Distrito, que dice lo siguiente:

‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. [La reproduce].’

Del precepto legal y el criterio transcritos, se puede advertir que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendiéndose por ésta aquella que está plenamente demostrada, esto es, que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

Bajo esa óptica, contrariamente a lo que señala la parte quejosa, el hecho de que el juez de Distrito analice minuciosamente la demanda de amparo y sus anexos, no implica la resolución de fondo del asunto y mucho menos violación al artículo 113 de la Ley de Amparo, sino que, por el contrario, cumple con su obligación de analizar dichos documentos de manera integral y exhaustiva y si advierte la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, esto es, tiene a su alcance los elementos suficientes que le permiten deducir que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta relacionada con la improcedencia del juicio, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo.

...

Ahora bien, la causa de improcedencia analizada por la jueza de Distrito se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, esta última en relación al numeral 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que establecen:

‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.’

‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:

(...)

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte’.

Como se observa de los numerales recién transcritos, la hipótesis ahí contenida establece que el juicio de amparo será improcedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a menos que se reclame la resolución definitiva, caso en el cual podrá hacer valer las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; teniéndose como excepción que se pueden reclamar actos dentro de dicho procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos.

En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Director de Notificación y Ejecución Fiscal dependiente de la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco y del Ejecutor Fiscal de dicha dependencia, el requerimiento de multa bajo el número de folio ... remesa ... y el acta de requerimiento de pago y embargo de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en la que, afirmó, ‘...se advierte el embargo de bienes propiedad del erario público sin especificar detalladamente bien alguno y sin embargo los declaró embargados en los que basten a [sic] cubrir el monto de la multa impuesta.’

En el apartado de ‘HECHOS QUE DIERON ORIGEN AL ACTO RECLAMADO’, la impetrante relató:

‘Señalo que al día 18 de agosto de 2022, se pretendió notificar a la Secretaría de Salud Jalisco el Requerimiento de Multas Estatales Impuestas por las Autoridades No Fiscales Folio ... remesa ... en el cual se requiere por el pago de la cantidad señalada en el requerimiento de cuenta y que consta de las siguientes cantidades: Multa adeudada: $ ..., Gastos de ejecución por diligencia de embargo: $ ... Total: $ ..., levantándose el acta circunstanciada embargo [sic] de fecha 18 de agosto de 2022, en contra de mi representada la Secretaría de Salud Jalisco sin sujetarse a las formalidades esenciales del procedimiento, en franca contravención a lo dispuesto por los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales y sus correlativos en la Constitución Política del Estado de Jalisco.’ De los dos párrafos anteriores, se puede advertir que como bien puntualizó el juez [sic] de Distrito, en el caso se reclama el inicio del procedimiento de cobro coactivo de una multa impuesta a la parte quejosa y que, si bien se alega vulneración al derecho sustantivo de la propiedad, al haberse embargado bienes del ente quejoso, lo cierto es que el solo embargo no viola ese derecho, pues ello ocurrirá, en su caso, hasta que se adjudiquen dichos bienes en favor del adjudicatario.

El Alto Tribunal del País, como señaló el juzgador [sic] de amparo, ha definido que dentro de la categoría de procedimientos administrativos se identifica el de ejecución, el cual no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, el comentado procedimiento de ejecución, es similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada.

Asimismo, ha definido que, en ese supuesto, el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal [sic] la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento.

De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, cuando debería promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie.

Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 17/98, con número de registro 196530, que dice:

‘EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. [La transcribe].’

De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que la parte quejosa debe esperar hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento administrativo de cobro coactivo que inició con el acta de requerimiento de pago y embargo que le fue practicada, momento en el cual podrá hacer valer todas las violaciones que aduce fueron cometidas en la misma.

Máxime porque no es verdad lo que alega la parte quejosa, en el sentido de que se afecta el derecho sustantivo de la propiedad y que se le causa un perjuicio en grado predominante o superior, así como de imposible reparación porque se trata de un acto futuro de realización cierta, como lo es el remate de bienes propiedad del ente quejoso; ello es así porque como se asentó párrafos atrás, en el caso sólo se reclama el inicio del procedimiento de cobro respectivo, por lo que para llegar al remate de los bienes tienen que llevarse a cabo las demás etapas del mismo y que fueron descritas por la juez de Distrito en el auto recurrido —cuestión que no es impugnada por la parte quejosa y debe seguir rigiendo el sentido de la resolución combatida—.

De ahí que, aun cuando pudiera considerarse al remate y la adjudicación de los bienes embargados como un acto de realización cierta, ello no implica que pueda impugnarse el acta de requerimiento de pago y embargo de manera autónoma, pues en caso de que dicho acto no se hubiera ajustado a la ley, ello podrá impugnarse una vez que se emita la resolución que apruebe el remate de los bienes embargados, momento en el cual sí se afectaría el derecho de propiedad ante la consecuente adjudicación de los bienes respectivos al adjudicatario.

Orienta lo anterior, por analogía del Código Fiscal de la Federación con el caso en estudio, la jurisprudencia 2a./J. 18/2009, con número de registro 167665, que dice:

‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006. [La transcribe].’

Atento a las premisas y conclusiones hasta aquí adoptadas, se puede advertir que contrariamente a lo alegado por la parte quejosa, la causa de improcedencia analizada por la jueza de Distrito se tiene por actualizada de la sola narrativa de hechos realizadas en la demanda de amparo, pues ésta reclama el acta de requerimiento de pago y embargo de bienes, por la cual se pretende cobrar una multa que le fue impuesta; de ahí que resulten infundados sus agravios, pues como quedó señalado, dicho acto es el inicio del procedimiento administrativo de ejecución para lograr el cobro de una multa no fiscal, contra el cual resulta improcedente el juicio de amparo, al no tratarse de la última resolución de dicho procedimiento.

Además, cabe añadir que ni en la demanda de amparo ni en sus agravios la parte quejosa alega que el embargo hubiere recaído sobre bienes inembargables o algún otro aspecto que implicara un perjuicio inmediato e irreparable, sino por el contrario se limita a señalar que se vulnera el derecho sustantivo de propiedad, lo cual, como ya se dijo, ocurrirá hasta que se emita la resolución de remate y adjudicación de los bienes embargados, acto que, como reconoce la propia parte quejosa, es un ‘...acto futuro de realización cierta,...’, lo cual implica que, en la especie, la demanda de amparo se enderezó claramente contra las actuaciones iniciales de un procedimiento administrativo de cobro, que según se desglosó por la Jueza de Distrito y por este Tribunal Colegiado previamente, se conforma por una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de un crédito fiscal, el cual culmina con la resolución que en definitiva aprueba o desaprueba el remate; siendo este el momento, en que a través del juicio de amparo pueden reclamarse todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento.

No es obstáculo para llegar a la anterior determinación que la quejosa se ostentara como tercera extraña por equiparación, pues como lo resolvió la a quo, es parte demandada en el juicio laboral del que deriva la multa, que a su vez, dio lugar al requerimiento de pago reclamado y el acta de embargo correspondiente, y, por otro lado, efectivamente en el segundo concepto de violación de la demanda de amparo, reprodujo el requerimiento de cobro e indica que deriva de la resolución emitida en el expediente ..., en cumplimiento del acuerdo de uno de julio de dos mil veintiuno, lo que corrobora en su escrito de aclaración; de que [sic], contrario a lo que manifiesta en su demanda y dicho escrito de aclaración, no desconoce el origen del crédito fiscal, puesto que fue notificado del mismo en el juicio laboral desde el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, antes del inicio del procedimiento administrativo de ejecución incoado para hacer efectivo el monto del crédito y previo a la promoción de la demanda de amparo. La posibilidad de desechar la demanda de amparo, en casos como el que se analiza encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 5/2021 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 506 de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, registro digital 2023029, que es del tenor siguiente:

‘DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. [La transcribe].’

De igual forma aplica, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.), con número de registro 2003074, en que se apoyó la juzgadora, que dice:

‘JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. [La transcribe].’

En esa tesitura, resulta inaplicable el criterio jurisprudencial 2a./J. 54/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, invocado por la recurrente, pues de su texto y ejecutoria, no se limita el análisis sobre la definitividad de los actos en el auto de admisión, sino que ese criterio está encaminado a no precipitar la calificación de autoridad responsable desde el auto inicial.

Consecuentemente, al resultar infundados los agravios hechos valer en el recurso de queja se impone declarar infundado el recurso y confirmar el auto recurrido.

Aplicación del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo en vigor, que dice: ‘Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.’.

En atención a dicho numeral se precisa que todas aquellas jurisprudencias y tesis que se han invocado en esta resolución relativas a la interpretación de la ley anterior, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando se hayan integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que así que han tratado sobre la Ley de Amparo en vigor, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos procesale

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32813-24b4d73f/embargo-practicado-en-el-procedimiento-administrativo-de-ejecucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.